Documentos relacionados con permisos de construcción de 2000 a 2019 en la Alcaldía Benito Juárez han quedado ilegibles o desaparecieron, luego de registrarse lluvias atípicas y robos en las instalaciones donde se resguardaban estos archivos, lo que ha impedido el acceso a la información de obras ilegales en la demarcación gobernada desde hace 24 años por el PAN.
Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).– En el año 2020 la Alcaldía Benito Juárez se negó a entregar documentos relacionados con obras, construcciones y servicios de los años 2000 a 2019 debido a que el edificio donde se resguardaban se inundó por “lluvias atípicas” que se registraron en la Ciudad de México. Esta no fue la primera vez que se impediría el acceso a la información a los vecinos, en 2014 hubo un presunto “robo de computadoras” y en 2018 “un siniestro”.
El robo de computadoras ocurrió durante la administración del ahora Diputado Jorge Romero Herrera (2012-2015), el siniestro en la Alberca Olímpica fue con Christian Von Roehrich De La Isla (2015-2018), actualmente preso por los delitos de uso ilegal de atribuciones y asociación delictuosa, y la inundación por lluvias atípicas sucedió bajo el mandato de Santiago Taboada Cortina, hoy candidato del PRI-PAN-PRD a la Jefatura de Gobierno.
Ninguno de los documentos dañados en estos tres incidentes fueron digitalizados previamente por la Alcaldía.
“Cada vez que los vecinos solicitamos alguna información porque tenemos la sospecha de que una construcción se realizó sin manifestación de construcción, la respuesta es que no existen documentos porque se siniestraron”, dijo en entrevista María Luisa Rubio, vecina de la demarcación.
La también integrante de la Asociación de Vecinos de Benito Juárez denunció que estos documentos dañados son información pública y están catalogados como bienes públicos, por lo que era obligación de la Alcaldía iniciar una investigación para deslindar responsabilidades, pero no lo hizo.
La Alcaldía Benito Juárez, gobernada desde hace 24 años por el Partido Acción Nacional (PAN), ha sido el epicentro de una red de corrupción conocida como el Cártel Inmobiliario que después se extendió a otras demarcaciones como la Miguel Hidalgo.
Los vecinos, quienes se han visto afectados por el Cártel Inmobiliario a través de los daños que las constructoras les han causado a sus viviendas y a la zona, confirman que aunque este boom inmobiliario en la Alcaldía inició en la administración de Mario Alberto Palacios Acosta (2009-2012), fue con el Diputado federal Jorge Romero y con Christian Damián Von Roehrich cuando esta práctica ilegal se hizo más evidente.
De acuerdo con la investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), el modus operandi de esta presunta organización delictiva implicaba que estos servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.
Según la denuncia, se han construido 264 pisos ilegales en al menos 130 edificios de esta demarcación gobernada por el PAN desde el año 2000 y hay 30 funcionarios y exfuncionarios que han sido procesados por este caso, como el exalcalde panista Christian Von Roehrich y Nicias Aridjis, el exdirector de Obras y Desarrollo Urbano de la Benito Juárez.
AÑO 2014: ROBO DE COMPUTADORAS
En el año 2014 se destapó un presunto caso de corrupción que implicaba al entonces delegado Jorge Romero Herrera, identificado como el jefe político del grupo al que pertenece el candidato Santiago Taboada.
El diario Libre en el Sur documentó en ese entonces que Grupo Constructor Rouz le hizo un descuento de un millón 600 mil pesos a Romero Herrera por la compra de un penthouse de lujo en el condominio de Gabriel Mancera 1542, en la colonia del Valle. El valor real del inmueble era de cuatro millones 350 mil pesos, pero el panista pagó sólo dos millones 750 mil pesos.
El “descuentazo”, como lo calificaron los vecinos, fue a cambio de una presunta inmunidad para construir y esto quedó evidenciado cuando en respuesta a una solicitud de información para conocer la cantidad de permisos que la demarcación había otorgado a la inmobiliaria, el entonces director de Desarrollo Urbano delegacional, Jorge Carlos Acuña, contestó:
“Me permito comunicarle que lamentablemente por el momento no es posible proporcionar la información solicitada, debido a que el día 16 de junio del presente año (2014), al llegar el personal adscrito a esta dirección a mi cargo a realizar sus labores cotidianas, se percató que se habían sustraído los equipos de cómputo que, entre otra información, contenía la base de datos de la Dirección de Desarrollo Urbano”.
