Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, dijo que en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Encinas, se establecerá una “Mesa de Reconciliación Nacional y de Justicia” en la que se revisarán los casos de personas que están privadas de su libertad y que se definen como presos políticos, injustamente presos o presos de conciencia. La funcionaria reiteró que no se puede hacer una liberación general o “por paquete”, sino que se analizará caso por caso.
“Todos los casos son diferentes, algunos están acusados por atentados en contra de las vías de comunicación, otros por motín, otros muchos hasta secuestros, que les han sembrado, porque muchas veces era común que se sembraran algunas cosas: armas o secuestros. Vamos a revisar cada uno de los expedientes porque no podemos tener la respuesta [igual a todos, cuando unos están acusados de una cosa y otros están acusados de otro delito, no habría manera de hacer el paquete”.
Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– Damián Gallardo Martínez, maestro y activista opositor a la Reforma Educativa del ex Presidente Enrique Peña Nieto, lleva más de cinco años preso por un crimen que no cometió. La familia del defensor mixe se esperanzó a que pronto fuese liberado cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña, prometió dejar en libertad a los presos políticos. “Esperábamos que esta Navidad Damián finalmente pudiera cenar con su familia y ver a su hija”, expresa Yolanda Barranco Hernández, esposa del defensor. Sin embargo, hasta la fecha no ha tenido noticias de una pronta liberación.
Desde agosto de 2014, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) clasificó como arbitraria e ilegal la detención de Gallardo Martínez y pidió su liberación. Fue la primera opinión emitida en su clase, pero el Estado simplemente no ha acatado la instrucción de alto organismo internacional en derechos humanos.
“Son casi seis años que ha sido un impacto terrible no sólo para Damián, el defensor preso, sino también para la familia”, destaca Yolanda Barranco Hernández, esposa de Damián, maestra y activista en Oaxaca.
En octubre pasado, durante un mitin en Cancún, Quintana Roo, López Obrador prometió amnistía para los presos políticos de México: “En el primer día, ya se lo pedí a Olga Sánchez Cordero, que me entregue un proyecto porque vamos a decretar una amnistía para los presos políticos de México. Nada más vamos a analizar caso por caso y vamos a que haya justicia. Nunca más va a ir alguien a la cárcel por consigna, eso se va a terminar, nadie va a ser reprimido por sus ideas, nadie va a ser castigado injustamente”, expresó en su momento.
Durante su toma de posesión en el Zócalo de la Ciudad de México el pasado 1 de diciembre, el Primer Mandatario reiteró su promesa y sostuvo que ese día iniciaba el proceso de amnistía para dejar en libertad a presos políticos o víctimas de represalias de anteriores gobiernos. “Se cancelarán las acusaciones penales fabricadas en contra de activistas y luchadores sociales. La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo hacer realidad esta determinación”, manifestó.
RECONOCER SU INOCENCIA Y REPARACIÓN DEL DAÑO
Damián Gallardo es uno de los cientos de casos que hay en el país de personas detenidas injustamente. El 17 de mayo de 2013, un comando de policías irrumpió por la noche en su hogar, se lo llevó con lujo de violencia frente a su familia sin orden de aprehensión, y después de 30 horas que estuvo “desaparecido” y bajo tortura, la Procuraduría General de la República (PGR) lo presentó junto con otros tres maestros como presunto secuestrador de los sobrinos del entonces Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Gerardo Gutiérrez Candiani.
Yolanda Barranco, maestra de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y esposa de Damián, dice en entrevista con SinEmbargo que en el caso de su pareja no buscan la amnistía porque sostiene que él no cometió ningún delito.
“Él tiene que salir de manera absolutoria y que de salir libre tienen que reconocer que es inocente y defensor de derechos humanos”, reafirma.
La familia del defensor indígena también exige que Estado tiene que dar una disculpa pública y reparar el daño a los presos políticos.
