Un documento publicado por la PGR en junio de 2016 reporta las acciones realizadas para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre el 27 de septiembre de 2014 y el 30 de abril de 2016.
En 410 páginas, el organismo consigna, en promedio, dos actuaciones al día: desde operativos de búsqueda hasta aprehensiones y obtención de confesiones.
En este informe también consta que han sido gastados, al menos, 81.1 millones pesos y que un buzo de la Policía Federal murió el mismo día en que fueron encontradas las bolsas con restos óseos calcinados en el Río San Juan.
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Por Alejandra Padilla
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo/Serendipia.digital).– El 2 de octubre de 2014, los familiares de 37 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, fueron contactados por funcionarios de la Fiscalía General del estado. El motivo: preguntarles “si era su deseo participar en la búsqueda de los jóvenes”.
Los jóvenes [esos 37 y seis más, 43 en total] habían desaparecido seis días antes. Los normalistas participaban en los preparativos para asistir a la marcha de la matanza del 2 de octubre de 1968 en el entonces Distrito Federal.
Esta conmemoración es realizada año con año para no olvidar las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de un número todavía desconocido de estudiantes, ocurridas hacia finales de la década de 1960. Es un recordatorio y una exigencia: que atrocidades de este tipo no vuelvan a ocurrir en México.
El 26 de septiembre de 2014, los normalistas recaudaron dinero por medio de “boteos” y tomaron autobuses; por la noche, fueron interceptados y agredidos por policías de Iguala, Cocula y probablemente de Huitzuco. El resultado: 196 víctimas directas de violaciones a derechos humanos; 43 normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada.
Mil 096 días, 81 millones de pesos y 650 búsquedas después, no hay indicios de su paradero.
Una revisión del informe de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso permitió visualizar la información en un calendario que muestra las actividades realizadas por las autoridades locales y federales cada día entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de abril de 2016. Este es el periodo que contempla el informe del organismo federal.
En el documento están consignados detalles sobre el proceso de investigación que fueron contrastados con Mario César González Contreras, padre del normalista desaparecido César Manuel González Hernández, así como con Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y con otros documentos oficiales y hemerográficos. La versión oficial y el testimonio de las víctimas no siempre coinciden.
Estos son algunos detalles contenidos en el informe de la PGR; piezas del rompecabezas Ayotzinapa que tres años después no han podido ser integradas para formar una imagen clara.
DOS ACCIONES DIARIAS
Entre el 26 de septiembre de 2014 y el 30 de abril de 2016, primero la Fiscalía de Guerrero y después la PGR realizaron, en total, mil 359 actuaciones que incluyen operativos de búsqueda, toma de declaraciones, análisis de muestras genéticas, reuniones con los padres de los normalistas y aprehensiones.
Entre ambas fechas transcurrieron 582 días naturales. La PGR reporta actuaciones en 281 de esos días, incluídos fines de semana. En promedio, fueron realizadas 2.33 acciones al día para resolver la investigación a la que el Gobierno federal se refiere como “la más grande de los últimos tiempos”.
El informe del caso Iguala es la única fuente que permite obtener esta información porque desde el 8 de junio de 2016, la PGR no ha hecho público otro documento de esta naturaleza, no ha actualizado la versión pública de la averiguación previa ni ha otorgado más información por medio de los mecanismos de transparencia.
El “Informe del Caso Iguala. Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero” , publicado por la PGR el 8 de junio de 2016, está basado en la averiguación previa del caso, cuya versión pública fue liberada también por la PGR y consta de 139 mil 798 hojas disponibles para su consulta en formato digital en el sitio web del organismo.
Las actuaciones consignadas en el documento fueron organizadas en una base de datos. Así fue posible visualizarlas en un calendario y en una gráfica de línea.
El recuento de las actuaciones es una porción del documento, que también incluye detalles en los que la versión oficial y la de los padres de los normalistas no coinciden. El informe esboza cómo han sido los últimos tres años en búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
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27 DE SEPTIEMBRE DE 2014: EMPIEZAN LAS BÚSQUEDAS
“No se obtuvieron resultados favorables”, “sin novedad”, “sin obtener ningún dato relevante que lleve a la localización de los estudiantes normalistas” y otras variantes de estas frases son repetidas después de la descripción de cada acción de búsqueda.
Entre el 27 de septiembre de 2014 y el 19 de abril de 2015, fueron realizados 650 operativos para encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa: 650 acciones de búsqueda durante 204 días. A partir del 19 de abril de 2015, la PGR no ha reportado otro esfuerzo oficial para conocer el paradero de los estudiantes.
