Ulises Lara dijo que el equipo pericial de la Fiscalía capitalina lleva a cabo el cálculo de los ingresos que los exfuncionarios –hoy procesados por enriquecimiento ilícito– adquirían por estos conceptos, ya que, en promedio, un inmueble de estas características puede redituar entre 25 mil y 40 mil pesos al mes.
Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reveló más detalles de cómo operaba el “Cártel Inmobiliario” y el sistema financiero que utilizaba para presuntamente lavar dinero: exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez habrían creado un esquema donde recibían de entre 25 mil y 40 mil pesos mensuales por concepto de rentas y que posiblemente no lo declararon ante la autoridad fiscal.
Así lo informó Ulises Lara López, vocero de la FGJ-CdMx, en un mensaje a medios donde detalló que han llamado a declarar a las personas que actualmente ocupan los inmuebles de alta plusvalía cateados por la Policía de Investigación y que son propiedad de los exfuncionarios de la Alcaldía Benito Juárez, Luis Vizcaíno y Nicias Aridjis, vinculados a proceso por el Ministerio Público.
“De esta manera, estaremos en condiciones de determinar posibles relaciones de intereses y / o criminales, de quienes fungen como propietarios, comodatarios o arrendatarios y que reciben como concepto de renta altas cantidades de dinero que posiblemente no han sido declaradas”, explicó.
Ulises Lara agregó que el equipo pericial de la Fiscalía capitalina lleva a cabo el cálculo de los ingresos que los propietarios –hoy procesados por enriquecimiento ilícito– adquirían por estos conceptos, ya que, en promedio, un inmueble de estas características puede redituar entre 25 mil y 40 mil pesos al mes.
“Esto es que, de acuerdo con las indagatorias realizadas por ministerios públicos de la Coordinación General de Investigación Territorial, exservidores públicos obtenían un beneficio en apariencia lícito a partir de la comisión de un hecho cuya naturaleza haya sido presumiblemente ilegal, y sobre todo que se trate de recursos, como hemos mencionado, que probablemente nunca fueron declarados ante las autoridades fiscales. Posiblemente los exservidores públicos ya mencionados de la Alcaldía Benito Juárez habrían establecido un esquema de enriquecimiento basado en negligencias y colusiones fuera de la ley”, aseguró.
La dependencia precisó que hasta el momento se han recabado 189 denuncias por posibles irregularidades y que incluyen a autoridades locales, desarrolladores inmobiliarios, comercializadores y notarios.
“Dichas denuncias son muestra clara de probables delitos como quebrantamiento de sellos de clausura, fraude, delitos ambientales, uso indebido de atribuciones y facultades por parte de servidores públicos, y de responsabilidad profesional y técnica por faltar a la normatividad de uso de suelo”, destacó.
Ulises Lara insistió en que una de las líneas de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México apunta a que dichas acciones no habrían sido posibles, sin el consentimiento de sus superiores jerárquicos.
En septiembre pasado, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo señaló que detrás del “Cártel Inmobiliario” de la Benito Juárez hubo un proceso de lavado de dinero que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detectó y por eso se solicitó apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y de la Procuraduría Fiscal Federal para ver si hay un delito federal en el que pudieron haber incurrido exdelegados y exfuncionarios de la Alcaldía.
“El modus operandi, vamos a llamarle así, es que se construye un edificio, el uso de suelo es de seis pisos y el funcionario le permite construir ocho o nueve pisos a cambio de departamentos. Esos departamentos, algunos se quedaban estas personas o los vendían, pero como todo es ilegal hay un proceso de lavado de dinero y al haber lavado de dinero, pues tienen que lavarlo en algún lado. Entonces lo que están encontrando ahora en la Fiscalía, y por eso ayer informó, es que están pidiendo apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Pablo Gómez, y de la Procuraduría Fiscal Federal para ver si hay un delito federal porque muchos de estos departamentos estaban a nombre de familiares o hay negocios que se abrieron de manera exponencial en los últimos años asociados a estas personas y por esos los citatorios que está haciendo la Fiscalía, por eso yo decía que es una cloaca, una red de corrupción muy fuerte la que se está abriendo”, explicó la Jefa de Gobierno en la sesión de preguntas y respuestas del Convenio entre el Gobierno de la Ciudad de México y Seguridad Alimentaria Mexicana.
La semana pasada, Ulises Lara dijo en entrevista con Álvaro Delgado en el programa de Los Periodistas, que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, que las investigaciones se han descubierto documentos que mostrarían un vínculo con diversas áreas del “gobierno central”.
“Hemos encontrado vínculos que van desde la parte del gobierno central, áreas que coadyuvaron a que fueran creíbles los documentos que generaron a estas personas tanto en el Registro Público como en otras áreas que estarían involucradas, aunque la principal responsabilidad sigue sobre estas personas toda vez que ellos son los que firmaron los documentos, pero hay claridad de que hubo expedición de documentos que pueden declararse desde apócrifos hasta no modificadores de la propia de la propia norma, o sea entregaron cosas que tal vez ni venían al caso y se fueron sin que estuvieran en condiciones reales de poder dictaminarlos como tal”, explicó.
De acuerdo con la investigación en curso de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el modus operandi de esta presunta organización delictiva implicaba que estos servidores públicos de la Benito Juárez establecieron un sistema de intercambio de favores por medio de colusiones ilegales con constructoras y desarrollos inmobiliarios. Los acusados autorizaban manifestaciones de construcción o inclusive permitían que hubiera un piso de más en edificios, aunque fuera ilegal. Todo ello a cambio de departamentos.
