Posiblemente, nunca llegue a saberse con exactitud la cantidad de documentos que filtró el colectivo Guacamaya. Son miles, quizás millones de correos que contienen conversaciones, presentaciones, bases de datos y documentos que retratan el actuar diario de la institución más fortalecida en la administración del Presidente López Obrador.
Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).- La mañana del viernes 19 de septiembre de este 2022, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó en su conferencia mañanera la información que rondaba en algunos medios de comunicación: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había sido víctima de un hackeo.
Los primeros medios que tuvieron acceso a la filtración obtenida por el colectivo de hackers Guacamaya, priorizaron dar a conocer detalles sobre la salud de López Obrador. Lo que estaba detrás eran cientos de miles de correos —aún se desconoce la magnitud— entre elementos del Ejército del más alto nivel y datos protegidos por esta institución durante años.
Con el paso de los días, distintos medios de comunicación lograron entablar comunicación con el colectivo Guacamaya para solicitar la información, entre ellos SinEmbargo.
Para las redacciones fue un reto. Primero el recibir la información para acceder a un servidor similar al de una bandeja de correo electrónico a través de dos contraseñas; segundo, revisar las condiciones de trabajo, ya que desde los primeros días se lanzaron alertas de material infectado que podría poner en riesgo oficinas completas y por último, iniciar la búsqueda de datos en todo ese mar.
El reto fue encontrar información que fuera más allá de la primera que se dio a conocer sobre las enfermedades del Presidente. El portal Latinus apostó por publicar que en los correos electrónicos de la Sedena se habla sobre los estudios y la atención médica que recibe el Presidente para atender sus padecimientos derivados de hipertensión, problemas con tiroides y del corazón.
Entre los otros hallazgos, hay datos del funcionamiento de la estructura militar, desde sus tareas de inteligencia y vigilancia como las personalidades que a pesar de los años, mantienen posiciones de poder con el llamado “Alto Mando”, es decir, Luis Crescencio Sandoval.
LOS ASESORES DEL GENERAL SECRETARIO
En un primer correo electrónico, SinEmbargo pudo constatar que el 5 de julio de 2022, el equipo del General Luis Cresencio Sandoval le confirmó en su agenda una reunión importante: tres de sus antecesores en la Sedena le habían respondido de manera positiva a su invitación para desayunar el jueves 7 a las 9 de la mañana.
Su ayudantía le envió una tarjeta informativa en la que le anunciaban que los generales de división Enrique Cervantes Aguirre, Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos Zepeda aceptaban reunirse con él en el octavo piso de la Secretaría.
La reunión se dio en el contexto de la apertura casi total del Campo Militar Número 1 para la Comisión de la Verdad sobre los hechos cometidos durante la Guerra Sucia y de la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa. En ambos casos, la participación del Ejército fue determinante.
Luego hubo otro mensaje en el que se confirmó la razón del encuentro, ya que fue una reunión del Secretario con sus asesores.
En uno de los correos electrónicos venía un documento de Excel que contenía una nómina en la que estaban enlistados los asesores del General Secretario Sandoval y los salarios que recibieron por dicha tarea.
Los nombres sorprendieron: Sandoval tiene como asesores a sus antecesores de cuatro gobiernos, cada uno con un salario mensual de 156 mil 449 pesos.
Los generales Enrique Cervantes Aguirre, Gerardo Clemente Vega Alvarado, Guillermo Galván Galván y Salvador Cienfuegos, secretarios con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente, tienen también un “pago por riesgo” de 90 mil 114 pesos, según documentos de la Dirección General de Administración de la Sedena.
¿INTELIGENCIA O ESPIONAJE?
En los reportes generales de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional, los movimientos de mujeres tienen su propio apartado; elementos del Ejército realizaron un seguimiento cercano a manifestantes, de quienes tienen fotografías y videos.
En un documento fechado el 8 de agosto de 2022 se ubica en “Activismo Social Relevante” a las manifestaciones en protesta de feminicidios y violencia contra las mujeres.
Para ese año, la Sedena tenía identificados a 15 colectivos feministas de todo el territorio nacional y una lista de las movilizaciones llevadas a cabo desde el 8 de marzo de 2020, año en que se registró la más alta afluencia de manifestantes con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Cada reporte de manifestación viene acompañada del número de manifestantes y la manera en cómo se dio la protesta. También se enlista a 13 activistas con sus nombres completos y el colectivo o agrupación a la que pertenecen y se detalla su activismo y las fechas en las que salen en grupo a la calle, tanto a manifestarse como para realizar talleres o foros.
