Dos de los voceros del Poder Judicial tienen un polémicos historial a cuestas. Se trata de irregularidad dentro de un Poder que entre 2004 y 2023 tuvo 38 mil quejas, de las cuáles sólo investigó el 14 por ciento, en el cual, además, existen otros vicios como el abuso laboral y el nepotismo.
Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– Los rostros más visibles del paro judicial cargan a cuestas los mismos señalamientos que se han hecho durante años a uno de los Poderes de la Unión, el encargado de impartir justicia en el país.
Se trata de fallos que favorecen a los grandes capitales, a delincuentes y a presuntos responsables de crímenes de alto impacto, así como de prácticas que se buscan desterrar en los juzgados: nepotismo, acoso y malos tratos.
El caso más emblemático es el de la Jueza Nancy Juárez Salas, quien sin atribuciones ordenó bajar la publicación de la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación e incluso amenazó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que de no hacerlo incurriría en desacato. Lo cierto es que Juárez Salas tiene todo un historial de irregularidades tras de sí.
En abril del 2021 el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ordenó suspenderla tras las denuncias de 12 servidores públicos por presunto acoso laboral; sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que además ha sido sancionada por conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional.
En 2022, de acuerdo con la misma información, fue sometida a un procedimiento disciplinario por conductas como hostigamiento laboral, y entre 2015 y 2016 estuvo sujeta a un procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. Los registros oficiales citados por Gobernación dan cuenta de amonestaciones verbales en su contra por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional.
Juan Carlos Monedero, cofundador del partido de izquierda español Podemos, criticó abiertamente a la Jueza Nancy Juárez, a quien acusó de prevaricación y de actuar en contra de la Constitución, por lo que destacó que debería de ser juzgada por sus acciones.
“Esta jueza, es una jueza que está prevaricando y si los órganos judiciales correspondientes no le hacen ver que está prevaricando, porque la Constitución y la ley hablan muy claro que no haya posibilidad de amparo ante reformas constitucionales”
Monedero señaló que la Constitución y la ley son claras respecto a la imposibilidad de ampararse ante reformas constitucionales y que si la jueza está prevaricando debería ser sancionada.
Lo cierto es que el de la Jueza Nancy Juárez no es el único perfil polémico. El Magistrado Juan José Olvera López, quien encabeza las “contra mañaneras” del Poder Judicial, es hoy cuestionado por sus fallos y decisiones en su carrera judicial.
Entre estas determinaciones se encuentra el amparo que se otorgó a finales de abril al abogado Juan Collado, el cual dejó sin efecto la segunda acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en el caso Caja Libertad. El fallo de Olvera López permitió que Collado solo enfrente el procedimiento relacionado con un supuesto cobro de 24 millones de pesos y no de 156 millones de pesos (mdp) por la venta irregular de un edificio que alberga a Caja Libertad en Querétaro.
Además, el nombre del Magistrado Olvera López fue exhibido en diversas ocasiones durante las conferencias matutinas, precisamente en la sección “Jueces que favorecen a presuntos delincuentes”, donde el entonces Subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, daba a conocer fallos polémicos que comprometían a jueces y magistrados.
Por ejemplo, en abril pasado, fue señalado por otorgar prisión domiciliaria al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusado de tortura y desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En la conferencia del 16 de abril, Rodríguez Bucio explicó que el Magistrado Juan José Olvera López fue uno de los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, que fallaron a favor del exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto, quién es el principal señalado como orquestador de la llamada Verdad Histórica.
La medida ordenada por los magistrados, según explicó Bucio en su momento, también instruyó la implementación de un operativo de vigilancia permanente en el domicilio de Karam, por lo que la Guardia Nacional (GN) destinó 10 elementos para esta tarea.
No obstante, ese no ha sido la única determinación polémica de Olvera López en el caso de Ayotzinapa, ya que, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, que él integra, le concedió “ventajas indebidas a quienes no lo merecen, y desconocieron las resoluciones de jueces que determinaron prisión preventiva justificada para ocho miembros de las Fuerzas Armadas quienes fueron acusados de delitos graves en el caso Ayotzinapa”, de acuerdo a lo que informó la Fiscalía General de la República en enero pasado, al anunciar que impugnaría la libertad que le dieron a ocho militares involucrados en el caso de los 43 normalistas desaparecidos.
Aunado a ello, los mismos tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, entre ellos Olvera López, también fueron señalados en diciembre pasado por favorecer a Juan N., un presunto secuestrador que ya había sido sentenciado a 33 años de prisión por haber plagiado a dos personas, al ordenar su liberación debido a que su detención no ocurrió en flagrancia, lo que, según los magistrados, violó la Constitución y el debido proceso del acusado.
Hamlet Almaguer, exdiputado federal de Morena y maestro en Derecho Procesal Constituciona explicó en entrevista que hay un grupo de jueces que tienen antecedentes negativos y que, ante la proximidad de las elecciones, lo que hacen es intentar frenar o revertir el proceso de reforma mediante suspensiones o declaraciones públicas.
