La empresa petrolera británica había financiado un proyecto de conservación forestal en donde se les pagaría hasta 44 mil dólares a campesinos de la comunidad de Coatlila, Hidalgo; en su lugar, solo han recibido menos del 30 por ciento prometido.
Por Raphael Morán
Francia, 26 de julio (RFI).- En la pequeña comunidad rural mexicana de Coatlila en el centro de México, un proyecto de conservación del bosque financiado por la empresa petrolera británica BP trajo la esperanza. En 2019, la transnacional, a través de dos organizaciones ambientales propuso a los 133 miembros de esta comunidad plantar árboles y cuidarlos para absorber, en parte, las emisiones de Co2 de la explotación petrolera.
Ideado en el marco del protocolo de Kioto para proteger el clima, el mecanismo de bonos de carbono voluntario funciona de la siguiente manera: una empresa obligada a reducir sus emisiones, puede compensarlas financiando un proyecto de reforestación o de agricultura por ejemplo y que absorberá una tonelada de carbono. El proyecto genera un bono carbono, es decir un certificado con el que la empresa demuestra su compromiso para la transición ecológica.
A cambio de esta labor de conservación de la naturaleza, los campesinos mexicanos esperaban recibir hasta 44 mil dólares que se repartirían. Pero después de dos años de trabajo, solo recibieron 40 dólares por persona, es decir menos del 30 por ciento prometido, según una investigación de Bloomberg.
En otros casos, en cambio, algunas comunidades bien informadas, sí consiguen negociar remuneraciones decentes al vender servicios forestales de compensación de CO2.
Campesinos de Chiapas o Oaxaca en el sur de México han logrado vender bonos de compensación de carbono por nueve o 14 dólares la tonelada a través de su cooperativa ICICO. Rosendo Pérez, especialista en ciencias ambientales y responsable de relaciones internacionales de esta organización.
En cambio, el contrato sí le permitió a la petrolera BP compensar sus emisiones de CO2 al precio baratísimo de cuatro dólares la tonelada, en lugar de los 10 dólares que se pagan habitualmente en el mercado. Cuestionado sobre este precio abusivo pagado a campesinos mexicanos, el Presidente de México, Lopez Obrador indicó que se revisaría el sistema de compensación de carbono con bonos.
El caso de BP y Coatlila muestra la desprotección de los campesinos pobres frente a las transnacionales. Una asimetría que ha constatado Benjamin Rontard. Este economista francés estudió varios proyectos de compensación de carbono en los estados rurales de los estados mexicanos de Chiapas y Oaxaca.
Según el economista, la ausencia de control para fijar los precios a la tonelada de carbono compensado favorece este tipo de abusos contra comunidades campesinas.
En otros casos, en cambio, algunas comunidades bien informadas, sí consiguen negociar remuneraciones decentes al vender servicios forestales de compensación de CO2.
Campesinos de Chiapas o Oaxaca en el sur de México han logrado vender bonos de compensación de carbono por nueve o 14 dólares la tonelada a través de su cooperativa ICICO. Rosendo Pérez, especialista en ciencias ambientales y responsable de relaciones internacionales de esta organización.
México no es el único país donde ha sido cuestionado el sistema de compensación de CO2 a través de proyectos campesinos. En Colombia, el activista indígena siriano Mateo Estrada, asesor ambiental de la Organización de pueblo indígenas de Colombia OPIAC denuncia a su vez los contratos abusivos impuestos a comunidades indígenas.
Y fue precisamente lo que pasó con la comunidad indígena nukak de la Amazonía colombiana. Una comunidad vulnerable cuyo líder firmó un contrato desventajoso de compensación de carbono en su territorio por 100 años con una filial de una empresa alemana. En Colombia se contabiliza alrededor de 80 proyectos de compensación de carbono a través de la reforestación, conservación de bosques o siembra de café. Pero algunas de las empresas no siempre llegan con buenas intenciones.
Mateo Estrada que también forma parte del equipo de la futura ministra de medio ambiente del Gobierno de izquierda de Gustavo Petro, aboga por una serie de reformas para poder castigar a las empresas que proponen contratos leoninos de compensación de emisiones a comunidades rurales.
Rosendo Pérez estima que el contrato poco justo que firmó la petrolera BP con campesinos mexicanos puede afectar la credibilidad del mecanismo de bonos de carbono.
Además de los riesgos de inequidad en detrimento de campesinos e indígenas, ONG ambientalistas denuncian el sistema mismo de compensar las emisiones de CO2. En un informe detallado de 48 páginas publicado en 2021, la ONG francesa de lucha contra la pobreza Comité católico contra el hambre
CCFD estima que es muy hipotético pensar que se pueden compensar millones de toneladas de CO2 de las empresas petroleras sembrando árboles. Denuncian también el acaparamiento de tierras comunitarias en detrimento de la soberanía alimentaria. Y recuerdan que la energía más limpia, es la que no se produce.
