René Ojeda, director general de Mobike México, dijo que su empresa aún está a la espera de que la Semovi les dé la línea de captura para hacer el pago de la contraprestación y criticó que parece que la Semovi se “está ensañado en que los sistemas de movilidad sustentable no trabajen”. “Esto lo mandamos por oficio la semana pasada, no hemos tenido una respuesta formal al respecto. Mobike ha estado abierto a realizar este pago en todo momento con la Semovi”, afirmó, en entrevista con SinEmbargo.
Mobike (de bicicletas) y Lime (de monopatines) se quedaron sin permiso de operar luego de no pagar la contraprestación anual y deberán retirar de las calles sus unidades en los próximos días, de lo contrario, informó la Semovi, la autoridad podrá retirarlas. René Ojeda consideró que se trata de “un tema contra la industria, contra la movilidad sustentable, ya que no es casualidad que Mobike, Movo, Lime y Bird estén amparados en contra de lo que está haciendo la secretaria de seguridad”.
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), explicó que las empresas de bicicletas no ancladas y monopatines operaron en la Ciudad de México –desde su llegada en 2018– en total desorden, muchas sin permiso, y las que tenían, debían renovarlo cada dos semanas, muchas de ellas también rebasan el número de unidades permitidas y ninguna pagaba una contraprestación al Gobierno capitalino. Por ello, explicó, se llevó a cabo un proceso para otorgar un permiso de operación anual, se acordó el pago de una contraprestación que será utilizada para construir estacionamientos para las unidades y se dictaron nuevos lineamientos de operación.
Luego de este proceso, sólo dos empresas de bicicletas no ancladas (Dezba y Jump) y una de monopatines (Grin) obtuvieron un permiso anual para operar. Mientras, Mobike y Lime, dos de las empresas más populares en este servicio, se quedaron sin la autorización: la primera porque, argumentó, no pudo pagar en su momento la contraprestación; y la segunda porque desistió de hacerlo al denunciar que la Semovi no garantizó certidumbre jurídica en el proceso. Mobike también denunció que el proceso fue “autoritario” y que la secretaría le ha cerrado las puertas para el diálogo.
“Cuando nosotros llegamos en diciembre aquí había un verdadero desorden en el funcionamiento de este tipo de servicios [bicicletas sin anclaje y monopatines], y creo que eso es lo que había generado mucho conflicto con peatones y vecinos es las zonas donde están operando”, dijo Andrés Lajous, en entrevista con SinEmbargo.
Los primeros permisos otorgados para los Sistemas de Transporte Individual Sustentable (SiTIS) en 2018 se debían renovar cada dos semanas y las unidades operaban en un área “relativamente pequeña”: en Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y en una zona de Benito Juárez.
Las primeras bicicletas sin anclaje llegaron a la capital del país en febrero de 2018, durante la administración de Miguel Ángel Mancera Espinosa. Las primeras empresas en operar fueron Mobike, vBike y Dezba. Con las autorizaciones otorgadas, cada una de ellas tenía permitido poner en circulación un máximo de mil 100 unidades.
Para ese momento “no había reglas de operación de los sistemas, no había definiciones técnicas de cuáles eran las unidades que estaban dando servicio”, criticó el Secretario de Movilidad.
“No tenían establecido ninguna contraprestación, no tenían reglas claras, no se había publicado ningún lineamiento, no estaban considerados en la legislación. Todo fue diseñado de forma precaria, todo era nada más un aviso en la gaceta que decía que podía operar y que se les iba a dar permisos de dos semanas. Incluso [algunas empresas] dejaron de renovar y siguieron operando sin los permisos. Esa fue la situación cuando nosotros llegamos y empezamos a ordenarlos, les dijimos va a ver reglas de operación, una prueba piloto de 45 días, toda la información y a partir de ahí evaluamos”, precisó.
Andrés Lajous explicó que lo primero que hicieron al llegar al Gobierno fue reunirse con todas las empresas interesadas en operar estos sistemas en la capital del país. “Desde el principio, desde la transición, me estuvieron buscando individualmente las empresas, querían una cita. Yo decidí no recibir a ninguna de las empresas, justamente porque había una suspicacia entre las propias empresas de quiénes eran las que ya tenían acuerdos con el Gobierno anterior”, afirmó.