Los dos operativos del 27 de septiembre de 2014 estuvieron a cargo de la Fiscalía General de Justicia del estado de Guerrero (FGJEG) porque la competencia del caso era local en ese momento. A partir del 4 de octubre, las búsquedas fueron realizadas por la PGR, una vez que atrajo la investigación.
“No sirvieron para nada (las búsquedas), porque nada más les daban una vuelta a mis compañeros en el helicóptero o en la camioneta y no pasaban a donde tenían que pasar. Era una burla para los padres (...) no podían entrar a una casa porque faltaba el juez para que hiciera la orden de cateo”, dice Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, uno de los 43 normalistas desaparecidos desde hace tres años.
De acuerdo con el informe de la PGR, los operativos de búsqueda consistieron en patrullajes, entrevistas, labores de reconocimiento, búsqueda de fosas clandestinas, revisión de vehículos, inmersiones en zonas acuáticas, recorridos en lancha y vuelos de reconocimiento. Además de la PGR, participaron la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la sociedad civil.
Pero ni la unión de fuerzas ni la cifra de operativos hicieron la diferencia: ninguno de los 650 operativos resultó en el hallazgo de indicios sobre el paradero de los estudiantes.
Incluso el operativo del 29 de octubre de 2014, cuando fueron encontradas las bolsas con restos óseos calcinados en el río San Juan, en el municipio de Cocula, Guerrero, está registrado con un resultado negativo.
“Lo que la PGR estaba buscando eran indicios de los estudiantes, los estaba buscando vivos, que es lo que pedían los padres. Entonces cuando llegan a todos estos lugares y dicen que no encuentran nada, se refieren a que no encuentran estudiantes vivos”, explica Esteban Illades, periodista y autor del libro La noche más triste. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Servidores públicos han declarado que las búsquedas superan las 650. Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, dijo que han sido realizadas más de 800. Esto, de acuerdo con una nota publicada por el diario La Jornada el 1 de septiembre pasado; el diario El Universal publicó el 6 de septiembre pasado que, “la PGR ha realizado a la fecha 851 operaciones de búsqueda, de las cuales 25 fueron en conjunto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)”.
No obstante, el 19 de junio de este año fue dirigida la solicitud de información 0001700188917 a la PGR por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia. La información solicitada fue un reporte por cada una de las acciones de búsqueda o, en su defecto, una relación en la que estuvieran incluidos todos los operativos.
El organismo respondió el 31 de julio que el total de acciones de búsqueda está disponible en el “Informe del Caso Iguala” y en el expediente publicado en el sitio oficial de la PGR. Ambos documentos fueron actualizados por última vez en 2016 y la cifra consignada en ese documento es de 650 acciones de búsqueda y una tarjeta informativa.
6 DE OCTUBRE DE 2014: PADRES Y MUESTRAS GENÉTICAS
En su informe, la PGR asegura que los padres de los normalistas opusieron resistencia cuando fue necesario que aportaran muestras genéticas para compararlas con posibles hallazgos.
De acuerdo con el documento oficial, el 6 de octubre de 2014 fueron solicitadas muestras biológicas de los familiares directos y objetos personales de los normalistas, así como documentos que tuvieran sus huellas dactilares. A esto, uno de los abogados respondió que "por el momento no creía necesario la intervención de personal actuante, pero que lo haría del conocimiento a los padres de los jóvenes y que si ellos decidían recibir el apoyo, nos lo haría saber vía telefónica, proporcionando en ese momento su número celular (sic)”.
Al día siguiente, dice la PGR en su informe, los funcionarios volvieron a solicitar las muestras y explicaron que serían contrastadas con la Base Nacional de Datos de Genética y el material recuperado en cateos o vehículos asegurados. De acuerdo con el documento, los representantes de los padres dijeron que “era decisión de los familiares, no aceptar que personal de PGR los entrevistara, ni se les recabara muestras de ADN, ya que sus hijos estaban vivos, porque las muestras de ADN eran para buscarlos entre cadáveres y ellos no aceptaban eso, porque sus hijos seguían vivos y vivos los iban a encontrar (sic)”.
“Nunca dijimos que no. Lo que queríamos era encontrar a nuestros hijos”, dice Mario César González, y agrega que la Procuraduría de Guerrero recolectó las muestras la primera vez, y después (no recuerda la fecha precisa) hubo una segunda toma de muestras en la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. El padre de César Manuel González recuerda que los padres de los normalistas llevaron a más familiares para que aportaran muestras y que en algún momento, la Fiscalía de Guerrero dijo que se habían extraviado las muestras.
