Alberto Elías Beltrán fungirá como titular de la Procuraduría General de la República (PGR) hasta que el Senado designe una terna y elija a un nuevo Procurador. El otrora subsecretario de la dependencia –dada la generalidad de la Ley vigente– quizá no cumple con los requisitos mínimos legales para enfrentar la responsabilidad que le aguarda.
El nuevo encargado de la procuración de justicia es un hombre que se mantuvo transparente hasta mayo de 2011, cuando declaró sus ingresos salariales, sus propiedades, vehículos, inversiones y demás posesiones que conforman su peculio. Sin embargo, a partir de esa fecha y hasta mayo de 2017, presentó declaraciones prácticamente vacías.
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Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- Faltan escasos ocho meses para que México elija a su próximo Presidente y el país estrena a un encargado de la Procuraduría General de la República –Alberto Elías Beltrán– quien quizá no cumple con los requisitos mínimos de Ley para dirigir dependencia y , además, es opaco al momento de declarar su patrimonio personal.
Luego de la renuncia del ex Procurador Raúl Cervantes Andrade [2016-2017], en el marco de las discusiones en el pleno del Senado de la República para designar al primer Fiscal General de la República –organismo autónomo del Poder Judicial que sustituirá a la PGR en 2018–, Alberto Elías Beltrán, otrora titular de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría, asumió responsabilidades “por suplencia y, por ende, el despacho de la gestión institucional”, según informó la PGR en un comunicado.
“Para ser Fiscal General de la República –según el Artículo 102 constitucional– es necesario ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar con un mínimo de diez años de experiencia laboral, incluido el título profesional de licenciado en derecho; además de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso”.
Alberto Elías Beltrán pareciera cumplir con al menos dos requisitos: el profesional y el educativo. Es un abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, quien en 1999, se tituló con la tesis “Ley federal contra la delincuencia organizada: un instrumento jurídico adecuado”, y obtuvo su cédula profesional ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) hasta 2011.
Las declaraciones patrimoniales del ahora Procurador –al menos hasta que el Senado designe una terna y elija a un nuevo titular de la PGR–, refieren que se ha desempeñado como litigante desde 1998, cuando fungió como subdirector de litigio penal de lo jurídico contencioso de Banca Serfín. A partir de 2007, asumió su primer cargo público como director general adjunto de la PGR. Y ese mismo año, pasó a formar parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde de puesto en puesto, permaneció hasta noviembre de 2016.
En 2017, Elías Beltrán fue investido como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría. Esa posición fue la que lo llevó a convertirse en el máximo responsable de la procuración de justicia en nuestro país, pues de acuerdo con el Artículo 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR, “durante las ausencias del Procurador”, el despacho y resolución de los asuntos estarán a cargo, en prístino lugar, “de los Subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales”.
Según las leyes orgánica y constitucional vigentes, Elías Beltrán habría cumplido los cinco años de requisito para ser subprocurador y los 10 años necesarios para ser Procurador. Sin embargo, como explicó a este medio digital José Alfonso Aparicio Velázquez, abogado especialista en transparencia y corrupción, por lo general la experiencia profesional se considera a partir de la fecha en que fuera expedida la cédula profesional, y no a partir de la expedición del titulo profesional.
“[La cédula] realmente acredita tu experiencia profesional como perito en derecho […], más en un abogado, y más en una Procuraduría que es la encargada de la administración de justicia. Hay una Ley de profesiones y para los abogados, para el ejercicio profesional en la mayoría de materias –porque esto no es igual en cada materia–, pues dice que tenga la cédula profesional”, explicó Aparicio.
Antes del 2012, previo a que la Cámara de Diputados estableciera criterios más rigurosos -en materia laboral- para evitar el “coyotaje”, en la Ley Federal del Trabajo no se exigía que los abogados tuvieran cédula profesional. Hoy en día, al menos en materia penal, es obligatoria.
Lo anterior es de suma importancia ya que, a unos días de su investidura, como su primer acto, Elías Beltrán tomó la decisión de separar de su cargo a Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade).
Este argumento, entre otros, lo han usado los legisladores de oposición para argumentar que la remoción de Nieto Castillo no es legal.
