Evelia, mujer maya originaria del municipio Tixméhuac, fue acusada hace 10 años de homicidio en razón de parentesco a raíz de un aborto espontáneo. Tenía 27 años cuando un hombre de su comunidad, al que no identifica, la violó. Por el aborto espontáneo recibió una condena de 12 años y seis meses, y una multa de 154 mil pesos.
Al preguntarle si siente algún tipo de rencor o enojo por encontrarse en prisión injustamente, ella contesta: “Ki’ak in maamae’ p’at tu k’ab dio” (“Dice mi mamá: déjalo en manos de Dios”).
Por Lilia Balam y Katia Rejón
Ciudad de México, 27 de abril (AbortoYucatán/SinEmbargo).– Han pasado diez años desde que Evelia, mujer maya originaria del municipio Tixméhuac, fue acusada de homicidio en razón de parentesco a raíz de un aborto espontáneo. Sin embargo hasta ahora no logra reconstruir todas las escenas para comprender cómo en menos de tres días pasó de ser una persona libre, a una presa con una condena de 12 años y seis meses, y una multa de 154 mil pesos.
Desde un cuarto privado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tekax –donde está recluida- cuenta que tenía 27 años cuando un hombre de su comunidad, al cual no identifica, la obligó a tener relaciones sexuales.
No sabía que estaba embarazada cuando el sábado 18 de julio del 2009, en su casa de Tixméhuac, se desmayó en tres ocasiones. Todo lo demás es borroso y solo puede confiar en las versiones de los demás: su mamá le contó que se cayó boca abajo y “salió un bebé”, por lo que solicitaron al amigo de uno de sus hermanos que las trasladara al Hospital Comunitario de Peto con todo y el producto.
Bajo una mata de cabello teñido y peinado en un chongo, sus ojos oscuros se hacen más pequeños mientras se esfuerza en rememorar lo que ocurrió después: en el hospital no habló con ningún doctor, solamente sentía que “raspaban” su vientre y por lapsos escuchaba que algunos médicos platicaban. Sin embargo, no reconocía sus palabras: en ese tiempo sólo hablaba maya.
En el nosocomio, notificaron a su madre que el producto había muerto. Amaneció y sin proporcionarle un intérprete ni permitirle buscar un abogado, la trasladaron al Ministerio Público, un día después de que le hicieran el legrado. Estaba sola.
Aunque no lo entendía, las autoridades del Ministerio Público le hicieron firmar una declaración escrita en español porque le dijeron que si no lo hacía su condena sería de 40 años de cárcel: una clara violación a los derechos humanos, pues el apartado A , fracción VIII del Artículo 2° de la Constitución Política establece que los indígenas tienen derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
El artículo es respaldado, entre otros documentos oficiales, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el cual dice que deben tomarse medidas para garantizar que los miembros de pueblos originarios puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles si fuere necesario, intérpretes u otros medios eficaces.
Hacia las tres de la mañana del lunes la trasladaron al Cereso de Tekax y hasta entonces se enteró de su embarazo. “Mi primer día no recuerdo… cuando amaneció mis compañeras me dijeron que estaba embarazada. No comía, ellas me ayudaban. Me platicaron cuando todo salió en el periódico. Estuve 15 días sin comer y me empecé a recuperar”, detalla en un tímido español, idioma que aprendió en la cárcel.
Poco a poco empezó a comprender qué había pasado, pero tampoco tiene información fidedigna al respecto: sospecha que el personal médico que la atendió fue quien la denunció, al considerar que había intentado abortar a su hijo. Según la declaración que firmó, tenía siete meses de gestación.
Conforme pasaron los días buscó alternativas para salir de prisión. Denunció la violación, pero los trabajadores del Ministerio Público dijeron “que nada podían hacer porque había pasado mucho tiempo”.
LA SENTENCIA
En marzo del 2010 la sentenciaron a 12 años y seis meses de cárcel y le impusieron una multa de 154 mil 811 pesos por reparación del daño con motivo del fallecimiento del menor. Apeló, pero la sanción aumentó un año. Hacia el 2014 interpuso un amparo y le redujeron 2 años y medio de cárcel.
