Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– La deuda pública de Nuevo León ha aumentado en más de 34 mil millones de pesos durante la administración del priista Rodrigo Medina de la Cruz y en el primer trimestre de 2015 se situó en 61 mil 077 millones de pesos, por lo que organizaciones civiles del estado acusaron que el pasivo creció al amparo no sólo de los legisladores del tricolor –que son mayoría en el Congreso local–, sino por todos los partidos políticos de la entidad, que no han significado un contrapeso real al poder de Medina de la Cruz.
Gilberto Lozano González, fundador del Congreso Nacional Ciudadano, sostuvo en entrevista con SinEmbargo que “el Congreso de Nuevo León, que es el más nefasto que hemos tenido en toda la historia, es cómplice, aval y total comparsa de lo que hizo Rodrigo Medina”.
De acuerdo con los datos que el Congreso Nacional Ciudadano tiene recabados, el pasivo de la entidad en realidad asciende incluso a 83 mil millones de pesos. “Es la deuda per cápita más alta de todo México […] es una deuda exorbitante, extraordinaria, fuera de serie”, lamentó Lozano González.
“En Nuevo León, dos más dos, da tres”, agregó el activista, quien también culpó a los empresarios de la entidad por “solapar” la falta de rendición de cuentas del mandatario estatal.
Para Cosijopi Montero, líder de la organización civil Reforestación Extrema, dedicada a la defensa del medio ambiente, en Nuevo León los legisladores priistas han retrasado “todo lo que tenga que ver con el tema de revisar las cuentas del Gobernador”.
“Hay que empezar por entender la dinámica estatal […] en el estado de Nuevo León, gracias a la complicidad de los diputados del PRI [Partido Revolucionario Institucional], no hemos podido contar con un Contralor desde hace poco más de un año que murió Marenco [Sergio Marenco Sánchez], gracias a que el Congreso del estado, y como los diputados del PRI ahora ya son mayoría, están retrasando todo lo que tenga que ver con el asunto de revisar las cuentas de Rodrigo Medina”, añadió.
Montero sostuvo que “[El Gobernador] endeudó al estado, nos endeudó a todos, ahorita estamos pagando a Rodrigo Medina todos sus caprichos”.
En las últimas semanas, el Gobernador Medina de la Cruz y algunos miembros de su familia también se han visto envueltos en acusaciones como la triangulación para lavar recursos en las Islas Caimán, y por poseer propiedades por varios millones de pesos, denuncias que se han hecho públicas e incluso se han interpuesto de manera penal, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Sin embargo, hasta ahora, el mandatario estatal no ha dado una explicación clara sobre los señalamientos que pesan en su contra, y tampoco hay información de dependencias de justicia que comprueben en qué estado están las investigaciones sobre el Gobernador.
El lunes pasado, Aldo Fasci Zuazua, ex Subprocurador de Ministerios Públicos de Nuevo León, presentó una serie de documentos que muestran cómo la familia del Gobernador Rodrigo Medina se ha enriquecido a través de propiedades en Texas, Estados Unidos. Ayer, SinEmbargo buscó hablar con el ex funcionario, pero su oficina de comunicación señaló que Fasci Zuazua había salido de viaje.
Ésta no es la primera acusación en contra de Medina de la Cruz. En diferentes ocasiones, organismos civiles han lanzado alertas sobre lo que está sucediendo en Nuevo León, e incluso el pasado 20 de mayo el Congreso Nacional Ciudadano presentó una denuncia penal ante la Procuraduría Estatal en contra de Rodrigo Medina y de su padre Humberto Medina Ainslie, por enriquecimiento ilícito. Además, el domingo pasado decenas de ciudadanos recabaron firmas que se sumaron a esa denuncia.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en 2009, año en que Rodrigo Medina tomó posesión, la deuda de Nuevo León era de 27 mil 070 millones de pesos; en 2010, el monto subió a 33 mil 971 millones de pesos; en 2011, el niveldel débito estatal cerró en 38 mil 590 millones de pesos; en 2012 se situó en 46 mil 952 millones de pesos; en 2013 fue de 51 mil 911 millones de pesos, y en 2014 la deuda ya era de 61 mil 179 millones de pesos.
