La deuda pública de las entidades federativas se multiplicó en los últimos 16 años; en algunos casos de manera aguda. El ex Gobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, recibió pasivos por 323.2 millones de pesos en 2005 y para su último año completo en el Gobierno, 2010, debía 8 mil 267 millones de pesos que al siguiente año fueron 36 mil 509. En Chihuahua, entre 2012 y 2013, los pasivos aumentaron 79 por ciento y, en agosto pasado, la Auditoría Superior de la Federación ubicó a los estados de Puebla, Michoacán, Oaxaca y Tabasco en los primeros lugares de diferencia entre lo reportado en sus cuentas públicas estatales y lo registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En todas estas entidades participó en algún momento la Casa de Bolsa Evercore, antes Protego, fundada en 1996 por el ex Secretario de Hacienda del Gobierno salinista Pedro Aspe Armella y quien, a partir del nuevo Siglo, cuando el PRI quedó fuera de la titularidad del Ejecutivo federal, se inauguró en el negocio “de la deuda nacional como fuente alternativa de financiamiento”. En Hacienda, mientras, donde se deben vigilar estos endeudamientos, Aspe ha contado no sólo con funcionarios cercanos, como Francisco Gil Díaz, su maestro en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y Secretario de la dependencia hacendaria entre 2000 y 2006, sino con ex empleados, desde Luis Videgaray Caso hasta Fernando Aportela y Marcela Andrade, hoy jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas de la SHCP.
Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– En 2002, luego de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdiera por primera vez la titularidad del Ejecutivo federal, en la firma Protego, fundada por el ex Secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella, se inauguró un área especializada en asesoría en “finanzas públicas locales”. El producto: esquemas para que sus clientes, los estados o municipios, pudieran acceder a los mercados de préstamos.
“El objetivo de Protego es apoyar a los participantes en el mercado de deuda estatal y municipal, en el diseño y ejecución de estrategias y transacciones específicas, tendiendo de esta manera un puente entre los oferentes y los demandantes de recursos financieros del mercado”, expuso la firma en una presentación escrita de sus servicios de “Asesoría Financiera Estratégica a Estados y Municipios”.
El economista Luis Videgaray Caso, que entró a Protego en 1998, asumió en 2001 la Dirección de Finanzas Públicas Estatales y Municipales de la misma y, en diciembre de ese 2002, ésta fue contratada por el Gobierno del Estado de México.
Ahí, el entonces titular del Ejecutivo, el priista Arturo Montiel Rojas, requería un mecanismo de acceso a los mercados financieros pese a sus altos niveles de endeudamiento, ya que buscaba ser candidato a la Presidencia de la República pero, en los tres primeros años de su Gobierno estatal, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), había aumentado la deuda pública en casi un 40 por ciento, al pasar de 22 mil 410 millones de pesos en 1999 a 31 mil 200.4 millones en 2002.
El Secretario de Administración de Montiel era Enrique Peña Nieto, convertido luego en claro candidato para sucederlo al frente del Ejecutivo local.
“El Estado de México presenta una compleja situación financiera derivada de sus altos niveles de endeudamiento, combinados con una creciente demanda por servicios públicos”, describió Protego en su documento de promoción del mercado de deuda pública.
“El Estado tiene la más baja calificación entre los estados de la república”, agregó.
La solución encontrada entonces por la oficina de Aspe y Videgaray para el Gobernador Arturo Montiel fue “la primera emisión de deuda para un estado o municipio” contraída sin la garantía de las participaciones federales y usando, en cambio, el Impuesto Estatal sobre Nómina.
“El programa de certificados bursátiles fue por dos mil millones de pesos, que fueron colocados exitosamente en la Bolsa Mexicana de Valores entre diciembre de 2002 y marzo de 2003. Esta ha sido la emisión de mayor tamaño realizada hasta la fecha por un estado o municipio mexicano”, expuso Protego en su presentación, de 2004.
El año siguiente, la firma de Aspe y Videgaray llegó a otra entidad cuyas cifras de endeudamiento ante la SHCP marcaban también un drástico incremento: Veracruz, donde el entonces mandatario priista Miguel Alemán Velasco había aumentado la deuda que recibió en 23.3 millones a más de 2 mil 700 para 2002.
“Debido a que el Gobierno de Veracruz adelantó los pagos de capital de su deuda con el objetivo de entregar sin deuda el estado a la próxima administración [a cargo de Fidel Herrera Beltrán], los recursos disponibles para concluir a tiempo la infraestructura hospitalaria requerida eran insuficientes”, indicó la firma.
La solución: la creación de un fideicomiso que también captara los impuestos sobre nómina para garantizar el pago de obra pública. “Protego diseñó una emisión respaldada con el Impuesto Sobre Nóminas con el objetivo de poder disponer de una parte de los flujos del impuesto que se recibirán durante el 2004, para concluir a tiempo la infraestructura hospitalaria”, dice el texto.