LA DETENCIÓN DE CIENFUEGOS
Los correos electrónicos, obtenidos por el grupo de hackers “Guacamaya”, contienen también diversos reportes sobre la imagen del Ejército Nacional.
Se trata de informes que indican cuántos comentarios, clasificados en positivos y negativos, se emitieron en contra de la Sedena a raíz de la detención del General Salvador Cienfuegos Zepeda a finales de 2020 y su exoneración en enero de 2021.
Los informes enviados vía correo electrónico muestran los monitoreos realizados cada hora sobre las publicaciones de medios de comunicación y algunos análisis sobre la durabilidad del “enojo” en contra del Ejército.
El General Secretario recibió una actualización sobre “las publicaciones realizadas en redes sociales, referente a la exoneración por parte de la Fiscalía General de la República al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda”, puede leerse en el documento, a la cabeza de la primera de las tres páginas.
Sobre este caso hay otros dos documentos relevantes enviados a distintos mandos de la actual Sedena fechados en octubre de 2020. Uno es un cuestionario con sus respectivas respuestas sobre la detención de Cienfuegos.
LOS REGALOS DEL ALTO MANDO
Durante la actual administración, la Sedena ha sido una dependencia asidua a los regalos, los cuales se han enviado a otros secretarios, pero también a políticos con el cargo de “amistad” de parte del General Secretario. Son más de 20 correos que fueron enviados al General de parte de su Secretaría Particular en la que se detallan los regalos enviados y las propuestas de obsequios.
Julio Scherer Ibarra, catalogado como “Amistad del Alto Mando”, es uno de los que más regalos ha recibido: en una comida de julio de 2019, se le entregó “una moneda personal del Alto Mando de 50 mm con chapa de oro en base de madera”; en diciembre, por su cumpleaños, un vino tinto Alion (con valor de 3 mil pesos) en un estuche de madera con la insignia y finalmente, para Navidad de ese año, una colección de monedas; en 2020, por su cumpleaños, recibió del General un estuche con tequila Casa Dragones junto con cuatro caballitos de cristal italiano y en navidad, otro tequila artesanal Casa Dragones Edición Limitada, que fue enviado sobre una tabla rústica de madera y con dos copas de cristal.
En julio el 2021, el General se reunió con Scherer Ibarra y su hijo en una “comida con sesión de tiro”, ahí recibieron un paquete con libros y una moneda alusiva al Ejército. En “cantidad” se especifica que les fueron entregadas cuatro unidades.
Para la Navidad de ese año le envió una botella de tequila José Cuervo Reserva de la familia (con valor de 2 mil 980 pesos) en caja serigrafiada.
La oficina del titular de la Sedena también ha dado obsequios a otros de sus compañeros de gabinete. A la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, le envió una mascada marca Pineda Covalín (con valor de 3 mil 290 pesos) con motivo de su cumpleaños y a Germán Martínez, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un estuche de madera con dos botellas de vino tinto.
Durante sus audiencias también obsequia artículos a diputados. Hay distintos correos donde se enviaron las fotografías a los políticos de distintos partidos en donde posan con los sets integrados por libros y una moneda conmemorativa de 42 mm en plata y estuche de madera.
LOS BENEFICIOS DE LA FAMILIA BARTLETT
Cuatro meses después de que a finales de 2020 un tribunal levantara la sanción a Cyber Robotic Solutions, empresa de León Manuel Bartlett, la Sedena ya preparaba, en 2021, un nuevo contrato por 36 millones 117 mil 422 pesos. Este sería al menos el segundo contrato que celebraría la dependencia con la empresa del hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El primero se entregó el 23 de diciembre de 2019, a través de una Adjudicación Directa y el monto fue por 43 millones 396 mil 443 pesos.
Aunque el contrato DN-10-SAE-/104/P/PL/2019 no se encuentra en Compranet, se confirma su existencia porque aparece en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (Sicop) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
La empresa Cyber Robotic Solutions, que se dedica a la distribución de equipo médico de alta tecnología, construcción y equipamiento de centros oncológicos y hospitales, fue sancionada en 2020 por abusos cometidos en la etapa más cruda de la pandemia de COVID-19, por dar en sobreprecio los ventiladores, instrumentos fundamentales para los enfermos más severos.
Pero el castigo duró sólo 3 meses y 26 días. El 28 de diciembre de ese mismo año, en el DOF se informó sobre la medida cautelar dictada por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves que por cuestiones de “imagen” decidió revocar la inhabilitación a Cyber Robotic.
