Para especialistas en seguridad e impunidad, los actos violentos mal llamados “justicia por mano propia” son la respuesta a la desconfianza y hartazgo ciudadano por la falta de resultados eficientes en la procuración de justicia en México.
Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- La impunidad, el hartazgo ciudadano y la falta de confianza hacia las autoridades son parte de los motivos que han llevado a ciudadanos a hacer justicia por su propia mano y enfrentar a criminales, en casos que cada vez se vuelven más recurrentes y los cuales son difundidos ampliamente en redes sociales y medios de comunicación.
En estos episodios de violencia, los civiles se enfrentan a sus presuntos asaltantes: los golpean, atropellan o balean en respuesta a un asalto o una agresión. Los hechos quedan grabados en videos y éstos se viralizan. Les nombran “Justicieros” en redes sociales y medios. La historia se repite una y otra vez, en parte por la falta de resultados eficientes en la procuración de justicia en México.
El pasado 19 de marzo, las imágenes de un repartidor que embistió directamente a tres supuestos asaltantes en Guadalajara fue difundido por distintos medios. El caso daba cuenta precisamente de esta situación que parece generalizarse en las calles del país.
Un hecho similar se registró en Villa Hermosa, Tabasco, días antes de lo ocurrido en la capital de Jalisco: un hombre de 80 años persiguió y atropelló a dos supuestos ladrones; uno de ellos murió al igual que el adulto mayor, quien perdió la vida al chocar momentos después.
En diciembre también se popularizó un video donde un ciudadano había logrado escapar de dos sujetos armados quienes pretendían asaltarlo, sin embargo, el hombre regresó para embestirlos con su vehículo en una vialidad de Morelia, en Michoacán.
A estos casos se suma el ocurrido en noviembre pasado, cuando dos sujetos asaltaron a un cuentahabiente y lo despojaron de 200 mil pesos. Familiares de la víctima persiguieron al dúo que escapaba en motocicleta, le dieron alcance y lo arrollaron sobre una vialidad de Naucalpan, Estado de México.
Ahí mismo, en el Estado de México, un pasajero disparó dentro de un camión a un grupo de sujetos que abordó la unidad para asaltarla en la autopista México-Puebla. La balacera ocurrió a inicios de agosto, pocos días después de que se dio uno de los sucesos que más se viralizaron: la golpiza que pasajeros de una combi le dieron a un hombre que pretendía asaltar la unidad de transporte público en la autopista México-Texcoco. Las imágenes captadas del momento desataron miles de reacciones de ciudadanos que aplaudieron los hechos llamando a los pasajeros “Los héroes de la combi”.
No obstante, estos mal llamados actos de “justicia por mano propia”, el conocido “ojo por ojo” de la ley del talión, no tienen un conteo oficial o un indicador que muestre con precisión la tendencia de estos acontecimientos, que van desde golpizas, atropellos, ataques con arma de fuego hasta los linchamientos, sin embargo, los videos que recorren en la red muestran que la “venganza ciudadana” persiste y se recrudece cualitativamente.
Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), recalcó en ese sentido que tales hechos no son actos de justicia por propia mano, sino que se tratan de actos de violencia que en muchas ocasiones ni siquiera atacan realmente a un posible delincuente y que sólo abonan a la espiral de violencia.
“En la medida en que se responde con un acto de violencia es mucho más probable que los próximos actos de violencia sean aún mayores”, alertó.
Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en el municipio de San Nicolás Buenos Aires, Puebla, donde una pareja fue linchada tras ser acusada del presunto rapto de un niño, sin embargo, lo anterior habría sido solamente un pretexto de los vecinos para retenerlos y golpearlos hasta la muerte, ya que jamás se comprobó que hubiera un menor de edad desaparecido en la zona, reportó en octubre pasado el medio Periódico Central.
CRECE EL HARTAZGO
Los acontecimientos de civiles que actúan por su cuenta son una muestra del hartazgo ciudadano frente a una impartición de justicia ineficiente, coincidieron expertos en temas de seguridad e impunidad.
“Cuando el ciudadano denuncia es porque busca justicia o reparación del daño […] entonces hay un ejercicio ciudadano de invertir tiempo y esfuerzo para obtener algún tipo de resultado (de justicia) y cuando volteamos a ver en cuántos casos se obtuvo algún resultado favorable —detenciones u otras formas posibles de reparación del daño— pues descubrimos que son prácticamente nulos”, expresó el director de ONC.
En casi la mitad (44.5 por ciento) de las carpetas de investigación abiertas en México “no pasó nada o no se continuó con la investigación”, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2020), cuyos datos reportados corresponden al año 2019.
Además, el 29.2 por ciento de las carpetas abiertas en 2019 sigue en trámite, en el 7.5 por ciento se recuperaron los bienes robados y sólo en el cuatro por ciento hubo reparación del daño.
“Vemos que hay un tema de efectividad, que la autoridad no tiene medidas eficaces para investigar los delitos”, dijo Bianca Bolaños Aparicio, investigadora en la organización Impunidad Cero.
En la medida que la autoridad no es capaz de demostrar resultados, explicó a su vez Rivas Rodríguez, aumenta la sensación de inseguridad y el hartazgo ciudadano.
MALA REPUTACIÓN
El número de carpetas de investigación iniciadas durante el primer bimestre de 2021 por robos con violencia en México ascendió a 33 mil 685, lo que representa una reducción de al menos un 22.5 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020, con 42 mil 400 carpetas de investigación.