Y, ese 2003, Protego asesoró al Gobierno de Tabasco, a cargo del priista Manuel Andrade Díaz y cuna del entonces también abierto aspirante priísta a la Presidencia de la República, Roberto Madrazo Pintado.
“Dicho estudio incluyo un análisis comparativo entre Tabasco y otros estados de la república, con el fin de detectar fortalezas y debilidades relativas”, refirió Protego.
Para 2004, advertía la compañía en su presentación, los estados y municipios cooptaban cada vez más recursos, al gozar del 48 por ciento de la distribución del gasto público en 1994, a un 62 por ciento en 2003.
“El proceso de descentralización fiscal ha incrementado la responsabilidad de los estados y municipios para financiar su infraestructura”, planteó la compañía en la presentación.
El país, además, indicó la firma de Aspe, vivía una “mayor estabilidad económica” y había una “creciente oferta de recursos”, como las administradoras de Fondos para el Retiro, disponibles para invertir en instrumentos de deuda de largo plazo.
“A partir de diciembre de 2001, siete estados han aprovechado las oportunidades que ofrece el mercado de deuda nacional como una fuente alternativa de financiamiento”, precisó.
“Protego ha estructurado dos de las tres emisiones estatales que han utilizado alguna garantía distinta a las participaciones federales (y) ha permitido que éstas alcancen altas calificaciones crediticias y un acceso exitoso al mercado”, agregó, refiriéndose a los casos de Veracruz y el Estado de México.
El mismo documento indica que los esquemas de financiamiento a los estados y municipios surgieron en 2002 de un programa elaborado por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, dependiente del Secretaría de Hacienda, entonces a cargo de Francisco Gil Díaz, subsecretario de Ingresos con Aspe en el periodo salinista.
La capacidad de análisis de la firma, dice la presentación, es la formación académica de sus integrantes, su conocimiento de la realidad mexicana y su “experiencia en el sector público”.
EX FUNCIONARIOS PUBLICOS
ADEMÁS
En 2005, Enrique Peña Nieto se convirtió en Gobernador del Estado de México y Videgaray en su Secretario de Finanzas. En Protego, a la dirección de Finanzas Públicas e Infraestructura ascendió el también economista Fernando Aportela Rodríguez, quien era director de Banca de Inversión en la compañía desde 2004 y ex Subsecretario de Ingresos con Miguel Alemán en el Gobierno de Veracruz.
A su cargo quedó entonces el negocio de desarrollo de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) en las entidades federativas, asesorando a Gobiernos estatales para “adecuar su marco jurídico” y permitir este tipo de financiamientos de largo plazo.
Una de las primeras entidades donde los implementaron fue el Estado de México, donde realizaron el “andamiaje financiero” para construir obras como la ampliación de la Avenida las Torres Solidaridad, por mil 629 millones de pesos, o el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, a cargo del Consorcio Teya-IGSA, del empresario Juan Armando Hinojosa y cuyo costo se estimó en más de 7 mil millones de pesos.
“El armado de los proyectos realizados por Protego incluye: análisis y selección de proyectos factibles para ser desarrollados bajo el esquema de PPS. Desarrollo de lineamientos financieros que contribuyan a la evaluación de los proyectos. Estructuración financiera de los proyectos conforme a criterios generales de mercado; sondeo de la capacidad e interés de posibles inversionistas y desarrolladores para llevar a cabo los proyectos”, dice otra presentación de la compañía, de 2010.
Otros estados en los que aplicaron el esquema, informó la firma entonces, fueron Coahuila, Durango, Michoacán, Sonora, Tabasco, Jalisco, Yucatán y Tamaulipas.
Como garantía de liquidez, agregó la información, se propone la creación de un Fideicomiso con facultades para afectar de manera “irrevocable” ingresos del Estado para garantizar los pagos de los proyectos.
“El uso de estos instrumentos se vuelve necesario cuando la calificación crediticia y el procedimiento presupuestal de un estado o municipio no tiene la suficiente credibilidad ante los proveedores de financiamiento”, dice.
La información aparece en “Herramientas para la mitigación de riesgos financieros para PPS a nivel estatal”, presentada en el Tercer encuentro sobre la Estructuración de Proyectos de Asociación Público-Privada del Banco Interamericano de Desarrollo y expuesta por Aportela, el 21 de enero de 2010 en Mérida, Yucatán.
“El equipo de FPI (Finanzas Públicas y Financiamiento de Infraestructura de Protego) cuenta con amplia experiencia en el sector académico, lo cual le permite contar con una capacidad de análisis profunda. Esto ha permitido realizar 14 estudios sobre finanzas públicas y competitividad”, dice la presentación.
“En el equipo de FPI (Finanzas Públicas y Financiamiento de Infraestructura de Protego) se encuentran ex funcionarios públicos a nivel federal y local, así como investigadores y practicantes de este sector desde el sector privado”, agrega.