Cuatro meses y 13 días después, la Sedena puso sobre la mesa del Comité de Adquisiciones un contrato de 36 millones 117 mil 422 pesos por Adjudicación Directa para Cyber Robotic para la compra de insumos para cirugía robótica en el Hospital Central Militar.
LA SEDENA CONTRA ERNESTINA
Gastritis crónica, anemia, sangrado digestivo, neumonía. Estos son algunos de los padecimientos que las autoridades aseguraron que provocaron la muerte de Ernestina Ascencio, una indígena de 73 años perteneciente a la comunidad náhuatl Tetlatzinga de la Sierra de Zongolica, en Veracruz.
Esa lista de enfermedades fue dada a conocer por el Ministerio Público estatal y fue respaldada tanto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y por el Presidente de la República de ese entonces, Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012). Esa versión buscó echar abajo lo que la señora Ernestina alcanzó a denunciar en sus últimas horas de vida: que había sido agredida sexualmente por militares ese 25 de febrero de 2007.
Sin embargo, documentos oficiales demuestran que esa versión se extendió hasta 12 años después, es decir, esa “verdad histórica” se mantuvo hasta septiembre de 2019 y fue defendida por la Secretaría de la Defensa Nacional ante los requerimientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia que ha solicitado información desde que ocurrió el agravio.
En el documento que fue aprobado por la Unidad Jurídica de la Sedena, se puede leer la desestimación de la versión de la señora Ernestina Ascencio, de los testigos y de los pobladores que aseguraron, antes de la agresión del 25 de febrero, que soldados del 63 Batallón de Infantería hostigaban a las mujeres de la comunidad.
LOS AFECTADOS DEL AIFA
Abogados, empresarios, activistas y sus familiares fueron algunos de los promoventes de los amparos que buscaron detener la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). La Sedena y la Consejería Jurídica de Presidencia compartieron reportes sobre el estatus de estos recursos que tuvieron poco éxito para los que se sintieron agraviados por dicha obra.
En los archivos de Excel lucen los nombres de ejidatarios y representantes de los pueblos originarios, pero los primeros en la lista son personajes cercanos a las organizaciones de Claudio Xavier González Guajardo y Gustavo Adolfo de Hoyos Walter, incluso ellos promovieron dos de los amparos.
También están en la lista María Elena Morera Mitre, Juan Ramón Morera Mitre, María Amparo Casar, Gerardo Carrasco, Luis Alvarado Vallesteros, Miguel Alfonso Meza Carmona, Luis Raúl Gutiérrez Zapien y Daniel Eduardo Torres Checa, además de Daniela Morera González y Laura Antonia Caraza Campos, psiquiatra y chef, respectivamente.
Los activistas unidos por distintas organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Causa en Común, algunos de ellos —Claudio X. González y Gustavo de Hoyos— involucrados en la alianza política Va Por México, se sintieron afectados como usuarios y por la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía y por cualquier permiso para construir pistas y la Terminal.
LA AVERSIÓN AL GIEI
Las tareas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) siempre estuvieron llenas de obstáculos. Desde su llegada a México, en 2015, sus integrantes han sufrido recortes presupuestales, presiones y hasta espionaje. Todo ello complicó su labor que es la de investigar qué fue lo que le ocurrió a los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Parte de esa hostilidad vino de los elementos del Ejército, que desde su titular al momento de esta desaparición, el General Secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, se opusieron a que el Gobierno y el GIEI investigaran o por lo menos interrogaran a militares.
Los asesores de esa época intentaron transmitir esa incomodidad al actual Secretario en 2019. Él recibió una carta de Sergio González Gálvez, Embajador Emérito de México y quien fue asesor de los distintos “Alto Mando” del 2000 al 2018, en donde le alerta sobre algunos de los integrantes del GIEI, exaltando elementos como su nacionalidad y asegurando que en sus investigaciones hay “un sentimiento más de venganza que un deseo legítimo para averiguar qué pasó con los 43 jóvenes estudiantes desaparecidos”.
La carta catalogada como “Urgente” y “para información exclusiva del General Secretario” fue enviada desde el correo de González Gálvez a la cuenta de correo de asesores de Luis Cresencio Sandoval y se deriva de un artículo publicado en la revista Proceso titulado “Debe investigarse a obstructores de la indagatoria: ex miembros del GIEI”.
En el texto se entrevistó a Ángela Buitrago y Carlos Beristain quienes señalaron que “es fundamental investigar a los funcionarios que obstaculizaron y manipularon las pesquisas” y en interpretación del asesor los expertos “abiertamente sugieren que nuestras fuerzas armadas cometieron hechos ilícitos”.