Como el equipo que se robaron era patrimonio público y formaba parte del inventario de la Alcaldía, los funcionarios debieron presentar la denuncia ante la entonces Procuraduría General del DF, hoy Fiscalía, y notificar a la Contraloría para que investigara, pero no lo hicieron.
Hiram Almeida, quien en ese entonces fungía Contralor General del Distrito Federal, aseguró a medios desconocer el robo de las computadoras de la demarcación.
“Desde 2014 se supo que se robaron las computadoras en la Alcaldía y que no tenían los registros de construcción y lo que nosotros les dijimos es que si no estaban las computadoras, deberían tener el expediente, pero en aquél entonces era muy difícil saber la información porque estaba como Delegado Jorge Romero y Miguel Ángel Mancera era Jefe de Gobierno. Todas las dependencias estaban cerradas al escrutinio de los vecinos”, recordó María Luisa Rubio, quien lleva más de 10 años documentando la corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez.
Una de los edificios que se le permitieron construir a Grupo Constructor Rouz fue el de Millet 39, en la colonia Extremadura Insurgentes –clausurada desde 2012 por innumerables violaciones a la norma– y que se volvió emblemático de la corrupción inmobiliaria.
El proyecto inmobiliario de 100 departamentos nunca fue demolido en la administración de Romero Herrera a pesar de que fue una de sus promesas de campaña.
El 21 de agosto de 2014, la fracción parlamentaria del PRD en la entonces ALDF, a través de la Diputada Dinorah Pizano Osorio, acusó a Romero Herrera de simulador y logró que se le solicitara un informe sobre obras suspendidas y clausuradas en Benito Juárez que habían sido reabiertas. El Diputado panista nunca respondió a esa solicitud.
Tampoco respondió a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) cuando la dependencia le giró recomendaciones en las que evidenciaba diversos incumplimientos en las construcciones de siete inmuebles que violaban la normatividad urbana y le hizo la petición de “demoler” niveles excedentes.
Así quedó asentado en la Recomendación 02/2014 de la PAOT, publicada el 24 de febrero de ese año, en la que le solicitó que iniciara las acciones administrativas conducentes y sancionar con la demolición de los niveles excedentes de las obras, así como iniciar las acciones administrativas y/o penales en contra de los directores responsables de obra y servidores públicos involucrados.
Se trata de los inmuebles ubicados en José María Ibarrarán 38 y Capuchinas 97, colonia San José Insurgentes; San Francisco 1857, Actipan; Real de Mayorazgo 71, en Xoco; Uxmal 543 y 587, en Vértiz Narvarte, y Mitla 221 y 235, en la Narvarte, como se observa en la siguiente recomendación.
1216_recomendacion_02_compressedAÑO 2018: LLUVIAS Y SISMO DAÑAN DOCUMENTOS
En 2018 los vecinos denunciaron que la Alcaldía no pudo entregarles documentos relacionados con construcciones porque un las lluvias afectaron las instalaciones de la Alberca Olímpica, sitio donde se encontraban resguardados.
De acuerdo con la Quinta Acata de la Sesión Extraordinaria del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos de la Alcaldía Benito Juárez, los archivos se encontraban dañados debido a las lluvias ocurridas en los meses de julio y agosto de 2018 y al sismo del 19 de septiembre de 2017.
“Se encuentran contaminados de hongos y bacterias, lo que representa un alto riesgo para la salud de las personas que pudieran consultar la información”, dijeron las autoridades.
En la acta de la Quinta Sesión Extraordinaria se describe que los archivos dañados, que se encontraban en cajas y atados por un peso aproximado de 1,200 kilogramos, contenían información de control de gestión (minuteros en originales y copias), vistos buenos, trámites internos, gacetas, manifestaciones de construcción, licencias de construcciones, entre otros.
“Se manifiesta que la documentación se encuentra físicamente en las instalaciones de la Alberca Olímpica, ubicada en División del Norte número 2333, colonia General Anaya, la cual se verifica y se da fe de que se encuentra siniestrada debido a que se inundó el archivo a causa de las lluvias ocurridas en los meses de julio y agosto, situación que afectó severamente dicha documentación. Asimismo, debido al sismo del 19 de septiembre de 2017, los anaqueles se vieron debidamente afectados, lo que provocó que las cajas que se ubican en dichos anaqueles cayeran al suelo, provocando un daño severo e irreversible”, se lee en el acta de la Quinta Sesión Extraordinaria celebrada el 20 de abril de 2018.
