“Este tipo de conductas genera incertidumbre a los pequeños proveedores y les transfiere el riesgo de que no se vendan los productos que el minorista ya adquirió, lo que impacta negativamente en sus finanzas”, aseguró la Cofece.
Busca saber si hay actos, contratos, convenios o procedimientos que terminan por desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, así como impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas.
Ciudad de México, 26 de noviembre (SinEmbargo).- La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) investiga posibles prácticas monopólicas en el mercado de las tiendas minoristas (supermercados y de bienes) en el abasto, distribución y comercialización de productos. Si existe, las empresas responsables podrían tener que pagar multas de hasta el 8 por ciento de sus ingresos.
“Esta indagatoria no debe entenderse como un prejuzgamiento, sino como una actuación de la autoridad para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Competencia Económica”, detalló la autoridad en materia de competencia.
La Cofece publicó en el Diario Oficial de la Federación el aviso del inicio de la investigación, a raíz del “Estudio de competencia en el canal moderno del comercio al menudeo de alimentos y bebidas” que señaló que las grandes cadenas minoristas podrían estar imponiendo términos y condiciones sobre sus proveedores (como retrasar los pagos o aplicar descuentos).
“Este tipo de conductas genera incertidumbre a los pequeños proveedores y les transfiere el riesgo de que no se vendan los productos que el minorista ya adquirió, lo que impacta negativamente en sus finanzas”, aseguró.
El procedimiento busca identificar si en el mercado hay uno o varios agentes económicos que incurran en prácticas monopólicas relativas, es decir, actos, contratos, convenios o procedimientos que terminan por desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, así como impedir su acceso o establecer ventajas exclusivas.
Ejemplos de estas prácticas puede ser imponer precios o condiciones, compras o ventas atadas, exclusividades, la discriminación de precios o de trato y la negativa de trato.
El plazo para la investigación es de hasta de 120 días hábiles, partir del 24 de julio de 2020 y podrá ser ampliado por el mismo lapso hasta por cuatro ocasiones.
“De comprobarse la realización de una práctica monopólica relativa, el o los agentes económicos responsables podrían ser sancionados con multas de hasta el 8 por ciento de sus ingresos y la orden de suprimir la conducta”.
