En mayo pasado el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del “Caso Ayotzinapa” y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala); sin embargo, desde que se emitió la sentencia se han interpuesto más de 200 impugnaciones, principalmente de actores en lo individual como militares, policías federales y al menos 10 dependencias.
Luis Tapia, coordinador del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C., explicó que los recursos de impugnación han sido la Semar, Sedena, la Policía Federal, la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la PGR- que ha sido la principal-, la Secretaria de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Congreso de la Unión y la propia comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Por Rocío Melgoza
Ciudad de México, 26 de septiembre (EconomíaHoy/SinEmbargo).- Hoy 26 de septiembre se cumplen cuatro años de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y apenas la semana pasada se planteó que nada impide abrir una comisión de investigación para aclarar el caso. Ya existe una sentencia para ello. Pero han sido el Estado, desde sus principales instituciones, el que ha impedido que el avance por medio de centenas de impugnaciones.
Las víctimas y los defensores de derechos humanos se preguntan cómo es que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto se esté concentrando en este laberinto legal en vez de organizarse para la búsqueda de quienes hoy serían cuarenta y tres maestros en activo, dando clases en una de las zonas más castigadas por la violencia y la pobreza en el país.
En mayo pasado, el Tribunal Colegiado de Tamaulipas ordenó reponer el procedimiento del “Caso Ayotzinapa” y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala); sin embargo, desde que se emitió la sentencia se han interpuesto más de 200 impugnaciones, principalmente de actores en lo individual como militares, policías federales y al menos 10 dependencias, las cuales han retrasado significativamente el cumplimiento de la sentencia.
Luis Tapia Olivares, coordinador del área de defensa del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A. C., explicó en entrevista para EconomíaHoy.mx que es importante distinguir entre la Comisión de Investigación y una Comisión de la Verdad.
Una Comisión de Investigación implica que se realizará una investigación penal, donde se busca determinar responsabilidades de ese tipo, al tiempo que también se busca conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos, explicó.
“Esta Comisión de Investigación que estaría integrada según la sentencia del Tribunal Colegiado de Reynosa, por las familias de los estudiantes, representantes legales, la CNDH y por el Ministerio Público; además de estar enmarcada en el trabajo de la PGR”.
Mientras que una Comisión de la Verdad estaría enmarcada en el trabajo de la Secretaría de Gobernación, pero no determina responsabilidades, no detiene ni enjuicia a personas, sino que trata de construir una narrativa sobre un tiempo determinado donde se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
“Vemos que la supervisión internacional como el caso del GIEI ayuda a fortalecer las investigaciones, creando comisiones de investigación o de la verdad”: Luis Tapia Olivares.
Tapia Olivares mencionó que, en cierto modo, la Comisión de Investigación para Ayotzinapa es amplia, porque implica que personas pueden ser acusada y procesadas; pero, también es limitada por las reglas de un procedimiento penal. En tanto, una Comisión de la Verdad es igualmente amplia porque toma en cuenta testimonios, notas periodísticas, documentales, pero eso no implicaría que a partir de esta información se consigne a perpetradores.
La Comisión de Investigación es un mecanismo extraordinario de supervisión que implica dar con la verdad, pero no es propiamente una Comisión de la Verdad. Según la sentencia en ella participarían organismos internacionales, un factor común en ambos casos para dar legitimidad en un país donde ha sido perdida por las instituciones nacionales, dijo el integrante del centro ProDH.
¿POR QUÉ NO SE HA INTEGRADO?
“Esperamos que la SCJN se comporte como el órgano depositario del Poder Judicial y sea de verdad autónoma y ratifique esta sentencia novedosa, pero que se basa en el Derecho, es totalmente legal”.
Dos meses después de la sentencia, el Tercer Tribunal Unitario de Reynosa determinó que era jurídicamente imposible crear la Comisión de la Verdad y finalmente el pasado 20 de septiembre, el mismo Tribunal colegiado de Tamaulipas reiteró que la PGR no tenía ningún impedimento para su integración.
En este ir y venir, según explica Luis Tapia, la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa no se ha integrado porque la PGR y otras 10 instituciones, además de otras personas en lo individual presentaron más de 200 recursos.