El acta fue firmada, entre otros, por Ismael Chalico, detenido por segunda vez en mayo de 2023 por su presunta responsabilidad en actos de corrupción inmobiliaria. En 2018 se desempeñaba como Director de Recursos Materiales y Servicios Generales de Benito Juárez.
También firmó Víctor Manuel Mendoza Acevedo, en ese entonces Director General de Planeación, Desarrollo y Participación Ciudadana de la Alcaldía. Hoy se encuentra prófugo de la justicia por haber firmado la autorización de uso y habitabilidad del complejo de departamentos de lujo City Towers Black. Es hermano de Luis Mendoza, actual candidato del PRI-PAN-PRD a la Alcaldía Benito Juárez.
AÑO 2020: LLUVIAS ATÍPICAS DE SEPTIEMBRE
En el año 2020 ocurrió otro incidente que impidió a los vecinos acceder a documentos relacionados con construcciones en la demarcación. El Comité de Transparencia en la Alcaldía Benito Juárez notificó que las fuertes lluvias de los días 15 y 16 de septiembre dejaron ilegibles “kilos de documentos”.
Según el acta que se levantó el 28 de junio de 2021, los días 15 y 16 de septiembre de 2020 se produjeron fuertes precipitaciones pluviales en la Ciudad de México que dejaron como resultado la inundación del sótano del edificio de “Soluciones”, ubicado en la colonia Santa Cruz Atoyac y donde se encontraban los documentos.
“Hubo filtraciones de agua pluvial y aguas negras que provenían de la avenida Cuauhtémoc, lo que causó que el archivo se dañara y quedara indescifrable, dejando como consecuencia kilos de papel ilegible”, se lee en el documento en el que se precisa que fueron afectados diversos expedientes, documentos y libros de Gobierno.
Los expedientes, menciona el acta del Comité de Transparencia, “estuvieran altamente contaminados de hongos, bacterias, orines y heces de animales”, por lo que el personal no podía consultar la información. “Nos encontramos ante una imposibilidad jurídica y material de proporcionar los documentos de interés particular”.
“Estos documentos eran tan importantes porque había libros de Gobierno, avisos de publicación vecinal, registros de manifestación de construcción, avisos de terminación de obra. Es decir, casualmente todo lo que tiene que ver con construcciones desde 2018”, detalló María Luisa Rubio, vecina de la Benito Juárez.
Desde que inició el boom inmobiliario en la Benito Juárez, vecinos de la Alcaldía han alzado la voz para denunciar las obras irregulares y la colusión de autoridades con constructoras, entre las acciones que han llevado a cabo están denuncias, quejas y solicitud de expedientes, estos últimos les han sido negados argumentado incidentes.
“Me parece una fatalidad muy extraña que en 2014 les roban las máquinas donde estaban los documentos, en 2018 se les inunda el lugar y en 2020 se les vuelven a inundar, en todos los casos había archivos relacionados con construcciones”, expuso María Luisa.
En el marco del proceso electoral 2024, esta semana el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) impuso medidas cautelares en contra de legisladores y funcionarios del partido Morena para abstenerse de verter comentarios en cualquier medio en donde vinculen al candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la oposición, Santiago Taboada, con el Cártel Inmobiliario.
Para los vecinos, esta decisión es grave porque se pretende ocultar la corrupción inmobiliaria que han permitido las autoridades de la Benito Juárez.
“Así como nos silenciaron aquí a los que hemos denunciado, ahora quieren hacerlo en la Ciudad de México y es muy peligroso porque realmente es un cártel, un cártel que aspira a gobernar la ciudad”, opinó María Luisa al enumerar algunas de las obras ilegales en la Alcaldía. “Lo que yo les diría a quienes tienen dudas genuinas del Cártel Inmobiliario es que se acerquen acá, vengan a la colonia Zacahuitzco, vayan al predio de Bretaña 90, visiten el predio de Zapata 76, vayan a Tuy 41. Ahora mismo están demoliendo en Icaco 54 para construir otro edificio irregular”.
