El Gobernador perredista Ramírez Garrido Abreu, y su esposa Elena Cepeda de León, son acusados de impedir que los víveres para los damnificados del temblor del pasado 19 de septiembre –provenientes de varios estados de la República Mexicana y del extranjero– lleguen a las manos de quienes lo necesitan.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).– El Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien junto con su esposa Elena Cepeda ha sido cuestionados duramente por supuesto robo de víveres, recibió este día un fuerte abucheo cuando visitaba el pueblo de Tlayacapan, Morelos, junto con el Presidente Enrique Peña Nieto.
Los habitantes del pueblo le gritaron: “¡Cállate!”, "¡Fuera!", "¡Ratero!", "¡Queremos víveres!"
Ramírez Garrido Abreu tuvo que suspender un discurso que daba a los afectados por el sismo del 19 de septiembre. Ni siquiera pudo continuar. En cuanto tomó el micrófono le lanzaron mentadas y rechiflas.
El Alcalde Dionisio de la Rosa intentó pedir un aplauso para las autoridades presentes por “acudir en su ayuda”.
“Seamos respetuosos, nuestras autoridades vienen para solidarizarse con nosotros", dijo.
Pero le respondieron: “¡Es su trabajo!”.
El Gobernador perredista Ramírez Garrido Abreu, y su esposa Elena Cepeda de León, son acusados de impedir que los víveres para los damnificados del temblor del pasado 19 de septiembre –provenientes de varios estados de la República Mexicana y del extranjero– lleguen a las manos de quienes lo necesitan.
La Fepade ya investiga el caso y ha manifestado que “no permitirá que se aprovechen de la necesidad de las personas” con fines políticos.
A pesar de que Graco y Elena aseguran que han repartido más de 200 toneladas de ayuda y que todo se ha hecho con transparencia, los morelenses, organizaciones civiles, funcionarios públicos y hasta la Diócesis de Cuernavaca acusan que están usando el dolor de la población en beneficio propio.
Los señalamientos por presuntos desvíos se multiplicaron en los últimos días: primero fueron unos camiones desviados al DIF de Cuernavaca; luego retenciones de víveres en Jojutla y en Zacatepec, y luego unos aviones cargados con despensas, provenientes de Nuevo León, que no pudieron ser descargados.
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SERIAS ACUSACIONES
No habían pasado dos días del terrible terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter, cuando en redes sociales pululó un video en el que se observan al menos dos tráilers, proveniente del estado de Michoacán, siendo escoltados por elementos del Mando Único de Morelos hasta una bodega del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Dicho convoy era liderado por la esposa del Gobernador, Elena Cepeda de León, quien funge como titular de la institución.
De acuerdo con el testimonio de los conductores de los vehículos de carga, las ayudas estaban destinadas a ser repartidas de manera directa entre la población afectada. Ésto no fue así, pues tan pronto como llegaron a la entidad, la policía los obligó a dirigirse a la ciudad de Cuernavaca e ingresar a las bodegas del DIF local.
El apoyo que pudo mitigar el sufrimiento que viven municipios como Axochiapan, Ayala, Jantetelco, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Tepalcingo, Tetecala, Tlaltizapán, Tetela del Volcán, Xochitepec, entre otras zonas afectadas, habría sido retenido y reetiquetado por el gobierno de Graco, so pretexto de que no habían bolsas suficientes para distribuir los víveres, dijeron voluntarios testigos de los hechos.
Ese mismo día, el 21 de septiembre, otro video daba cuenta de un acto cuestionable: mientras cinco desconocidos descargaban y resguardaban -en una bodega- el contenido de un tráiler con “ayudas”, presuntamente provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), otra persona despojaba al camión de una calcomanía que rezaba “Centro de Acopio UNAM”.
Tras ser acusado, Graco Ramírez salió a defenderse diciendo que los materiales difundidos en redes sociales pretendían engañar a la población. Un asunto que, en su opinión, es “faccioso” y “totalmente falso” porque lo que está haciendo su administración es organizar las despensas en una bodega con la finalidad de distribuirlos en las próximas semanas.
“El hecho de administrar y concentrar es porque sabemos de la crisis humanitaria que vamos a vivir, que van a vivir cinco de los 13 municipios que se vieron afectados, va a comenzar a partir del lunes”, comentó hace cuatro días, en conferencia de prensa, Jesús Alberto Capella Ibarra, comisionado de Seguridad de Morelos.
Estas acusaciones se dan a poco más un mes de que Graco Ramírez fuera señalado por varias irregularidades y omisiones: tres diputados priistas lo acusan de violar los derechos humanos de la ciudadanía con su actuación ante el socavón que se abrió en el Paso Express de Cuernavaca, en el que murieron dos personas.
