El motivo principal de la familia Slim y sus socios para solicitar el PATR de El Rule en diferentes ocasiones desde 2003, según documentos revisados por PODER, inicialmente era restaurar el inmueble para convertirlo en un centro cultural, para después instaurar un restaurante, una cafetería y espacios comerciales. Pero el impulso económico, cultural e histórico prometido para el espacio, inaugurado en junio de 2017, se ve opacado.
Por Claudia Ocaranza y Ricardo Balderas
Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo/PODER).– Pagos sin actualizar y sin comprobar, contratación de subsidiarias, contratación de servicios injustificada y proyectos sin hacer, son las irregularidades -algunas de ellas reconocidas por la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México- que una fundación y una empresa de Carlos Slim y su familia, cometieron al ostentar el Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR), figura legal para rentar espacios del Gobierno a privados, del edificio conocido como El Rule.
El motivo principal de la familia Slim y sus socios para solicitar el PATR de El Rule en diferentes ocasiones desde 2003 y a través de la organización Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, A.C. (FCHM, A.C.) y de la empresa Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (FCHM, S.A. de C.V.), según documentos revisados por PODER, inicialmente era restaurar el inmueble para convertirlo en un centro cultural, para después instaurar un restaurante, una cafetería y espacios comerciales. Pero el impulso económico, cultural e histórico prometido para el espacio, inaugurado en junio de 2017, se ve opacado.
Documentos guardados por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario y a los que PODER tuvo acceso vía una solicitud de información, muestran que el cumplimiento de algunas cláusulas del PATR por parte de la A.C. y la S.A. de C.V. ha sido irregular, y denunciado por la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México.
Hay reportes entregados tardíamente, otros que simplemente no están y algunos más que consideran el IVA como parte del pago de la contraprestación, a pesar de que ese no era el acuerdo. Algunas facturas fueron canceladas sin previo aviso, hay pagos por servicios que no pueden ser probados y gran parte del dinero destinado al mantenimiento del inmueble termina en las cuentas de otras empresas de Slim.
LAS IRREGULARIDADES
En un reporte elaborado por la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México, donde fueron revisados 42 PATR en 2016, la FCHCM, A.C. fue señalada, junto a otros siete expedientes, por no justificar pagos en especie por contraprestación por 122 mil 629 pesos. La contraloría encontró que varias empresas realizaron el pago de la contraprestación en forma extemporánea, sin evidencia de que se hiciera el cálculo de los cobros accesorios correspondientes por actualizaciones, multas y recargos. Uno de esos expedientes era el permiso de la FCHCM, A.C. sobre El Rule1.
Cada año la Fundación está obligada a solicitar un nuevo avalúo para tasar el monto que deberá comprobar, mediante informes mensuales enviados a la autoridad, que gasta en mantener el edificio. Los informes del PATR son conciliados por la Secretaría de Cultura y la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. También hay irregularidades en la actualización de las contraprestaciones para el PATR que sostenía la A.C. desde 2015, cuando se convirtió en pago en especie.
La contraprestación de 2015 fue de 122 mil 629 pesos mensuales, pero no se actualizó en 2016, a pesar de que la Fundación sí solicitó el avalúo para el ciclo del 22 de mayo de 2016 al 21 de mayo de 2017. En la solicitud de avalúo, el Director General de la FCHCM, A.C., pidió que fuera tomado en cuenta que “los trabajos de construcción, rehabilitación y adecuación siguen en proceso por lo menos los próximos 8 meses, por lo que con contamos con ingresos del espacio”, según una carta enviada a la Directora de Avalúos.
Ante la solicitud de información de PODER, el pago en especie de 2019 como contraprestación por el PATR de El Rule, que estará vigente hasta marzo del 2020, fue clasificado temporalmente como confidencial, evitando aún más, dar luz sobre la operación del inmueble, ejemplo de opacidad y enriquecimiento para las élites de México.
CONTRATACIONES INJUSTIFICADAS
El 14 de febrero de 2018, Gabriela Eugenia López, Coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, envió observaciones sobre los informes financieros de 2015 y 2017 de la Fundación, en los que principalmente señala que no puede garantizar que el dinero que reportó gastar la Fundación realmente se haya gastado.
