Legal, combinar cargo público con aspiración presidencial: Lujambio

17/08/2011 - 4:20 pm

México, 17 Ago. (Notimex).- El secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, reiteró que sus aspiraciones presidenciales no se contraponen con su labor como funcionario público, porque no existe restricción alguna en la ley electoral al respecto.

Entrevistado luego de participar en la inauguración de la conferencia “Repensando el desarrollo: ética e inclusión social”, dijo que “esa doble función es legal, no tiene ningún problema de nuestro ordenamiento jurídico, yo conozco muy bien mis derechos y mis obligaciones”.

En el evento, organizado conjuntamente por la SEP, la Cancillería y la UNESCO, sostuvo que tiene claros los límites de su acción jurídica como ciudadano mexicano, pero también como político profesional y, “por supuesto, como secretario de Educación Pública.

El funcionario federal explicó que está en un periodo de reflexión sobre la fecha en la que dejaría su cargo en la Secretaría de Educación Pública (SEP), para iniciar el trabajo de su precampaña, dentro del Partido Acción Nacional (PAN).

Declinó hacer comentarios sobre rumores según los cuales, de no obtener la candidatura presidencial, el PAN lo colocaría como aspirante a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

“En la política mexicana se dicen muchas cosas, pero en las próximas semanas daré a conocer mi decisión con toda claridad, para no dejar ninguna duda de cuál es mi posición al respecto”, aseguró.

Lujambio evitó hacer comentarios sobre las adhesiones que consiguió recientemente el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, de varios militantes destacados del PAN, como el gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva.

“Todos hacen su lucha”, dijo, pero lo importante es el proceso que inicia en diciembre y las reglas que establecerá al respecto el Partido Acción Nacional, aunque se trata de un proceso político “que no me merece mayor comentario”.

En todo caso, aseguró que su estrategia se centra en hablar con los militantes y adherentes del partido (un millón 900 mil personas), que serán quienes tendrán en sus manos la decisión final sobre la candidatura.

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