La mujer dice que la multa ya está pagada pero que ella no cubrió ese gasto, además de que un abogado le ha dicho que no tiene que pagar nada. A la fecha sigue cumpliendo su sentencia de 10 años: este año será libre de nuevo.
Hace cinco años, el hombre que la violó regresó a molestar a su familia. “Pasaron a matar a mis hermanos cuando yo estaba acá”, cuenta ella. Su mamá enfrentó al agresor, preguntándole “¿Qué más quieres? Ella está ahí”. Tuvieron que solicitar la intervención de las autoridades municipales de Tixméhuac para que “se medio calmara”. “Él está riendo, está metiendo relajo, se burla mucho de mi familia”, dice Evelia.
Ella imagina que Tixméhuac será muy diferente cuando regrese, pero confiesa estar ansiosa por dejar la prisión, donde pasa los días urdiendo hamacas y recibiendo talleres de alfabetización. La pobreza de su familia le impidió estudiar. Su madre enviudó cuando Evelia era una bebé de siete meses y la mantuvo a ella y a sus seis hermanos trabajando como empleada doméstica. Dice que no tiene miedo de salir porque “está acostumbrada a trabajar”.
Al preguntarle si siente algún tipo de rencor o enojo por encontrarse en prisión injustamente, ella contesta “ki’ak in maamae’ p’at tu k’ab dio” (“Dice mi mamá: déjalo en manos de Dios”), antes de que su figura pequeña y delgada se aleje, custodiada por una uniformada que la lleva de vuelta a su celda.
CIFRAS DEL ABORTO
De acuerdo con el informe “Maternidad o castigo” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), casos como el de Evelia ocurren en buena medida gracias a las leyes que protegen la vida desde la concepción, pues “otorgan personalidad jurídica al embrión, fomentan la desinformación y prejuicios que permean las acciones de policías, ministerios públicos y jueces”, además de que persiguen el objetivo de estigmatizar a las mujeres e imponer castigos “ejemplares”, generando temor y desinformación entre las mismas.
Desde el 2009, en Yucatán se protege la vida desde la concepción. La aprobación de esa medida generó confusión en la comunidad médica y en la ciudadanía en general: se cree que el aborto está totalmente penalizado en el estado.
Paradójicamente la Ley local es, a nivel nacional, una de las que incluye más casos bajo los cuales no se sanciona la interrupción voluntaria del embarazo. El desconocimiento de las normas obstaculiza el acceso de las mujeres al derecho de abortar si fue violada, si su vida o la del producto corren peligro o si vive en condiciones de pobreza.
La Secretaría de Salud de Yucatán sólo registró 11 interrupciones legales del embarazo entre el 2009 y el 2018. Se obstaculiza el acceso al aborto como marca la ley, hay casos de mujeres que han sido encarceladas por abortos espontáneos y es el mismo personal de salud quien las denuncia.
Del 2007 al 2017, un total de 28 mujeres yucatecas tuvieron que viajar a la Ciudad de México para practicarse un aborto ya que ahí sí está permitida esa intervención quirúrgica hasta las 12 semanas. Es decir, abortaron en la capital del país casi tres veces más que en su propia entidad.
En Yucatán, al menos 65 mujeres han sido denunciadas por aborto y aborto culposo entre 2009 y el primer semestre del 2018, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), proporcionada a través de una solicitud de transparencia.
Las denuncias han ido en aumento desde el 2013. Sin embargo, en los últimos dos años, no se ha reportado el inicio de ninguna investigación por aborto, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En el país, de 2007 a 2016 fueron procesadas penalmente 4 mil 246 mujeres por abortar: 53 de ellas se encuentran actualmente en prisión definitiva. Todos los días se denuncia a una mujer por abortar en México, de acuerdo con el informe “Maternidad o castigo” del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE).
