Por: @FundarMexico

El pasado 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; sin embargo, en México, la región y el mundo nos seguimos encontrando ante un alarmante panorama, donde la violencia de género se hace presente en cada espacio y ámbito de la cotidianidad para todas las mujeres. Este año fuimos testigos del movimiento #MeToo, donde las voces de cientos de mujeres valientes denunciaron actos violentos, además de las marchas #8M y Glitter Rosa, donde mujeres en una sola voz exigieron poner fin a las violencias. Romper el silencio es romper con los ciclos de violencia que permean en nuestra sociedad.

En el ámbito del sector salud, una de las formas de violencia contra las mujeres mas frecuente y normalizada es la violencia obstétrica, que se define como “una forma específica de violencia contra las mujeres que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto y posparto en los servicios de salud públicos y privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud que cause un daño físico y/o psicológico a la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano o degradante, o un abuso de medicalización, menoscabando la capacidad de decidir de manera libre e informada sobre dichos procesos reproductivos”.

En los últimos 5 años, 1 de cada 3 mujeres de 15 a 49 años que tuvo un parto en México sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes la atendieron (ENDIREH, 2016). Según datos de Fundar, entre 2015 y 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha emitido 50 recomendaciones a las instituciones de salud por violencia obstétrica, incluida una recomendación general. Por otro lado, la ginecobstetricia es de las especialidades que recibe mayor número de quejas, registrando en promedio entre 13 y 18 por ciento de todas las quejas presentadas anualmente entre 2007 y 2014 ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed). Estos datos nos indican que la violencia obstétrica no es un fenómeno menor ni aislado, sino una práctica recurrente, un modus operandi de las instituciones de salud públicas y privadas, que se sustenta en una relación de poder desigual entre la mujer embarazada, que necesita atención para ella y su bebé, y la institución de salud que debe proveerle los servicios de salud, en donde domina el modelo bio-médico de atención.

Así, la violencia obstétrica es violencia de género contra las mujeres en un contexto institucional, y se caracteriza por la imposición de los conocimientos “especializados” como mecanismo de disciplinamiento por encima de los saberes ancestrales y la autonomía de decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Se traduce en la adopción de procedimientos rutinarios que no necesariamente tienen sustento en evidencia científica pero que sí pueden causar daño físico, humillaciones, comentarios y prácticas médicas innecesarios y degradantes para la dignidad e integridad de las mujeres (rasurado del pubis, tactos vaginales, episiotomías, privación de alimentos/agua, privación de acompañamiento, separación de madre-hijos al nacer). Y se justifica en nombre de la “necesidad médica”, por encima de la autonomía reproductiva y la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos. Así se practican cesáreas innecesarias (la tasa de cesáreas en México ha aumentado de 50 por ciento entre 2000 y 2012, para llegar a un porcentaje de 45 por ciento en 2015, el triple de lo que recomienda la OMS), y esterilizaciones forzadas (30 casos documentados en Guerrero en 2018).

En el más reciente informe de Naciones Unidas al respecto, emitido en julio de 2019 por la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, se coloca el consentimiento en el centro de la atención para evitar, o no, la violencia obstétrica, así como las cuestiones de las condiciones e infraestructura de las instituciones de salud sexual y reproductiva.

Además, en algunos casos, es decir bajo ciertas condiciones particulares, la violencia obstétrica puede constituir una forma de tortura y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, como lo ha sostenido el ex Relator Especial de Naciones Unidas para la tortura Juan Méndez. En este entendimiento, la esterilización forzada puede ser constitutiva de tortura ya que es reveladora de la falta de consentimiento de las mujeres, del carácter irreversible de la intervención quirúrgica, y de una situación altamente discriminatoria en contra de las mujeres por razón de su pertenencia étnica o raza, de alguna discapacidad, o de su edad, etc. Por ello, la violencia obstétrica ha sido incluida como una forma de tortura en el ámbito de la salud, generando así nuevas herramientas para las mujeres víctimas, dando pie a un mecanismo específico de monitoreo por las diversas instituciones en el marco del Programa Nacional de Prevención de la Tortura, que se elaboró de manera conjunta entre las diversas instituciones responsables y las organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema.

Estos estándares internacionales de derechos humanos son claves esenciales para garantizar el derecho a la salud de todas las mujeres sin discriminación de ningún tipo, y se deben materializar en políticas públicas que aseguren la provisión de las atenciones de salud exclusivas de las mujeres, por ejemplo, las relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, al mismo tiempo que deben tener recursos asignados para hacerlas funcionar.

Durante las próximas semanas y en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género abordaremos la violencia obstétrica desde un análisis de recursos y jurisdicciones sanitarias, examinando las fallas institucionales que generan víctimas de violencia obstétrica en el país. Desde Fundar, estamos seguras de que visibilizar estos obstáculos ayuda a romper con los ciclos de violencias. Por eso, estos 16 días de activismo son un recordatorio que todos los días, luchamos juntas.

*La serie de investigación “Violencia obstétrica, recursos y jurisdicciones sanitarias” es un trabajo del Programa de Género, Derechos y Políticas Públicas de Fundar.

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