San Miguel Del Progreso –Júba Wajiín, en lengua me’ phaa– es una de las comunidades de la región de la Montaña que se ha distinguido por la defensa de sus territorios, su resistencia y lucha para evitar el ingreso de la extracción minera a cielo abierto.
La defensa, que inició cuando se percataron que su territorio fue concesionado a la empresa de origen chileno Hochschild Mining, se basa en su fuerte sentimiento, respeto y un estrecho vinculo que tienen a la naturaleza desde tiempo milenarios.
Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, han ganado dos amparos; sin embargo la amenaza minera sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones mineras se realizaron recientemente. Estas concesiones solicitadas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.
San Miguel del Progreso, Guerrero, 26 de agosto (SinEmbargo).- Doña Herlinda inclina las cejas y agacha la mirada un breve instante. Observa la tierra fértil que la vio nacer y el verde bosque que le da de comer. Sus manos, rasposas por el trabajo y llenas de surcos por los años, se mueven vertiginosamente; después, las lleva a su delgado y frágil pecho. Su voz se quiebra mientras clama: “Si me quitan el agua, si me quitan la tierra: me muero. Me quitan la vida…”.
Herlinda Solano Santiaguez ha vivido por 79 años en San Miguel del Progreso –Júba Wajiín, en lengua me’ phaa–, una comunidad que se ha destacado por la férrea defensa de sus territorios, su resistencia y la lucha para evitar el ingreso de la extracción minera a cielo abierto.
Situado en el Municipio de Malinaltepec, Guerrero, San Miguel del Progreso tiene una extensión de 4 mil 449 hectáreas. Es una de las comunidades de la región de La Montaña, habitada por al menos 3 mil 500 personas pertenecientes a la etnia tlapaneca Me’ phaa.
Ahí nació y creció Doña Herlinda. Toda su vida ha trabajado la tierra. Así le enseñó su padre desde pequeña. La siembra de café, plátano y otras plantas frutales son su sustento. “He trabajado desde chiquita. Eso es lo que he sembrado”, dice.
Doña Herlinda, como el resto de los habitantes de la comunidad San Miguel del Progreso y de la región de La Montaña en Guerrero, tiene una clara convicción: somos hijos de la “madre tierra”, y hay que cuidarla y respetarla.
Para Herlinda, el recurso natural tiene más valor que el oro.
Para la población Júba Wajiín no hay mayor razón de defender la tierra que ser parte de ella. No hay otro interés más que el de preservarse a sí mismo y su pueblo. Sin la naturaleza no dan cabida a su existencia: “Al momento de que se acaba la naturaleza nos morimos nosotros también”, repiten. Así de fuerte es su conexión con el territorio. Así es su cosmovisión.
“La tierra da de comer todos los días. Uno debe de cuidar mucho la tierra porque ahí sale lo que uno come. Si no trabajas la tierra no hay vida. Eso es lo más importante. Luego, el agua: si no hay agua no va a vivir uno. El agua y la tierra es lo que nos da la vida. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra, me enseñó a tomar el agua. El agua es mi vida, mi sangre. Todo. Por eso la defiendo, si me quitan el agua, me quitan la tierra, me muero. Me quitan la vida”, repite Herlinda.
San Miguel el Progreso ha peleado legalmente por más de ocho años contra el ingreso de las mineras transnacionales, pues sus pobladores saben que permitir las actividades extractivas significaría la destrucción de sus montañas y sus cerros sagrados, la contaminación de sus ríos, plantas y el aire; el despojo de las tierras, el desplazamiento forzado, la fragmentación y, por ende, su propia desaparición como pueblo originario.
Apoyados por el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan han ganado dos amparos para evitar que el territorio sea concesionado a la minera Hochschild Minig, de origen chileno que opera con capital inglés. Sin embargo, la amenaza para estos pueblos originarios sigue latente: tres nuevas solicitudes de concesiones se realizaron recientemente. Éstas abarcan más de un millón 400 mil hectáreas que incluyen la región Montaña y centro de Guerrero.
