Los feminicidios de Stephanie y Susej, dos jóvenes venezolanas, destaparon las redes de trata de personas en la Ciudad de México y recordó cómo la omisión de autoridades de todos los niveles del Estado para atender esta violencia le ha cedido espacios a las organizaciones criminales, en lugar de combatirlas.
En este contexto, surgen personajes como Rosi Orozco, quien durante años se ha dicho activista contra la trata. Bajo esta bandera premia junto a organizaciones de ultraderecha a políticos como Miguel Ángel Mancera por su trabajo para combatir este delito, aunque la cifras revelan que no hay nada qué celebrar.
Ciudad de México, 24 de agosto (SinEmbargo).– Stephanie y Susej, dos jóvenes procedentes de Maracay, Venezuela, fueron encontradas asesinadas el pasado 30 de julio en un paraje de la colonia San Miguel Topilejo, alcaldía Tlalpan, al sur de Ciudad de México. Los crímenes, de acuerdo con la Fiscalía capitalina, podrían estar relacionados con el delito de trata de personas, en su tipo de explotación sexual, un delito que ha exhibido la omisión de las autoridades de todos los niveles del Estado.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revelan que, de enero a julio de 2024, las fiscalía estatales reportaron 353 carpetas e investigación iniciadas por el delito de trata a nivel nacional, de las cuales 283 serían víctimas mujeres y, dentro de estos, 38 casos denunciados en la Ciudad de México, tercer lugar por detrás de Quintana Roo –con una cifra cada vez más alta, 97, donde se ha registrado aumento de turismo sexual–, y el Estado de México con 47 víctimas mujeres.
Por años, uno de los rostros que se asoció a la lucha de este crimen fue el de Rosi Orozco, exdiputada panista y presidenta de la Comisión Todos Unidos contra la Trata, esta última una posición desde la cual ha sido señalada por violentar los derechos humanos de las víctimas de este delito.
Orozco, cuyo verdadero nombre es Rosa María de la Garza Ramírez, ha sido acusada de “revictimizar” y “utilizar” a las víctimas para sacar provecho político de sus casos, pues mientras presume su labor y entrega premios a políticos por su supuesto trabajo contra este problema.
Por ejemplo, el 30 de septiembre de 2014 la Comisión Unidos Contra la Trata premió a los gobernadores priistas Eruviel Ávila Villegas y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo, por su “lucha contra la trata de personas”, entidades que hasta la fecha son focos rojos.
Más recientemente, junto a la organización de ultraderecha, la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en el encuentro de la llamada Cumbre Internacional contra la Trata de Personas, premió al coordinador del PRD en el Cámara alta, Miguel Ángel Mancera, y el actual Senador suplente por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Adrián Rubalcava, por el papel que desempeñaron “contra el tráfico de personas” en Ciudad de México, durante el mandato de Mancera como jefe de Gobierno capitalino (2012-2018).
Esto con la capital siendo otro foco rojo pese a ese supuesto trabajo.
De hehco, Rosa María de la Garza Ramírez, o Rosi Orozco ha sido acusada de haber recibido contratos públicos por adjudicación directa del Gobierno federal y de la Ciudad de México por 13 millones 930 mil 333 pesos, sólo entre 2015 y 2017, –los años de Mancera–.
LAS REDES DE TRATA
En Facebook, Stephanie y Susej, de 20 y 21 años de edad, compartían fotos juntas con frases describiéndose como las “hermanas que se pudieron elegir”. Eran mejores amigas y llegaron a la CdMx en enero de 2024, tras cinco años de camino desde Venezuela y haber pasado por países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.
Siete meses después de llegar a la capital mexicana encontraron sus cuerpos con señales de calcinación; las identificaron por sus tatuajes y una ficha bancaria para transferencias de dinero entre Estados Unidos y América Latina.
El caso pudo pasar como un doble feminicidio –sobre todo en un país como México dónde matan 10 mujeres a diario–, pero surgió la cara de otra violencia: la explotación sexual de mujeres, un tipo de trata de personas que, de acuerdo con la ONU, es uno de los delitos de más rápido crecimiento, junto con el tráfico de drogas y de armas, y un negocio muy rentable, generando cada año aproximadamente 150 mil millones de dólares de ganancias para organizaciones criminales en todo el mundo.
“Las cifras no reflejan la realidad, sino sólo una parte… Hasta julio, son 10 estados los que reportaron que no hay ninguna carpeta de investigación por este delito pero las denuncias que sí se hacen sólo reflejan una pequeña parte del problema porque muchos no se clasifican como trata Este mismo caso (el de Stephanie y Susej) muy seguramente pueda quedar clasificado únicamente por feminicidio, y no es que no sea grave, pero se tienen que identificar todas las otras formas de violencia que están detrás”, dijo Edith Méndez, directora del Colectivo Mujer y Utopía en Tlaxcala.
El delito de trata de personas, que incluye explotación sexual, explotación para trabajos forzados, para actividades ilegales, matrimonio forzado y extracción de órganos, entre otros, y que no sólo afecta a mujeres pero sí representan la mayoría de víctimas, es un problema que no se ha atendido de manera eficaz ni integrada. En entrevista con SinEmbargo, las especialistas Arlen Palestino, abogada de la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer; y Edith Méndez del colectivo Mujer y Utopía, explicaron que es un problema regional pues las redes de trata se articulan por toda Latinoamérica y por lo tanto debería ser atendido de manera conjunta y no aislado de otros fenómenos como la migración o la violencia contra las mujeres.