“Hay que ubicar las acciones en el contexto que se está viviendo”, dice Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, en entrevista para Serendipia.
En el informe de la PGR consta que los padres se negaron a entregar las muestras genéticas. Sin embargo, también está consignado que el 30 de septiembre de 2014 habían entregado esas muestras a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y que ese organismo las remitió a la PGR el 24 de octubre.
“Veíamos una acción que revictimizaba a los padres y madres”, dice Abel Barrera. La PGR solicitó las muestras después de que las autoridades estatales dieran a conocer que habían encontrado cinco fosas clandestinas en Cerro Pueblo Viejo, Guerrero, con 28 cadáveres.
Los padres “estaban pensando en que eran los restos sus hijos. Ya habían entregado las muestras y nosotros mismos como representantes consideramos que era una forma de victimizar más”, explica Barrera.
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18 DE OCTUBRE DE 2014: LA DELINCUENCIA MANDA
Los pobladores de Cocula alertaron a los funcionarios del Ministerio Público federal sobre la infiltración de grupos del crimen organizado en la policía. Una de las tres búsquedas realizadas el 18 de octubre de 2014 tuvo lugar en ese municipio. El reporte especifica que el operativo concluyó “sin obtener resultado alguno” y menciona que “la población del lugar señaló que la policía comunitaria se encontraba a las órdenes de la delincuencia”.
Al día siguiente, durante otro operativo en Iguala, “la población informó que dos meses antes, gente armada recorría el pueblo, sin poder especificar su procedencia”. Más tarde, el 24 de octubre, en el municipio de Teloloapan, Guerrero, la PGR recogió 15 testimonios de personas que informaron que un año antes “había levantones de gente y tiroteos nocturnos”.
29 DE OCTUBRE DE 2014: BUZO MUERE EN EL RÍO SAN JUAN
El 29 de octubre es un día controvertido en la investigación. En esa fecha, de acuerdo con la PGR, fueron encontradas las bolsas con restos óseos calcinados en el río San Juan que presuntamente correspondían a los normalistas. Esta evidencia fue la base de la “verdad histórica” presentada por la PGR el 27 de enero de 2015.
Pero esa no fue la única novedad del 29 de octubre de 2014. En esa misma fecha, la PGR reporta que “se realizó búsqueda de restos humanos en Río Cocula y Río San Juan, sufrieron accidente en recorrido resultando una persona ahogada perteneciente al grupo de operaciones rurales (sic)”.
La persona ahogada era Higino Flores Cruz, buzo adscrito a la División de Fuerzas Federales, integrado al Grupo de Operaciones Rurales de la 23ª Unidad de Apoyo a Operativos Conjuntos. La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció su fallecimiento al día siguiente por medio del boletín 590/14 disponible en su sitio web, mientras que la Policía Federal lo hizo durante la tarde del 31 de octubre a través de su cuenta de Twitter.
La muerte del buzo de la Policía Federal no volvió a ser mencionada en público. Tampoco hay documentos oficiales de libre acceso que ofrezcan detalles al respecto. Algunas notas periodísticas refieren que el buzo no murió ahogado, sino debido al “impacto en el rostro” después de caer de la lancha en la que viajaba con otros siete miembros de esa corporación, pero ni la versión de la Segob ni la de la Policía Federal mencionan que el impacto haya sido la causa de muerte.
Esteban Illades explica en entrevista que “fue un accidente de esos que sólo pasan en México: iba en una lancha con otros agentes y tenía un chaleco antibalas, que tienen una carga metálica pesada, entonces se cae de la lancha, no se logra quitar el chaleco a tiempo y muere ahogado”.
Esto, de acuerdo con el periodista, quiere decir que el protocolo de investigación no fue respetado y eso provocó la muerte del agente.
4 DE NOVIEMBRE DE 2014: PLANTÍOS DE AMAPOLA
La línea de investigación del trasiego de droga como móvil de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 fue sugerida por el GIEI en su primer informe, presentado el 6 de septiembre de 2015. En el documento elaborado por la PGR, este tema es mencionado en un párrafo de 12 líneas y media a lo largo de las cuales el organismo asegura que “hasta el momento no se encontraron evidencias que sostuvieran esta hipótesis”.
La siembra de drogas en Guerrero, sin embargo, no cesó. Durante los operativos de búsqueda, la PGR encontró sembradíos de amapola y mariguana en 13 ocasiones: una el 4 de noviembre de 2014; dos, el 8 de diciembre de 2014; tres, el 3 de enero de 2015, cuatro, el 4 de enero de 2015; dos, el 18 de enero de 2015 y uno, el 19 de enero de 2015.