“Saben que tienen sus antecedentes negativos y que ahora, ya con el proceso electoral en marcha y la jornada electoral a cerca de 8 meses, lo que están buscando es intentar detener o revertir el proceso, y en esta categoría encontramos a estos jueces, cuando ya como medidas desesperadas dictan suspensiones o hablan en estas conferencias”.
Almaguer señaló que la postura y acciones de jueces y magistrados en contra de la Reforma Judicial se deben a que “saben que al ir a las urnas y enfrentarse a la voluntad popular, sus antecedentes evidentemente serían valorados por el pueblo de México y, por ende, no tendrían que dar un resultado favorable o satisfactorio”.
El exdiputado dijo que dentro del Poder Judicial existen cuatro posturas frente a la Reforma Judicial. En primer lugar, están aquellos jueces que han mostrado valor al manifestarse públicamente a favor de la reforma. Estos jueces, según Almaguer, confían en que sus antecedentes serán evaluados favorablemente por la ciudadanía.
En segundo lugar, mencionó a aquellos jueces que, si bien están interesados en participar, no se atreven a hablar abiertamente en apoyo del proyecto de reforma judicial. Un tercer grupo está formado por jueces que han optado por apartarse del proceso, anunciando su renuncia o declinación, como el caso del Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, a quien Almaguer criticó por sus resoluciones favorables a corporaciones transnacionales y por su presunto contubernio con desarrolladores inmobiliarios que estarían privatizando el Bosque de Chapultepec.
Monedero enfatizó al respecto la importancia del empuje político y social para recordar a los jueces las reglas del juego que deben seguir, las cuales están expresadas en la Constitución.
“Recordarles (a esos jueces) que hay unas reglas del juego compartidas por todos los mexicanos y mexicanas; que esas reglas las expresa la Constitución y que nadie puede quebrarlas. Por tanto, corresponde a los mecanismos intermedios de pesos y contrapesos que nos hemos dado en nuestras democracias liberales. Pero si no funcionan, hay que recordar al poder recurrir al poder constituyente, y el poder constituyente es el pueblo”, dijo.
Frente a la confrontación que se ha generado entre el Poder Judicial y el Gobierno federal, con la Cuarta Transformación por la Reforma Judicial, tanto magistrados como jueces opositores a la reforma constitucional ya aprobada y publicada en el DOF iniciaron desde esta semana un ejercicio de “contra mañaneras” para dar sus versiones con respecto al tema.
En los últimos días integrantes del Poder Judicial se han tratado de defender contra una de las principales críticas y reclamos más sentidos a ese órgano judicial, el nepotismo, señalando que se trata solo de redes familiares.
Hamlet García consideró que la oposición de algunos jueces a la Reforma Judicial responde a la defensa de sus intereses personales y familiares, ya que, desde hace tiempo se ha denunciado y evidenciado la existencia de redes de nepotismo y conflictos de interés dentro del Poder Judicial Federal.
El exlegislador destacó que estas prácticas están profundamente arraigadas en algunos circuitos, como el de Durango y Coahuila, mismas que tanto el Consejo de la Judicatura Federal como medios de comunicación han revelado.
“Evidentemente es una telaraña de nepotismo, una red de conflictos de interés y también de cooptación de los espacios dentro del Poder Judicial federal y se acentúa en algunos circuitos”,expresó.
Y es que, al menos el 49 por ciento del personal, equivalente a 24 mil 546 personas, tiene al menos un familiar dentro del Poder Judicial, de acuerdo con datos de la propio Consejo de la Judicial Federal, (CJF) retomados y expuestos por la entonces Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde el pasado 10 de septiembre en la conferencia.
En promedio las y los magistrados tienen 4.7 familiares trabajando en la institución, de acuerdo con datos de Gobernación y el CJF; 23.7 por ciento del personal del Poder Judicial tiene más de cuatro familiares y “la persona que acumula más familiares en el Poder Judicial tiene 26 parientes trabajando”; entre ellos, un magistrado, secretarios, actuarios y oficiales.
La Cuarta Transformación ha advertido que el Consejo de la Judicatura es un órgano “no eficiente para vigilar el comportamiento de los jueces”, según explicó en ese momento Alcalde, al detalla que de las 38 mil quejas en contra de personas funcionarias del Poder Judicial presentadas de 2004 a 2023, en 86 por ciento de los casos no se inició investigación; de las que sí se investigaron, únicamente 472 jueces y magistrados fueron sancionados en este periodo.
De las 72 denuncias presentadas de 2023 a la fecha por el gobierno federal y sus dependencias ante el Consejo de la Judicatura en contra de jueces y magistrados, ninguna ha sido resuelta ni se ha sancionado a alguna persona servidora pública, de acuerdo con lo expuesto por el Gobierno federal.
