El Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, con presencia en más de 20 estados, busca que tanto legisladores federales como estatales avalen reformas para obligar a los deudores de pensiones alimentarias a cumplir, también denuncia que varios de ellos ocupan cargos públicos.
Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– La lucha de miles de madres en México organizadas en un frente nacional logró que este mes se oficializara la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, donde se concentrará la información de deudores de pensiones alimentarias y que deberá ser consultado antes de tramitar documentos de identidad como licencias de conducir o pasaportes y de competir por cargos públicos.
Sin embargo, el Frente ve en las omisiones de jueces y juezas, así como en la protección de autoridades a los deudores, los principales obstáculos para que esta base de datos garantice que las infancias se beneficien pronto de las pensiones.
Diana Luz Vázquez Ruiz, quién desde 2020 emprendió una campaña junto a diversas colectivas feministas y diputadas para que madres como ella obtengan justicia jurídica y social tras denunciar a los deudores alimentarios, criticó que en la práctica autoridades federales y locales encubren a estas personas.
“Hay una gran resistencia todavía, este tema es el avispero del patriarcado porque evidencia a hombres que para que puedan tener un éxito profesional tienen a mujeres a cargo de sus hijos. Tanta es la resistencia que hay una gran cantidad de deudores alimentarios ocupando cargos públicos”.
El caso más reciente expuesto por el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios, conformado por mujeres de más de 20 estados, es el de Alejandro Canek Vázquez, delegado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit) en Hidalgo, a quien han señalado por ser “un deudor alimentario” de sus dos hijos desde hace dos años, pese a que, al menos el año pasado, recibió un salario mensual de 71 mil 680 pesos, de acuerdo con datos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Mujeres se manifiestan en plena BODA del funcionario @canek_vazquez y le recuerdan que es un #DeudorAlimentario. Tiene para el festejo pero no para PAGAR una pensión digna a sus infancias@lopezobrador_ @juliomenchaca_ @carlosmartinezv @Infonavit #Hidalgo pic.twitter.com/WXX0EXpaYZ
— Diana Luz (@DianaLuzVa) May 13, 2023
“Es inaudito que a pesar de estas reformas [la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias], en el caso de hombres como Canek Vázquez, con una sentencia de un juez, con su nombre en el Registro de Deudores Alimentarios [de la Ciudad de México], haya un silencio institucional, un pacto patriarcal. Una violencia desde las dependencias de Gobierno hacia las madres no concuerda con el discurso oficial donde se habla de reformas que van a beneficiar a las madres cuando siguen solapando y encubriendo a este tipo de señores”, criticó Diana Luz.
Después de que el fin de semana un grupo de mujeres protestó afuera del salón donde el exdiputado federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y excandidato de Morena a un Ayuntamiento en Hidalgo celebró su boda, Canek Vázquez reconoció en redes sociales que sí forma parte del Registro de Deudores Alimentarios porque no ha cubierto el total de la manutención fijada por un juez, pero aseguró que sigue aportando recursos a sus hijos. “No cuento ni he contado con la posibilidad económica para cubrir esa totalidad”, dijo en un comunicado en el que también argumentó que durante cuatro años no tuvo empleo, una estrategia que, de acuerdo con la activista promotora de la Ley Sabina, es usada con frecuencia por las personas deudoras.
Les comparto comunicado a la opinión pública, sobre los señalamientos hechos hacia mi persona que se han difundido en diversos medios de comunicación y redes sociales.
1/3 pic.twitter.com/HpigAapYUk— Canek Vázquez (@canek_vazquez) May 16, 2023
“Cuando hay una sentencia que los obliga a pagar, buscan que sea lo menos posible, se declaran desempleados, insolventes y, lo peor, los jueces lo aceptan. Las mujeres no podemos hacer eso, nosotras tenemos que darle de comer a nuestros hijos e hijas todos los días tres veces”, señala la activista.
El Código Civil Federal establece que el porcentaje mínimo de la pensión alimenticia deberá de ser de al menos el 15 por ciento del ingreso del padre o madre que no esté a cargo de los menores.
“Para los deudores, entre menos puedan aportar, mejor”, crítica Diana Luz y pone como ejemplo al Senador del partido Movimiento Ciudadano Juan Zepeda, exhibido por su expareja en 2021 por tratar de reducir la pensión de su hijo, a lo que el respondió en redes asegurando que cumple con el pago.
Los recibos de pago que emite el Senado acreditan que el pago de pensión alimenticia se ha hecho en tiempo y forma para garantizar los derechos de mi hijo y en un marco legal que lo respalde.
Y les recuerdo que en Neza la familia se respeta, no la metan al proceso electoral. pic.twitter.com/CpDwsdNUJd
— Juan Zepeda (@JuanZepeda_) May 11, 2021
Sin embargo, hasta marzo de este año, la mujer sostuvo en un comunicado que el legislador —quien reportó en 2022 un ingreso mensual de 201 mil 841 pesos en la PNT– la demandó en 2020 por “controversias familiares” cuando ella exigió oficializar en un convenio el monto se su salario que aportaría para la pensión.
