El Presidente tiene muchas ideas fijas y una gran obsesión: ganar la elección de 2024. Tiene lógica. Aunque hoy parece un escenario lejano y poco probable, en el remoto caso de una derrota de Morena en la elección presidencial, el sexenio de López Obrador quedará en la historia como una anécdota. Lo que haya hecho o dejado de hacer, para bien o para mal no pasará de ser una mera coyuntura política si no son capaces de mantener la presidencia al menos un sexenio más.

La historia la escriben los triunfadores, y en el caso de los presidentes su memoria depende fundamentalmente de su sucesor. Todos los presidentes aspiran a que quien los suceda engrandezca su “legado” (una palabra muy cursi y egocéntrica que gusta mucho a los políticos) aunque siempre sucede al revés: gane quien gane, aún del mismo partido, la tendencia será a desacreditar al pasado, y si gana la oposición, desacreditarlo por completo.

Para que “la 4T” exista más allá de López Obrador, Morena tiene que ganar y la primera aduana que se han planteado es controlar al INE. Con Gobierno en 22 estados (y al final del año quizá 23 o 24) lo que tiene que asegurar el Presidente es que nadie ponga trabas al uso de los recursos del Gobierno, desde programas sociales hasta propaganda gubernamental, pasando, por supuesto, por la operación electoral en el día D. El único problema que podría tener el partido del Presidente es que el árbitro pite las faltas o de plano anule la elección por violación reiterada a las normas electorales. Quitar esas normas, el famoso Plan B, es el primer paso; tener consejeros a modo, es el segundo.

A primera vista parecería un gran desgaste para una elección presidencial en la que Morena tiene muy amplias probabilidades de ganar. Sin embargo, si algo sabe el Presidente es que hoy día no hay nada más inseguro que las urnas. En todo el mundo hemos visto elecciones que se dan la vuelta en unos días, sea por una tragedia, un error del candidato o una ola de cambio generada desde las redes. 

López Obrador ha decidido salir a campo abierto a pelear contra el INE, una de las instituciones de mayor credibilidad en el país y una de las pocas causas que puede convocar a las clases medias a las calles, como lo vimos en las manifestaciones de noviembre pasado. Aunque la definición sobre la constitucionalidad del Plan B será en la Suprema Corte, la batalla política será en las calles con las manifestaciones en defensa del INE, el 26 de febrero, y la concentración en conmemoración de la expropiación petrolera, el 18 de marzo, que será la gran movilización del obradorismo y donde, tengámoslo por seguro, los ataques al INE formarán parte central del discurso.

Lanzarse contra el Instituto Electoral es un gran desgaste político y tiene costos para López Obrador. Si lo logra, tendrá un control sobre las elecciones que no había tenido ningún Presidente desde Carlos Salinas. De ese tamaño es la regresión; de ese tamaño la importancia política de la batalla.

Diego Petersen Farah

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