“El daño que se pueda reparar, tiene que repararlo porque han sido seis años o casi seis años que Damián no han visto a sus hijos o ellos no han visto a su padre, eso no lo van a poder reparar nadie, las secuelas de la tortura no las van a poder reparar; pero tienen que repara el daño que sea posible, están cometiendo tantas injusticias, y ¿por qué los verdaderos corruptos andan libres de manera impune, y estoy hablando específico de Elba Esther [Gordillo]. ¿Cómo es posible que antes de que arribara este nuevo Gobierno ella salió libre de manera absolutoria y ahí es cuando nosotros nosotros nos decimos: ¿por qué se ensañan con los defensores de derechos humanos, con los maestros?, ¿por qué se ensañan con el pueblo con los que nos atrevemos a levantar la voz?”, se cuestiona.
Yolanda Barranco aclara que como familiar de defensores injustamente presos los deslegitima la amnistía, aunque “por su puesto creemos que es una puerta para muchos presos”; sin embargo sostiene que no es el mecanismo que solicitan para la liberación de Damián.
“La policía irrumpió en nuestro domicilio sin orden de aprehensión, violentando no solo los derechos de Damián sino los de mi hija que en ese momento tenía nueve años”, añade.
LA DETENCIÓN DE DAMIÁN
Damián Gallardo Martínez, indígena mixe y zapoteca de la Sierra de Oaxaca, es maestro de formación y defensor de derechos humanos con una trayectoria de trabajo en defensa de los pueblos indígenas y del derecho a la educación. Además, fue miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) en 2006.
La detención del activista junto otros maestros de la sección 22 de la CNTE se presentó justo cuando ellos se preparaban para una gran movilización contra la Reforma Educativa, recuerda Yolanda.
“Nosotros nos apostábamos porque la Reforma Educativa ya había salido en el Diario Oficial y nos preparábamos para una gran movilización, incluso otros compañeros se preparaban para reorganizar un Frente Único de Lucha [que no se logró]. Su detención fue un gran golpe a la lucha”.
El 17 y 18 de mayo se registró la captura –además de la Damián– de los miembros de la Sección 22, Mario Olivera Osorio y Lauro Atilano Grijalva Villalobos, así como también la profesora Sara Altamirano Ramos, en Nayarit, Leonel Manzano Sosa y, en la Ciudad de México, del defensor y estudiante de Filosofía de la Universidad Autónoma de México (UNAM), Enrique Guerrero Aviña.
De ese grupo, Mario Vela ya está libre, en tanto que Lauro, Sara, Leonel y Enrique aún siguen presos.
“Ellos tienen que quedar libres pero de inmediato y reconocer su trabajo de derechos humanos”, sostiene Yolanda.
“La lucha que hemos llevado por años, por las causas justas, ha continuado dentro de prisión, no hemos claudicado nuestros principios, ni en nuestros objetivos de una sociedad más justa”, dice Damián en un mensaje emitido desde la penal.
Enrique Guerrero Aviña, que al momento de su detención tenía 27 años, era estudiante de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro de ajedrez. Impartió clases de alfabetización, matemáticas, español y filosofía en el INEA y en lugares en condición de marginación. Como defensor es miembro del colectivo Liquidámbar, dedicado a ver por los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); y miembro del Taller Universitario Carlos Montemayor en la FFyL.
Su detención ocurrió también el 17 de mayo, en el eje 8 y Churubusco en la ciudad de México, cuando fue perseguido por policías vestidos de civiles, mismos que le dispararon en diversas ocasiones, hasta que lo privaron de la libertad, cuando el defensor intentaba pedir ayuda. Posteriormente lo tuvieron desaparecido por más de un día, tiempo en que fue torturado, y finalmente fue presentado ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), detalla Rosa María Guerrero, tía y familiar muy cercana al activista.
“Fue detenido sin orden de aprehensión y fue desaparecido por más de 30 horas en las que lo buscamos en las procuraduríasen que lo buscamos nos lo negaron, mismas horas en las que lo torturaron, le pusieron bolsas en la cabeza, le quebraron los dedos, se los voltearon. Enrique tiene tics nerviosos por la tortura”, narra la familia del defensor.
Rosa María Guerrero también solicita al nuevo Gobierno que Enrique sea liberado con el reconocimiento de su inocencia y la reparación del daño.
“Han sido seis años terribles para Enrique, yo pido que lo liberen, yo sé que hay diferentes casos de amnistía, yo no sé cual es la posición de Enrique pero yo pienso que si no hizo nada que le den la liberación como inocente, que quede absuelto, porque de otra manera va a quedar un antecedente policíaco de un delito que no cometió. Él tiene una orden de la ONU para que lo dejen libre y esa no se la dan a cualquiera, no solo la ONU sino muchas embajadas han pedido la liberación de Enrique; pero cartas van y cartas vienen y el Gobierno nunca resolvió”, platica la familia.
