Durante muchos de los últimos años en los que estuvo vigente la Policía Federal fue, con harta facilidad, la policía más corrupta del país. Aliados con los cárteles de las drogas en las diferentes regiones de México ayudaron a la construcción y el crecimiento de las mafias mexicanas proveyendo, a partir de la corrupción, impunidad.

Sin transitar por una depuración, la Policía Federal se transformó en este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Guardia Nacional. Sumaron a los elementos a miles de jóvenes que se encontraban en adiestramiento en las fuerzas armadas, particularmente del Ejército Mexicano, y se levantaron bases de la Guardia Nacional en las principales ciudades del país para iniciar con los recorridos para convertir a esa corporación en una de aproximación, cuyo patrullaje constante tiene la intención de inhibir la comisión de delitos. No investigan, no persiguen, solo vigilan e intentan disuadir, con su sola presencia, a los criminales.

Pero, así como la Policía Federal terminó corrompida y aliada con las mafias, la Guardia Nacional, a poco más de cuatro años de su creación, ha tomado el camino de la corrupción. Muchos de los Guardias son criminales.

En Baja California, uno de los estados en los primeros sitios en la estadística de homicidios, y una región tomada por tres cárteles de la droga, el de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y el de los Arellano, lo que impera es la inseguridad y la violencia, a la que se suman, no en calidad de agentes del orden o vigilantes, sino como protagonistas, Guardias Nacionales criminales.

La última semana de junio de este 2023, una zona muy insegura del municipio de Playas de Rosarito fue patrullada por elementos de la Guardia Nacional. Una de las unidades oficiales y tripulada por seis guardias, entre ellos una mujer, tocaron muchas puertas de hogares en la colonia Lomas del Desierto. Explicaban a los ciudadanos que hacían trabajo de “rutina” y solicitaban entrar a las viviendas para realizar una inspección.

Inmersos en un clima de inseguridad y violencia, las familias permitieron el paso de los guardias nacionales a las casas. El 24 de junio llegaron a una vivienda donde una pareja residía. El hombre del hogar permitió el acceso a los guardias y fue retenido afuera de la propiedad para responder a un interrogatorio. La mujer acompañó a otros guardias nacionales al interior de la casa.

Una vez dentro, los guardias nacionales los acusaron de tener droga escondida en alguna parte. Exigieron con gritos y golpes que la mujer les dijera dónde estaba oculto el enervante. La aventaron sobre la cama, y dos guardias nacionales la violaron. Incluso le introdujeron una de sus armas en la vagina como parte de la tortura. Cuando satisficieron su apetito sexual, metieron al hombre a la casa, lo aventaron junto con su mujer violada, les echaron una cobija encima y les amenazaron: no podrían salir de ahí en dos horas, no podrían denunciarlos, o regresarían a hacerles daño.

La violación y el ingreso ilegal de los guardias a la vivienda sí fueron denunciadas por la pareja. Actualmente, la Fiscalía General del Estado investiga los hechos.

Pero esta no es la única acción criminal de la Guardia Nacional en Baja California. Unos días antes, el 12 de junio, en una persecución, policías locales localizaron un pick up abandonado por los tripulantes que huyeron a pie, y en el mismo, siete cuerpos. Seis en la caja del pick up apilados y cubiertos con lonas y llantas. Uno más en el suelo de la cabina del vehículo. Además, un bidón de gasolina, por lo que presumen que los cadáveres eran trasladados para deshacerse de ellos incinerándolos.

Todos los cuerpos correspondían a hombres y tenían señas de tortura. Al iniciar la investigación, familiares de los asesinados refirieron que estos habían sido detenidos por elementos de la Guardia Nacional. En una unidad oficial y además con su uniforme e insignias, guardias nacionales habían detenido a los siete hombres. Por eso cuando les notificaron a sus consanguíneos del crimen, no podían creerlo, los hacían detenidos en alguna celda.

En otros casos, las fechorías de la Guardia Nacional han quedado videograbadas en sistemas de vigilancia privados y públicos, como cuando entraron a la casa de un empleado administrativo de un bar desnudista y le robaron miles de dólares que guardaba en una caja fuerte, apenas el 29 de junio pasado. Los agentes, se aprecia en el video, llegaron uniformados, portando chalecos y armas largas. La unidad oficial la habían dejado estacionada a una cuadra de distancia de la casa asaltada.

En abril de este año, una patrulla de la Guardia Nacional, de la cual las autoridades locales tienen el número y cuyos agentes quedaron videograbados cuando entraron a un hotel en la zona centro de Tijuana, para extorsionar al encargado. De hecho, para cobrarle piso: 20 mil para que pudieran seguir laborando. La misma táctica delictiva aplicaron a otros negocios.

Hay más. En el mismo mes, pero en el Valle de Mexicali, una unidad de la Guardia Nacional, acompañados de civiles tripulando otros dos vehículos, entraron a una casa que había sido cateada y en la cual se encontraba un cargamento de droga. Se lo llevaron, mejor dicho, se robaron la droga, pues no la entregaron a la oficina local de la FGR. El hurto quedó videograbado.

También en video se capturó el momento en que, en una zona de tolerancia en Tijuana, un Guardia Nacional acudió con un vendedor de droga, entraron en una discusión, forcejearon y el narcomenudista asesinó de un disparo en la cabeza al elemento. Posteriormente, llegó el comandante de la Guardia Nacional y más tropa, y ayudaron al homicida a huir.

La Guardia Nacional, a la cual López Obrador le apuesta “la construcción de la paz”, está como su antecesora, la Policía Federal, corrompida. Sirve a los cárteles de la droga, extorsiona a ciudadanos, roba droga, viola, asesina. Y, a la par, podría terminar intimidando a ciudadanos con el amparo del presidente de México.

Adela Navarro Bello

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