En la reunión privada que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo, sostuvo esta mañana con los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa, no les habló de “olvido no, perdón sí”, afirman padres y madres de los estudiantes entrevistados por SinEmbargo al final del encuentro.
A diferencia de lo que sostuvo con las víctimas de feminicidio, desaparición y asesinato por la violencia en México el pasado 14 de septiembre en el Centro Cultural Tlatelolco, cuando les dijo que él estaba dispuesto a perdonar ante la demanda de “ni perdón, ni olvido”, hoy a los padres de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos les prometió llegar a fondo hasta encontrar la verdad y castigar a todos los involucrados “sea quien sea”, mientras que la palabra perdón ni siquiera fue mencionada.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República electo, cambió su discurso este día con los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) y no puso sobre la mesa el perdón, que reiteró apenas hace unos días con otros colectivos de víctimas de la violencia en el país.
Madres y padres de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, afirmaron en entrevista con SinEmbargo, al concluir la reunión privada que sostuvieron con el tabasqueño, que la palabra perdón no fue mencionada en ningún momento del encuentro y en contraste les prometió que llegaría a fondo, se explorarían todas las líneas de investigación y se castigaría a los culpables “sea quien sea”.
“Se va a investigar a todos y si salen los responsables se va a investigar, sea quien sea. Eso hemos pedido siempre: caiga quien caiga”, dijo Ciriaco Vázquez, papá del normalista desaparecido Abelardo Vázquez.
De acuerdo con los papás que estuvieron en la reunión privada, López Obrador no mencionó la palabra perdón en ningún momento durante el encuentro. Al finalizar los familiares salieron contentos y aseguraron que, aunque se cumplen cuatro años de lo sucedido en Iguala con sus hijos, este aniversario es distinto pues hay esperanza en el próximo Gobierno.
“Fue enfático y vemos que tiene mucha disponibilidad para seguir el caso, pues por parte del Gobierno actual nunca tuvimos respuesta, pero que por parte de él estamos viendo que sí habrá justicia”, dijo Blanca Luz Nava Vélez, mamá de Jorge Álvarez Nava.
–¿En algún momento les habló de olvido no, perdón sí?–se le preguntó.
–No. Si no hay justicia no puede haber perdón. Tiene que haber justicia para que pueda haber paz. La justicia para nosotros es saber el paradero de nuestros hijos y que se castigue a los responsables y él [López Obrador] lo dijo muy claro: que se va a castigar a los responsables, sea quien sea–contestó la mamá del normalista.
Este día, al finalizar el encuentro y en conferencia de prensa, Andrés Manuel aseguró que cumplirá con su promesa de campaña a los familiares de los normalistas de dar con la verdad sobre lo sucedido en septiembre de 2014.
“También dije que no debemos de temer si se conoce la verdad, las instituciones se fortalecen con la verdad, se debilitan con la mentira. No es cierto de que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano. Eso es falso”, dijo.
Al concluir una reportera le preguntó a López Obrador si todos los involucrados serían castigados, incluido el Ejército. Y él contestó: “todos”.
“Hizo tres compromisos con nosotros y dijo que no habrá obstáculo, que las instituciones no se debilitan con la verdad, simplemente se refuerzan, eso quiere decir que va con todo. Si no hay verdad no hay justicia, y si no hay justicia no hay castigo”, dijo María Elena Guerrero Vázquez, mamá de Jovani Galindrez Guerrero.
La mujer afirmó que el tabasqueño se comprometió a seguir las cuatro líneas de investigación alternas a la “verdad histórica” de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Late una luz de esperanza en nuestro corazón, porque a cuatro años se ha abierto este Gobierno; que aunque no toma posesión ya está cumpliendo. Para nosotros es emocionante porque cuatro años atrás nos han maltratado este Gobierno. Hoy se abre una nueva etapa y esperamos llegar a la verdad, sea la que sea, pero que sea una verdad científica”, dijo.
Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la Cruz, dijo sentirse satisfecho con la reunión sostenida con López Obrador, pues el tabasqueño les prometió “ayudar hasta saber la verdad y que se castigue a los culpables”.
La promesa del Presidente electo a los familiares de Ayotzinapa difiere de la respuesta que le dio a los colectivos de víctimas de feminicidios, desaparecidos y asesinados que se reunieron con él en el auditorio del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco el pasado 14 de septiembre, donde ante un numeroso grupo de padres y madres que exigían “ni perdón, ni olvido”, él les reiteró: “olvidó no, perdón sí”.
