Cada Diputado federal de la Legislatura que se va costó a los mexicanos 5 mil 328.11 pesos diarios. Además de ese monto por salarios reciben subvenciones por formar parte de un grupo parlamentario, lo que año con año implica la erogación de más de mil millones de pesos para cubrir actividades complementarias [no definidas en la Ley, pagar gestorías y asesorías, así como apoyos a la función legislativa y extraordinarios cuyo derrotero no es posible conocer a cabalidad.
El gasto de la Cámara baja es «excesivo», dijo a SinEmbargo Jaime Hernández Colorado, investigador del CIDE. Por eso, la necesidad de un “un rediseño de las reglas de asignación de recursos de los partidos políticos, con base en sus necesidades presupuestales reales, para el cumplimiento de sus obligaciones y su operación administrativas”, añadió.
Según el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, el 58.3 por ciento del pago por «servicios personales» de la Cámara de Diputados [que equivale al 64.4 por ciento del presupuesto total para los diputados] se va en remuneraciones. Y el segundo apartado del presupuesto que más dinero recibe, el de «servicios generales» [16 por ciento de todo el presupuesto], incluye las «asignaciones a los grupos parlamentarios», cuyas subvenciones corresponden al 38.55 por ciento del monto total del rubro.
Ciudad de México, 26 de agosto (SinEmbargo).- Los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados gastaron 2 mil 787 millones 479 mil 877.05 pesos entre septiembre de 2015 y febrero de 2018, por concepto de “subvenciones” y “apoyos” para el «adecuado desarrollo de las actividades parlamentarias”. Este año, como parte de las “asignaciones a los grupos parlamentarios” del Presupuesto de Egresos de la Federación, tienen 521 millones 654 mil pesos más, sin que se sepa, a ciencia cierta, cómo y en qué será invertido el dinero.
Los 2.7 mil millones de pesos erogados –equiparable, por ejemplo, al presupuesto de la SEP de este año para mejorar 1 mil 651 escuelas en 17 entidades federativas– forman parte de recursos aprobados y utilizados por los partidos políticos sin un control adecuado, dijo a SinEmbargo Jaime Hernández Colorado, coordinador ejecutivo del programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El gasto que se les asigna a los diputados “está lejos de ser racional, pues es a todas luces excesivo. No digo que se deba eliminar, sino ajustar con una lógica racional para que garantice el funcionamiento adecuado de las estructuras partidistas, pero nada más”, expuso el investigador.
Según la información disponible en la Gaceta Parlamentaria, entre septiembre de 2015 y febrero de 2018, el PRI se hizo de 1 mil 045 millones 402 mil pesos por esta vía. Le siguieron el PAN (551 millones 849 mil 740 pesos), el PRD (469 millones 822 mil 097.05 pesos), el PVEM (229 millones 747 mil pesos), MORENA (193 millones 652 mil pesos), MC (121 millones 698 mil pesos), PANAL (84 millones 274 mil pesos) y PES (91 millones 035 mil 040 pesos).
Los montos corresponden a cinco tipos diferentes de subvenciones, además de “apoyos a personal” y “otros ingresos” de los grupos parlamentarios. De las subvenciones, una es fija –lo que quiere decir que el monto para cada grupo parlamentario, sin importar el número de integrantes, es igual– y es utilizada para “actividades complementarias” (que no están definidas en la ley). En los últimos tres años, este tipo de estipendio fue de 12 millones anuales para cada partido político.
Las cuatro subvenciones restantes, son calculadas por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, según el número de integrantes de cada grupo parlamentario (hay uno por cada partido político que cuente con diputados en la Cámara, y debe ser integrado por al menos cinco legisladores, de acuerdo con el artículo 26, base II, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos).
Fuentes al interior de las secretarías Técnica y de Transparencia de la JUCOPO en la Cámara Baja, confirmaron a SinEmbargo que las designaciones presupuestales para los grupos parlamentarios son establecidas “por acuerdo entre los partidos políticos”. Más allá de esa explicación, el mecanismo con que la JUCOPO calcula los montos para cada bancada, es un enigma.
El importe de las subvenciones que se entreguen a los grupos parlamentarios «se obtendrá multiplicando la cantidad que determine la JUCOPO, por el número de Legisladores en funciones que integren cada grupo parlamentario”, refiere el artículo 9 de la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Entre las subvenciones se encuentra la “ordinaria variable” (para “apoyos a la función legislativa”), la de “apoyos logísticos” (para gestoría) y “de honorarios” (para pagarle a asesores y consultores). Además, el artículo 11 permite a la JUCOPO «autorizar, en casos excepcionales, subvenciones especiales por única vez, para atender asuntos específicos, si existe disponibilidad presupuestal para ello”.
El PRI, PAN, PRD, PVEM, MORENA, MC, PANAL y PES gastaron, entre septiembre de 2015 y febrero de 2018, 2 mil 029 millones 811 mil 577.14 pesos por concepto de subvenciones “ordinarias variables”; 10 millones 057 mil 223.98 pesos en “apoyos logísticos”; 111 millones 312 mil 105.80 pesos por “honorarios” (MORENA no registró gastos en este rubro); y 250 millones 035 mil 456 pesos en “subvenciones extraordinarias”.