Durante el primer trimestre de 2015, la deuda de esta entidad registró un ligero descenso y se ubicó en 61 mil 077 millones de pesos.
Gilberto Lozano González, fundador del Congreso Nacional Ciudadano, planteó que el crecimiento desmedido de los pasivos en la entidad ha sido propiciado por los partidos, particularmente por el PRI, pero también por “la complicidad de algunos empresarios, la complicidad de líderes sociales que se han vendido, y evidentemente [también] la participación ciudadana en Nuevo León que no está en pañales, es un feto de cuatro meses con posibilidades de aborto”.
Agregó, sin señalar nombres, que se trata empresarios que participan en Consejos con Rodrigo Medina, “gente que está a su lado tomándose fotografías como empresarios, dizque ayudando, cuando no son más que simples cómplices”.
Lozano González criticó que todos los partidos políticos de Nuevo León han permitido que la entidad haya llegado a esos niveles de endeudamiento. “Es casi como presunta delincuencia organizada, por así llamarlo, que Rodrigo Medina en sólo cinco años haya cuadriplicado la deuda”, acusó.
Por su parte, Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Transparencia de la organización México Evalúa, coincidió en que en la entidad “no ha habido un límite establecido, ha habido poco controles para el endeudamiento, y sin duda tenemos un Congreso estatal que no está siendo un contrapeso”.
Campos explicó que Nuevo León es un estado que, comparado con la media nacional de la deuda per cápita estatal que en 2014 fue de 4 mil 258 pesos, tiene una deuda tres veces más grande que la media nacional. Y es que de acuerdo con datos de México Evalúa, en 2014 cada ciudadano de Nuevo León debía 12 mil 203 pesos.
“Cada habitante de Nuevo León está tres veces más endeudado que el promedio de los habitantes a nivel nacional”, precisó.
La especialista en transparencia también destacó un análisis de México Evalúa, que tomó en cuenta cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), y que demostró que el porcentaje de la inversión pública con respecto al gasto público total en Nuevo León ha bajado.
En 2009, cuando Rodrigo Medina inició su mandato, la inversión pública con respecto al gasto total en Nuevo León era de 12.6 por ciento, mientras que en 2013 bajo a 2 por ciento.
“No parece muy deseable que un estado se endeude y a la vez no esté invirtiendo más”, consideró Mariana Campos.
Gilberto Lozano aseguró que cuando Rodrigo Medina deje el cargo el próximo mes de octubre, la entidad quedará “completamente quebrada”.
“En cualquier lugar ya hubieran cerrado ese negocio. Es imposible pagar la deuda con las promesas que hay, la única manera va a ser incrementar tremendamente los impuestos, declarar moratorias, declarar no pago de la deuda […] Si cuadriplicas la deuda en cinco años, en cualquier otro lugar ya te hubieran corrido”, agregó el activista.
En tanto, Campos adelantó que la entidad debe comenzar a desarrollar estrategias para contener el endeudamiento, para verificar por qué el ritmo de gasto aumentó tanto, así como un control de gastos, refinanciamientos e incluso la renegociación de deuda. “Hay varias estrategias que Nuevo León debe tomar en cuenta”, recomendó.
LAS DEMANDAS AL GOBIERNO DE MEDINA
Gilberto Lozano detalló que el Congreso Nacional Ciudadano en octubre del año pasado inició una acusación penal y exigió juicio de desafuero contra 22 diputados del Congreso de Nuevo León, por presuntas irregularidades en la aprobación de la cuenta pública.
“Estos 22 diputados aprobaron una cuenta pública de 14 mil 135 millones de pesos, a la que le quitaron tres ceros y en el expediente quedó como si fueran 14 millones. Le dieron un ‘Salinazo’. Algo que la propia Auditoría Superior del Estado dictaminó como irregular, como dinero que no tiene sustento en su salida, como montos dictaminados como desfalco”, sostuvo.
Entre los legisladores demandados se encuentra el Diputado local independiente Luis David Ortiz Salinas, ex miembro del Partido Acción Nacional (PAN), entre otros legisladores priistas e incluso del Partido Nueva Alianza (Panal).
