Las pesquisas implican acusaciones sobre un posible financiamiento ilegal a la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar una copia de las carpetas de investigación sobre el caso Odebrecht al Instituto Nacional Electoral (INE).
En la sesión de este miércoles, los ministros revocaron la resolución que había otorgado la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, pues declararon fundados los recursos de reclamación que interpuso el INE contra las controversias constitucionales de la FGR ante la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de entregar la copia de las carpetas de investigación.
Los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán fueron quienes votaron a favor de declarar fundados los recursos de reclamación del INE.
El pasado 5 de julio, la Ministra Esquivel Mossa había otorgó una suspensión a la FGR para que no tuviera que entregar una copia de la carpeta de investigación por el caso Odebrecht al órgano electoral.
En aquella ocasión, la Ministra argumentó que ni el INE ni el TEPJF tienen atribuciones constitucionales para solicitar a la FGR entregar información de una carpeta de investigación, pues dichas facultades corresponden al Ministerio Público.
En abril de 2021, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE había solicitado a la FGR información del caso Odebrecht para investigar las denuncias realizadas por Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 2017.
Cuando la Fiscalía se negó a entregar dicha información por tratarse de una investigación en curso, la autoridad electoral presentó un recurso ante el TEPJF para que se le obligara a la FGR a entregar dicha información.
Sin embargo, la Fiscalía interpuso la controversia constitucional 21/2022 para que se obtuviera una suspensión en contra de la orden.
Las pesquisas implican acusaciones sobre un posible financiamiento ilegal a la campaña del entonces candidato a la Presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.