Los analistas entrevistados por SinEmbargo consideran que la reducción de las cifras puede ser multifactorial y atribuyeron este descenso principalmente a los impactos de la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, descartaron rotundamente el que fuera por una mejoría en la seguridad.
“La baja en carpetas de investigación obedece a una disminución de los delitos, pero la disminución de los delitos obedece a que la gente estaba en sus casas y no en las calles. Es un efecto de la pandemia porque es muy difícil robarle a alguien que está en su casa guardado”, expresó Rivas.
No obstante, el experto aclaró: “lo que sí puedo decir es que nosotros en una encuesta de victimización que hicimos, la primera que mide los efectos de la pandemia en la seguridad, encontramos que no hay evidencia de que los ciudadanos hayan dejado de ir a denunciar por temor a contagiarse”.
Rivas reiteró que, más allá de la pandemia, la realidad es que la ciudadanía no denuncia “porque no ve resultados, porque los trámites son largos y engorrosos y porque desconfía de la autoridad”.
La cifra negra —delitos no denunciados— en México asciende a un 92.4 por ciento, de acuerdo con los datos de ENVIPE 2020. Entre las razones para no denunciar ante las autoridades destacan la pérdida de tiempo con 36.3 por ciento y desconfianza de la autoridad con 15 por ciento.
Llevar a cabo esta declaración formal acerca de la comisión de un delito toma entre dos a cuatro horas, según datos del Inegi, pues el 39.6 por ciento de las personas entrevistadas manifestó que requirió dos horas o menos para interponer la denuncia ante el Ministerio Público y un 32.6 por ciento refirió que le tomó más de cuatro horas.
¿QUIÉN TIENE LA CULPA?
“Una de las cosas que nos enseña este fenómeno —gente haciendo justicia por mano propia—, es que tiene que ver mucho con la desconfianza y con la poca efectividad institucional para investigar delitos”, reiteró Bianca Bolaños.
Las policías preventivas (municipales), de tránsito, agentes ministeriales, ministerios públicos (fiscalías estatales) y jueces son las autoridades en que menos confían los ciudadanos, ya que mientras el 90 por ciento de la población identifica a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspira; en comparación, un 56 por ciento confía en ministerios públicos y jueces, de acuerdo con el Índice de Percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia.
El censo también detalla que el 54 por ciento de la población mexicana considera efectivo el desempeño de los jueces y 50.2 por ciento cree que es efectivo el trabajo de ministerios públicos.
El Poder Judicial, al menos el federal, se ha mantenido bajo el asedio y constante escrutinio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha descalificado el actuar de jueces y magistrados en el otorgamiento de suspensiones y amparos contra proyectos clave de su Gobierno.
Pero el reproche del Gobierno federal no ha sido el único: a la par de quejas de corrupción y nepotismo trascendidas en los últimos años, al lastre del Poder Judicial se le suman casos emblemáticos como el de Abril Cecilia Pérez Sagaón; la sentencia a Diego Cruz, uno de “Los Porkys”, acusado de pederastia y de abuso sexual a una menor de edad; la liberación de policías relacionados con el caso Ayotzinapa, entre otros.
No obstante, Bianca Bolaños y Francisco Rivas consideraron que la desconfianza y hartazgo que lleva a ciudadanos a actuar por su cuenta se inclina más hacia la desconfianza en las fiscalías estatales, pues recordaron que la mayoría de los delitos de los que son víctimas se concentran en el fuero común.
Para la investigadora de Impunidad Cero, en las fiscalías estatales es donde se encuentra el cuello de botella: “lo que estamos viendo es que a pesar que la gente denuncia y a pesar que se abren carpetas de investigación, lo que pasa es que todo se queda ahí en la investigación y ni siquiera llegan a los jueces. Los casos que llegan a un juez son realmente muy pocos”.
Del total de los delitos en que se inició una carpeta de investigación durante el 2019, sólo en el 3.7 por ciento se puso al presunto delincuente a disposición de un juez, según consigna ENVIPE 2020.
Rivas Rodríguez coincidió: “es falso que los jueces liberen a los delincuentes, yo no dudo que haya jueces corruptos que liberan a delincuentes. Sí los hay y sí ha habido evidencia de ello, pero la verdad es que en México todos queremos que se sancione al delincuente hasta que no somos nosotros la persona que es inculpada injustamente. México es un país con una tradición de sembrado de pruebas y de falsificación de culpables, por eso uno de los motivos que nos llevó a transformar el Sistema de Justicia es precisamente eso, que México es muy fácil inventar culpables donde no los hay”.
El reto más importante y necesario en el país, insistieron los especialistas, está en fortalecer la capacidad de investigación de las fiscalías.
“Estos actos (de venganza) reflejan la gran labor que todavía tienen pendiente las fiscalías para mejorar sus procesos, sus investigaciones y para recuperar la confianza en las personas. Si no empezamos a ver resultados dentro de las investigaciones, pues definitivamente las personas van a creer que denunciar sigue siendo una pérdida de tiempo”, expresó Bianca Bolaños.
Por su parte, Francisco Rivas enfatizó que este fenómeno ocurre en un contexto de debilidad institucional donde el Estado no ha hecho lo suficiente para corregirla. “No hay ninguna mejora en términos de capacidad de construcción de inversión en seguridad […] Si volteamos a ver, por ejemplo, el gasto en seguridad, estamos viendo que cada año gastamos peor y menos. Lo que tenemos hoy, con la seguridad de México, es un cochinero que se está cayendo en pedazos porque no le hemos invertido bien”, apuntó.