Asimismo, los partidos erogaron 88 millones 797 mil 644 pesos para “apoyos» y “gratificaciones» para personal, además de 45 millones 414 mil 870.13 pesos correspondientes a “otros ingresos”, que recibieron PRI, PAN, PRD y PVEM.
Por lo demás, no es posible saber, a cabalidad, en qué gastaron los partidos políticos, porque no están obligados a publicar las facturas y recibos de sus egresos. La normatividad referida (artículos 15 a 23) sólo establece la obligación de presentar informes cuatrimestrales y semestrales ante la JUCOPO y la Contraloría Interna, basados en un sistema contable a consideración de cada grupo, según los formatos y la clasificación de subvenciones y rubros establecidos por ley.
A pesar de que el artículo 9 de la normatividad de recursos financieros del Congreso de la Unión establece que “en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, y en la adopción e instrumentación de las acciones que para tales efectos deban llevarse a cabo, se observarán criterios que promuevan el ahorro de recursos y la eficiencia en el trabajo, así como la transparencia, la simplificación, la modernización y el desarrollo administrativo”, la realidad es que los grupos parlamentarios reciben carretadas de dinero sin rendir cuentas con total apertura.
Por ello, explicó Jaime Hernández Colorado del CIDE, hace falta “un rediseño de las reglas de asignación de recursos de los partidos políticos, con base en sus necesidades presupuestales reales, para el cumplimiento de sus obligaciones y su operación administrativas”.
EL CAMBIO QUE SE AVECINA
A finales de 2016, se suscitó una polémica en la Cámara de Diputados porque los legisladores decidieron darse un bono de 150 mil pesos, cada uno. Este regalo, que nombraron “apoyos a personal”, causó disputas entre los grupos parlamentarios, porque además del bono, como parte de sus prestaciones de fin de año, los diputados ya tenían un beneficio similar como parte de sus ingresos mensuales. Estas prestaciones, se sumaron a los apoyos que reciben de la “subvención para honorarios de grupos parlamentarios” y de la “subvención de apoyo para el personal de grupos parlamentarios”.
“No permitamos que los diputados reciban el bono escandaloso, ostentoso, ilegal e inmoral que pretende la mayoría de los legisladores recibir, cuando ya tienen su aguinaldo, su dieta, cuando tienen un ingreso mensual satisfactorio muy superior al que recibe la mayoría de los mexicanos”, dijo entonces el Diputado emecista Manuel Espino.
Según el PEF 2018, este año la Cámara de Diputados recibió 8 mil 439 millones 435 mil 153 pesos. De esta cantidad, el 64.4 por ciento corresponde al rubro de “servicios personales” (cada Diputado nos cuesta 5 mil 328.11 pesos diarios, entre salario y prestaciones) y el 16 por ciento a “servicios generales” (que incluye el paquete de subvenciones). El resto se divide en “transferencias y subsidios” (14.8 por ciento), “obra pública” (2.9), “materiales y suministros” (1.7) y “mobiliario y equipo” (0.2).
En el marco de la LXIV Legislatura (que iniciará el 1 de septiembre de 2018 y concluirá el 31 de agosto de 2021), la Diputada de Morena Dolores Padierna ha propuesto reducir el gasto de la Cámara Baja.
«El principal concepto de ahorro sería la reducción de los salarios de los mandos medios y superiores en congruencia con lo señalado en el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se señala que ‘Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente’”, refiere su Propuesta de Reducción de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
Según la Diputada, la percepción bruta anual de los legisladores sería reducida, para 2019, en 21.79 por ciento (de 5 mil 328.11 a 4 mil 166.66 pesos diarios). Asimismo, de las 4 mil 047 plazas con que cuenta la Cámara de Diputados, 687 tendrían una reducción salarial que permitiría un ahorro de 352 millones de pesos, equivalente al 25.7 por ciento de lo que reciben actualmente.
En el caso del capítulo presupuestal “servicios generales” (que incluye el paquete de subvenciones), los morenistas planean ahorrar 353.6 millones de pesos, con recortes que reducirían las “asignaciones a los grupos parlamentarios” a la mitad (de 521.6 a 260.8 millones de pesos). De esta forma, el capítulo entero tendría ahorros consolidados de 26.1 por ciento.
Del resto de los capítulos, el de “materiales y suministros” y el de “mobiliario y equipo» quedarían igual; el de “subsidios y transferencias sería recortado en un 50 por ciento (con un ahorro de 623 millones de pesos) y el de “obra pública” podría ser suprimido siempre y cuando no hubieran obras en proceso.
«En síntesis –refiere el documento de Padierna– las disminuciones propuestas ahorrarían 2 mil 752 millones de pesos, equivalentes al 32.6 por ciento de lo autorizado para 2018».