Cuando se comenzaron a realizar las reuniones estuvieron presentes todas las empresas interesadas, afirmó y dijo que ahí se les planteó que habría lineamientos de operación y lineamientos técnicos, y también se les informó que se abriría un proceso para llegar a los permisos anuales.
LA PRUEBA PILOTO
En febrero de 2019, la Semovi les entregó un primer permiso temporal de 45 días a 10 empresas, el cual finalizó en marzo de 2019, cuando se publicaron los nuevos lineamientos de operación. El permiso temporal incluyó una prueba piloto para analizar los datos de la demanda de esos servicios en la capital del país. Durante la prueba, a las empresas se les pidió que proporcionaran sus datos de operación, con los que la Semovi realizó un análisis sobre la demanda.
Durante esa etapa de prueba piloto Mobike, Vbike, Dezbba y Motum operaron bicicletas no ancladas; y Lime, Bird, Grin, Movo, Motum y Econduce, monopatines. Cada empresa fue autorizada para operar hasta mil 100 bicicletas y 500 monopatines, según fue el caso.
“A partir de ahí la verdad es que se empezó a ordenar en calle el servicio, y los obligamos a regresar al límite de unidades de los permisos que se les habían otorgado inicialmente”, detalló el titular de Semovi y comentó que con ello, algunas de estas firmas se molestaron.
El análisis realizado por la Semovi, explicó Andrés Lajous, arrojó que incluso aunque se redujo hasta en 40 por ciento el número de unidades en algunas empresas, el número de viajes se redujo sólo en un 20 por ciento. “Eso quiere decir que en la prueba piloto, con las reglas de operación que les pusimos […] vimos que si reducías el parque vehicular de cierta manera, no se reducía el número de viajes. Y es porque las empresas empezaron a operar de forma más eficiente”, dijo.
PRIMERA FASE PARA LOS PERMISOS
En la primera fase para el proceso de otorgamiento de los permisos pudo participar cualquier empresa que quisiera presentar una solicitud. Los interesados debieron presentar ante la Semovi documentos administrativos, legales y técnicos para demostrar que eran firmas constituidas y que podían operar.
“Lo que hemos visto en otros lugares del mundo y lo que teníamos la preocupación, es que básicamente alguien va a China y compra mil patines y después los avienta en la calle y dice: ‘ya soy una empresa de patines’. Nosotros lo que decíamos, necesitamos darle certidumbre a a los consumidores de que esa empresa existe, que tienen poliza de seguro, que son unidades relativamente seguras”, explicó Lajuos.
En esa primera fase se presentaron 12 empresas de monopatines y 5 empresas de bicicletas, entre las cuales estaban las que ya operaban y otras nuevas. El 28 de mayo pasado, la Semovi entregó a once de ellas las constancias de acreditación para continuar con el proceso: Dezba, Movo, Mobike, Motum y Jump (de bicicletas sin anclaje); y a Bird, Lime, Jump, Movo, Motum y Grin (de monopatines). En esa etapa Vbike desistió de su interés.
Mientras que las empresas Ufo, Bunny, Easy Taxi, Cabify, Helbiz y One, no fueron acreditadas tras no cumplir con los requerimientos técnicos o legales establecidos por la Semovi. “Hubo empresas que no pasaron es primera fase, porque no estaban constituidas legalmente como empresas, o porque no presentaron un protocolo de cómo actuar en hechos de tránsito, cosas así”, indicó el titular de la dependencia.
LA SEGUNDA FASE
La segunda fase del proceso comenzó el 29 de mayo y concluyó el pasado 27 de junio. En ese período, las empresas debieron presentar a la Semovi una serie de propuestas (de 1 a 20) de contraprestación anual que pagarían a la Ciudad de México por el número de unidades que quisieran operar, a partir de las cuales se hizo la subasta de las unidades a operar.
En los lineamientos, previamente publicados por la Semovi, se detalló que el máximo de unidades que habrá en las calles sería de 4 mil 800 bicicletas, y 3 mil 500 monopatines. Y se especificó que ninguna firma podría tener más del 50 por ciento del parque vehicular autorizado.