Por ejemplo, en el caso de Stephanie y Susej, se asoman varios factores: desde la migración venezolana a México que comenzó a aumentar hace tres años, hasta la posible implicación del Tren de Aragua, una organización criminal de Venezuela dedicada a la explotación sexual de mujeres y niñas, especialmente venezolanas, con presencia también en Colombia, Chile y Perú –naciones que ambas visitaron en su camino a México–, que deciden migrar por las condiciones sociales y políticas de su país.
“Lo miramos como parte de esta violencia estructural, sistemática y sistémica que se vive en la región porque la forma en la que operan las redes de tratantes son diversas y eso ha llevado, por un lado, a que las instituciones, no lo aborden de manera eficaz con acciones muy pequeñitas y no de manera más integral o coordinada”, mencionó Méndez.
La abogada Arlen Palestino agregó que antes las redes de trata ocupaban formas muy sutiles y no de enfrentamiento para atraer a las víctimas pero que actualmente es todo lo contrario: “Es una situación mucho más violenta de enfrentamiento con la víctima y con los familiares”. Quienes caen en alguna red suelen ser captadas por una persona que establece una relación de complicidad con ellas y que les ofrece trabajo; ya como migrantes al ingresar a México, suele ocurrir que les quitan sus documentos para obligarlas a trabajar para saldar la supuesta deuda millonaria con sus tratantes.
En el caso de los feminicidios de Stephanie y Susej, la Fiscalía capitalina contempla varias líneas de investigación pero la teoría es que ambas intentaron escapar de la red de trata lo que, según ONU, es “extremadamente difícil”: “Las víctimas suelen soportar condiciones inhumanas y les resulta difícil escapar de las manos de sus explotadores, que utilizan una serie de mecanismos y manipulaciones para controlarlas; pueden ser golpeadas, amenazadas y chantajeadas. Se les puede retirar el pasaporte y otros documentos. Muchas ni siquiera se identifican como víctimas, lo que suele ocurrir cuando son manipuladas por su pareja o un familiar”.
Brigada Callejera identificó desde 2022 la llegada de prostitución forzada venezolana a la Ciudad de México, en calles como Sullivan y zonas de Revolución, y la Merced; así como cerca de campamentos migrantes, lo que podría explicar el aumento de mujeres migrantes víctimas de trata. Esta asociación estima, además, que desde 2020 aumentó este delito hasta un 30 por ciento en todo el país.
“De manera extraoficial, la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer ha encontrado que diariamente una persona es enganchada en las redes de trata de personas con fines sexuales… Aunque la cifra puede ser mayor porque las víctimas tardan mucho tiempo en denunciar debido a la violencia a la que sus victimarios las someten y en casos fatales no hay denuncias”, indicó en un comunicado la organización.
¿Cómo contactan a las víctimas? Son enganchadas con promesas laborales, robadas o drogadas para ser sustraídas de sus lugares de origen, así como el uso de redes sociales por parte de los tratantes para contactarlas: “Son mujeres que están buscando salir de sus países porque las mujeres no tenemos todavía la oportunidad de trabajos adecuados, dignos y suficientes para poder sobrevivir y se tiene que buscar movilidad a otros países que no garantizan nuestros derechos ni justicia”, señaló la directora de Mujer y Utopía.
México es un foco rojo a nivel internacional por trata de personas y de acuerdo con Méndez, quien también forma parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, este delito está centrado en Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México, aunque con el paso de los años, las rutas se hanexpandido al Estado de México o a zonas turísticas como Cancún o Playa del Carmen, en Quintana Roo.
PREMIAN SIN RESULTADOS
Desde el Observatorio del Feminicidio señalan que cada vez resulta más difícil identificar o documentar los casos de trata de personas, esto porque las víctimas no denuncian o tartan en hacerlo, pero también por la omisión de las autoridades para atender el problema, la complicidad que puede existir y la impunidad para resolver estas investigaciones y dejarlos como otros delitos.
“(Los feminicidios de Stephanie y Susej) no los van a encuadrar en el delito de trata porque tendrían que meterse también con el tema de la migración…hay un tema mayor de miles de desaparecidas en este país y en todo el mundo. La trata de personas encuadra muchas más cosas que no quieren investigar porque si lo hacen hablamos de otros fenómenos”, dijo Palestino. Según la experiencia de Brigada Callejera, las fiscalía evitan iniciar una carpeta de investigación como trata y lo registran como extorsión: “aunque les estés diciendo que el tratante está ahí, que está en tal hotel, que tiene a cinco chicas, que llevas a una de las cinco, el Ministerio Público hace toda una fantasía en su cabeza para no encuadrar el delito”, dijo Méndez.
Esto va desde un problema de capacitación en las fiscalías para atender a víctimas de trata, hasta la falta de voluntad política para erradicarlo: “esto va desde un tema de omisión, de permisibilidad por parte de las autoridades, hasta las ganancias que se están obteniendo en los diferentes niveles de gobierno y de la delincuencia… tampoco existen protocolos adecuados por parte de las instituciones, porque lo que hacen es referir a estas mujeres migrantes a las instituciones migratorias y ahí lo que hacen simplemente es trasladarlas a sus países de origen, de donde ellas también decidieron salir”.
La falta de medidas, de prevención y de justicia en el problema de trata de personas ha permitido su expansión en la CdMx pero también en más estados del país. Esto mientras la Conferencia Política de Acción Conservadora ligada a Rosi Orozco sigue premiando a servidores públicos.
