Martín Hernández perdió a su esposa y a su mamá el día del sismo de 2017 en el edificio que se derrumbó en Zapata 56. Ricardo Guerrero perdió a su madre cuatro días después de que el movimiento telúrico dañara su casa debido a un edificio irregular que construyeron al lado. Ambos son víctimas de la corrupción inmobiliaria y han interpuesto denuncias ante la FGJ-CdMx que llevan hasta seis años sin avances, por lo que temen un carpetazo.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).– Dos casos que destaparon la corrupción inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez están olvidados o a punto de cerrarse sin obtener justicia, así lo denunciaron Ricardo Guerrero y Martín Hernández, vecinos de la demarcación que tras el sismo de 2017 perdieron a miembros de sus familias y ahora hacen un llamado a las autoridades de la Ciudad de México para que las constructoras y los exfuncionarios panistas involucrados sean castigados. “Están por cumplirse seis años del terremoto y sólo vemos impunidad”, lamentaron.
Ambos son víctimas del llamado Cártel Inmobiliario y han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) que llevan hasta seis años sin avances y a punto del carpetazo. Al señor Martín le “extraviaron su carpeta de denuncia” por homicidio culposo que interpuso en contra de los exfuncionarios Jorge Romero Herrera, Christian Von Roehrich, René Aridjis, Carlos Salvador Mendoza, Luis Vizcaíno y César Mauricio Galindo. A Ricardo Guerrero le avisaron que su caso está a punto de cerrarse “por prescripción”.
Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía capitalina, dijo en entrevista con SinEmbargo que la dependencia atenderá sus denuncias y revisarán cada caso. “Ambos pueden acudir a la Fiscalía, estamos a las órdenes”.
Explicó que cuando un caso prescribe, generalmente es debido al Código de Procedimientos Penales, el cual establece los delitos y cuáles son los tiempos.
“Nuestro código de procedimientos penales establece los delitos y cuáles son los tiempos para poder presentar la denuncia, todo nos va describiendo, hay delitos de que después de un determinado periodo la posibilidad de darle continuidad desaparece porque así lo establece la Ley, no es un asunto de un deseo particular, en el caso que el señor Guerrero señala, él tiene que demostrar que no ha perdido vigencia, el señor Ricardo tiene un número importante de carpetas, incluso él ha actuado en contra de servidores que a su consideración no han hecho lo correcto en cuanto a su función y esto es un derecho de los ciudadanos”, detalló vía telefónica.
En el caso del señor Martín Hernández, el vocero de la FGJ-CdMx aseguró que es difícil que una carpeta se extravíe. “No puede darse carpetas pérdidas, si él desea puede asistir a vernos, es probable que él tenga una copia, hay una nomenclatura, fecha, número de carpeta. En resumen, no es que esté extraviada, desconozco en este caso, pero si fuere así, se tiene que ubicar porque también sería una situación grave, si él desea hacer una queja en Asuntos Internos por la carpeta, pero hay carpetas de mucho tiempo que son localizables”.
Al verificar el número de carpeta de denuncia que el propio señor Martín Hernández interpuso ante la Fiscalía de Investigación de los delitos cometidos por Servidores Públicos, en contra del MP por negarle el acceso a la carpeta de investigación, Ulises Lara confirmó que sí está esa carpeta y se debe acudir a dar seguimiento. “El señor denuncia que hay incumplimiento respecto a las normas constructivas”.
No obstante, ambos denunciaron haber hallado trabas con funcionarios de la FGJ-CdMx en la Alcaldía Benito Juárez e hicieron un llamado a las autoridades de la dependencia y también a las del Gobierno de la Ciudad de México, ahora encabezado por Martí Batres Guadarrama, para que atiendan sus casos, pues reconocen que en esta trama de corrupción del Cártel Inmobiliario, la única denuncia que ha avanzado y en donde no hubo deudos, sólo fraude, es el de City Towers Black, un desarrollo con 808 departamentos de lujo que ha estado en la mira luego de que funcionarios de Benito Juárez entregaron permisos a cambio de departamentos.