De acuerdo con los reportes, cinco plantíos fueron destruidos; el destino de los otros ocho no es especificado.
19 DE ENERO DE 2015: 1 MILLÓN DE DÓLARES AL GIEI
El 19 de enero de 2015 la CIDH dio a conocer la lista de personas que designó para integrar el GIEI. Ese día, de acuerdo con el informe de la PGR, el gobierno de México depositó “un millón de dólares (aproximadamente 15 millones de pesos al tipo de cambio de es fecha ) que sería administrado a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)”. Este monto financiaría las actividades del GIEI durante su primer mandato en México.
El 27 de octubre de ese año, el mandato del grupo fue extendido hasta el 30 de abril de 2016, por lo que fue depositado “otro millón de dólares (aproximadamente 16.5 millones de pesos al tipo de cambio de esa fecha), para el financiamiento de sus actividades, determinándose que sería conclusiva [la renovación]”
Los 31.5 millones de pesos son 38.8 por ciento del monto total invertido en el caso que el gobierno mexicano ha transparentado por medio del informe y de solicitudes de información realizadas para esta investigación.
En total se trata de 81.1 millones de pesos utilizados en análisis de ADN, salarios de los peritos a cargo del caso, viáticos, pasajes y tecnología utilizada en la investigación.
Este monto, sin embargo, no refleja la realidad de los recursos invertidos por el Gobierno mexicano en el caso Ayotzinapa: la PGR, en respuesta a solicitudes de información, especifica que los montos son aproximados y ha reservado la información sobre el gasto en análisis de ADN realizados en la Universidad de Innsbruck, Austria, después de 2014, así como los recursos erogados bajo el esquema de Gastos de Seguridad Pública Nacional y los recursos erogados relacionados con averiguaciones previas. El argumento del organismo es que “tratándose de información relacionada con la seguridad pública y nacional, existe debe de reserva”.
Para conocer a detalle el destino de esos 81.1 millones de pesos, da click aquí.
27 DE FEBRERO DE 2015: CAMBIO DE TITULAR EN PGR
El 27 de febrero de 2015, el presidente Enrique Peña Nieto designó a Arely Gómez González como Procuradora General de la República, en sustitución de Jesús Murillo Karam. Esto sucedió dos días antes de que el GIEI iniciara su asistencia en el caso.
La PGR cambiaría de titular una vez más: el 25 de octubre de 2016, cuando Gómez González renunció a su puesto para asumir la titularidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP); en su lugar quedó el senador Raúl Cervantes Andrade.
Pero estos no fueron los únicos cambios en la PGR. La investigación de las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa ha estado a cargo de al menos 16 funcionarios de alto rango: seis titulares de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), tres Procuradores Generales de la República, dos titulares de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), dos de la Oficina de Investigación del Caso Iguala y uno de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS).
“El cambio de manos viene desde un inicio”, dice Esteban Illades en entrevista para Serendipia. El periodista explica que la PGR atrajo el caso a 10 días de los hechos, tiempo en el que “se perdió muchísima información al empezar de cero, con otras técnicas y con otras hipótesis”.
Sobre la consecuencia de estos cambios de manos, Illades dice que se pueden perder “testimonios e hipótesis”, y explica que no existen garantías sobre que la información sea transmitida de manera íntegra cuando los funcionarios cambian. Eso provoca que se pierdan líneas de investigación y conexiones entre hechos, por la dificultad que supone familiarizarse con un expediente de más de 130 mil hojas meses o años después de que fue iniciado.
Mario González, al igual que el resto de los padres, ha vivido durante tres años las consecuencias de estos movimientos: “el cambio de procuradores nos ha afectado porque supuestamente el nuevo no ha leído el expediente, no tiene conocimientos de esto, no tiene conocimientos de lo otro; conforme van entrando, es la misma situación”.
LOS CAMBIOS EN LA PGR
La AIC estuvo a cargo de Tomás Zerón de Lucio hasta el 14 de septiembre de 2016 cuando renunció y fue nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional por el Presidente Peña Nieto; en su lugar fue nombrado Omar Hamid García Harfuch, quien en el momento de las desapariciones de los 43 normalistas era coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal en Guerrero.
La SEIDO investigó el caso hasta el 9 de noviembre de 2015, periodo en el que estuvo a cargo de seis personas. La SDHPDSC atrajo entonces la investigación.
La SDHPDSC ha cambiado de titular en una ocasión desde que asumió la investigación el 9 de noviembre de 2015: Eber Omar Betanzos Torres dejó el organismo para asumir la subsecretaría de la SFP, dependencia que ahora estaba a cargo de Arely Gómez. En su lugar llegó Sara Irene Herrerías Guerra, quien hasta entonces era la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos en la Segob.