LA OPACA FORTUNA DE ELÍAS BELTRÁN
El Artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos obliga al titular de la PGR a presentar su declaración de situación patrimonial, año con año, ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Elías Beltrán es un político poco conocido. Y es un hombre que se mantuvo transparente hasta mayo de 2011, cuando declaró sus ingresos salariales, sus propiedades, vehículos, inversiones y demás posesiones que conforman su peculio.
Sin embargo, a partir de esa fecha y hasta mayo de 2017, el ahora encargado de la PGR presentó declaraciones prácticamente vacías. En ellas sólo detalla su grado máximo de estudios y su experiencia laboral, además asegura no contar con posibles conflictos de interés.
En cambio, la riqueza que amasa es un espacio en blanco. El funcionario se apegó al derechos que le permite no hacer públicos sus datos patrimoniales.
En México existe un 99 por ciento de impunidad con respecto a la procuración de justicia y únicamente el 4.46 por ciento de los ilícitos denunciados termina en una sentencia condenatoria -de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017-.
La transparencia “es un principio de toda la autoridad. El ser transparente no sólo es una obligación jurídica sino un deber político, porque justamente la legitimidad de las autoridades en su actuar, está basada en la forma en que son transparentes”, dijo a SinEmbargo el abogado Jose Alfonso Aparicio Velázquez.
Si una autoridad es opaca, señaló, ”hace presumir, contrario a la carga de su presunción de la buena fe, de que hay algo opaco. Y aunque no se sepa qué, voltea la presunción de los actos de buena fe”.
A pesar de que los funcionarios públicos pueden reservarse de declarar sus bienes a detalle, en la opinión de Jose Alfonso Aparicio Velázquez, siempre es necesario que la sociedad sepa lo que las autoridades están haciendo. Inclusive cuando reservan la información, los servidores tienen la obligación de explicar la causa, mencionó.
“La transparencia no se cierra aún con la información confidencial. Las razones siempre deben de estar de cara a la sociedad, porque hay una intención de que la sociedad te audite porque es la que te paga”, apuntó.
En el caso particular de Elías Beltrán, de 2007 a 2017, el nuevo Procurador presentó 17 declaraciones patrimoniales, pero sólo nueve de ellas, detallan los pormenores acerca de su peculio.
En abril de 2007, cuando se desempeñaba como director general adjunto de la PGR, Elías Beltrán percibía 50 mil 535 pesos mensuales de salario -35 mil 535 por cargo público y 15 mil por actividad industrial o comercial-. Sus máximas prestaciones las registró en junio de 2009, ya en calidad de director general adjunto de la SHCP, cuando ingresaban a sus bolsillos 208 mil 451 pesos al mes. Sin embargo, el último salario registrado data de mayo de 2011, por un monto de 138 mil 476.75 pesos mensuales.
Pero, de acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT) del Gobierno federal, como subprocurador, Elías Beltrán percibía un sueldo bruto de 194 mil 708.34 pesos mensuales. Y ahora, como titular de la PGR, le son asignados al menos 205 mil 122.05 pesos brutos al mes.
Sus bienes inmuebles declarados, por otro lado, son relativamente modestos. Elías Beltrán, al parecer, no tiene casa; aunque sí un terreno “donado” de 160 metros cuadrados, valuado en 593 mil 200 pesos [2011]. Asimismo, en cuatro años como funcionario público, el valor de los objetos que componen su “menaje de casa” aumentó en un 47.5 por ciento. Dicho valor pasó de 200 a 295 mil pesos.
Además, de abril de 2007 a mayo de 2011, declaró contar con dos vehículos: una camioneta Jeep Liberty modelo 2004, que fue pagada de contado y cuyo costo asciende a 229 mil 100 pesos; y un automóvil tipo Volkswagen Jetta modelo 1999, adquirido por un crédito de 68 mil pesos.
En lo que respecta a sus inversiones, durante esos cuatro años, fueron como una montaña rusa cargada de subidas y de bajadas. Entre 2007 y 2010, sus inversiones se cuadruplicaron al pasar de 45 a 213 mil 066 pesos. Entre abril de 2010 y mayo de 2011, el dinero que invirtió se redujo en un 65 por ciento, sin que el monto erogado se reflejara en la adquisición de bienes u otros gastos. De ese modo, a mediados de 2011, Elías Beltrán tenía una fortuna invertida de 98 mil 468 pesos.
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