“A seis años de la muerte de mi esposa y de mi madre no hemos obtenido nada de justicia”, lamentó Martín Hernández. “Estoy decepcionado, ya no puedo hacer nada sino pedir a la FGJ-CdMx que se ponga a trabajar”.
El señor Guerrero coincidió y también hizo un llamado a la Fiscal Ernestina Godoy para que actué en contra de los exalcaldes y exfuncionarios de Benito Juárez que permitieron la construcción ilegal de edificios: “Uno acude a una autoridad y en lugar ayudar dan mala asesoría para que el ciudadano no tenga elementos fuertes para defenderse, entonces es una corrupción que no se puede controlar y se le está permitiendo mucho a los constructores, están protegidos por todos los niveles de autoridades de la Ciudad de México”.
Martín Hernández Téllez perdió a su esposa Karla Kaori Santos Sánchez (30 años) y a su mamá Matilde Téllez Cárdenas (63 años) el día del sismo de 2017 en el edificio ubicado en Zapata 56, en la colonia Portales. El inmueble que tenía sólo nueve meses de ser ocupado quedó destruido. Ricardo Guerrero perdió a su madre María Luisa Mercado (89 años) cuatro días después de que el movimiento telúrico dañara su casa debido a la construcción irregular de al lado. SinEmbargo entrevistó a ambos vecinos y contaron las trabas que funcionarios de la FGJ-CdMx les han puesto para que sus casos no avancen. También se consultó a la dependencia sobre este tema y hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
“QUIEREN DARLE CARPETAZO A MI CASO”
El caso de Ricardo Guerrero es un precedente en la lucha contra las inmobiliarias, pues luego de una odisea de seis años, que incluyó cuatro demandas, en 2022 un Tribunal Administrativo de la Ciudad de México le dio la razón: la Alcaldía Benito Juárez es la responsable de los daños en su patrimonio por otorgar permisos a una constructora que no respetó el espacio de las colindancias.
“Mi caso es el primero que se ha ganado en el Tribunal Administrativo por daño patrimonial, ya es una decisión firme, lo que demuestra que la Alcaldía es la responsable directa de todos los daños en la vía pública, no respeta separación de colindancias, no respeta la normatividad vigente”, dijo Ricardo Guerrero en entrevista.
No obstante, esta victoria que ganó en tribunales podría frenarse luego de que el Ministerio Público de la Benito Juárez, a cargo de Francisca Oropeza Rendón, le notificó que su carpeta de investigación la van a cerrar “por prescripción”.
“Desde agosto de 2022 no se ha movido mi carpeta y la sorpresa fue cuando el lunes 17 de julio me presenté al MP, en la Unidad 2 de la Fiscalía en Benito Juárez, y la señora Francisca Oropeza Rendón me dijo que mi carpeta la van a cerrar por prescripción, sin importarles que hay un Juez que determinó que hay responsabilidad directa por la Alcaldía, lo que significa que ya fue juzgado mi asunto en una instancia y hay un responsable directo”, denunció el señor Guerrero, quien perdió a su madre luego del sismo de 2017.
Para el señor Guerrero, el Ministerio Público de Benito Juárez está tratando de cerrar la carpeta para evitar sancionar a constructores involucrados y a servidores públicos de la Alcaldía.
“¿Por qué están encubriendo a los constructores, DRO’s y servidores públicos?”, cuestionó Ricardo y él mismo se respondió: “porque la corrupción inmobiliaria en la Ciudad de México está desatada,; porque protegen a las empresas y no hay voluntad política”.
Ricardo Guerrero lamentó que el único caso denunciado por corrupción inmobiliaria en donde se ha avanzado es en City Towers Black.
“El Cártel Inmobiliario es una especie de maldición porque tanto las autoridades, como los constructores, van a ir en contra del ciudadano que se atreva a denunciar y el que tenga más dinero es al que le van a hacer caso, ya lo vimos en City Towers, el único proyecto en el que se ha avanzado porque después de Mitika es el más costoso, de gente con más recursos y por eso es el único que se ha investigado”, destacó Guerrero.