El origen de Hochschild Mining se remonta al Grupo Hochschild, fundado en 1911 por Mauricio Hochschild en Chile. En 1922 el Grupo Hochschild se expandió a Bolivia, donde Mauricio Hochschild fue considerado uno de los “Barones del Estaño”. El Grupo Hochschild comenzó operaciones en Perú en 1925 y, en 1945, Luis Hochschild se unió a estas operaciones. Actualmente es esa subsidiaria peruana la que amenaza a los pobladores de Guerrero, y tiene como principal accionista al empresario peruano Eduardo Hochschild Beeck.
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LA MONTAÑA EJIDAL Y COMUNAL
La Montaña, al noreste de Guerrero, abarca casi 700 mil hectáreas en 19 municipios entre ellos Tlapa de Comonfort, Malinaltepec, Olinalá, Acatepec, Iliatenco. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, esta región tiene al menos 361 mil 617 habitantes, la mayoría indígenas pertenecientes a las etnias Naua, Me’phaa, o Na Xavi”. Ahí la posesión de la tierra es ejidal y comunal.
La ciudad de Tlapa de Comonfort es la entrada a los ejidos de la Montaña. A partir de ahí, sube y se ramifica una serie de senderos de terracería, escarpados y angostos que se entretejen por extensas áreas llenas pinos, encinos, asi como huertas de café, plátano, mango, y diversos arboles frutales. Ahí la flora es muy diversa.
En sus bosques habitan animales como el venado, el pájaro bandera, armadillo, el puma de montaña, tejón, jabalí, el tucán de montaña, e incluso, los pobladores aseguran que aún hay presencia de jaguares.
A lo alto, en medio de las comunidades San Miguel del Progreso, Paraje Montero, Ilieateco y Guadalupe, se ubica el cerro más elevado de la región: El Telpizahuatl.
No es un cerro cualquiera: para los pobladores es un lugar sagrado donde vive San Marcos [Ajkhunn, en lengua madre], la deidad que representa el rayo; es el que los protege, al que adoran y al que los sabios y sabias comunitarias llamados los “principales” [Xiñaa, en lengua materna] le rezan para pedir que lleguen las lluvias y las buenas cosechas.
En la Montaña la economía se basa en la agricultura de autoconsumo, principalmente la derivada de la siembra de maíz, café, y árboles frutales. Las comunidades se rigen por sus propios usos y costumbres que conservan desde tiempos inmemoriales, explica Ángel Contreras Solano, uno de los pobladores de San Miguel del Progreso y autoridad en el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa de Territorio (CRAADT).
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En 2010, los habitantes de San Miguel el Progreso empezaron a ver que aeronaves sobrevolaban sus terrenos en busca de minerales, cuenta Miguel Santiago Lorenzo, presidente del Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT).
“Los aviones y los helicópteros traían aparatos colgados con los que estaban detectando minerales en nuestra región”, recuerda.
Los pobladores dedujeron que realizaban labores de exploración cuando funcionarios, principalmente de la Procuraduría Agraria, empezaron a promover a las empresas mineras en la región, detalla Ángel Contreras Solano, secretario del CRAADT.
Los funcionarios federales trataban de animar a los comuneros para “rentar” sus tierras a la minería con la promesa de “beneficios” y progreso. Pero pronto se darían cuenta que –como los españoles con los aztecas– el supuesto desarrollo era sólo “espejitos”.
“No fue la empresa la que venía a vernos sino el Gobierno federal por medio de la Procuraduría Agraria los que venían. Ellos ofrecían servicios o animaban a las autoridades agrarias [las comunales] para que entraran a los proyectos [mineros], pero eran proyectos con otras finalidades,” narra Contreras Solano.
En ese tiempo, Anastasio Basurto Contreras presidía el Comisariado de Bienes Comunales [del periodo de 2010 a 2013] de San Miguel del Progreso, la máxima autoridad en la comunidad.