Andrés Lajous explicó que la Semovi decidió que el proceso del otorgamiento de los permisos fuera transparentes, y en el cual “no metiéramos la mano ni para seleccionar quién operaba, ni para seleccionar cuánto pagaban”. “Considerando como daba permisos la Secretaría de Movilidad, para cualquier cosas –concesiones de taxi, de micro, lo que sea– solía ser muy opaco porque no quedaba claro por qué se le daba a quién”, criticó el funcionario y dijo que el objetivo de realizar el proceso a través de la subasta.
Para este proceso, la Semovi estableció una contraprestación mínima (de 1,005 pesos por bicicleta al año; y de 1,300 por patín al año) la cual fue establecida calculando el costo de construcción y mantenimiento de un año de estos espacios, entre el número de bicicletas que caben en cada uno de ellos, y restando el valor de la reducción de la huella de carbón del uso de estos vehículos, ya que está sustituyendo a un auto. También se puso un máximo, de 2 mil 400 por bicicleta y 1,750 en el caso de los patines.
“Agarramos todas las propuestas que nos hicieron, el conjunto de empresas, y las combinamos, de tal manera que la combinación que elegimos es aquella que le da la contraprestación máxima a la ciudad”, explicó.
Lajous Loaeza afirmó que fueron las propias empresas las que plantearon la idea de pagar una contraprestación. “las empresas nos dijeron que querían pagar una contraprestación, y que la querían pagar para que se construyeran espacios para estacionar sus unidades sobre el arroyo vehicular, para no bloquear la banqueta”.
Esa misma petición, añadió, vino de los vecinos de las zonas donde operan estas unidades. “Entonces dijimos: va, hagamos una contraprestación para pagar estos espacios”. La dependencia busca construir 75 espacios de este tipo de toda el área de operación.
La tabla a continuación muestra las ofertas de las empresas:
“En ese sentido nos parecía un resultado perfectamente razonable, la empresa más grande establecida queriendo operar más y una empresa nueva, que es grande en el resto del mundo, queriendo operar una tercera parte del mercado; y la empresa chiquita mexicana que está empezando, operando más de lo que operaba y creciendo”, explicó Andrés Lajous.
Dezba, que es una empresa mexicana que estaba operando con 100 bicicletas, pagó la contraprestación de 900 mil pesos y tiene permiso para operar 500 bicicletas; Jump, una empresa a nivel mundial, pagó la contraprestación de 2 millones 470 mil pesos tiene permiso para operar 1,900 unidades.
Mientras que Grin pagó 24 millones 500 mil pesos para operar mil 750 monopatines. Mobike y Lime se desistieron a pagar.
EL CASO DE MOBIKE Y LIME
Andrés Lajous comentó a SinEmbargo que para la Secretaría “fue una sorpresa cuando Mobike nos dijo que no podían pagar”.
Explicó que la empresa primero que hubo un problema para obtener la línea de captura y que por ello se atrasó el pago cinco días, por lo que la Semovi otorgó una prórroga por ese lapso de tiempo a la empresa. “Luego de esos cinco días, a la Semovi llegó un amparo donde Mobike pedía no respetar ni el límite total de bicicletas ni pagar la contraprestación. “Mobike nos dijo que eran porque necesitaban más tiempo y que habían solicitado esto para ganar tiempo y hacer el depósito”, agregó Lajous. El juez le dio a la empresa otros cinco días para pagar, pero esto no sucedió.
“Después de eso, Mobike nos dijo que no estaba en posibilidad de pagar, que necesitaba nuevos inversionistas, que no tenían dinero de su casa matriz. Nos pidieron una prórroga de 90 días, pero pues justamente en un procedimiento con reglas establecidas, no puede ser arbitrario cuánto tiene una empresa para pagar, estaba establecido el límite de tiempo, ellos ganaron un poco más de tiempo por el amparo, las otras empresas sí pagaron en tiempo y forma”, continuó.
Las 2 mil 400 bicicletas que ya no podrá operar Mobike, agregó Lajous, se pondrán de nuevo en subasta, en la cual podrán participar las empresas que no obtuvieron un permiso. Y Mobike ya no podrá concursar de nuevo. “Ellos al hacer una oferta que en realidad no podían pagar afectaron la distribución de las otra empresas”, añadió.
