El exfuncionario dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019 y desde entonces permanece en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, EU.
Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- Un tribunal federal se negó a otorgar dos amparos a Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública federal, contra el aseguramiento de tres inmuebles y de sus cuentas bancarias.
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se encargó de determinar de levantar el sobreseimiento que fue decretado por una Jueza que consideró que los amparos que promovió el exsecretario se presentaron de forma extemporánea.
Los magistrados destacaron que García Luna sí presentó a tiempo las demandas debido a que se resaltó que está detenido en Estados Unidos, y posteriormente fue notificado por los aseguramientos en distintas fechas a lo notificado.
Al debatir sobre el fondo del amparo, los magistrados optaron por negar protección a Genaro García Luna y la resolución de la Jueza fue fundamentada y motivada por la cantidad de dinero que le habría sido entregada de forma ilícita al exsecretario.
El Magistrado Jorge Isaac Lagunes Leano también propuso negar protección y se procedió al aseguramiento de las tres propiedades ubicadas en la colonia Paseos del Sur, de la Alcaldía Xochimilco; otro en Jardines en la Montaña, en Tlalpan; y el tercero en el Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, del municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos.
La Fiscalía General de la República afirmó que el exsecretario acumuló ingresos superiores a los 27 millones de pesos que no correspondían a sus servicios como funcionario público, pero sirvieron para depósitos no identificados de cuentas bancarias.
García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón.
Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cartel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.
Estos testigos, según el escrito, incriminarán a García Luna y asegurarán que recibió pagos para que este ayudara al grupo criminal.
En septiembre de 2021, los fiscales estadounidenses informaron que entregaron al abogado de García Luna documentos enviados por el Gobierno mexicano que detallan sus actividades comerciales.
El Gobierno estadounidense ha producido miles de documentos como pruebas contra García Luna y comunicaciones interceptadas. Estos nuevos documentos pasarán a formar parte de la larga lista de pruebas que tiene contra García Luna la Fiscalía de Estados Unidos, que el pasado mes de mayo ya presentó registros financieros, fotografías rescatadas de Google Earth y escritos aportados por los Gobiernos mexicano y colombiano, cuyo contenido tampoco se reveló.
El operativo “Rápido y Furioso”, con el que Estados Unidos introdujo armas a México en 2010 para rastrear a delincuentes, durante el sexenio de Calderón, nunca arrojó resultados y, en cambio, dejó muertos en ambos países.
El impacto del operativo, que se realizó entre 2009 y 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), ha ganado notoriedad bajo el actual Gobierno mexicano por las críticas al tráfico de armas de origen estadounidense, con las que se cometen el 70 por ciento de los delitos en México, según ha dicho la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Y es que de Estados Unidos ingresan 200 mil armas de fuego de manera ilegal cada año, de acuerdo con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).
García Luna enfrenta también cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar droga y mentir a las autoridades.
El exfuncionario dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019 y desde entonces permanece en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York, EU.
-Con información de EFE y AP