Anastasio reitera que personal de la Procuraduría Agraria se contactó con él para informarle que en esas tierras podría haber minerales valiosos, como oro y plata, y que los comuneros podrían venderlos.
“Ellos [los de la Procuraduría Agraria] decían que iban a ser los intermediarios para que nuestras piedras las vendiéramos a mejor precio. Y hasta me dijeron: ‘mira ahí esta el comisariado de allá [otra comunidad] que ya va a firmar el convenio’”, relata el poblador.
Anastasio platica que funcionarios federales le pidieron que llevara unas piedras para analizarlas. Él llevo algunas muestras a las oficinas de la Procuraduría Agraria en Tlapa. Ahí le solicitaron 800 pesos para pagar los análisis y determinar que minerales tenían, pero él se negó a pagar.
–No tenemos dinero –, le dijo a un funcionario, se retiró del lugar y dejó ahí las piedras, recuerda el comunero.
El sacerdote Melitón Santillán fue el primero que advirtió a los comuneros que la minería provocaba daños irreversibles.
Don Anastasio convocó a una reunión de asamblea en la comunidad, pues ahí todas las decisiones se toman de manera colectiva. Frente a la asamblea, integrada por los pobladores, los ex comisionados, concejales y los principales, planteó la propuesta y la advertencia.
Los pobladores de San Miguel del Progreso cuentan que los “Principales” decidieron subir al Telpizahuatl para rezar y pedir consejo a San Marcos. Fue entonces que optaron por buscar apoyo e información y pidieron ayuda a sacerdotes, y activistas, tanto de Tlachinollan como de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
“Nosotros, aquí en la comunidad pensábamos –al inicio– que nada más iban hacer unos agujeros y sacar el mineral; pero ya viendo las diapositivas que nos enseñaron los de Tlachinollan nos dimos cuenta que era mucho el daño. Que destruyen montañas, ríos y todo eso”, agrega Anastasio Basurto.
El entonces Comisariado regresó a las oficinas gubernamentales convencido de rechazar la exploración minera. Allí, recuerda Basurto, uno de los funcionarios le dijo –mientras señalaba las muestras de cada una de las comunidades de La Montaña– que la piedras tenían oro, plata, níquel y fierro.
Anastasio rememora que lo enfrentó.
–Sí pero, ¿sabe qué?, el pueblo ya no quiere vender sus piedras –le dijo.
Luego tomó las rocas y se retiró.
La comunidad realizó solicitudes de información a la Secretaría de Economía con apoyo de abogados y activistas de Tlachinollan. Era 2011. Ahí fue cuando confirmaron que su territorio fue concesionado a Hochschild Mining, la minera que opera con capital inglés.
“Ya habían concesionado todo este territorio desde el Gobierno de Felipe Calderón”, agrega Anastasio Basurto.
La Secretaría de Economía (SE) había otorgado, sin la autorización ni consulta de las comunidades indígenas, dos concesiones para exploración y explotación: una bajo el título 232560 con el nombre Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas bajo el título 236861.
Corazón de Tinieblas era la más grande, con una extensión de 43 mil 759 hectáreas y afectaría a más de 12 núcleos agrarios, entre ellos el de San Miguel del Progreso.
La comunidad buscó asesoría de los activistas para enfrentar la amenaza minera.
“Ellos mismos, los de Tlachinollan, nos dijeron que podíamos levantar una acta en la Asamblea contra la minería”, comentó Anastasio Basurto.
El 17 de abril de 2011, realizaron una Asamblea General de Comuneros que cumplió todos los requisitos establecidos en la Ley Agraria vigente. En esa asamblea levantaron un acta de rechazo a la actividad minera en su comunidad. Después solicitaron la inscripción del acta en el Registro Agrario Nacional (RAN), quien aceptó la inscripción en septiembre de 2012.
Además, se conformó el Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) tras la apabullante amenaza de las transnacionales y nacionales, incluso de las farmacéuticas que están interesadas en crear medicinas usando plantas que tienen en su territorio, detalla Artemio Flores Solano, integrante del área de Fortalecimiento Territorial de San Miguel Progreso.
