El sistema financiero desprecia a una inmensa mayoría de mexicanos. Siete de cada diez no merecen su escucha, ni su mirada. No existen. Son nadie. Los bancos que operan en México son directamente responsables de la desigualdad económica y la discriminación que se reproduce todos los días en nuestra sociedad. No son los únicos y sin embargo deben ser señalados por su gran aportación a la asimetría nacional.

El acceso al sistema financiero no es un derecho que pueda encontrarse en la Constitución y sin embargo, cuando excluye, lastima el ejercicio de varios derechos fundamentales. En efecto, no es un derecho humano pero es llave que abre la puerta para el goce de muchos derechos.

Gracias al financiamiento es posible adelantar decisiones personales de consumo e inversión. Si una enfermedad se presenta de improviso, si se necesita dinero para cursar estudios, si se aspira a una vivienda propia, si urge comprar alimento cuando los ingresos disminuyen, si se desea invertir en un negocio propio, si se requiere atravesar un momento de desempleo, en fin.

En tantas situaciones personales el acceso al sistema financiero es fundamental, sobre todo cuando se vive dentro de una economía capitalista, porque ahí tal sistema influye en la probabilidad de verse arrojado a la marginación social.

Es falso afirmar que en México está cerrada la puerta al crédito. Sin embargo, aquellos que menos tienen son los que pagan mayor costo y esfuerzo a la hora de obtener dinero cuando la circunstancia lo amerita.

La mayoría de los excluidos del sistema financiero están obligados a recurrir a la usura y al prestamista leonino. Y pedir crédito en los márgenes de la economía es muy oneroso.

En un mercado ideal, los criterios de confianza con que se juzga a un cliente para otorgarle o no financiamiento estarían solo relacionados con la rentabilidad del crédito, la disponibilidad de pago y los ingresos del solicitante. Pero en México también predominan variables subjetivas – cargadas de estereotipo y prejuicio – que hacen muy ineficientes los servicios financieros.

El bajo nivel de ingreso que percibe una mayoría de personas en nuestro país podría ser considerado para explicar la exclusión financiera. No obstante, hay otros elementos que influyen con fuerza. Por ejemplo, la desconfianza de las instituciones financieras sobre las garantías que los usuarios ofrecen – debido a que en México contamos con un régimen incierto de propiedad –,  un sistema asimétrico e incompleto de información y un aparato judicial moroso e indolente.

Además de estos argumentos se halla otro que también produce arbitrariedad: el sistema financiero mexicano trata diferente a las personas en función de su clase social, de su color de piel, de su capacidad física, de su edad, de la región donde viven o de su origen racial.

Entre los 7 discriminados por las instituciones bancarias destacan los indígenas, los adultos mayores, las mujeres, los mexicanos que viven en el sur y sureste del país, los que residen en áreas rurales, los que padecen un empleo ubicado en el desgraciado territorio de la informalidad y el etcétera continúa.

Basta con observar la publicidad que usan los bancos para constatar el modelo de cliente que tienen en mente cuando ofrecen sus servicios y, sobre todo, el tipo de persona que no desean ver nunca en sus sucursales.

Si las autoridades hacendarias quieren realmente resolver el problema de la exclusión financiera necesitarían ir más allá del debate tradicional sobre la bancarización que suele medirse por número de cajeros, sucursales y corresponsales o por el listado de productos y servicios bancarios.

Hay que revisar la desigualdad de trato que, por prejuicios subjetivos, marginan del mercado formal de capitales.

Alrededor de la economía productiva mexicana – sitio donde se accede relativamente fácil al financiamiento y se obtiene un costo razonable por él –  hay un inmenso cierre social que deja fuera a muchos millones de personas. Los ladrillos con que está construido ese cierre social no todos son justos ni tienen que ver con el mercado.

Ese cierre es un mecanismo sistemático de exclusión que desconfía del otro por razones arbitrarias de la cultura mexicana. Es insuficiente afirmar que el reducido acceso al financiamiento en México es un problema solo ligado a la desigualdad económica, porque tiene mucho que ver con la desigualdad de trato.

Para combatirlo bien haría la autoridad en consultar antropólogos y sociólogos, porque hay que decir que el sistema financiero mexicano es la expresión más nítida de las creencias y valores de una clase de banqueros que se enorgullecen por su clasismo.

Para una mejor comprensión de este fenómeno recomiendo leer el Reporte sobre Discriminación en México 2012. Capítulo dedicado al crédito. 

Ricardo Raphael

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Es periodista. Conductor de televisión.

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