Tal y como lo entrenaron sus asesores de imagen, José Antonio Meade soltó una diatriba en contra de Nestora Salgado, ex comandante de la policía comunitaria de Olinalá, Guerrero. Y en un gesto histriónico, le arrojó una tarjeta a Andrés Manuel López Obrador. La escena, como es sabido, ocurrió en el segundo debate de los políticos que aspiran a encabezar el Poder Ejecutivo nacional, celebrado en Tijuana, el pasado domingo 20 de mayo.

Para los priistas y sus aplaudidores liberales gratuitos como Leo Zuckerman, este es el clímax de la patética campaña de Meade: por primera vez, dicen, logra colocar un tema en la agenda de la campaña obligando a los demás a hablar de él. Cuanta ignorancia, cuanta soberbia.

Su descarado uso del drama de una luchadora social que ha sido criminalizada, torturada y vejada por el Estado, es un miserable intento desesperado para obtener algunos votos y así preservar los privilegios que les concede el poder.

El candidato priista presenta a Nestora Salgado como una mujer capaz de secuestrar a 48 personas y pedir dinero para liberarlas. La tarjeta redactada por sus asesores dice que pidió 5,000 pesos por liberar a una persona. Esa es la historia manipulada por un desesperado candidato presidencial.

La realidad es otra. Olinalá, Guerrero atravesaba, como miles de pueblos en México, una desesperada situación de guerra marcada por asesinatos, secuestros, desapariciones, agravada por la explotación sexual de menores de edad. Como en otros poblados del país, la gente se harta de la ineficacia estatal y decide conformar su propio mecanismo de autodefensa.

Nace así la policía comunitaria de Olinalá. Más allá del derecho legítimo de los pueblos a defenderse y protegerse, la policía comunitaria de este poblado está amparada por la Ley 701 de Guerrero sobre derechos de los pueblos indígenas, el artículo 2º de la Constitución del país que reconoce a las comunidades originarias su derecho a los sistemas de justicia interna, y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre derechos y autonomías indígenas que el Estado mexicano está obligado a respetar. En este entramado jurídico local, nacional y global actuó la policía comunitaria de Olinalá, cuya comunidad eligió a Nestora Salgado como su comandante. Las acciones, que el despistado o descarado Meade denuncia como “ilícitos” de Néstora Salgado, ocurrieron en el marco de la ley. La policía comunitaria de Olinalá, cuando Nestora estuvo al frente, redujo la tasa de criminalidad en 90 por ciento y evitó los homicidios.

La reacción contra Nestora Salgado y la policía comunitaria de Olinalá ocurrió cuando denunció que el alcalde y los principales funcionarios de ese municipio guerrerense estaban involucrados en el crimen organizado y, especialmente, cuando denunció que las mafias criminales y políticas grababan videos pornográficos con niños del municipio.

Entonces se desató la persecución contra Nestora. El 21 de agosto de 2013 soldados, marinos, policías estatales y federales realizaron un operativo para detenerla. En su detención se violaron todas las garantías que el Estado debe proteger: no había orden de aprehensión, no se le informaron los motivos de la detención, no se le permitió comunicarse con la familia, se le llevó a una prisión federal de alta peligrosidad (en Nayarit) a 1,100 kilómetros de donde radicaba. Nestora no pudo hablar con un abogado defensor hasta un año después de estar detenida.

El gobierno mexicano aplicó contra Nestora, todas sus artimañas y manuales para perseguir, criminalizar y encarcelar a las personas que disienten de las políticas estatales. Históricamente el Estado mexicano ha utilizado la represión política en contra de personas y organizaciones que considera peligrosas para su estabilidad y mantenimiento. La represión política es un dispositivo estatal de legislaciones y persecuciones contra personas que el poder considera peligrosas. Así fue clasificada Nestora Salgado y por eso se le fabricaron los delitos de delincuencia organizada, secuestro y robo.

Todas las imputaciones eran falsas y todas fueron fabricadas. Todas las imputaciones fueron desestimadas por los jueces.