El CRAADT, hoy en día, está integrado por 25 núcleos agrarios, que aglomeran a más de 300 comunidades de la Montaña y Costa Chica.
“En total somos como 37 núcleos agrarios, pero los activos, los que están en todas la reuniones son 25. Contamos con más de 300 comunidades”, agrega Miguel Santiago Lorenzo, líder de CRAADT.
RECHAZO A LA MINERÍA
En Júba Wajiín tienen claro que si permiten los nuevos proyectos de extracción minera tendrán como consecuencia la devastación de su territorio y la contaminación, pero además traerán consigo el ingreso de la delincuencia en sus pueblos, división, enfrentamientos entre ellos y, finalmente, la desaparición de su comunidad.
La concesión Corazón de Tinieblas afectaba casi el 80 por ciento de la comunidad San Miguel del Progreso, explica Agapito Cantú Manuel, Comisariado de Bienes Comunales de 2012 al 2015. Fue en su periodo cuando se interpuso el primer amparo.
“Más de tres cuartas partes de nuestro territorio se iba a destruir, casi todo el pueblo”, asegura.
La devastación que ha dejado la explotación minera en El Carrizalillo, Guerrero, fue un claro ejemplo para los comuneros de San Miguel el Progreso.
Valerio Mauro Amado Solano, actual Comisariado de Bienes Comunales de San Miguel el Progreso, relata que varios pobladores, con el acompañamiento de activistas, acudieron a las instalaciones de la mina El Carrizalillo para conocer su experiencia. Al ver los estragos, decidieron pelear y rechazar tajantemente la mina para evitar una depredación similar a la que padece el Ejido de Carrizalillo.
“La gente de ahí (El Carrizalillo) ya no vive tranquila. Todo eso nos sirvió para que nosotros nos negáramos a la mina”, detalla Valerio Mauro.
“Las mineras gastan mucha agua, contaminan con cianuro. Hemos ido a Carrizalillo para observar cómo lo explotan, cómo contaminan los grandes empresarios. El Comisariado de ahí nos informó que sí contaminan mucho el agua, el aire: que de cinco de la mañana a seis de la tarde explotan dinamita para quebrar las piedras y que hay muchos enfermos, que nacen niños prematuros. Toda esa información nos sirvió para informar a nuestra gente, para que se hiciera conciencia de que no se explotara nuestros recursos naturales”, agrega Agapito Cantú.
Artemio Flores reafirma convencido: “la forma cómo sacan [el oro] y cómo funciona la minería nos va afectar, donde hay minas hay cáncer… hay muchas enfermedades”.
En la región de la Montaña existen 44 concesiones mineras que fueron otorgadas por el Gobierno federal a diferentes empresas para actividades de exploración y explotación minera. Del total concesiones, 22 fueron canceladas y 22 están vigentes.
El dinero y el presunto desarrollo económico no se compara al valor que las comunidades de La Montaña le dan a los recursos naturales.
“Nosotros protegemos nuestra tierra, el dinero que nos pueden dar las mineras no nos va a ayudar de mucho. Nos han dicho que eso traerá carreteras, luz, vivienda y carros, que si queríamos eso, pero les dije [a Gobierno] que dinero se acaba. Pero lo que tenemos [de recursos naturales] se conserva para nosotros”, comenta.
En San Miguel de Progreso todos los habitantes están en la misma sintonía, en cuanto a la defensa del territorio.
Minerva Morales, una de las habitantes, comparte: ”nosotros defendemos nuestro territorio y nuestra montaña porque de ahí viene todo lo que consumimos”.
Justina Rojas, tesorera de Bienes Comunales, sostiene que los pobladores viven del auto consumo: toman el agua virgen que baja de los cerros, cazan en el bosque y siembran.
