La presidenta del organismo del Comité de Desaparición Forzada de la ONU informó que durante la visita a México recibieron información preocupante sobre la existencia de diversos patrones de desapariciones forzadas que evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado.
Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED por sus siglas en inglés) constató que en México se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del territorio donde —tal y como ya lo ha señalado desde el año 2015— impera la impunidad y la revictimización.
“Destacamos que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado, por el contrario, lamentamos constatar que aún persisten”, expresó Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del CED, en un mensaje ofrecido este viernes, en el que dieron sus impresiones de la visita que realizaron al país, la primera que éste organismo efectúa. Y es que, la representante de la ONU recalcó que de los 95 mil 121 reportes de personas desaparecidas en México al día de hoy, más de un centenar se cometieron durante la estancia del Comité.
Otro de los puntos que llamaron la atención del CED es el notable incremento en la desaparición de niños, niñas, adolescentes y mujeres. “Lamentamos observar que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia COVID-19″.
La presidenta del Comité dijo que durante la visita a México recibieron información preocupante —tanto de autoridades como de víctimas— sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. En ese sentido, dijo que la lucha contra la impunidad es impostergable.
“Como todos sabemos […] la impunidad es casi absoluta. Se trata de una impunidad estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas”.
La titular del CED reprochó que, frente a esta realidad, no se han atendido las causas profundas de las desapariciones y que el enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino que además es inadecuado.
“En estas dos semanas, las personas con las que conversamos nos trasmitieron la imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistemática y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades. Nos han señalado que día a día, en su búsqueda de respuestas y justicia, son víctimas de la indiferencia y la falta de avances”.
Villa Quintana dijo que, si bien las autoridades les informaron de una reducción en el número de registros de personas desaparecidas, señaló que no se puede “obviar la necesidad de que México adopte una política nacional de prevención para erradicar la desaparición, que involucre a todas las autoridades y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.
La falta de coordinación entre las autoridades y las limitadas atribuciones de las comisiones de búsqueda, nacional y estatales, dificultan la búsqueda en vida de las personas desaparecidas o el levantamiento de cuerpos en los lugares de hallazgos, entre otras diligencias.
La ineficacia en la investigación, que las fiscalías estatales y federal tengan una “comprensión desvirtuada de la autonomía”, como una suerte de discrecionalidad, para negarse a cooperar en el proceso de búsqueda y trasladar a las víctimas la responsabilidad de investigar y aportar pruebas; la revictimización con el uso de estereotipos y criminalización para justificar una deficiente actuación; la frecuente omisión de estándares de la debida diligencia; la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas; así como la limitada asistencia jurídica a las víctimas <,fueron algunos de los aspectos que el Comité puso sobre la mesa con especial preocupación como parte de los factores que dificultan el acceso a la justicia.
“Es un sistema procesal penal que aún conserva las inercias del pasado […] A ello se suma la actitud pasiva de las instituciones judiciales, frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público”, apuntó.
También se tomó nota de la ínfima cifra de acusaciones formuladas, ordenes de aprehensión ejecutadas y sentencias emitidas en casos de desaparición forzada como efecto alentador que, para los perpetradores, tiene la impunidad
Villa Quintana replicó la frase que se escucha de las voces de víctimas insistentemente: “Vivos se los llevaron, vivos lo queremos”, para señalar con énfasis que la búsqueda en vida es una tarea prioritaria.
Las personas migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones, apuntó. “Las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo son solo algunos ejemplos. Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas”.
EL COMITÉ EN MÉXICO
El Comité de Desaparición Forzada de la ONU estuvo en México por dos semanas en las que sostuvo al menos 48 reuniones con más de 80 autoridades y 33 reuniones con cientos de víctimas y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todos los estados.
Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, fueron las trece entidades federativas visitadas.
Como parte de su revisión estuvieron presentes en exhumaciones y jornadas de búsqueda en Morelos, Estado de México y Coahuila. En este último estado también visitaron el Centro de Identificación forense. Además, estuvieron en centros de readaptación social federal y estatales y de migrantes con el propósito de verificar los registros oficiales y el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Convención de la ONU.