Los recursos de impugnación han sido presentados por militares, tanto de Sedena y Semar y policías federales, principalmente elementos que están acusados de torturar a los detenidos y algunos militares que tenían acusación por omisiones el día de la desaparición como el general José Martínez Crespo, adscrito efectivamente al 27 Batallón de Infantería en aquel entonces, Indicó Tapia.
“Él presentó un recurso de revisión extraordinaria en contra de la sentencia, ellos lo que alegan es que no fueron notificados en tiempo de este procedimiento y que son terceros interesados y que la sentencia les afecta”.
En cuanto a las impugnaciones por institución, mencionó que han sido la Semar, Sedena, la Policía Federal, la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la PGR- que ha sido la principal-, la Secretaria de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Congreso de la Unión y la propia comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En el caso de la impugnación que vino del Congreso de la Unión, explicó que se debió a que una parte de la sentencia llama al poder Legislativo a dotar de presupuesto a dicha Comisión de Investigación, lo cual no ocurrió.
“Habría que ver si la nueva Legislatura se desiste de ese recurso, también el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social que es el que vigila todos los penales federales del país, entonces básicamente son diez dependencias federales y unas nueve personas en lo individual que han presentado un sinnúmero de recursos en contra este sentencia”.
En ese sentido, el defensor dijo que la mayor parte de los recursos fueron rechazados, pero destacó que resulta inédito que se concentre el Ejecutivo para impugnar la sentencia en vez de que se organice para la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
¿QUÉ SIGUE?
Tras la resolución del pasado 20 de septiembre, el siguiente paso queda en las manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para respaldar lo que el Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó.
Sin embargo, hasta el momento dicho Tribunal no ha realizado el trámite para enviar el documento a la SCJN. “En realidad los tiempos de la Corte son bastante abiertos, el expediente como tal no ha llegado y se tiene que hacer el trámite típico del Tribunal”.
A esto hay que sumar que la SCJN sesionará hasta finales de noviembre y quince días después entrará en periodo vacacional.
“Lo que sigue es que la Corte arrope y dé respaldo al Tribunal Colegiado. Decir que no va, sería dar un mensaje muy peligroso, significaría que los jueces no son autónomos, que el Poder Judicial no es autónomo, que está sometido al Ejecutivo y un mensaje en el que el Poder Judicial está dispuesto a mancharse la manos por un caso que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto”.
En caso de que la SCJN no haga un pronunciamiento, se esperaría que la nueva Fiscalía, que debe entrar en funciones a más tardar el 31 de diciembre, se presente al Tribunal Colegiado para integrar la Comisión, por lo que se quedarían sin efecto las impugnaciones.
Por último, Tapia Olivares indicó que no hay voluntad del Gobierno de Peña Nieto para integrar la Comisión de Investigación “porque eso implicaría que se sepa en realidad que pasó el 26 y 127 de septiembre y se haga una verdadera investigación, lo que no ha sucedido hasta hoy y se encasillo en la ‘Verdad Histórica’.
“Es mucho más complejo de lo que el gobierno actual quiere reconocer, quieren minimizar los hechos, decir que es una desaparición perpetrada por un grupo de policías de un municipio que fue cooptada por el crimen en vez de reconocer que había un contexto mucho más amplio de macro criminalidad en donde todos los niveles de gobierno estaban involucrados y donde había un trasiego internacional de drogas utilizando autobuses de transporte público que comenzaba en Iguala y terminaba en Chicago como se ha documentado”, señaló.
ONU-DH: INSOSTENIBLE, “LA VERDAD HISTÓRICA”
La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) enfatizó hoy que la versión oficial del caso de la desaparición de 43 jóvenes mexicanos es “insostenible” y criticó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto se haya enfocado en “intentar acallar” a los que la han cuestionado.
En un comunicado emitido con motivo del cuarto aniversario de la desaparición de los 43 jóvenes, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en el estado de Guerrero, la institución afirmó que “el caso no es sólo una herida abierta; también es un símbolo de las desapariciones en México“.
“La ONU-DH lamenta que en el último año el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso”, también conocida como “verdad histórica”, afirmó.
Según el relato oficial presentado por el Gobierno mexicano unas semanas después de la desaparición, los jóvenes fueron detenidos en el municipio de Iguala por policías corruptos, quienes los entregaron a miembros del Cártel Guerreros Unidos. Estos últimos los mataron e incineraron en un vertedero.
-Con información de EFE