“… Porque el dinero ahorita lo recibes, al rato ya no tienes, en cambio nuestra tierra, la madre tierra, eso no se compra. No queremos que entren otras personas, extranjeros, a que saquen la piedra brillosa [el oro]. Esa piedra cuesta mucho, pero destruyen, contaminan. Así como los antepasados defendieron nuestra tierra, nosotros defendemos y así enseñamos a nuestros hijos, nietos y bisnietos, a los que vienen atrás”, destaca Justina.
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LA TIERRA SAGRADA
El estrecho vínculo que tienen los comuneros con la naturaleza es una herencia de sus ancestros.
Adán Cantú Solís, originario de San Miguel, explica que son comunidades donde sus costumbres, rituales y el uso de la legua indígena es muy fuerte.
En Júba Wajiín, como pueblo originario, tienen una comprensión de divinidad muy diferente a la sociedad mestiza. Para esta comunidad me´phaa, su espiritualidad, más que una relación con Dios, es una armonía con la naturaleza.
“Para nosotros es una relación con la madre tierra, entonces. Para nosotros, como pueblo, es cuidar la naturaleza, la tierra, porque la tierra nos da vida, nos produce alimento. Somos parte de la naturaleza, somos de la tierra, y no hay un concepto como tal de Dios ni como un ente que nos regula, sino la comunidad tiene que regular su vida con la naturaleza”, detalla.
Los pueblos originarios de La Montaña tienen varios ritos ancestrales que aún celebran, explica Cantú Solís. Entre ellos, el ritual de la lluvia, la paz espiritual, el agradecimiento por las cosechas y por la salud. Para que no haya plagas, se hace un rito en las milpas.
Cada vez que se caza un animal, los “Principales” acuden a una cueva y dejan su cráneo en agradecimiento por el alimento, pues tienen la creencia que al devolverlo el animal reencarnará.
Todo lo que toman de la tierra lo retribuyen a su modo.
“Nosotros no vemos la tierra como algo separado: ‘domina la tierra, saquea la tierra, explota toda la naturaleza’, ¡Nooo! Para nosotros la tierra es parte de nosotros como gente, como persona. Te desarrollas en medio de la naturaleza. Todos somos seres que crecemos, nos desenvolvemos en medio de la tierra y por tanto necesitamos cuidarla”, destaca Adán Cantú.
Minerva Morales Solano y Justina Rojas, desde una cueva donde se dejan las cabezas de los animales, cuentan que cada 25 de abril, el Comisariado y su gabinete suben al cerro más alto, El Telpizahuatl, y ahí le rezan a San Marcos.
Llevan guajolotes, vela, huevos, gallinas, copal, velas y aguardiente. Los principales llevan flores que entregan como ofrenda donde nace el ojo de agua. Ahí piden por la lluvia y buenas cosechas. La oración dura todo un día, exponen las habitantes.
Los “Principales”, los sabios de los pueblos, son quienes entregan las ofrendas al santo. Después, cuando bajan del cerro, se acostumbra acudir a la casa del comisariado, y se hace una comida.
Miguel Santiago Lorenzo, presidente del CRAADT y originario de la comunidad Zitláltepec, plantea que “cuando nosotros nacimos nuestro pueblo ya tenía esas costumbres. Rezamos a San Marcos todos los meses de abril y a principios de agosto también se reza para pedir el bienestar del pueblo, y no sólo de nosotros sino de todo. Hablamos en general, pedimos el bienestar de todos”.
Ángel Contreras añade: “tenemos varios cerros donde se adora, el principal de San Marcos, otros cerros son el “Cabeza de Tierra” y el de “Piedras Negras”.
Adán Cantú Solís especifica que la comunidad también preserva sus usos y costumbres en el esquema de su propia autoridad.
El Comisariado es el mando más alto. Los “Principales”, explica el joven, asesoran a la autoridad agraria y civil, y también animan la asamblea comunitaria, puesto que son personas mayores que han pasado por distintos cargos, y lo han hecho muy bien.
Además, los “Principales” guardan memoria de la historia y fomentan el rumbo de la comunidad.
