Caracterizado por rechazar cada observación venida del extranjero. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha confrontado desde las palabras del Papa Francisco hasta las observaciones en materia de derechos humanos hechas por Naciones Unidas, Greenpeace, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes.
En cambio, no ha igualado el tono en las agresiones al país del recién llegado a la Casa Blanca Donald Trump. El endurecimiento de las deportaciones ya inició en Estados Unidos. Y ante la embestida, el Canciller Luis Videgaray Caso ha dicho que México no dudará en ampararse en Naciones Unidas. Cada semana, tres aviones aterrizan en el país con 405 mexicanos deportados. Y algunos se preguntan: ¿se equivocó Peña Nieto al pelear cuatro años con organismos internacionales?
Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Especialistas y activistas aseguraron que las autoridades mexicanas se encuentran deslegitimadas para solicitar el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) frente a las deportaciones que planea Estados Unidos. La indiferencia de la actual administración en materia de derechos humanos ha diluido la imagen del país frente a los organismos internacionales.
“Desafortunadamente hoy quien nos representa en el Estado mexicano carece de legitimidad para acudir a las instancias internacionales. Y para defender los derechos de sus propios ciudadanos. Justo en esos temas han sido bastante omisos, negligentes. Han cometido abiertamente violaciones a Derechos Humanos las cuales han verificado las propias instancias internacionales”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
El actual Gobierno federal se ha caracterizado por cuestionar cada observación hecha por los órganos multilaterales. El caso más reciente ha sido el recién publicado informe sobre derechos humanos de Amnistía Internacional (AI), que indica la práctica generalizada de desapariciones forzadas y tortura.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en respuesta, resaltó que el informe era global; de tal suerte que los cuestionamientos de AI, dijo: “Son prácticamente los mismos” a nivel mundial, reportó el diario La Jornada.
Por su parte, la Directora Ejecutiva de AI México Tania Reneaum Panszi no duda que, de acudir, México será bien recibido por Naciones Unidas. Mas no dejó pasar las contradicciones del Gobierno cuando se habla de derechos humanos.
“¿Qué es lo interesante del Estado mexicano?, que hacia fuera tiene una increíble agenda de derechos humanos, que ayuda a promover y a impulsar, pero que hacia adentro hay una brecha entre lo que ayuda a impulsar y promover, y lo que ocurre”, dijo la Directora.
El informe “2015-2016” de la organización hizo énfasis en la violencia y la impunidad que atraviesan el país.
La Procuraduría General de la República (PGR) revisa a nivel federal 4 mil 715 expedientes de investigación de casos de tortura, apuntó el trabajo. Pero ante los ojos internacionales este delito no querido ser reconocido.
En marzo del 2015, el Relator Especial contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, ratificó en un informe final, lo previsto un año atrás en su visita a México; que la tortura era una práctica “generalizada” en el país.
“Ocurre especialmente desde la detención y hasta la puesta a disposición de la justicia, y con fines de castigo e investigación”, puntualizó el Relator.
El Gobierno de Enrique Peña Nieto rechazó la mención.
“No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, contestó Jorge Lomónaco, entonces Embajador de México ante la ONU.
Frente a una oleada de ataques de funcionarios y medios de corte oficialistas. Méndez expuso su sentir en una carta al Gobierno mexicano: “Jamás vi mi integridad ni ética cuestionadas, hasta ahora”.
Pese a que el Relator solicitó desde septiembre del 2015 una nueva visita a México, ésta no se llevó a cabo sino hasta el 12 al 21 de diciembre del 2016. Pero, sin la presencia de Méndez. Y en la que el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura se limitó a dar sus conclusiones al Gobierno federal.
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OSORIO CHONG CONTRA CRÍTICAS
Pese a la situación de inseguridad del país el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, junto con la SER, han preferido rechazar las observaciones internacionales, en vez de implementar sus recomendaciones.
Así sucedió con las desapariciones forzadas, cuando en febrero del 2015, el Gobierno refutó un informe del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED por sus iniciales en inglés); en el que se concluye que el delito se ha “generalizado”.
El CED expuso su preocupación: “Por la impunidad respecto de los numerosos casos denunciados por desaparición forzada, que se expresa en la casi inexistencia de condenas por este delito”.
Osorio Chong, junto con José Antonio Meade, envió una misiva de respuesta.
“Las recomendaciones emitidas por el Comité no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados”, citó la carta.
Durante la gestión de Osorio Chong la situación en seguridad no ha mejorado. El último reporte de AI apuntó que en el 2016 (hasta noviembre), se habían registrado 36 mil 056 homicidios.
Pero el Gobierno federal pone en entredicho la inseguridad. El reporte “Situación de los derechos humanos en México 2015” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que México atraviesa una crisis de seguridad desde hace varios años.
De inmediato la SRE puso en entredicho estas observaciones. Al decir que: “No refleja la situación general que se vive en el país”.
En un país donde operan 37 células delictivas y nueve cárteles, el Gobierno federal ha respaldado una iniciativa de ley en materia de Seguridad Interior.