Desde el 2016 interpuso la primera denuncia ante la Contraloría de la Ciudad de México en contra de la construcción ubicada en el número 1073 de la calle 5 de febrero en la colonia Álamos. La obra fue edificada por un particular de apellido Soberanis, quien presuntamente es amigo de Nicias Aridjis, exdirector general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Benito Juárez de 2006 a 2018 y quien fue detenido el 19 de octubre de 2022.
“La constructora que construyó al lado de mi casa es de un amigo de Nicias, él lo hizo como persona física, es un contador de apellido Soberanis y construyó en tres lugares más de manera irregular”, denunció Guerrero.
El edificio señalado dañó la vivienda del señor Ricardo —ubicado en el número 1079— con grietas y fisuras, además de no respetar la separación de colindancias entre las edificaciones.
“La construcción de 5 de febrero 1073 dañó esta propiedad. Existe una demanda civil por los daños en el juzgado. Esto se materializó por actos de corrupción”, se lee en un cártel colocado en la fachada de la vivienda del señor Guerrero.
Guerrero recordó que la batalla legal la inició su madre, quien falleció cuatro días después del sismo del 19 septiembre de 2017 a los 89 años. Su preocupación siempre fue que la casa colapsara en un fuerte sismo y eso agravó más su salud.
En su lucha ciudadana por visibilizar la corrupción en la demarcación, Ricardo Guerrero se mantiene como un vecino activo asesorando a quienes han sido afectados, como él, por una construcción ilegal.
También ha creado un mapa en Google en donde se observan las obras construidas en la Alcaldía que incumplen con la normatividad de construcción de la Ciudad de México.
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A pesar de estos esfuerzos, desde la Fiscalía capitalina hoy intentan frenar su lucha contra la corrupción inmobiliaria dando carpetazo a su caso, pero él advierte que acudirá al Juez de Control para evitar que esto suceda.
“Mi caso no es el único, hay casos similares al mío en donde la Fiscalía pierde las carpetas o se las roban; no hay nadie más que pueda intervenir y ahora me dicen que mi carpeta ya la van a cerrar para que no pase nada y no se castigue a los funcionarios, pero esto no va a proceder porque voy a acudir al Juez de Control y en seis meses vamos a estar en el mismo punto”, advirtió Guerrero.
La carpeta de investigación que están a punto de darle carpetazo tuvo varios incidentes a lo largo de la investigación, por ejemplo, en 2020 desapreció por seis meses y en 2021 reapareció mutilada, le sustrajeron dos terceras partes, incluida su denuncia.
“Me tardé otros nueve meses en reponer todos los documentos y esa vez la Juez de Control instruyó al MP a que actuara”, recordó el señor Guerrero y detalló que por estos hechos interpuso en diciembre de 2022 otra denuncia, ahora en Asuntos Internos de la Fiscalía, en contra de seis ministerios públicos por el mal manejo de su carpeta.
“EXTRAVIARON MI CARPETA”
Martín Hernández, otra víctima del Cártel Inmobiliario, también ha enfrentado una odisea para obtener justicia. A casi seis años de que perdió a su madre y esposa durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, luego de que el edificio donde trabajaban se desplomara pese a estar prácticamente nuevo, el caso sigue impune y la demanda que interpuso en 2022 en contra de exalcaldes y exfuncionarios de la Benito Juárez “se extravió” en la Fiscalía capitalina.
El 27 de septiembre de 2022 presentó una denuncia ante la dependencia en contra de los exalcaldes Jorge Romero Herrera y Christian Von Roerich por el delito de homicidio culposo. En la querella Martín acusó a ambos de negligencia y corrupción.
Cuando el 7 de octubre regresó a la Fiscalía para ver por qué no habían tomado en cuenta su denuncia por homicidio culposo, el Ministerio Público Pedro Jiménez le dijo que no encontraban su carpeta y culpó a los funcionarios de la Benito Juárez.
“Yo acudo el 7 de octubre de 2022 al búnker de la FGJ-CdMx para ver por qué no había avances en mi carpeta, me recibieron y el MP, el licenciado Pedro Jiménez, que estaba llevando mi caso, no encontró mi carpeta, le echaron la culpa a la Alcaldía Benito Juárez y ellos a su vez a la Fiscalía”, denunció en entrevista.