En el caso de Lime, aunque la empresa ya contaba con la autorización de su propuesta, el último día para realizar el pago de la contraprestación informó: “Lime, la empresa líder de scooters eléctricos en el mundo, dio a conocer que debido a la falta de certeza jurídica a lo largo del proceso y que el mecanismo de subasta genera distorsiones en el mercado al anteponer el factor monetario al desarrollo de alternativas sustentables, aunado a la nula claridad sobre el futuro de la micromovilidad en la CDMX, no pagará la contraprestación requerida por la Semovi para obtener su permiso anual”.
Andrés Lajous comentó al respecto que Lime “simplemente dijo que estaba en incertidumbre jurídica, lo cual nos sorprendió porque ellos, digamos, fueron ganadores en este proceso. Yo entiendo que las empresas que no consiguieron permiso dijeran que no sabían qué va a pasar, pero en este caso ellos eran beneficiarios”.
Sostuvo que la empresa estuvo en las reuniones e incluso firmó una carta donde aceptaban los resultados y también aceptaron la notificación donde resultaron ganadores. “Me parece que el argumento de que hay incertidumbre jurídica, pues la incertidumbre jurídica ellos mismos la han generado, no nosotros”, añadió.
ACCIONES AUTORITARIAS: MOBIKE
René Ojeda, director general de Mobike México, dijo, en entrevista con SinEmbargo, que su empresa aún está a la espera de que la Semovi les dé la línea de captura para hacer el pago de la contraprestación. Sin embargo, sostuvo que a la empresa le preocupa que el Gobierno capitalino parece que se “está ensañado en que los sistemas de movilidad sustentable no trabajen”.
“Nosotros mandamos un último oficio la semana pasada solicitando la línea de captura a la Semovi para que se realizara el pago. Esto lo mandamos por oficio la semana pasada, no hemos tenido una respuesta formal al respecto. Mobike ha estado abierto a realizar este pago en todo momento con la Semovi”, afirmó.
Confirmó que en un inicio se pidió una prórroga por el proceso de inversión en el que se encontraba la empresa en América Latina, donde se busca traer más de 20 millones de dólares en los siguientes tres años para la región. “Esto no es tema sencillo y el Gobierno debería ser el principal interesado en que esta inversión directa llegue a la ciudad y se generen un mayo número de empleos”, agregó.
“Es muy importante recalcar que ellos tienen la atribución de que nos dejen pagar este tema. Si ellos prefieren que una empresa no pague y deje de operar y generar una afectación a más de 315 mil usuarios en el tema de Mobike, pues también ya es un tema que a nosotros nos preocupa”, dijo.
René Ojeda consideró que se trata de “un tema contra la industria, contra la movilidad sustentable, ya que no es casualidad que Mobike, Movo, Lime y Bird estén amparados en contra de lo que está haciendo la secretaria de seguridad”.
“Mobike no es la única empresa que está en contra de estos lineamientos que generó la Semovi, muy importante decir que en el proceso de la generación de estos lineamientos nunca se nos tomó en cuenta y siempre fue un tema pues bastante autoritario la forma en la que la generaron. Nosotros nos enteramos una vez que se publicaron en la gaceta”, indicó.
Sostuvo que todas empresas están de acuerdo en que se debe fomentar el orden en el uso de estos servicios “ahí es cuando todas las empresas nos sumamos, cuando todas las empresas veíamos con buenos ojos lo que están haciendo”.
Sin embargo criticó que en este proceso sólo se tomó en cuenta el dinero que pagarían las empresas, y no la calidad del servicio que darían. “Este procedimiento es ilegal, por si misma la subasta como la organizaron no es correcta”, dijo. También sostuvo que la Semovi no tiene facultades para decir qué empresa puede operar o no en la Ciudad de México.
Ojeda llamó a los ciudadanos de estos servicios que se ven afectados que busquen también ampararse y a sus usuarios mandó el siguiente mensaje: “Comentarles que nosotros seguimos trabajando, seguimos operando y seguimos buscando la manera de abrir un puente de comunicación con el Gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum para que todo esto llegue a buen termino”.
Recalcó que la empresa tiene “voluntad” de dialogar con la Semovi para acordar entre toda la industria y encontrar una solución en el tema. “Nosotros lo que realmente nos interesa es operar, nuestra preocupación es brindar un buen servicio, calidad a la movilidad de la ciudad y la verdad es que estamos perdiendo muchísimo foco al estar entrampados en este tipo de discusiones”, dijo.