Artemio Flores detalla que las autoridades, tanto agrarias como civiles, son electas en las asambleas comunales.
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LA BATALLA LEGAL
Agapito Cantú Manuel era el Comisariado el turno cuando San Miguel del Progreso presentó el primer amparo, el 15 de julio de 2013, contra la concesión de los lotes Reducción Norte de Corazón de Tinieblas y Corazón de Tinieblas, la cual fue entregada sin la consulta a los pueblos originarios y que se contraponía a la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado.
El argumento del amparo se basó en que el otorgamiento de las concesiones violó el derecho colectivo a la propiedad territorial indígena, el derecho constitucional a la protección integral de las tierras indígenas y las garantías de audiencia y debido proceso, todo ello previsto en la Constitución Mexicana. También se violaba el derecho a la consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Además, la demanda de amparo solicitaba el análisis de la Ley Minera vigente, ya que esa legislación no es compatible con la Constitución y con Tratados Internacionales firmados y ratificados por México. El objetivo de pedir la revisión era evidenciar la inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley minera, la cual, ha sido usada como instrumento para legalizar el despojo y saqueo de los territorios indígenas a través de concesiones que violan los derechos antes citados.
La comunidad de San Miguel del Progreso ganó el primer amparo. La sentencia fue notificada el 12 de febrero de 2014. El Gobierno federal impugnó y esa sentencia fue llevada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Era la oportunidad para que la “inconstitucionalidad” de la Ley Minera fuera analizada por los ministros y una esperanza para que fuera tirada, platican los pobladores de San Miguel Progreso.
Sin embargo, cuando la SCJN estaba por revisar el caso, las empresas que tenían la concesión desistieron de sus títulos. Eso obligó a la SCJN a sobreseer el amparo y así se evitó que entrara al análisis de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera.
La batalla legal continuó.
“Como las empresas renunciaron a las dos concesiones que tenían, luego la Secretaría de Economía, a finales de 2015, sacó una declaratoria de libertad de terreno, es decir, que se declaraba libre para que otras empresas o esa misma solicitaran nuevamente una concesión” explica Valerio Mauro Amado Solano, Comisariado de Bienes Comunales.
San Miguel del Progreso y los abogados de Tlachinollan interpusieron otro amparo contra la nueva declaratoria de libertad de terrenos que consideraba su territorio libre para la actividad minera.
El 28 de julio de 2017 ganaron el segundo amparo y con ello se obligó a la Secretaría de Economía a cancelar dicha declaratoria “y en caso de que pretenda continuar con el procedimiento de otorgar concesiones mineras sobre el territorio de la comunidad de San Miguel del Progreso deberá respetar los derechos colectivos de la comunidad entre ellos, es decir consultarlos primero”.
Sin bien, la comunidad de San Miguel el Progreso inició la lucha contra la minería desde 2011, la defensa por las tierras ha sido histórica, desde antes de la Reforma Agraria en el siglo XX.
Júba Wajiín “es una comunidad legalmente reconocida bajo la figura de los Bienes Comunales; es decir, no fue dotada de tierras después de la reforma agraria por el Estado Mexicano sino que sus tierras fueron reconocidas por éste, pues se acreditó que así las habían poseído desde tiempos inmemoriales”, según explica el informe Una batalla a cielo abierto en la Montaña de Guerrero por la defensa del territorio y la vida, de la organización Tlachinollan.
Este reconocimiento, explica el activista Armando Campos, ha sido uno de los factores del éxito de la disputa legal de la comunidad San Miguel del Progreso, a diferencia de otros pueblos indígenas que aún están en la lucha por que el Estado Mexicano reconozca su propiedad como tierras ancestrales.
Para Valerio Mauro, el buen sistema de comunicación entre las comunidades de la Montaña y su unidad es lo que ha permitido hacer frente a Gobierno y las mineras.
Artemio Flores coincide en que la organización y la concientización a su gente ha sido vital para llegar a sus logros.