Por estos hechos, el día 10 de mayo de este año acudió a un Juez de Control de la Ciudad de México para levantar una denuncia en contra del MP por negarle el acceso a la carpeta de investigación, pero hasta el día de hoy tampoco he tenido una respuesta.
“Quiero pensar que la razón por la que no me quieren dar acceso a mi carpeta es por corrupción, ellos no quieren que proceda mi denuncia en contra de estos exfuncionarios. Ahí tiene que ver mucho la corrupción que todavía existe en estas dependencias”, destacó.
Al igual que el señor Ricardo Guerrero, Hernández, quien también es padre de dos menores y ha tenido que hacerse cargo de ellos sin ayuda, reclama que la Fiscalía capitalina sólo atiende casos mediáticos relacionados con el Cártel Inmobiliario, como el de City Towers.
“Ahí hay funcionarios que tienen propiedades en City Towers, es gente pudiente en cuestión económica, su caso sólo era de fraude porque no había muertes como en el caso del señor Ricardo y el mío”, destacó.
El señor Martín Hernández contó que políticos se han aprovechado de las víctimas de la corrupción inmobiliaria para golpear a sus adversarios y no los han ayudado realmente, por eso pide a las autoridades capitalinas que cumplan lo que prometieron al inicio de su sexenio: hacer justicia a los damnificados del sismo de 2017.
“Ahí también hay un tema con (Claudia) Sheinbaum, cuando ella llegó a tomar posesión me citó a una audiencia y le pedí ayuda para una vivienda porque me quedé sin nada con mis hijos, perdimos todo y hasta el día de hoy tampoco se me ha resuelto ese tema por parte del INVI. Ella me dijo que me iba a ayudar y hasta ahorita no. Me siento utilizado porque me llaman para hacer cosas y yo no he obtenido respuesta”, reclamó.
A casi seis años del sismo de 2017, el señor Martín Hernández y sus dos hijos ven un retroceso en su caso, con su carpeta extraviada y sin detenidos por la muerte de su esposa y madre. El único apoyo económico del gobierno es el que recibe del DIF: 800 pesos al mes por cada niño.
Me presente a la audiencia penal de @Christianvonroe como víctima del #CartelInmobiliarioBJ por la muerte de mi madre y esposa en Zapata 56. Además me pronuncié a que se haga un FIDEICOMISO de víctimas de vida y patrimoniales con los bienes confiscados producto de la CORRUPCIÓN. pic.twitter.com/QMacx6ADq6
— Martin Hernández Téllez (@Martin_HdezT) April 27, 2023
Por parte de la empresa Canada Building Systems, que construyó el conjunto Residencial San José, no hay detenidos y el único que está en juicio es el DRO Juan Duay Huerta, de casi 90 años. Otras dos personas fueron detenidas y luego liberadas.
“De la constructora no hay nadie detenido, el único que está en juicio es el DRO Juan Duay Huerta, de casi 90 años, con muchas enfermedades, y es una persona que tiene culpabilidad, pero también la constructora y funcionarios porque ellos firmaron de que autorizaban la construcción y ocupación del lugar sin percatarse cómo estaba construido”, detalló Hernández.
La Alcaldía Benito Juárez fue de las demarcaciones con más daños en el sismo de 2017 debido al colapso de más de 700 edificios, entre ellos Zapata 56, un inmueble recién construido con 18 de los 24 departamentos habitados. Las familias que ahí vivían siguen en incertidumbre por la pérdida de su patrimonio y, en el caso del señor Martín, por la muerte de sus familiares. Todos siguen pidiendo justicia.
“Me gustaría que se hiciera justicia y que se acabara todo esto porque ya son seis años de sufrimiento, mis hijos quedaron sin madre, han sufrido mucho, tenemos carencias; nos han dado un golpe moral fuerte”, dijo el señor Hernández a poco más de un mes de cumplirse seis años del sismo de 2017.
