La Familia y el Cártel Jalisco Nueva Generación están entre los principales cárteles que, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, se disputan el control de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
En estos estados del Bajío en que hay presencia de numerosas bandas delictivas –como el Cártel Santa Rosa de Lima, “La Unión de León”, “Los Marros” y “Los Viagras”, por mencionar algunos– hubo al menos 46 balaceras ligadas al crimen organizado y al huachicoleo en 2018, además de un repunte de 16.3 por ciento en promedio, en la incidencia de homicidios dolosos durante el último año.
Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Uno de los peores atentados del crimen organizado en lo que va del actual sexenio tuvo lugar en Michoacán. El 14 de octubre de este año, las autoridades locales confirmaron la muerte de 13 policías en el municipio de Aguililla, después de que fueran emboscados por supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La violencia en el estado –y en general en el Bajío mexicano– va en aumento.
Guanajuato, Jalisco y Michoacán están en la ruta de tráfico de armas y drogas entre México y Estados Unidos. Allí, la violencia repuntó en el último año; sólo en 2018 estuvieron entre los seis estados con mayor número de enfrentamientos entre integrantes del crimen organizado y elementos de seguridad pública federal; y este año, uno de cada 10 municipios en estos tres estados, tuvo altos índices de robo de combustible (huachicol), según datos oficiales.
El 1 de septiembre pasado, mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se dirigía a la Nación con motivo de su Primer Informe de Gobierno, Michoacán también fue el escenario de una carnicería. Para muchos medios de comunicación se trató de un “domingo sangriento” en que 12 personas –entre ellos un policía estatal– fueron asesinadas en cinco municipios michoacanos; una ola de violencia causada, en gran medida, por la lucha territorial entre el CJNG y la banda de “Los Viagras”, de acuerdo con las autoridades locales.
Jalisco y Guanajuato asimismo fueron escenarios de matanzas que conmocionaron al país. En estas dos entidades federativas ocurrieron tres masacres en los primeros cuatro meses de gobierno de AMLO, que dejaron un saldo de 27 asesinados en los municipios de Guadalajara, Salamanca y Valle de Santiago, por presuntos ajustes de cuentas, uno de ellos relacionados con el Cártel Santa Rosa de Lima.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que durante los primeros ocho meses de la administración de López Obrador, el número de homicidios dolosos en Guanajuato y Jalisco fue a la baja en 23.5 y 5.6 por ciento, respectivamente, mientras que en Michoacán los asesinatos intencionales repuntaron en 15.4 por ciento.
Sin embargo, los registros de homicidios dolosos en estas tres entidades federativas fueron superiores, en todo caso, a los del año pasado. Entre diciembre de 2018 y julio de 2019, Guanajuato, Jalisco y Michoacán tuvieron 1 mil 810, 1 mil 172 y 855 casos cada uno. Las cifras durante este periodo fueron 19.2 (Guanajuato), 22.1 (Jalisco) y 7.5 por ciento (Michoacán) superiores a las registradas entre diciembre de 2017 y julio de 2018.
Los altos índices de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en Guanajuato (29.3), Michoacán (19.2) y Jalisco (17.2) colocaron a la región del Bajío entre las prioridades del Gobierno federal en materia de seguridad pública y combate a la violencia.
El 5 de diciembre del año pasado, AMLO urgió la necesidad de un despliegue de fuerzas policiales en los estados colindantes con Guanajuato, sobre todo en Michoacán y Jalisco, además de Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.
Casi siete meses más tarde, el 3 de julio de 2019, el General de Brigada Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez –integrante de la Coordinación Operativa Interinstitucional que asesora al comandante de la Guardia Nacional– anunció que durante la etapa de arranque de la Guardia Nacional habrían “despliegues prioritarios” en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, debido a los “altos índices” delictivos en sus municipios.
TIERRA DE NARCOS
El CJNG (Guanajuato, Michoacán y Jalisco), La Familia (Guanajuato, Michoacán y Jalisco), Los Zetas (Guanajuato y Michoacán) y los cárteles de Sinaloa (Michoacán), de los Beltrán Leyva (Michoacán), de Los Caballeros Templarios (Michoacán) y Santa Rosa de Lima (Guanajuato) han operado en la zona del Bajío, en donde muchos de sus brazos armados o bandas delictivas relacionadas aún se disputan los territorios, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
Tan sólo en 2018 hubo cuando menos 46 enfrentamientos entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de seguridad pública federal en Guanajuato, Jalisco y Michoacán, según datos de la Policía Federal (PF) y de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
En Guanajuato, la PF y la Sedena sostuvieron 13 enfrentamientos en los municipios de Apaseo El Alto y Apaseo El Grande, así como en Jaral del Progreso, Jerécuaro, Irapuato, Salamanca, Silao y Valle de Santiago.
En los municipios jaliscienses de Acatic, Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, San Francisco Ixcatán, San Julián, Tala, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán, Tototlán y Zapopan hubo 13 agresiones en contra de la PF, Sedena y Semar.