La UEIDMS, que pertenece a la SEIDO, sólo ha tenido un titular desde que inició la investigación: Gualberto Ramírez Gutiérrez.
La Oficina de Investigación del Caso Iguala, creada el 1 de noviembre de 2015, también ha cambiado una vez de titular: José Aarón Pérez Carro estuvo al frente desde la creación de la unidad hasta el 8 de junio de 2016, cuando fue sustituido por Alfredo Higuera Bernal.
30 DE NOVIEMBRE DE 2015: PIDEN ELIMINAR VERSIÓN PÚBLICA
Durante la reunión que sostuvieron los familiares de los normalistas con funcionarios de la PGR el 30 de noviembre de 2015, los primeros solicitaron que la versión pública de la averiguación previa fuera eliminada del sitio oficial del Gobierno de la República. Así fue consignado en el informe de la PGR.
La versión pública de la averiguación previa del caso fue publicada en el sitio web de la PGR “con el objetivo de garantizar el derecho al acceso a información de la ciudadanía”. También, para acatar con la resolución de un recurso de revisión interpuesto ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Es decir, uno o varios ciudadanos solicitaron conocer los documentos, la PGR se negó a entregar la información, el o los solicitantes se inconformaron ante el INAI y este último le ordenó al Ministerio Público de la Federación hacer públicos los documentos, al considerar que el derecho de acceso a la información de los mexicanos debía ser respetado.
Por tratarse de una versión pública, los datos personales y los detalles que pueden poner en riesgo la investigación fueron testados con la aprobación del INAI. Como resultado, las más de 108 mil fojas de la averiguación previa no son del todo legibles.
Al respecto, Abel Barrera dice que la resistencia radicaba en que “era una versión que no tenía las pruebas científicas que se requerían, era una consigna de parte de la autoridad, de la PGR, de generar una línea de investigación que al final el GIEI pudo probar que no tenía bases científicas”.
“El problema no es si se hacía público o no”, dice Mario César González, “pero que primero se nos avisara a nosotros, como víctimas. (Pedíamos) que primero avisara lo que iba a sacar la Procuraduría, pero siempre salía primero en los medios, daba las primicias y a los familiares no les avisaban”.
Abel Barrera agrega: “Si se quieren regir con transparencia, tienen que haber informado todo, ¿por qué le ocultaron información al GIEI?” Se refiere a la diligencia en el Río San Juan del 28 de octubre de 2014 que no fue registrada de manera oficial sino hasta el día siguiente.
AYOTZINAPA EN UN PAÍS CON MILES DESAPARECIDOS
En el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de la Secretaría de Gobernación (Segob) hay 32 mil 277 casos del fuero común y mil 205 del fuero federal hasta julio de 2017. En total, 33 mil 482 personas desaparecidas en México.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa visibilizó la crisis que enfrenta el país, pero eso no fue suficiente. Tres años después, el caso no ha sido resuelto y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición de Personas Cometida por Particulares, pensada para dar seguimiento a estos casos, no ha sido aprobada en el Congreso.
“El Gobierno federal sin duda está rebasado”, dice Illades. El periodista, quien estudió a detalle el expediente del caso, lo dice porque en la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa han sido invertidos recursos económicos y humanos sin paralelo, y el gobierno del país ha sido presionado por organismos internacionales, pero nada de esto ha contribuido a “saber a ciencia cierta qué sucedió con los estudiantes”.
La desaparición de los normalistas llega a su tercer aniversario sin haber sido resuelta, y con menos presión mediática y política que antes. Esto disminuye la esperanza de que el caso encuentre su desenlace pronto.
“Este caso, como muchos otros –el de los 72 migrantes de San Fernando, por ejemplo– con el paso del tiempo pasan al olvido. Los medios de comunicación, la gente y el Gobierno federal empiezan a tener otras preocupaciones y se queda como otro crimen sin resolver y sin consecuencia alguna”, dice Esteban Illades.
La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es difundido por medios mexicanos y extranjeros desde hace tres años. El GIEI, el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses (EAAF) y un visitador general de la PGR denunciaron las irregularidades en la investigación e hicieron recomendaciones al respecto. El organismo federal no ha incorporado las recomendaciones a su investigación.
Así investigó la PGR 43 desapariciones mediáticas y sujetas a presión nacional e internacional. Mientras tanto, hay otros 33 mil 482 casos que también esperan justicia y verdad.
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