“Yo reconozco de manera sincera lo que ustedes han hecho y comprendo su dolor. Comprendo lo difícil que es para ustedes el no estar con sus seres queridos; sobre todo sé muy bien lo que significa el amor de los padres a los hijos, es posiblemente el amor más sublime, y por eso entiendo mucho el dolor de ustedes. Yo sí perdono, yo en esto puedo diferir con algunos, además ya saben que yo siembre digo lo que pienso y les digo: Olvido no, perdón sí”, dijo.
“¡Ni perdón, ni olvido!”, gritaron los familiares.
“Respeto los que dicen ni perdón ni olvido, los entiendo, yo tengo otra convicción y podemos ponernos de acuerdo”, les contestó.
NO ES EL OBJETIVO INVESTIGAR AL EJÉRCITO: ENCINAS
Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, aseguró que a partir del 1 de diciembre se decretará e instalará de inmediato la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia que se encargará de reiniciar la búsqueda de los normalistas.
Encinas precisó que se seguirán nuevas líneas de investigación y que se partirá de los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDN) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Sobre si se abrirán los cuarteles (una de las principales demandas del GIEI), en específico el del 27 Batallón de Iguala, Guerrero, Alejandro Encinas dijo que la investigación se abrirá “plenamente”, pero que “primero lo primero”.
“La investigación va abrirse plenamente y se deslindarán responsabilidades. Si hay elementos de las fuerzas armadas, porque es diferente hablar de las fuerzas armadas y de elementos de las fuerzas armadas, hay que hacer esa diferencia. Si hay elementos involucrados tendrán que sujetarse a las sanción que corresponda. No es el objetivo investigar al Ejército, hay que ver cómo actuaron elementos de las fuerzas armadas, no nos quieran amarrar navajas con el Ejército”, dijo.
–¿Se va a investigar a quienes crearon la verdad histórica?, ¿a Jesús Murillo Karam?–se le preguntó.
–Hay que ver la resolución del Tribunal; se habla que muchas de las declaraciones se dieron bajo tortura, eso implica un ilícito, hay que que ver qué autoridad incurrió en esto–contestó.
Este lunes Amnistía Internacional recordó que en mayo, un tribunal federal con sede en Tamaulipas ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa y reponer la investigación, pero el Gobierno ha hecho esfuerzos coordinados para presentar cerca de 200 recursos legales que buscan a toda costa evitar que se concrete la creación de la comisión.
De acuerdo con un comunicado de prensa emitido el 20 de septiembre pasado, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas confirmó por unanimidad que las autoridades deben cumplir la sentencia al no existir la supuesta imposibilidad que alegó la PGR ni invadirse facultades del Ministerio Público, las organizaciones de derechos humanos que acompañan a los familiares aseguraron que 10 instancias federales fueron las que interpusieron los recursos “especialmente contra la creación de la Comisión Investigadora”.
El Tribunal con sede en Tamaulipas ordenó en mayo que además se tienen que investigar las alegaciones de tortura de las personas imputadas, y que la Comisión debe estar compuesta por las familias y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con asistencia de organismos internacionales.
Luis Tapia Olivares, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó en entrevista con este medio que hay dos razones por las que la actual administración no quiere que se cree la Comisión Investigadora y para aferrare a la “verdad histórica”.
La primera, dijo, tiene que ver con el no querer reconocer su responsabilidad sobre los hechos evitando que la investigación se reencause hacia otras líneas de investigación.
“La otra razón es que conocer la verdad implicaría que habría responsabilidades en contra de quienes fabricaron la ‘verdad histórica’. Hay acusaciones graves de tortura contra detenidos, esa es otra parte que el Gobierno actual no quiere soltar, porque lo ponen entre las familias y la verdad sobre los hechos”, argumentó.
El primero en hablar de la “verdad histórica” en noviembre de 2014, dos meses después de la desaparición de los normalistas, fue Jesús Murillo Karam, entonces Procurador de la República.
Murillo Karam anunció que Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, fueron los autores materiales del crimen cometido en contra de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“Los detenidos señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos e hicieron guardias y relevos para asegurarse de que el fuego durara horas, arrojándole diesel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje”, declaró ante los medios de comunicación el entonces Procurador.
El entonces Procurador dijo frente a los medios de comunicación y ante los familiares de las víctimas una verdad lacerante.
“Sin lugar a dudas (las investigaciones llevan) a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”, afirmó.
Los padres de los normalistas también exigen que Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, sea investigado, pues fue acusado por el GIEI de alterar pruebas en una escena del crimen durante su visita a las inmediaciones del Río San Juan de Cocula el 28 de octubre de 2014.
Sin embargo la PGR lo exoneró de cualquier responsabilidad y a su renuncia el Gobierno de Peña Nieto lo reinstaló como Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, puesto en el que se mantiene hasta ahora.