Asimismo, Sedena y Semar repelieron en 20 ocasiones a presuntos integrantes del crimen organizado en las localidades michoacanas de Apatzingán, Ario de Rosales, Buenavista Tomatlán, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Nueva Italia, Parácuaro, Tumbiscatio, Uruapan y Yurécuaro.
Incluso dos municipios de Michoacán (Apatzingán y Buenavista Tomatlán) estuvieron entre los 11 municipios con más enfrentamientos entre policías, militares y delincuentes durante el año pasado, con cinco casos cada uno.
Las tres entidades federativas son territorios de disputa entre grupos delictivos y son, asimismo, parajes de la ruta de tráfico y abastecimiento de armas y de drogas entre Estados Unidos y México, de acuerdo con datos del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados, así como de la consultora estadounidense Stratfort, especializada en temas de inteligencia y seguridad nacional.
Por un lado, las ciudades de Guadalajara (Jalisco) y Morelia (Michoacán) figuran entre los principales puntos de tráfico ilegal de armas desde Estados Unidos, a lo largo de la “Ruta del Pacífico”, que va de la ciudad de Tijuana (Baja California) a la ciudad de Oaxaca de Juárez (Oaxaca).
Por otra parte, los municipios de Lázaro Cárdenas (Michoacán) y Puerto Vallarta (Jalisco), además de la zonas entre las sierras de Puruagua y Los Agustinos (sureste de Guanajuato) y de Lobos y Pénjamo (norte y noroeste de Guanajuato) figuran en las rutas de droga –sobre todo de cocaína– que provienen de Asia y Sudamérica, en su recorrido hacia Estados Unidos.
Hasta noviembre del año pasado, entre los principales grupos delictivos que operaron en estos tres estados de la región del Bajío mexicano estuvieron “El Cholo” (Jalisco), “Grupo Élite” (Guanajuato), “La Unión de León” (Guanajuato), “Los Marros” (Jalisco), “Los Metro” (Michoacán), “Los Viagras” (Michoacán) y “MV” (Guanajuato).
LA CRISIS DEL HUACHICOL
Guanajuato, Michoacán y Jalisco no sólo atraviesan por una crisis de violencia y delitos vinculados con el crimen organizado. En el último año su crecimiento económico fue de los más bajos a nivel nacional, con variaciones de 0.3 (Jalisco), -0.3 (Michoacán) y -1.0 por ciento (Guanajuato) entre el primer trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).
El estancamiento económico y la incidencia delictiva en estas tres entidades federativas están relacionados –según el Gobierno federal– ya que la falta de oportunidades y la necesidad implican la ocasión de negocios y reclutamiento por parte de las organizaciones del crimen organizado. Inclusive, el Presidente AMLO anunció el 22 de enero que estas tres entidades federativas están incluidas en su plan de rescate para evitar actividades ilícitas como el huachicoleo.
Al respecto, urgió la necesidad de acciones “con el propósito de que la gente no se vea obligada por la pobreza, por la necesidad a llevar a cabo prácticas de recolección de gasolina y de otros combustibles”.
La información de Petróleos Mexicanos (Pemex) refiere que Guanajuato fue la quinta entidad federativa con más tomas clandestinas (649) de hidrocarburos a nivel nacional durante los primeros seis meses de 2019, mientras que Michoacán (131) y Jalisco (127) ocuparon la novena y décima posiciones de 16 estados con registros, respectivamente.
El combate al huachicoleo ha llevado al crimen organizado a levantar amenazas en contra del Presidente López Obrador –como en el caso de la narcomanta encontrada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, en enero de 2019– y generó al menos seis enfrentamientos (2018-2019) entre delincuentes y militares, en los estados de Guanajuato, Hidalgo y Tamaulipas, de acuerdo con datos de la Sedena.
Los municipios guanajuatenses de Villagrán (94), Salamanca (93), Irapuato (89), Apaseo El Alto (77), Celaya (74), Cortázar (53), Silao (52), León (49), Pénjamo y Valle de Santiago (34 cada uno) tuvieron altos índices de huachicoleo durante los seis primeros meses de este año.
Asimismo, los municipios jaliscienses de Tlajomulco de Zúñiga (59), Zapotlanejo (25), Tala (23) y Atotonilco El Alto (20), así como las localidades michoacanas de Cuitzeo (66), Tarímbaro (40) y Copándaro (25) estuvieron entre los 100 municipios en que las autoridades federales detectaron tomas clandestinas de robo de hidrocarburos a nivel nacional.
De acuerdo con el Plan de Bienestar de López Obrador, hay 16 municipios de Guanajuato, 12 de Jalisco y cuatro de Michoacán en que habrá prioridad para la implementación de las estrategias de combate al huachicoleo. La suma de localidades (32) en estas tres entidades federativas representa el 35.2 por ciento de los 91 municipios que recibirán fondos y apoyos (por un total de 3 mil 857 millones de pesos) para prevenir y acabar con las tomas clandestinas de hidrocarburos.