El nombre de Fernando Aportela aparece en la documentación del Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago firmado el 29 de noviembre de 2012 entre Protego (ahora Evercore) y el Gobierno del Estado de Puebla, para que el panista Rafael Moreno Valle –también aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República– tuviera un “mecanismo de administración y fuente de pago de las obligaciones a cargo del estado derivada de proyectos”.
En diciembre siguiente, Luis Videgaray –quien había coordinado la campaña presidencial de Peña Nieto– se convirtió en Secretario de Hacienda y Aportela en Subsecretario de la misma.
Y, en noviembre de 2013, la compañía de Aspe Armella fue contratada por el Gobierno de Chihuahua para administrar el Fideicomiso Irrevocable de Pago 152, que afectó el Fondo General de Participaciones y permitió al priísta César Duarte Jáquez contraer más de 19 mil millones de pesos en nuevos préstamos.
MOREIRA, GRANIER, CÁRDENAS BATEL, DUARTE JÁQUEZ…
La lista de algunos “proyectos representativos” en cada estado disponibles en la página electrónica de la compañía indican que, en 2005, realizaron un “refinanciamiento de la deuda del Estado de Durango”, entonces a cargo del priista Ismael Deras –y cuando Jorge Herrera Caldera era Secretario de Finanzas– por 2 mil 470 millones de pesos.
Ese mismo año, con el Gobierno de Peña Nieto y Videgaray, Protego gestionó “créditos de corto plazo revolvente” por 500 millones de pesos, un “crédito simple” por 130 millones y un “refinanciamiento de certificados bursátiles” por otros 570 millones para el Gobierno del Estado de México. También gestionaron otros mil 500 millones de pesos en “créditos de largo plazo” para el Gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel, de Michoacán, y un “refinanciamiento de crédito y modificación del Fideicomiso Maestro” por 160 millones de pesos para mandatario priista de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz.
En 2006 realizaron un “diagnóstico financiero integral” para el Gobierno de Coahuila, a cargo del priista Humberto Moreira Valdés; un “refinanciamiento de la deuda estatal” de Querétaro, gobernado por el panista Francisco Garrido Patrón, por mil 300 millones; una “contratación de créditos de largo plazo” por otros mil 300 millones para el Gobierno del Estado de Sonora, a cargo del empresario Eduardo Bours Castelo, y un “refinanciamiento bancario” en Tabasco, a cargo aún del priista Manuel Andrade Díaz.
En 2007, de nuevo en Durango, Protego –ya fusionada con Evercore– gestionó otros 2 mil 415 millones de pesos de la deuda; en Michoacán hizo una “bursatilización del Impuesto estatal a la nómina” por 3 mil 500 millones y un refinanciamiento por otros 2 mil 570 millones más.
Ese mismo año, indican los datos, Protego también realizó un “financiamiento de largo plazo” en el Estado de Tabasco, entonces Gobernado por el priísta Andrés Granier Melo, por otros 4 mil millones de pesos.
DE EVERCORE A LA AUTORIDAD
Al menos cinco de las entidades mencionadas empezaron a tener problemas de deuda con los años. Moreira había recibido 323.2 millones de pesos y para su último año completo en el Gobierno, 2010, la deuda era ya de 8 mil 267 millones de pesos, y de 36 mil 509 al cierre de quien quedó como su interino.
La deuda de Chihuahua registró un aumento del 79 por ciento el año del inicio del Fideicomiso de Evercore, cuando pasó de 23 mil 284.8 millones a 41 mil 768.
La deuda que suman las 32 entidades federativas casi se quintuplicó entre 2002 y 2015, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, cuando pasó de 116 mil 218.4 millones de pesos a 536 mil 269.1 millones.
En agosto pasado, además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró una diferencia de 50 mil 464.2 millones de pesos entre la deuda que registraron los estados ante la Secretaría de Hacienda y los pasivos reportados en sus cuentas públicas, debido a que algunas entidades excluyeron informar al Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios (ROEMM) del Gobierno federal sus “pasivos financieros de corto plazo, los contingentes y otras obligaciones que no se consideran deuda pública”.
En los primeros lugares de la lista con más deuda de la que registró la Secretaría de Hacienda: Puebla, con 16 mil millones de pesos más que los 8 mil 608 contados por el Gobierno federal; Michoacán, con 13 mil 941 más; Oaxaca, con 7 mil 840 más y, Tabasco, con 6 mil 445.8 millones más de deuda que la registrada por el Gobierno federal.
Videgaray y Aportela dejaron la Secretaría de Hacienda en septiembre pasado, después de la visita del Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
En la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas, a la que de acuerdo con Manual de Organización de la SHCP le corresponde participar en “las políticas de acceso a mercados de dinero y capitales” para los estados, así como “conducir el Registro de Obligaciones y Empréstitos” y supervisar “las políticas relativas al registro, seguimiento y cancelación de las obligaciones y empréstitos de las entidades federativas y municipios”, quedó Marcela Andrade Martínez, también ex empleada de Evercore.
La compañía ha declinado diversas peticiones de entrevista hechas por este medio, al igual que Andrade Martínez.