Enrique, al igual de Damián, cuenta con una opinión del Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, emitida en 2015 donde se insta al gobierno de Peña Nieto a que acabe con todas las violaciones y que ponga en libertad al defensor.
“Tanto Damián estamos firmes en esta batalla y en todas las que haya que librar. No tenemos otra opción, ni otra forma de vida”, dice Enrique Guerrero igual en un video publicado como parte de la continuidad de campañas y acciones que han emprendido para exigir su liberación.
Por años decenas organizaciones civiles en el país y organismos han condenado la falta de cumplimiento de las opiniones en los casos de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, así como la tardanza que tuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en emitir una recomendación al respecto.
La CNDH emitió la recomendación 5/2018 en la que señaló graves violaciones a sus derechos humanos en el caso de Damían y Enrique, hasta el 20 de marzo 2018, casi 5 años después de que se interpusieron las quejas, señalaron múltiples organismos.
Colectivos de la sociedad civil, organismos defensores de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales resaltaron que, aunque la recomendación tenía varias omisiones, el contenido confirma la veracidad de los testimonios de Damián Gallardo y Enrique Guerrero sobre las graves violaciones sufridas.
“Hoy estamos en espera que muy pronto los liberen, ellos son inocentes, hemos trabajado para hacerle ver a la sociedad que no son secuestradores, porque ademas crearon un estigma alrededor de los defensores y de la familia. Con la opinión de la ONU, debían de haber salido libres desde hace mucho tiempo”, dice Yolanda Barranco.
REVISAR CASO POR CASO: GOBERNACIÓN
La Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero adelantó que en la Subsecretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alejandro Encinas, se va a establecer una “Mesa de Reconciliación Nacional y de Justicia” en la que se revisarán los casos de personas que están privadas de su libertad.
“Vamos analizar y vamos a ver en donde está fallando el proceso y por qué siguen privadas de su libertad injustamente”, comentó la Secretaria.
Diversas organizaciones civiles y colectivos han entregado a la Secretaría de Gobernación e incluso a la Secretaría de Seguridad Pública diversos listados con los nombres de personas detenidas injustamente, presos políticos y de conciencia.
Sánchez Cordero, sin precisar detalles o fechas, afirmó que tendrán comunicación con estas organizaciones para establecer diversas mesas en las que incluirán al nuevo director de los reclusorios, Franscisco Garduño, como apoyo en la revisión de las causas penales y en los expedientes que se tienen. La secretaría enfatizó que en el tema de la liberación se tendrá que revisión de cada uno de los casos.
“Todos los casos son diferentes, algunos están acusados por atentados en contra de las vías de comunicación, otros por motín, otros muchos hasta secuestros, que les han sembrado, porque muchas veces era común que se sembraran algunas cosas: armas o secuestros. Vamos a revisar cada uno de los expedientes porque no podemos tener la respuesta <> a todos, cuando unos están acusados de una cosa y otros están acusados de otro delito, no habría manera de hacer el paquete, ¿no? pero sí sabemos que hay muchos presos que no son necesariamente presos que dicen o que les están imputando delitos que no cometieron, entonces tenemos que resolver caso por caso”, aseguró.
Personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación refirió que actualmente se trabaja en el tema y que aun no hay un número especifico de cuál es el universo de presos de conciencia, políticos o injustamente presos para analizar su situación pues actualmente se trabaja en la armonización de las diversas listas que han sido entregadas al nuevo Gobierno, por lo que se estima que el tema caminará un lento ante la revisión de cada una de las carpetas jurídicas.
El pasado 14 de diciembre, la Senadora Nestora Salgado entregó al Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, una lista de 199 personas, 19 de ellas mujeres, consideradas presas políticas para que se analice su liberación.
La morenista informó en un comunicado sobre los resultados del Programa de Identificación de Presos Políticos y de Conciencia, iniciado el 1 de octubre, con el que se identificaron 199 casos en 18 estados del país, la mayoría de ellos estarían concentrados en el Estado de México, Guerrero y Oaxaca.
