No tengo duda de que algunos de los artistas que participaron en el video para denunciar presuntos daños ambientales por la construcción del Tren Maya lo hicieron llevados por buenas intenciones, convencidos de que al hacerlo participan en una causa justa, Natalia Lafourcade, por ejemplo; pero tampoco tengo duda de que algunos otros, conocidos por sus posiciones antiobradoristas, como Eugenio Derbez, lo hicieron impulsados en gran medida por un interés político.

Que hayan o no criticado otras causas ecológicas en el pasado no es un dato menor, pero en última instancia lo más importante de todo esto es preguntarse si tienen razón, total o en parte, en los argumentos que ahora presentan. Se pueden descalificar las motivaciones o la desinformación de los mensajeros, pero eso no descarta el hecho de que en su mensaje hablan de la destrucción de la selva y el peligro que representa. Es a eso a lo que hay que responder.

Concentrémonos en los argumentos. Primero, habría que decir que el mensaje mismo es ambiguo. Algunas de las intervenciones parecerían tener el propósito de externar tan solo una preocupación sobre el medio ambiente. Lo que deja de ser inocente es el tono catastrofista de algunas otras en las que implícitamente se pide la cancelación de la construcción del Tren Maya: “estamos quitándonos nuestra propia casa”, “destrucción de millones de árboles”, “no necesitamos un tren necesitamos conservar nuestro territorio”. En el video, pues, se traslapan dos objetivos: uno, hasta cierto punto legítimo, que externa una preocupación, y otro, embozado en el anterior, que descalifica el Tren Maya, como lo ha hecho la oposición desde que arrancó el proyecto.

El primer punto es una pregunta válida, lo segundo me parece irresponsable para con una región y una población abandonadas durante siglos, salvo para convertirlos en meseros, jardineros y camareras de la industria hotelera. Los artistas tendrían que valorar la dimensión social que representa el Tren Maya; un detonante económico para las posibilidades productivas de una extensa región más allá de la franja de la Riviera Maya. Y más relevante aún, el potencial de articular a un territorio que hasta ahora ha sido una mera colección de lunares sujetos a una expoliación externa, con poca relación entre sí. Más allá de las polémicas de carácter político, un principio ético y un mínimo de sensibilidad social tendría que llevar a preguntarnos, a quienes vivimos cómodamente en otras regiones más beneficiadas, ya no digamos Hollywood, lo que entraña esta obra para ese gran pedazo atrasado del país.

Toda obra pública y de infraestructura supone un impacto ambiental. La naturaleza estaría más cómoda si no se construyeran nuevos asentamientos, carreteras o, en última instancia, si no existieran ciudades o automóviles. La pregunta es cómo equilibrar los beneficios sociales y las necesidades productivas con el cuidado del medio ambiente; y no porque esté de moda esta agenda, sino porque la contaminación, el agotamiento de mantos acuíferos o los desastres naturales han demostrado que ignorar está dimensión termina afectando trágicamente a la población que se intenta beneficiar. Pero, insisto, se trata de encontrar un equilibrio razonado, no simplemente de rechazar un proyecto por el inevitable daño que podría causar.

En ese sentido, la tesis catastrofista que se introduce en los argumentos presentados en el video me parece que está fuera de lugar. Sin embargo, la otra, que insiste en la necesidad de dimensionar el impacto ambiental del tramo 5, entraña una preocupación válida, por varias razones.

Una, la prisa. El tramo 5, que corría por la carretera, una mucho más amable en términos ecológicos, fue abandonada por la presunta dificultad de asegurar los cotizados terrenos a pie de camino y se llevó a la selva donde la adquisición de predios es más sencilla, pero evidentemente de mayor impacto ambiental. Nunca quedó claro si el problema de fondo era económico (indemnizaciones prohibitivas), jurídico (tramitaciones entrampadas) o técnicas (sobrepeso de pilotes para soportar tramos de tren elevado en el frágil suelo de la Península). Esa vaguedad ha servido para afirmar que la verdadera razón era la fecha de inauguración señalada por el Presidente. No sé si sea el caso, pero centrar la respuesta en descalificar la reputación de los que critican no resuelve la duda: ¿se está incurriendo en altos riesgos ambientales por razones políticas, es decir el calendario electoral, o hay razones técnicas de peso para haber actuado así? Tan fácil como explicarlo, no lo han hecho.

Dos, la ruta de la selva. ¿Construir una vía produce un daño irreversible de consecuencias desestabilizadoras para los mantos acuíferos y en general para la ecología, como afirman los críticos? Unos dirán que la mera incursión en la selva es inadmisible, otros afirmarán que se trata tan sólo de una línea que cruza un amplio territorio al que dejará intocado, y que el impacto puede minimizarse con ingeniería allá donde existan riesgos. Las posiciones se han centrado en descalificaciones políticas, por un lado y, por otro, en argumentos supuestamente científicos, pero demasiado vagos centrados en la precariedad de la región, no en la línea específica de la obra.

Tres, el decreto. La polémica terminaría si la Semarnat y autoridades similares hicieran los estudios con la profundidad y cabalidad pertinentes a partir del proyecto puntual, pero el decreto presidencial que en la práctica exenta a la obra de la necesidad de una aprobación de impacto ambiental, deja el tema cargado de dudas.

Cuatro, un operador político. En enero el director del proyecto fue removido justamente porque la obra iba rezagada respecto al calendario comprometido. En su lugar se trajo a un operador político, Javier May, un funcionario leal al Presidente, para asegurar los cambios y la velocidad de construcción necesaria. La pregunta es si con un funcionario con estas características se corre el riesgo de que cualquier consideración ambiental o daño ecológico sea pasado por alto en aras de cumplir con el encargo recibido.

En mi opinión el Tren Maya es importante y podría ser un parteaguas para la Península y desde luego es una obra emblemática para la 4T. Por lo mismo, habría que asegurarse de hacerlo bien. Nada dañaría más ambos objetivos que subestimar o ignorar futuros daños por acelerar una inauguración. Sea que se regrese a la ruta original, aunque tome más tiempo, o que se transparenten los costos ambientales de hacerlo sobre la selva y se demuestre que son aceptables de cara a los beneficios. El Gobierno debe tener respuestas técnicas para lo anterior, pero hasta ahora sólo escuchamos contra argumentos a una oposición que actúa de mala fe, sin duda, pero explota una duda que está en el aire. @jorgezepedap

Jorge Zepeda Patterson

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Es periodista y escritor.

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