Según su ingreso bruto, Tomás Zerón de Lucio le costó a los mexicanos siete millones nueve mil 500 pesos. Estuvo 36 meses como Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, despacho desde el cual llevó la investigación de la desaparición de los 43. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo señaló de manipular la evidencia en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, zona que visitó poco antes del informe de la “verdad histórica”; pero él defendió que su presencia ahí tuvo fines investigativos. Renunció hace doce días, pero no se fue al desempleo. Ahora es secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y gana 203 mil 875 pesos al mes.
Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- La gestión de Tomás Zerón de Lucio como Director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, unidad creada en el seno de la Procuraduría General de la República (PGR) en septiembre de 2013, costó siete millones nueve mil 500 pesos, consta en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).
Cada uno de los 36 meses que estuvo en ese despacho, con la responsabilidad de los asuntos de interés nacional, el funcionario señalado de sembrar evidencias en las indagatorias de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, percibió 194 mil 708 pesos con 34 centavos.
El 14 de septiembre pasado -a 12 días del segundo aniversario de la tragedia de Ayotzinapa- presentó su renuncia. En el desempleo duró apenas unas horas. La misma noche de su dimisión, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo nombró secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, cargo en el que ahora percibe 203 mil 875 pesos de salario bruto al mes.
En manos de Zerón de Lucio quedó la investigación de la desaparición de los 43 normalistas, la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, el evento que hizo caer la aprobación de la gestión del Gobierno de Enrique Peña Nieto. Poco antes de dejar México y cumplir el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el funcionario fue señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como la persona que manipuló evidencias en el Río San Juan de Cocula, Guerrero, y las convirtió en datos cerrados.
Los expertos en peritaje de ese grupo hicieron notar que en el expediente no había sido incluida una visita que el funcionario hizo al Río San Juan el 28 de octubre de 2014, antes de que la PGR brindara un informe en el que sostuvo que los desaparecidos habrían sido quemados en un gigantesco incendio. Las laderas de ese río son un escenario fundamental. Ahí se encontró parte de la osamenta del único normalista identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio. Fue ese hallazgo uno de los argumentos de la PGR para exponer que los estudiantes habrían sido incinerados en un gigantesco basurero en el municipio de Cocula, Guerrero, y luego, lanzados al río. El GIEI presentó un video del paso de Zerón por Cocula y cuestionó qué hacía ahí antes del informe. Zerón presentó uno propio.
LAS RESERVAS DE ZERÓN
La PGR es el órgano con más expedientes clasificados, según el Sistema de Índices del POT. Tiene un millón 711 mil 677, el 13.7 por ciento del total del Gobierno federal que es de 12 millones 420 mil 887. (http://indices.ifai.org.mx/wb2/IFAI/Expedientes_Registrados)
Tomás Zerón de Lucio contribuyó a engrosar ese índice. El video completo de su diligencia en Cocula quedó bajo la clasificación de la reserva por la PGR que se atuvo al criterio de la protección de los datos personales.
El 27 de abril, Zerón de Lucio presentó su propio video del recorrido que hizo en la zona. En una larga conferencia de prensa, dijo ante medios nacionales e internacionales que ese día, él fue a Cocula para verificar las declaraciones de Agustín García Reyes, un testigo que sostiene que los normalistas habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados al río.
Para los padres de los normalistas quienes desde el día primero de la desaparición no han cesado en su búsqueda por todo el país, Zerón de Lucio fue a Cocula con otro objetivo. “¿Qué estaba haciendo un día antes (del informe de la PGR) en Cocula? Sembrando las pruebas. ¿Qué estaba haciendo ese día? Por eso queremos que se cese a Tomás Zerón. Estaban sembrando las pruebas”, acusó César González Contreras, uno de los progenitores, también en conferencia de prensa.
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Zerón de Lucio pertenece al grupo de funcionarios que se han mantenido en el Gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto; no obstante la controversia. Otro con la misma característica es Alfredo Castillo Cervantes, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), quien ha ocupado cuatro cargos en lo que va de la Administración.
De hecho, Zerón de Lucio y Castillo Cervantes coincidieron en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y a ambos les tocó entregar el informe final del caso de la muerte de la niña Paulette Gebara. El primero fungió como coordinador de Investigación y Análisis y el segundo, como Procurador. Peña Nieto era el Gobernador de la entidad.
Zerón de Lucio traía una carga en su expediente. En mayo de 2007, fue destituido de su cargo como coordinador de Control Policial por Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). La estructura de mando de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP) fue separada por completo del Gobierno debido a fallas operativas ante el ataque de 50 sicarios del grupo criminal Los Zetas a la policía municipal de Cananea, Sonora.
A finales de 2013, Tomás Zerón se convirtió en el brazo derecho del ex Procurador Jesús Murillo Karam, al frente de la recién creada AIC.
Cuando tras su renuncia el Presidente lo nombró secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, el comunicado al respecto expuso: ” (El nombramiento se da) en reconocimiento a sus acciones y responde a la experiencia y capacidad que ha demostrado en sus encargos anteriores”.