Un juez federal con sede en Guerrero ordenó la libertad de Nestora Salgado por la absurda acusación de “delincuencia organizada”. El juez reconoció que la policía comunitaria era parte del sistema de impartición de justicia de Guerrero, según la Ley 701 referida. Por lo tanto, las actuaciones de Nestora Salgado en detenciones o sanciones en el sistema de reeducación de las Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) estaba dentro del marco jurídico estatal.

Pero tras la absolución del cargo federal, el gobierno de Guerrero encabezado en ese entonces por el perredista Ángel Aguirre, se afanó para que Nestora Salgado siguiera detenida, ahora por los cargos estatales de secuestro, robo y asesinato. Todos sin pruebas.

A Nestora se le imputaba el asesinato de Nemesio Guevara (padre) y Carmen Guevara (hijo) ocurridos en Olinalá, pero el día del crimen (a la misma hora) la comandanta de la policía comunitaria estaba ofreciendo una rueda de prensa en Tixtla, a tres horas de donde ocurrieron los hechos.

El delito de secuestro se le fabricó a Nestora por los 48 personas que las policías de todas las comunidades tenían en sus cárceles comunitarias; en tanto, se le acusó del delito de robo por desarmar a policías municipales de Olinalá alcoholizados que jugaban carreritas con sus patrullas en las calles de la localidad.

Eran, en total, siete causas penales que pesaban sobre Nestora Salgado. De las siete obtuvo autos de libertad. El 18 de marzo de 2016 la justicia local ordenó la completa liberación de Nestora Salgado, no por violación al debido proceso como mañosamente el PRI pretende hacer creer, sino por falta de pruebas para cada uno de los delitos imputados.

Nestora Salgado está libre no por fallas del sistema de justicia, sino porque probó su inocencia. De otro lado, Nestora Salgado fue llevada a la cárcel no por cometer delitos, sino por defender a su comunidad y actuar en un sistema de autodefensa y justicia comunitaria que es totalmente legal en Guerrero.

Además de los fallos de la justicia federal y local a favor de justicia, la dirigente de la policía comunitaria de Olinalá obtuvo protección de instancias internacionales. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decreto medidas cautelares a su favor por las evidentes irregularidades en su detención y encarcelamiento, en tanto que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU) revisó el caso de Nestora Salgado y concluyó que “no hay duda de que tanto el arresto como la detención sin que exista imputación de cargos son ilegales y por lo tanto arbitrarios”, por lo que este Grupo de Trabajo pidió “al Gobierno de México tomar las medidas necesarias para remediar la situación, liberando a la Sra. Salgado y proporcionándole una compensación apropiada”, en una resolución fechada el 4 de diciembre de 2015, apenas unos meses después de que Meade había dejado de ser Canciller.

¿Por qué a pesar de estas evidencias y de la justicia tanto federal y local, como de instancias internacionales Meade decide criminalizar a Nestora Salgado?
Puede ser por desconocimiento del caso o porque a pesar de conocer todos los detalles de esta historia, decide utilizar a Nestora Salgado para atacar a su adversario electoral y conseguir unos pocos votos.

En cualquier caso, es reprochable la conducta del candidato del partido cuyos gobiernos históricamente han reprimido a los disidentes políticos que defienden sus derechos frente a las arbitrariedades de la autoridad.

Si algo representa Nestora Salgado no es la impunidad de quienes violan la ley, sino todo lo contrario. La criminalización y la fabricación de delitos contra personas que defienden sus derechos.

Las acusaciones de Meade contra Nestora Salgado son absurdas y miserables, porque solo buscan votos; la de Nestora Salgado es una lucha digna por los derechos de pueblos y comunidades. Más allá de las elecciones, al final la batalla se inclinará del lado de la justicia y la dignidad.

Rubén Martín

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Periodista desde 1991. Fundador del diario Siglo 21 de Guadalajara y colaborador de media docena de diarios locales y nacionales. Su columna Antipolítica se publica en el diario El Informador. Conduce el programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara. Es doctor en Ciencias Sociales. Twitter: @rmartinmar Correo: [email protected]

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