Entre los señalamientos se apunta que: la fundación reportó contratar más guardias de seguridad de los que tenían constancia, falta información sobre la aplicación de recursos reportados, compra de muebles a cuenta pública, facturas canceladas que no fueron reportadas y otras que ya habían sido utilizadas años anteriores, y finalmente, facturas extraviadas. Además, le señala que los informes financieros deben ser enviados y organizados de forma mensual, responsabilidad en la que falló al enviar los reportes de varios meses y años juntos.
A pesar de que no se tienen registros en el expediente revisado por PODER, de que la Fundación haya subsanado las observaciones, la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural, determinó en su conciliación de los 14 meses correspondientes a marzo de 2017 y hasta abril de 2018, hecha en julio de 2019, que la fundación cumplió cabalmente con las condiciones del PATR y tiene un saldo a favor de más de 13 millones de pesos.
SE AUTOCONTRATABAN
Si bien la FCHCM, S.A. de C.V. aseguró haber gastado mucho más de lo que les correspondía en mantenimiento, más de 16 millones de pesos de marzo de 2017 a abril de 2018, en lugar de los dos millones de pesos que le correspondía por el pago oneroso en especie, lo cierto es que gran parte del dinero pagado para mantener a El Rule, terminó en las cuentas de Operadora CICSA, S.A. de C.V., filial de Grupo Carso, también del magnate Carlos Slim. Además, el seguro es proveído por Inbursa, también de Slim.
Entre todas las facturas reportadas con gasto, se registraron 10,584,286 pesos, más de dos tercios del gasto total, entregados a favor de Operadora CICSA, S.A de C.V. Los otros proveedores para cumplir con el mantenimiento que reportó la Fundación en los informes fueron: María Esmeralda Guerrero Olivares, Humberto Álvarez Flores, Grupo 2830, Bodega de papel Mesones, Proconfe Ingeniería, Calidad en sistema de limpieza, Ofix, S.A. de C.V., G.S.I. Seguridad Privada, Fumigación Técnica y Comercial, Tecnoprocesadores y Producción y Servicio Oliva.
Además, la Fundación intentó en 2018 que su supuesto saldo a favor fuera considerado como parte de la contraprestación, petición a la que la Dirección de Administración Inmobiliaria se negó e indicó que la FCHCM, S.A. de C.V. tendría que seguir pagando los 185,249 pesos mensuales5, contraprestación tasada para el permiso dado en 2017 a la empresa.
Esa indicación fue tomada por la Fundación para intentar pagar esa misma cantidad entre el 30 de marzo de 2018 y el 20 de marzo de 2019, pues la autoridad falló en hacer el nuevo avalúo cuando la Fundación lo solicitó, según se lee en una carta enviada por el director de la FCHCM, S.A. de C.V. a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario.
¿CÓMO SE HICIERON DEL PATR?
El PATR de El Rule se divide en tres etapas: Desde 2003, en la primera etapa, lo tuvo la FCHCM, A.C., de forma gratuita para restaurarlo y hacerlo apto para visitas en sus tres primeros pisos, albergar la Casa de Colombia en México y el proyecto de Carlos Fuentes en el cuarto piso y rentar locales comerciales en la planta baja y azotea.
El dinero para la restauración vino de la Fundación y de un convenio con el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México (dinero público) y el World Monuments Fund (WMF)7. En 2011 la FHCM, A.C. renunció al permiso con 48 por ciento de la obra ejecutada.
Fue hasta 2015 que empezó la segunda etapa, cuando se le volvió a otorgar el PATR a la FCHCM, A.C., esta vez a título oneroso con pago en especie para seguir con los trabajos de restauración y una vez finalizados, ocupara parte de “la planta baja, niveles 4 y 5 para instalar una cafetería, un restaurante, un área comercial y un centro cultural”.
En noviembre de 2016, la Fundación quiso dejar atrás su faceta altruista y comenzar a generar negocios. A través de su apoderado legal y Director General, Víctor Adrián Pandal González, pidió que se modificara el permisionario de la FCHCM, A.C. a la FCHCM, S.A. de C.V, aludiendo que la segunda era subsidiaria de la primera. Sin embargo, la autoridad se negó porque ambas razones sociales tenían diferentes socios y diferente objeto social10, se lee en la solicitud.
