El pasado 5 de agosto, el Congreso del sureño estado de Oaxaca aprobó prohibir la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad, en un nuevo episodio de la lucha de México contra la industria de alimentos procesados.
Oaxaca, 26 agosto (EFE).- Representantes de cámaras empresariales y comerciantes del sureño estado de Oaxaca protestaron este miércoles para pedir directamente a su Gobernador estatal, Alejandro Murat, que vete la ley que prohíbe la venta a menores de comida considerada chatarra y refrescos.
Con esta acción, los comerciantes buscan que la legislación no sea publicada en el periódico oficial del estado, hasta que se analice la reglamentación con todos los actores involucrados.
Bajo lemas como “Prohibido Prohibir” y “No a la Ley Gatell” (en referencia al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell), los dirigentes de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) o la Cámara Nacional de Comercio y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Oaxaca, se reunieron en el zócalo de Oaxaca para reclamar que no se les tomó en cuenta al momento de aprobar la modificación al artículo 20 bis de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del estado.
El pasado 5 de agosto, el Congreso del sureño estado de Oaxaca aprobó prohibir la venta de comida chatarra y refrescos a menores de edad, en un nuevo episodio de la lucha de México contra la industria de alimentos procesados.
En la protesta de este 26 de agosto, comerciantes y representantes aclararon que no están en contra de la salud de los infantes, pero descartaron que esta prohibición sea el remedio para mejorar la calidad de vida de los oaxaqueños, en palabras de Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.
Rivera insistió en que hay dos caminos para “mejorar la alimentación de los mexicanos y sus hábitos: que la gente tenga un mejor poder de compra y tenga más ingresos, porque no sólo es poder sino poder comprar las cosas que se deben de comprar, y dos, que se dé mayor información y educación a la población”.
Agregó también que, en la modificación de la ley, no se tomó en cuenta a los sectores empresariales y se engañó a la ciudadanía con una ley a modo.
“Se está legislando a espaldas de los intereses de los oaxaqueños, se les está diciendo verdades a medias y se está haciendo una legislación a modo sin consulta”, denunció.
Los manifestantes entregaron a las puertas del Palacio de Gobierno de Oaxaca un total 35 mil firmas que fueron reunidas en rechazo al decreto de la ley apodada “antichatarra”.
Una copia de estas firmas será entregada a la legislatura local.
Después de la entrega, el presidente de la Coparmex en Oaxaca, Alejandro Sánchez, cuantificó que, con la publicación y entrada en vigor de esta legislación, resultarían afectadas más de 58 mil unidades económicas en Oaxaca, y por ello pidió el veto a la ley.
“La primera propuesta que se tiene en estos momentos es buscar el veto del gobernador. Sabemos que el momento político es complejo, sin embargo, pedimos que se nos abra que se nos considere en el proceso de reglamentación y normatividad”, apuntó.
La iniciativa para prohibir la comida chatarra a los menores oaxaqueños fue propuesta por la diputada Magaly López Domínguez, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), bajo la premisa de proteger la salud de la niñez y adolescencia de Oaxaca.
Especialmente de enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad. Estas dolencias son, según las autoridades federales, causantes de comorbilidades que han disparado el número de casos graves y fallecidos por COVID-19 en México, país que registra en este momento 61 mil 450 defunciones.
Hugo López-Gatell, responsable de la gestión de la pandemia por el coronavirus en México, ha dicho en varias ocasiones que el consumo de alimentos procesados y refrescos, a los que llama “veneno embotellado”, es responsable de muchas enfermedades crónicas en el país.
No obstante, industriales mexicanos han advertido en más de una ocasión que esta prohibición para vender alimentos y bebidas de alto contenido calórico -que se extendió ya al estado de Tabasco- solamente servirá para aumentar el comercio informal, sin atacar la raíz del problema.