“Combatir las amenazas uniéndonos para cuidar y proteger nuestro territorio. Para no perder lo que tenemos, porque gozamos de muchas cosas buenas: aire puro, agua, tierra”, dice.
Ángel Contreras concuerda en que el triunfo es en parte por la organización, pero sobre todo, lo adjudica al desinterés monetario de los comuneros.
“Nosotros no buscamos intereses sino un bien común. Por que en otras luchas se ha debilitado y no se ha logrado porque al final de cuentas se vende la lucha, se van por intereses personales, y al último les ofrecen dinero, porque es lo que ha tratado de hacer el Gobierno aquí. Hasta ahorita no nos ha ganado la ambición, gracias a Dios eso no se ha dado aquí”, afirma.
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EL GOBIERNO ES EL LOBO
Un velo de tristeza y decepción se forma en la cara de varios pobladores al reconocer que la batalla contra la minería ha sido principalmente contra los gobiernos local y federal.
Hasta la fecha, aseguran, los empresarios mineros jamás se han presentado ante ellos, toda la disputa ha sido por medio las propias autoridades mexicanas, quienes se supone debían de protegerlos.
El Gobierno federal es el más interesado en concesionar la tierra, afirma Ángel Contreras Solano, secretario del Concejo Regional de Comunidades agrarias.
“El Gobierno es como el Lobo: nomás está esperando. Aquí nosotros nos defendemos, aquí como que tapamos [aspectos legales para evitar el ingreso de las mineras], pero ellos están buscando los huecos, modificando la Constitución Política, modificando las leyes, siempre para perjudicar. Ellos justifican la modificación de las leyes quesque es para beneficiar, pero eso es mentira. No podemos confiar en el Gobierno y no podemos estar seguros que esto ya se tiene ganado”, añade.
Artemio Flores afirma que Enrique Peña Nieto es un Presidente que no quiere escuchar a la gente: “no nos defiende, al contrario, siempre está va a favor de los mineros”.
“Ya sabemos que Peña Nieto es corrupto. Que él vende lo de las personas que son pobres, que son indígenas”, agrega Ángel Contreras.
Para el joven Adan Cantú, es “una grosería” lo que ha hecho el Gobierno federal en el actual sexenio al apoyar incondicionalmente el despojo de tierras por medio de concesiones mineras. Un ejemplo de ello, dijo, es San Miguel del Progreso que presenta amparos y el Gobierno, en lugar de reconocer que sobrepasó sus derechos, pelea con los indígenas .
“Queda claro que no respeta, que no quiere respetar, que no reconoce a los pueblos indígenas, sus derechos , y todavía nos dice que no son pueblos indígenas, que la tierra no es de ellos. En lugar de ser un Gobierno que beneficie a la población, es un Gobierno que nos quiere desaparecer”, afirma.
LA AMENAZA NO ACABA
La comunidad ha ganado dos amparos contra la exploración; sin embargo, el acecho minero sigue vigente pues empresas han presentado nuevas solicitudes de concesión.
“Es alarmante que los proyectos de muerte insistan una y otra vez para reducir los cerros sagrados a polvo, devastando la vida animal, la naturaleza y misma vida humana, aun cuando desde tiempos inmemoriales las comunidades han defendido y cuidado su territorio”, expone un comunicado de la organización civil Tlachinollan.
El activista Armando Campos explica en hay tres nuevas solicitudes para concesión minera que afectan la región de la Montaña.
“[Las empresas mineras] entran nuevamente en el escenario. Estas tres nuevas concesiones, que están en solicitud, abarcan más un millón 400 mil hectáreas”, comenta.
La más grande es una de nombre Don Julio fracción 1, que se extiende a un área de 550 mil hectáreas.
“Es una solicitud de concesión enorme que abarca parte de la región Montaña y gran parte de la zona centro del Estado de Guerrero”, abunda el defensor.
Las otras dos solicitudes de concesión se llaman Siete Leguas y Olinalá fracción A, las cuales también afectan la región.