“En el caso del juicio de desafuero, son panistas los que no dieron para adelante llevar a cabo la propuesta, fueron comprados para que no llevaran el asunto al Pleno del Congreso”, sostuvo.
Ese dictamen consta de 434 páginas dictaminados por el Auditor Superior del Estado, que dan cuenta fiel de en dónde están esos 14 mil 135 millones de pesos, que son una buena parte de la fuente de enriquecimiento ilícito que tiene Rodrigo Medina y su séquito, expuso el activista. “Aquí el asunto no es nada más Rodrigo Medina y su papá, están metidos varios miembros del Gobierno, entre ellos Álvaro Ibarra Hinojosa [ex Secretario General de Gobierno y quien hoy es candidato a Diputado del PRI por la vía plurinominal], y otros que ahorita los tenemos como presuntos responsables”.
Lozano abundó en que esa denuncia antecedió a la interpuesta el miércoles pasado por el movimiento ciudadano contra Rodrigo Medina y su papá, por los ilícitos de asociación delictuosa, usurpación de funciones, desfalco, peculado, tráfico de influencias y abuso de las funciones públicas.
“Ahí está documentado cómo se extrae el dinero del Gobierno del Estado de Nuevo León, los montones de propiedades aquí y allá, las cuentas en Islas Caimán, son consecuencia”.
“Los elementos que hoy se tienen para la acusación de Rodrigo Medina y su familia son contundentes, son evidentes y son hechos y datos, no subjetividades”, afirmó.
Detalló que la denuncia penal fue presentada por 25 ciudadanos y junto contra la que interpusieron contra los legisladores locales, son “inéditas” en esa entidad. “A raíz de esa acusación penal fueron miles de personas que pidieron apoyar esta acusación; en menos de 36 horas organizamos un primer módulo de apoyo a la acusación penal, el domingo pasado, y ahí firmaron 4 mil 372 personas”, expuso.
El activista dijo que seguirán recabando firmas hasta el próximo sábado 6 de junio, a través de módulos, para que los ciudadanos puedan sumarse a la demanda penal. “Estas firmas no tienen fuerza jurídica, ante el Poder Judicial del Estado o el federal, pero sí la tienen ante la Corte Internacional Penal de la Haya”, precisó.
Lo más seguro, añadió, es que ese sea el procedimiento que tendrán que seguir, pues los llevará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y si no tienen respuesta entonces acudirán a la Corte europea, “donde tiene mucha fuerza la voz colectiva de Nuevo León que queremos llevar a la cárcel a esta familia y que devuelvan el dinero que nos robaron”.
El activista detalló que este modelo de acusación ya ha sido compartido con estados como Morelos, Chihuahua, Veracruz y San Luis Potosí, “porque los ciudadanos de esas entidades probablemente den los mismos pasos que en Nuevo León”, ante las deudas desmedidas que han contratado sus gobernadores.
Finalmente, Gilberto Lozano sostuvo que la solución “de fondo que vemos no va a provenir del Gobierno, ni de políticos que toda su vida han sido parasitos, ni de los diferentes colores, sabemos que si el crimen está organizado, los políticos están organizados en sindicatos de colores, o se visten de independientes. La única solución está en que los ciudadanos nos organicemos […] y actuar como patrones. Si se dice: ‘cumplir y hacer cumplir, y si no que el pueblo me lo demande’, ahí es donde hay que encontrar la salida para un México nuevo, en donde la ciudadanía sea capaz de poner en su lugar a los corruptos, con tolerancia cero a las ratas”.
En ese sentido, Mariana Campos consideró que en Nuevo León “hay una ciudadanía cada vez más preocupada por la rendición de cuentas, posiblemente todavía tiene que serlo más, y quizás se ha ido generando a partir de estos datos sobre la deuda pública”.
“Quizás el cómo se está endeudando el estado está empezando a generar esta sociedad civil, ya como una consecuencia del sobre endeudamiento […] Pensaría que Nuevo León sí tiene una sociedad civil que ha ido cuestionando más”, sostuvo.
Explicó que el caso de Nuevo León podría parecerse al de Coahuila, “donde a partir de su alto endeudamiento se empezó a forjar una sociedad más preocupada por los asuntos públicos”.