“Recogimos los casos de comuneras y comuneros que fueron detenidos en operativos conjuntos de fuerzas de seguridad con lujo de violencia; casos de periodistas incriminados en supuestos delitos, cuyos expedientes deben ser profundamente analizados”, expuso en un comunicado de prensa.
AMLO PROMETIÓ AMNISTÍAS Y NO ESPERAMOS MENOS: CEREZO
El Comité Cerezo, que desde hace 17 años ha documentado detenciones arbitrarias y arrestos por motivos políticos, también ha entregado una lista que se conforma de alrededor de 114 personas.
Francisco Cerezo, en entrevista con SinEmbargo, comentó que han tenido reuniones con el equipo de Alejandro Encinas y los encargados de recabar nombres y elementos para analizar quienes serían los posibles amnistiados y beneficiados con una liberación.
El activista explica que los criterios para definir a un preso políticos es que son personas que usualmente están ligadas a organizaciones u movimientos sociales, estudiantiles, campesinos , indígenas o defensores de derechos humanos.
“Hay una organización que usualmente respalda quienes son estas personas”.
Otro aspecto que define al preso político, dice el activista, es cuando la razón real de su arresto es del dominio público, “es decir una manifestación, por haber cerrado una calle, tomar un edificio público”.
En los casos donde hay dudas, se analiza su expediente jurídico para saber si fabricaron o no sus delitos. “con esas tres características usualmente se puede definir quien es un preso político o preso de conciencia o un injustamente preso asociado por motivos políticos”, afirma Cerezo.
No obstante, el activista considera que el nuevo Gobierno está dilatando la liberación de presos políticos pues supone que no quieren que tenga un costo político.
“Está buscando otras formas de liberar a los presos sin que tenga consecuencias políticas negativas para ellos y el problema es que como López Obrador habló de amnistías, pues nosotros no esperamos menos que una amnistía, es decir, si hay otras formas habría que ver si realmente hay voluntad política de liberar a los presos o solo es parte de un discurso que va a sacar a algunos, los casos más fáciles y los más difíciles dejarlos en la cárcel”.
La Secretaria de Gobernación, Olga Aragón, señaló que en relación al tema de las amnistías, se tendrá que resolver por medio de una Ley “ tiene que ser una Ley General y va dirigida a un universo de personas, por ejemplo, campesinos que han estado sembrando droga […] o las famosas mujeres que transportan droga en mochilas o ese tipo de cosas […] o alguna circunstancia que esto es muy frecuente”.
Francisco Cerezo destacó que la aprobación de una Ley de Amnistía es importante porque no solo libera a las personas que actualmente están presas sino que tiene otros beneficios como por ejemplo “todas las personas que son perseguidas, es decir que tienen una carpeta de investigación abierta, o que se escaparon para que no los detuviera, todos ellos también son beneficiarios de una amnistía y también aquellos que ya estuvieron en la cárcel, ya salieron porque purgaron una condena injusta y se borra el expediente judicial que tiene”.
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PRESUNTA LIBERACIÓN DE DOS PRESOS
El consejero jurídico del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, anunció el pasado 12 de diciembre la liberación de dos presos políticos: “Tenemos ya la salida de dos presos políticos en este momento, uno en el Estado de México y otro del estado de Oaxaca. Tenemos en puerta prácticamente a otros cinco, creo que son del estado de Oaxaca también, que todavía no están en proceso firme y estamos trabajando prácticamente con ellos todos los día”, dijo durante la conferencia matutina del mandatario nacional.
El funcionario aseguró que la Secretaría de Gobernación (Segob) trabaja en otros cinco casos y en los próximos días dará detalles de las liberaciones: “Yo creo que seguiremos avanzando con ellos y pronto tendremos más resultados. Vamos muy bien con este asunto y Gobernación puede informar sobre esto, más adelante”.
El consejero no abundó en mayores detalles sobre los presos liberados y el termino de la conferencia, medios de comunicación pidieron precisión sobre el par de los presos, sin embargo, Scherer sólo abundó que se trata de dos personas que son presos de conciencia y que estuvieron ligados a la Reforma Educativa, sin embargo, se negó a dar mayores detalles bajo el argumento de que “dañan a las personas”.