Ángeles Contreras Solano, Secretario de CRAADT está consciente del acecho minero: “Hasta ahorita se ha ganado una parte [de la lucha] pero no se ha declaro definitivamente que ya no entrarán las minas. Con las Reformas que hizo Peña Nieto nos vuelve a exponer y eso nos preocupa porque ahorita las tenemos ganadas (las batallas) pero nada está asegurado”, dice.
En Guerrero existen aproximadamente 895 concesiones mineras que abarcan un millón 300 mil hectáreas.
Si se suman la nuevas solicitudes, detalla Armando Campos, son más de 2 millones y medio de hectáreas que podrían estar concesionadas a mineras para los próximos años, si es que la Secretaría de Economía las otorga.
“Sabemos que mandan dones y andan vigilando de noche y de día. ¿Por qué mandan esos aparatos? Ellos [los empresarios] no quieren venir, y mandan esos aparatos para ver donde hay mineral. Los militares dicen que es para seguridad, que es para ver donde hay marihuana, pero no solo buscan eso, nosotros sabemos que lo que buscan son minas”, comenta Angel Mariano Morales, poblador de San Miguel del Progreso.
Si la Secretaría decide concesionar primero tendrá que preguntar a esta comunidad debido a los amparos que ha ganado San Miguel del Progreso; pero éstos recursos solo abarcan a esta comunidad y no toda la región.
Las demás comunidades tienen un largo camino legal, que ya abrió San Miguel Progreso, explican los pobladores.
La información a los habitantes de los núcleos agrarios es uno de los ejes centrales que realiza el Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (CRAADT) para mantener vigente la defensa.
En las comunidades, al menos en San Miguel del Progreso, todos residentes están enterados, al menos de lo básico del tema. Las autoridades agrarias notifican en las reuniones de asamblea y también acuden a las escuelas a explicar el por qué es importante.
“La lucha también se transmite a las nuevas generaciones por medio de los padres”, dice Artemio Flores.
El Concejo Regional hace foros cada dos meses, “para ir informando a otras comunidades, donde no tienen idea del daño que nos puede causar la minería”, señala Miguel Santiago Lorenzo, Presidente de CRAADT
Ángel Contreras comenta que tienen expectativas de que el nuevo Gobierno, al tener mayoría en el Congreso, puedan revertir las modificaciones es la Reformas que afectan a los pueblos indígenas.
“Es la esperanza que tiene el pueblo: esperamos que se reviertan esas leyes para que se sigan conservándose lo que es la tierra ejidal, comunal, que se mantenga eso y que se siga respetando nuestros usos y costumbres”, dice el habitante.
“Al nuevo Gobierno ya le vamos a mandar unos papelitos, unos oficios, de que no vendan nuestra riqueza, que no la venda, que no meta la mano porque pobre de él [Andrés Manuel López Obrador] si mete la mano”, advierte Justina Rojas.
Por su parte, el ex comisariado Anastasio Basurto lanzó un exhorto a otros ejidos y poblaciones para que se informen sobre el impacto de los nuevos modelos de extracción minera: “Que no se dejen engañar por la Procuraduría Agraria que según dice nos ayuda, nos pide información pero son los que venden. Van por el oro”.
Angel Contreras invitó a otras comunidades a que se unan, se organicen y defiendan sus tierras.
“Yo le pido a todos los pueblos originarios indígenas que están en la misma situación, a que no se dejen llevar por la ambición, que vean por el futuro de los nietos. El dinero se acaba pero la naturaleza va a vivir mientras nosotros la cuidemos, pero si nosotros la dejamos morir, si la vendemos se va a acabar, entonces ¿Como vamos a vivir? al momento de que se acaba la naturaleza nos morimos nosotros también.”
Miguel Santiago Lorenzo, Presidente Concejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, reitera que su recurso natural no está en venta: “Nosotros le decimos a la Secretaría de Economía, al Gobierno federal y estatal que La Montaña no está en venta. ¡Nosotros la vamos a defender a cómo de lugar!”.
