Es evidente, por mis posturas públicas y mi activismo, que no soy de los decepcionados con el Gobierno actual, en primer lugar, porque nunca creí que fuera a ser otra cosa que lo que es: una gestión desastrada y reaccionaria, empeñada en desmantelar lo poco de Estado de Derecho eficaz que se había construido en México, sin otro rumbo que las ocurrencias presidenciales.

Sin embargo, debo reconocer que al principio del sexenio albergué un débil optimismo sobre la posibilidad de cambios importantes en el despropósito de política de drogas prohibicionista. El nombramiento de Gady Zabicky como comisionado en CONADIC y un párrafo del Plan Nacional de Desarrollo, síntesis de lo planteado durante años por quienes hemos estudiado el tema e impulsamos una agenda de regulación, más la proclama presidencial de que se iba a acabar la guerra, parecían anunciar una nueva aproximación al tema, más basado en la evidencia y el conocimiento de los especialistas.

Sin entusiasmo y con mucho escepticismo le di el beneficio de la duda al nuevo Gobierno en ese tema, sólo para constatar muy pronto que el Presidente de la República ni siquiera había leído a lo que se había comprometido ante el Congreso y que el especialista en adicciones le había ganado la lealtad al amigo Subsecretario y el seguidismo para sostenerse en el cargo, por encima de un compromiso serio con una política sensata, basada en la reducción de daños, la información fidedigna para la prevención y la atención adecuada de los usos problemáticos de sustancias.

En las últimas semanas, como ya he comentado, la ignorancia presidencial sobre drogas lo ha llevado a aberraciones descomunales cuando ha hablado de fentanilo, naloxona o mariguana. Pero la escasez de metadona es todavía más grave, porque no se trata de simples declaraciones, sino de una situación que afecta la salud de personas de carne y hueso.

El desabasto de metadona ha creado un grave problema de salud para las personas que requieren de este medicamento para su tratamiento de sustitución o mantenimiento por su uso problemático o dependencia de opiáceos. La falta de metadona ha afectado a las clínicas que ofrecen desde hace 30 años tratamiento de metadona en México. Hay alrededor de 14 clínicas coordinadas por profesionales en adicciones que están situadas en las principales ciudades del país con un alto consumo de heroína, principalmente en la frontera norte.

La metadona es un opioide sintético probado como un recurso terapéutico muy eficaz para disminuir el síndrome de abstinencia y discontinuidad en el consumo de opiáceos. Las personas que se vuelven dependientes de los derivados del opio, como la morfina y la heroína o de sus réplicas sintéticas, como el fentanilo difícilmente se recuperan con tratamientos de abstinencia. La evidencia muestra, en cambio, que pueden recuperar vidas productivas e integradas si reciben el sustituto sintético.

La experiencia de países europeos que vivieron epidemias de opiáceos tremendas en las décadas de los setenta y los ochenta del siglo pasado, muestra que la distribución gratuita por parte de los servicios públicos de salud de metadona es la mejor estrategia terapéutica disponible para enfrentar la catástrofe de miles de jóvenes enganchados a la heroína. La disponibilidad de naloxona salva vidas y la distribución de metadona permite la reinserción social de los usuarios problemáticos.

De eso se trata la estrategia de reducción de daño. Si las personas que consumen drogas inyectables tienen acceso fácil y gratuito a jeringas limpias, se controla la transmisión de VIH y otras enfermedades de contagio sanguíneo. Si tienen acceso a la naloxona, es más difícil que mueran por sobredosis. Si tiene metadona podrán vivir vidas sin dolor y sin estar atados a la dependencia incapacitante de la heroína y pueden recuperar su vida productiva. La metadona, además, aleja a las personas usuarias de opiáceos del crimen y el clandestinaje, ya que no necesitan salir a las calles a buscar heroína, comprometerse con conductas delictivas y relacionarse ilícitamente con el crimen organizado como clientes.

Por supuesto, este enfoque tiene fuertes detractores entre los partidarios de la prohibición y entre quienes creen que la adicción es un problema de voluntad. Los prohibicionistas opinan más o menos como se expresó López Obrador la semana pasada: para qué se les salva, nada de paliativos, mejor que se mueran. Los defensores de la abstinencia, sobre todo los cristianos, creen que con voluntad y fe se puede eliminar una dependencia física. Es como si quisieran atender la diabetes con rezos y no con insulina.

El enfoque de reducción de daños es la base para evitar la estigmatización de los usuarios de drogas ilícitas, pero sobre todo es la mejor manera de enfrentar el tema como un problema de salud y no como un asunto criminal. El desabasto actual es parte de la enorme escasez de medicamentos esenciales que ha provocado la pésima política de salud del Gobierno actual. Claro que, si no les importan los niños con cáncer, mucho menos personas a las que consideran desviados o escoria.

Queda claro, con la desaparición del Insabi, que López Obrador nunca tuvo idea de qué hacer con la política de salud. Su ignorancia es patente. Pero López-Gatell, Alcocer y Zabicky son cómplices criminales del desastre y deberán rendir cuentas.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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