Así inició la tercera etapa, cuando la A.C. tuvo que renunciar al permiso en enero de 2017 y la S.A. de C.V. solicitarlo, a la que le fue otorgado en marzo de 2017 a cambio de una contraprestación de 185,249 pesos mensuales de pago en especie por el mantenimiento del inmueble12. Las irregularidades descritas se concentran en la segunda y en la tercera y actual etapa del PATR.
Pero la realidad no concuerda con los deseos expresados por la fundación a lo largo de su papel como permisionaria para El Rule, ubicado en Eje Central. Por ejemplo, el proyecto Carlos Fuentes no existe y pese a que en el sitio web oficial de la Casa de Colombia en México en el edificio El Rule se asegura que el acceso está disponible hasta las 18:00 horas, en una visita al sitio a finales de noviembre de 2019 a las 12:48 del día, un guardia vestido de negro impide el paso a los elevadores de la restaurada estructura: “No hay nada, no se puede visitar”, dice el hombre mientras también asegura que el quinto piso no existe. Los datos, documentos y la visita no coinciden.
LA A.C. Y LA S.A. DE C.V.
Aunque la FCHCM, A.C. y la FCHCM, S.A. de C.V. tuvieron orígenes diferentes (siempre con la familia Slim involucrada) eventualmente una se convirtió en subsidiaria de la otra, según lo afirma el representante de la fundación en documentos entregados para el expediente, aunque el gobierno no lo reconoció así, y se sirvieron entre ambas para posicionarse como permisionarias y restauradoras de inmuebles en el centro de la capital mexicana.
En los expedientes, a los que PODER tuvo acceso, se registra que en un inicio la FCHCM, A.C. fue constituida en 2002, 15 años después de la declaratoria de la UNESCO del Centro Histórico de la CDMX como Patrimonio de la Humanidad, por Carlos Slim Helú como presidente; Alejandra Moreno Toscano, como tesorera y Felipe del Valle Prieto Ortega como secretario. Además como vocales figuran: Alfonso Durazo Montaño (actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana), Beatriz López Portillo, Alejandro Encinas (actual subsecretario de Derechos Humanos), Jacobo Zabludovsky, Luis Alejandro Soberón Kuri, Carlos Payán Velver y Julio Armando Quesada de Quesada. El objetivo era “rescatar” el patrimonio histórico de la zona.
Al mismo tiempo, en agosto de 2002, se creó la FCHCM, S.A. de C.V. al cambiar el nombre de la empresa Inburnet, S.A. de C.V., de la familia Slim. Anteriormente, en 1997, Inburnet también surgió de un cambio de nombre de la firma Liberty, S.A. de C.V.
A la junta de accionistas de 2002 en la que se decidió cambiar el nombre, Marco Antonio Slim Domit, presidente de Inburnet, planteó la idea de hacer la modificación de la razón social a Fundación Centro Histórico de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ante la posibilidad de adquirir primeramente un permiso para administrar el estacionamiento de Bellas Artes y con eso abrir la puerta a más permisos en el centro de la ciudad. Los registros indican que al menos desde 2012 hasta 2017 la FCHCM, S.A. de C.V era administrador del estacionamiento de Bellas Artes.
También sobre el estacionamiento se encontró un documento entre lo revisado por PODER. En julio de 2017 el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) pidió a Mayra Villanueva, directora de administración inmobiliaria, que mandara “el convenio de pago en especie consistente a la remodelación de la Calle Ángela Peralta, (colindante al estacionamiento del Palacio de Bellas Artes) realizada entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Centro Histórico, A.C., por el adeudo que tenía este último por el uso y aprovechamiento del estacionamiento subterráneo ubicado en la misma calle”, así como el instrumento jurídico donde se indique que se deja sin efectos o se extingue el PATR.
Ambos casos, el del Rule y del estacionamiento de Bellas Artes, muestran cómo la familia Slim se va apropiando del centro de la Ciudad de México: sin inversiones, sino con concesiones y evitando cumplirlas.
