La segunda entrega de la investigación del periódico El País sobre el desvío de recursos en las instituciones mexicanas destacó manejos irregulares de los recursos convenidos entre el SAT y la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción y remodelación de garitas y demás infraestructura aduanera.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) empleó 11 empresas fantasma para el desvío de 385.1 millones de pesos durante su participación en el Plan de Modernización de Infraestructura en Aduanas 2013-2018 en seis entidades del país, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
El Ejército mexicano contrajo con la Administración General de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) un convenio de colaboración que, hasta ahora, se mantuvo como un clasificado bajo reserva de 12 años por motivos de “seguridad nacional”, informó Zorayda Gallegos, en un segundo reportaje sobre la institución, publicado en el diario El País.
La investigación se basa en las solicitudes de información requeridas a la Sedena por el medio, que arrojaron que durante la Administración de Peña Nieto el proyecto de modernización de las aduanas “más importantes del país” se encomendó a la Defensa debido a la amenaza del crimen organizado frente a las empresas privadas. “Se tuvo que recurrir a una instancia de seguridad nacional, como la Sedena para la construcción de diversas obras”, justificó la dependencia.
El Plan de Modernización se basó en la construcción de instalaciones y la remodelación de infraestructura existente en los puertos de ingreso y salida de personas y mercancías al país. Inició en marzo de 2013 y tuvo una duración de cinco años y ocho meses, hasta noviembre de 2018.
La Dirección de Ingenieros de la Sedena y el SAT contrajeron 30 convenios para el proyecto, que requirió una cláusula de confidencialidad con el fin de “evitar que información sensible que pudiera desprenderse de los proyectos, así como los detalles de la forma en que operan las aduanas pudiera ser utilizada en contra del Estado mexicano”, de acuerdo con lo informado a El País por la propia dependencia federal.
Los recursos para los contratos, otorgados por adjudicación directa, provinieron del Fideicomiso para Programas de Mejoramientos de los Medios de Informática y Control de las Autoridades Aduaneras (Fidemica). Sin embargo, la categoría de “seguridad nacional” otorgada a los documentos impidió que los archivos se publicaran el sistema de registro de las compras del Gobierno, Compranet.
El Ejército mexicano mantuvo bajo resguardo los archivos en los que constó la subcontratación de terceros para la realización de las obras encomendadas en las aduanas de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Nuevo León, Baja California y Chiapas.
CONTRATOS PARA 6 ADUANAS
El SAT encomendó a la Sedena la ampliación de la aduana de Ojinaga, en el estado de Chihuahua, en agosto de 2015. El precio de las obras ascendió a 342.3 millones de pesos, de los que el 48.4 por ciento se refirieron a “Ramón René Lara Marín”, listado en el grupo de emisores fantasma del servicio tributario de la Secretaría de Hacienda.
En este contrato la facturera emitió 88 recibos por el total de 165.9 millones de pesos, durante 2016. La justificación fue la venta y renta de retroexcadoras, montacargas, camiones de volteo, grúas, cargadores y camionetas.
Para el proyecto de reordenamiento Integral de la aduana de Ciudad Juárez, ocurrida en 2014 en el puente internacional Zaragoza, en la misma entidad federativa, la Sedena entregó a Lara Marín 103.1 millones de pesos, el 40 por ciento del presupuesto total que ascendió a 260.1 millones de pesos, por la renta de maquinaria y el suministro de grava, arena y piedra.
El País observó que Lara Marín no estaba inscrito en el padrón de contratistas de la Sedena, sin embargo, fue el subcontratista que más recursos recibió por los convenios: 269.1 millones de pesos, de septiembre de 2014 a diciembre de 2016. En febrero de 2019, el SAT determinó incluirla en la lista de las factureras.
La Dirección de Ingenieros militares ejecutó la segunda etapa del programa de fortalecimiento de la frontera sur en Catazajá, Chiapas, entre 2013 y 2014. El presupuesto para el proyecto fue de 314.3 millones de pesos, de los que 28 por ciento se adjudicaron a la empresa “Comercializadora del Valle Central”, encargada de la colocación de canceles de aluminio, detallado de anaqueles y la instalación de muebles de madera.
El SAT declaró a la Comercializadora, con domicilio fiscal en Puebla, como fantasma en 2018. De acuerdo con la investigación de Gallegos esta empresa también dio servicios de impresión de proyectos para la entidad en la que reside y para el Estado de México fue intermediaria de comercio al por mayor.
En Nuevo León, la Sedena contrató a la empresa “Estrucxa” para la construcción y equipamiento de los alojamientos de los oficiales de comercio exterior, adscritos a seis aduanas de la frontera norte. Las obras se ejecutaron en Colombia, en la localidad de Anáhuac, Nuevo León, para las que vendió camas, sábanas, cobertores, almohadas y colchones por 3 millones de pesos.
La misma empresa participó en la construcción de alojamientos en los puentes I y II de la aduana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas. En este caso recibió 3 millones de pesos por la venta de camas, persianas y juegos de ropa.
Para la modernización de San Emeterio, en Sonoyta, en el estado de Sonora, la Defensa contrató a “Morcoba Comercializadora”, otra facturera que, en 2017, le vendió tableros profesionales para basquetbol.
“Estrucxa” es una empresa constituida en la localidad de Xalapa, en el estado de Veracruz, en tanto que “Morcoba Comercializadora” se constituyó en Oaxaca.
