Se han cumplido 10 años de la tragedia de Ayotzinapa. Una década en la que los familiares de los 43 estudiantes han pedido que se dé con el paradero de sus hijos, pero también castigo para los funcionarios que participaron en la desaparición y los que se prestaron para crear la “verdad histórica”.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El grito de justicia no se ha apagado en los últimos 10 años luego de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
A lo largo de este tiempo, la línea de justicia no ha sido recta. Se trata de un caso que fue manipulado desde los primeros días de ocurrido y por lo tanto la complejidad aumentó. Aunado a ello, el Estado operó para ocultar lo ocurrido y proteger a los implicados por acción y omisión.
Retomar el caso en 2018 representó una gran complejidad derivado de esos elementos sumado a la desesperación y cansancio de los familiares de los 43 jóvenes. Su búsqueda de justicia no se ha reducido a una marcha anual sino a acudir constantemente a reuniones con las autoridades para revisar dos indagatorias: qué ha pasado con la desaparición de los jóvenes estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” y castigar a la estructura de Gobierno que buscó engañarlos a ellos y a todo un país con una historia que nombró como “verdad histórica”.
En el caso hay implicados funcionarios municipales, estatales, federales y miembros del crimen organizado. Enfrentarlos a la justicia ha sido un reto.
En números generales, de acuerdo con los informes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) de la Secretaría de Gobernación, se ha procesado a 151 personas –134 civiles, 16 militares, un miembro de la marina–; hay en proceso y/o pendientes 60 órdenes de aprehensión y hay tres procesos de extradición en curso.
El Informe de la Segob detalla que las acciones penales giradas han sido en contra de la organización criminal Guerreros Unidos, además de diversos funcionarios, entre ellos policías federales, estatales y municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, así como elementos del Ejército por los delitos de secuestro, desaparición forzada, delitos contra la salud y delincuencia organizada.
Son 151 personas detenidas y 31 están bajo medidas cautelares.
Pero las cifras totales no permiten ver los retos que han significado esos números y tampoco los pendientes, ya que hay implicados que han sido liberados, que han sido beneficiados por jueces y otros que no han sido siquiera llamados a declarar.
Las cifras, incluso en los informes de Segob se van modificando.
Hasta el momento, entre las personas vinculadas o detenidas están el exsecretario de Seguridad pública de Guerrero; un expolicía preventivo de Huitzuco, tres policías municipales de Iguala; un supervisor de la Policía Municipal de Iguala, un exprocurador General de la República; siete policías estatales: la mayoría vinculados a Guerreros Unidos y que estuvieron en activo el día de los hechos, además de dos policías municipales de Huitzuco.
De los otros funcionarios municipales están la familia Abarca. José Luis, el que fuera el Presidente Municipal de Iguala, tuvo auto de formal prisión dictado el 21 de septiembre de 2022 por el delito de delincuencia organizada, lo mismo que su esposa María de los Ángeles Pineda. Luego, Abarca recibió una sentencia absolutoria a su favor, el 21 de mayo de 2023, librándose de ese delito pero la Fiscalía logró obtener una sentencia condenatoria de 92 años 6 meses por el delito de secuestro.
Algo similar ocurrió con Sidronio Casarrubias, líder de Guerreros Unidos. Recibió auto de formal prisión el 21 de octubre de 2020 por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, pero el 25 de octubre de 2020, el juez de la causa dictó un auto de libertad en favor de Sidronio, por el uso de documento falso.
Aunque no le bastó para obtener libertad, en mayo pasado se celebró una audiencia en la que se le negó la prisión domiciliaria por posible riesgo de fuga.
Están, por otro lado, los casos de extradición. El principal es el de Tomás Zerón, que durante todo este tiempo ha radicado en Tel-Aviv, Israel a pesar de que un juez negó ampararlo por cuatro órdenes de aprehensión en su contra.
Se le persigue por presunta tortura, desaparición forzada y coalición de servidores públicos y se solicitó la extradición desde el 20 de diciembre de 2021 pero aunque se han hecho esfuerzos en materia diplomática no se ha avanzado.
Están también los casos de Abraham N y Ulises N. En el caso del primero se trata del exmando de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y se le persigue por las presuntas torturas a un supuesto miembro de Guerreros Unidos implicado en el caso, se solicitó a Estados Unidos su extradición el 30 de marzo de 2023. Sobre Ulises, el informe de la Segob detalla que la relevancia de este personaje pudo haber tenido contacto con estudiantes que aparentemente fueron detenidos y llevados a la comandancia de Iguala donde él era juez.
“Acorde con declaraciones que obran en las carpetas de investigación, se desprende que él pudo haber entrevistado a los jóvenes y con ello haber obtenido datos relevantes sobre su paradero”, sostiene el más reciente informe.
Ninguno de los dos casos tiene avances.
También está el grupo de militares. Resaltan los casos del General José, Comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala; el Capitán José que entervino en el Hospital Cristina y en la barandilla de la policía municipal de Iguala y el Subteniente Fabián.
Son en total 14 elementos de la Sedena detenidos entre los que están además tres cabos y 10 soldados; aún hay seis órdenes de militares por ejecutar.
Sin embargo, como resultado de estas acciones, lo que se tiene hasta la fecha es que
al General José N se le otorgó una suspensión provisional y 11 de los acusados presentaron una denuncia penal contra Alejandro Encinas.
Finalmente está la investigación por la Verdad Histórica. De las 541 personas procesadas únicamente seis son del ámbito federal.
La propia Segob en los informes colocó esquemas en donde se sostiene que fueron funcionarios del más alto nivel los que participaron en esa mentira que buscó engañar a las y los familiares de los 43 estudiantes, al asegurar que habían sido incinerados en el basurero de Cocula y que ese era el punto final.
De esa investigación sale la “Junta de Autoridades” que fraguó la Verdad Histórica. El único que fue detenido es Jesús Murillo Karam, capturado el 19 de agosto de 2022. El 24 de ese mes fue vinculado a delitos como contra la impartición de justicia, desaparición forzada en contra de los 43 estudiantes y tortura. Obtuvo prisión domiciliaria en abril de este año.
Está Tomás Zerón, que está en Tel-Aviv sin planes de volver a México y el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, quien fue capturado en octubre de 2020 y liberado y exonerado de toda acusación en enero de 2021.
También participaron en esas reuniones Miguel Ángel Osorio Chong, entonces Secretario de Gobernación y Enrique Peña Nieto, Presidente de México, que en mensajes públicos habló de superar la tragedia luego de que la “investigación” arrojara que los jóvenes habían sido incinerados, es decir, poniendo por delante la mentira que caería años después.
Ninguno de estos tres últimos funcionarios, Cienfuegos, Chong y Peña, han sido llamados a declarar o cooperar para el esclarecimiento del caso.