La propuesta tiene por fin reglamentar las operaciones del ejército en las calles en tareas de la policía.
“Puede agravar la situación de violencia un marco jurídico que militarice al Estado, que les permita [a soldados] salir a hacer acciones de seguridad pública. Las organizaciones hemos documentando de manera muy clara que las Fuerzas Armadas han sido responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Tenemos casos y basta recordar el de Ayotzinapa”, dijo Tania Reneaum.
La noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 puso en evidencia los graves problemas de desaparición que hay en México, cuando se supo por última vez de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero.
“El GIEI claramente empezó a establecer algunos vínculos de responsabilidad y cuando intentó hablar con miembros del Ejército esto tocó pared. Esto nos muestra que hay muy pocos pesos y contrapesos para establecer una autoridad con transparencia. y eso es muy grave. Porque hay que pensar en las consecuencias y abusos de poder que tradicionalmente hay en el Ejército “, detalló Reneaum.
La negación de una situación de violencia llevó al Gobierno federal a rechazar las palabras de Jorge Mario Bergoglio, quien en una carta al legislador de Buenos Aires Gustavo Vera externó su preocupación sobre el avance del narcotráfico en la Argentina: “Ojalá estemos a tiempo de evitar la mexicanización”.
Sin reparos el entonces Canciller José Antonio Meade llamó la atención públicamente al Pontífice.
“Manifestamos tristeza y preocupación respecto a los comunicados que se hicieran en una carta privada del Papa Francisco. Ya tuvimos un encuentro con el Nuncio. Y enviaremos una nota [al Papa]. Y lo que nos genera preocupación es que el reto del narcotráfico es compartido. Un reto en el que México ha hecho grandes esfuerzos”, dijo el otrora Secretario.
En temas ambientales el Gobierno no dudado en reaccionar. En marzo del 2014 una manta de 130 metros cuadrados con la imagen del Presidente de la República Enrique Peña Nieto bañado en petróleo, emulando la portada “Saving México” de la revista Time, causó la ira del Gobierno de Veracruz, encabezado por el priista Javier Duarte de Ochoa, y de Petróleos Mexicanos (Pemex) en contra de seis activistas de la organización Greenpeace.
Minutos después de que los manifestantes colocaron la manta en protesta por la Reforma Energética arribó al lugar un grupo de 20 elementos de la Policía Estatal para obligar a los jóvenes a retirar todo indicio de manifestación.
Fueron aprehendidos y ahora una de ellos, Rosina González, de 26 años, enfrentó cargos por allanamiento de morada y daños en propiedad ajena, que podrían concluir en una pena de entre cuatro y 10 años de prisión. No fue sino hasta junio de ese año que Greenpeace notificó que Pemex había retirado los cargos.
LA POLÍTICA DE LA MIGRACIÓN
Las embestidas de Donald Trump han orillado al Gobierno federal a buscar nuevas formas de proteger los intereses de los connacionales. El 22 de febrero el Cancillero Luis Videgaray Caso dejó la puerta abierta para acudir a la ONU.
“México no habrá de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas, para defender conforme al derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior”, dijo en conferencia de prensa.
Una medida que algunos expertos han apuntado que terminará forzosamente arreglándose sin intermediarios entre ambos países.
“Yo no sé hasta qué grado ir a la ONU y a otros lugares multilaterales podría servir como un punto de presión diplomática, pero la realidad es que al fin del día el presidente Trump no es un político. No sabe realmente. Él tiene conceptos, nociones e ideas pero el no tiene experiencia gubernamental. No sabe si sus ideas son viables”, dijo Armand Peschard-Sverdrup, experto sobre asuntos internacionales.
Tras una visita este jueves del Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, y el de Seguridad Nacional, John Kelly, con autoridades federales mexicanas; Kelly dijo a los medios de comunicación que no habrá deportaciones masivas, ni se usarán a elementos del ejército para desalojar personas.
Pese a que las autoridades de los Estados Unidos han dicho que sólo deportarán a las personas indocumentadas que tengan antecedentes penales. Estos incluyen faltas menores como, por ejemplo, conducir en estado de ebriedad o haber sido deportado previamente.
En el 2014 Estados Unidos deportó 275 mil 911 mexicanos, el 44 por ciento contaba con antecedentes penales.
Videgaray dijo este jueves que México no aceptará deportados de otros países. Es claro la dificultad de verificación que esto presentaría para las autoridades estadounidenses, quienes también deportan miles de centroamericanos.
“Esta postura, había sido propuesta por Jorge Castañeda hace mucho tiempo y el gobierno mexicano no la había considerado hasta estos días. Me parece que es muy diferente saber primero si realmente la aplicaría. Creo que por ahora lo que es claro que es una postura que en buena medida va dirigida al público mexicano que pide acciones al Gobierno y, que por el otro, se presenta como una ficha en el tablero de la negociación con los Estados Unidos”, dijo Nicolás Loza Otero, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