Aunque este órgano de las Naciones Unidas llegó con una visión preliminar de la realidad del país, debido a que México ya compareció ante el CED en el año 2018, tras su visita pudieron constatar de voz de las víctimas, colectivos e incluso autoridades, cuáles son los obstáculos que enfrentan y dificultad el acceso a la búsqueda y justicia en el tema de desaparición.
El organismo recordó que varias recomendaciones formuladas a México en los años 2015 y 2018 aún están pendientes de su implementación.
“Ya entonces subrayamos la importancia de poner en funcionamiento a la brevedad los registros y herramientas contemplados en la Ley General, y aún hoy existen acciones pendientes de realizar que son esenciales para contar con datos confiables”, abundó.
Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité, resaltó la importancia de que México haya aceptado la visita. Dijo que constituye una clara expresión de la apertura del Estado al escrutinio y el apoyo internacional. También celebró el reconocimiento de la competencia del CED para examinar quejas individuales, así como la publicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una jurisprudencia en relación con la obligatoriedad de las Acciones Urgentes emitidas por el Comité.
Las acciones urgentes son procedimientos mediante los cuales el CED ordena al Estado Mexicano a que se tomen medidas para garantizar la búsqueda y el hallazgo de una persona desaparecida, es decir, que le exige a la autoridad ministerial que actúe y haga todo lo necesario para avanzar en la búsqueda de una persona desaparecida.
Villa Quintana agregó que también constataron los avances legislativos e institucionales producidos en pasados años, como la Ley General de Desaparición Forzada, la Ley General de Víctimas y resaltó también la adopción del Protocolo Homologado de Búsqueda, del Protocolo adicional para la búsqueda de niños, niñas y adolescentes, del Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas, y del mecanismo extraordinario de identificación forense.
La creación de las comisiones de la Verdad del caso Ayotzinapa, de los crímenes ocurridos en la Guerra Sucia (1965 –1990) también fueron destacadas por la titular del Comité de la ONU: “todas estas normas y mecanismos constituyen herramientas con un gran potencial, cuya efectiva implementación debe de ser prioritaria en la lucha contra la desaparición forzada, sin embargo, la funcionaria internacional lamentó que aún haya varias recomendaciones que están pendientes en su implementación.
En síntesis, algunos de los principales aspectos que el Comité observó con preocupación son:
–Que la desaparición persiste de manera generalizada.
–El notable incremento en la desaparición de niños, niñas, adolescentes y mujeres.
–La colusión y connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado en la desaparición forzada.
–Impunidad casi absoluta.
–No se han atendido las causas profundas de las desapariciones y que el enfoque de seguridad es insuficiente e inadecuado.
–La ineficacia en la investigación y limitada asistencia jurídica a las víctimas.
–Revictimización por parte de las autoridades al desaparecer cuerpos ya localizados y también expedientes.
–Que las fiscalías usan la autonomía como una “comprensión desvirtuada” para discrecionalmente a negarse a cooperar en la búsqueda y delegar a las víctimas la responsabilidad de investigar y aportar pruebas.
–El riesgo para activistas, colectivos, organizaciones y las personas que se involucran en los procesos de búsqueda.
–La frecuente omisión de estándares de la debida diligencia como: la búsqueda inmediata, el enfoque diferenciado y el análisis de contexto.
–El frecuente uso de estereotipos y la estigmatización de las personas desaparecidas y sus familiares como escudo para justificar la deficiente actuación.
–La crisis en materia forense que oscurece los pocos avances.
Las conclusiones y el mensaje ofrecido es un avance de las impresiones de la primera visita, pues el informe oficial será discutido y agotado en el pleno del CED durante el vigésimo segundo periodo de sesiones que se realizará entre el 28 de marzo y el 8 de abril de 2022 en Ginebra.
La presidenta del CED dijo que confían que las recomendaciones que se giren serán implementadas y que a través de ellas se contribuya a dar una solución al flagelo de las desapariciones forzadas en México; para ello reiteró la plena disposición el Comité para cooperar en ese proceso.