El mes pasado, el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios también exigió a Alejandra del Moral, candidata del PRI-PAN-PRD, no proteger al Diputado federal Óscar Gustavo Cárdenas, uno de sus coordinadores regionales de campaña, a quien le reprocharon el negarse a reconocer a su hija de 10 años de edad.
“El exsecretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de México él se niega a reconocer a su hija y no se le ha podido notificar en San Lázaro porque da las indicaciones de que no reciba ningún oficio”, denunció Diana Luz.
El 18 de abril, en una protesta afuera del Congreso mexiquense, Nancy Zamora, madre de la niña, expuso que desde 2021 inició una demanda contra Gustavo Cárdenas, pero no ha se le ha notificado. “No han podido localizarlo en su oficina o domicilio”, dijo a medios en esa ocasión.
Agresores de infancias y de madres como Oscar Gustavo Cárdenas Monroy, Diputado Federal y coordinador territorial de @AlejandraDMV le niega el derecho de identidad a su hija. No queremos más a estos hombres en el poder, no más agresores ocupando cargos #Mujeres #México pic.twitter.com/HBAZ2kjKcq
— Diana Luz (@DianaLuzVa) April 19, 2023
Las historias de las mujeres del frente contra los deudores alimentarios son las de millones de mexicanas. Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) hasta el cuarto trimestre 2022 muestran que en México viven 4.18 millones de madres solteras, es decir, los padres se ausentaron para la crianza de sus hijas e hijos. Además, el mismo instituto estima que en México tres de cada cuatro hijos de padres divorciados no reciben pensión alimenticia.
PENDIENTES DE LA LEY SABINA
“Lo que queremos es que no haya ningún deudor alimentario en el poder y ningún cargo público y que haya sanciones reales que se trasladen a los procesos jurídicos desde el Poder Judicial”, destaca Diana Luz, quien desde 2020 impulsa la Ley Sabina, que lleva el nombre de su hija menor de edad, para realizar una serie de reformas legislativas.
Gracias a ese trabajo, el mes pasado el Senado aprobó la creación de un Registro Nacional de Deudores que estará a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), pero la activista ve con dudas que esta base funcione con efectividad, pues ella y otras mujeres han exigido que esté a cargo de la Secretaría de Gobernación para que el registro sea más rápido.
Actualmente ya hay 22 estados con registros locales. Para que una persona ingrese a ellos, ha explicado el frente de mujeres, es necesario contar con una demanda de pensión en el juzgado familiar. Cuando no se cumple con el pago, el incumpliento se debe notificar al juzgado familiar y solicitar la inscripción en el padrón estatal. Pero para emprender procesos legales, las mujeres enfrentan una serie de obstáculos, como la revictimización.
Los procesos jurídicos para un reconocimiento de paternidad o de pensión alimenticia implican resistir procesos jurídicos que se extienden al menos un año. “En ese lapso las mujeres tenemos que salirnos de nuestros trabajos, tenemos que pagar a abogados dinero que no tenemos. Al final muchas terminan desistiendo porque ninguna madre resiste tener que salir de sus trabajos a cada rato para ir a las audiencias a donde los señores ni siquiera se presentan”, lamenta Luz Vázquez.
“Es una justicia muy rectivictimizante, los jueces y juezas no están asumiendo el papel corresponde a un problema de esta de esta dimensión. El Poder Judicial tiene que garantizar la alimentación de las infancias de este país y estos casos no deberían ser los últimos en resolverse o que tarden años en emitir una sentencia provisional o definitiva de alimentos”.
Además de las exigencias al Poder Judicial, actualmente las promotoras de la Ley Sabina buscan que el costo de las pruebas de ADN para los casos de reconocimiento de paternidad lo asuma el Estado, también exigen que no haya cambios de guarda y custodia cuando antecede una demanda de pensión alimenticia y que juezas y jueces consideren las denuncias interpuestas por madres por violencia cometida por estos hombres.
Otra de las propuestas incluye retirar la guarda y custodia y la patria potestad al año de un incumplimiento de pensión alimenticia.
“No es posible que hombres se ausenten décadas y regresen solamente a violentar a las madres porque estos derechos de guarda y custodia de patria potestad no tienen un límite para que estos hombres puedan registrar a sus hijos e hijas, pero así como los registran se desaparecen, mientras las madres costeamos los gastos de manutención”, menciona Diana Luz.
Diana Luz insiste que aún hay “lagunas legislativas” por corregir, por eso llama a los congresos locales y a las autoridades federales a escuchar y avalar sus propuestas.
“No somos un número menor, todos y todas conocemos en este país a una mujer víctima de un deudor alimentario, no hay ninguna persona que no conozca a alguien de su familia, amigo, alguna amiga, hermana que padece esto, y también a un deudor alimentario, o que se haya desaparecido y no se haga responsable de sus hijos”, destaca.
