Violaciones a derechos humanos, riesgos ambientales y sociales y opacidad, son las palabras que describen a la infraestructura de ductos de hidrocarburos en México, de acuerdo con una investigación realizada por CartoCrítica. La organización civil identificó 6 mil 777 proyectos de ductos, cuya longitud abarca 68 mil 817.05 kilómetros, equivalente a dar 1.7 veces la vuelta a la Tierra.
En la presentación del proyecto, la Alianza Mexicana contra el Fracking refirió que las nuevas normas aprobadas en el marco de la Reforma Energética podrían generar más conflictos sociales, vulnerabilidad a comunidades y ejidos, además de apoyar de manera desequilibrada a un solo sector productivo.
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- A lo largo y ancho de México se extiende una amplia red de ductos para el transporte de hidrocarburos que, además del riesgo que implican por los derrames, explosiones y contaminación, es parte de una infraestructura que se encuentra sumida en la opacidad de las autoridades que resguardan con recelo la ubicación, antigüedad, estado, número de fugas y la cantidad de tomas clandestinas que sufren las tuberías.
De acuerdo con una investigación realizada por CartoCrítica, se identificaron 6 mil 777 proyectos de ductos, cuya longitud abarca 68 mil 817.05 kilómetros, equivalente a dar 1.7 veces la vuelta a la Tierra. De ellos, el 94 por ciento son ductos terrestres; el resto están ubicados en el Golfo de México -3mil 973.8 km frente a los estados de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas- y en el Océano Pacífico -21.5 km frente a Baja California-.
Para Manuel Llano, investigador de CartoCrítica e integrante de Alianza Mexicana contra el Fracking, el argumento del Gobierno federal para negar el acceso a la información pública en formatos abiertos es “difícil de creer”.
Primero, porque a pesar de la opacidad con que se conducen las autoridades, “la multiplicidad de documentos oficiales existentes” -que les permitió a los investigadores generar un mapa de la red de ductos en el país- ya “ha sido publicada numerosas veces en fuentes oficiales”.
Tal es el caso de las convocatorias para las licitaciones publicas de los gasoductos a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o de las licitaciones que genera Petróleos Mexicanos (Pemex), mismas que “contienen trazos vectoriales georreferenciados, listados de coordenadas y planos topográficos que permiten determinar con absoluta precisión la ubicación, trazo, dimensiones y características de los gasoductos”, explicó Llano.
El problema, en ese sentido, es que las negativas del Gobierno dificultan la protección civil, obstaculizan la participación ciudadana, e imposibilitan los estudios para cuantificar los impactos sociales y ambientales de la red de ductos de hidrocarburos en territorio nacional. Por el contrario, Llano expuso que la información disponible es “poco sistemática y [se encuentra] en formatos cerrados [PDF]”.
Asimismo, para el investigador, el hermetismo gubernamental emanado del pretexto de seguridad nacional no se corrobora, no sólo “porque la autoridad energética se niegue a transparentar, en el estándar de los datos abiertos, la información que de facto ya es pública”, sino también porque existen países como Canadá y Estados Unidos, que cuentan con plataformas públicas en las que se muestra la red completa de ductos en sus respectivos territorios.
Pemex es el principal constructor de ductos de este tipo en nuestro país. Cuenta con tubería destinada a la recolección de petróleo crudo y gas provenientes de los pozos de extracción, que transportan la materia prima a las refinerías, petroquímicas y complejos procesadores; además de contar con ductos de distribución de productos petroquímicos derivados, a las terminales de almacenamiento y a los consumidores finales.
Sin embargo, no es la única empresa constructora de ductos para el transporte de hidrocarburos.
La CFE también añade kilómetros a la amplia red de tubería en México, ya que requiere de infraestructura para abastecer de gas a las plantas generadoras de electricidad a nivel nacional. También están las comercializadoras de gas natural, servicios de grandes industrias, y otros.
Dichas tuberías, por lo general, son subterráneas, y para su construcción, requieren de amplios derechos de vías libres y sin cobertura vegetal. Esto implica el área que comprende el diámetro de los tubos, que varía de una a más de 50 pulgadas (de 0.0254 a 1.27 metros), además de la zona de excavación para su construcción, mantenimiento y una franja de seguridad (o derecho de vía) que puede abarcar hasta 10 metros de ancho, lo que termina por afectar al suelo y su entorno.
Los ductos de recolección, que permiten el acopio de hidrocarburos que se han extraído del subsuelo, están a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En cambio, los ductos de transporte y distribución son regulados por la Comisión Reguladora de Energía, además de estar integrados al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural. Es decir, aunque existen dos tipos principales de ductos, más allá de su función, se diferencian por las normas e instituciones que las regulan.
Más allá del problema de opacidad, está el problema ambiental. Como lo señaló Dawid Danilo Bartelt, director de la Fundación Heinrich Böll México, durante la presentación “Mapas interactivos sobre la infraestructura y características de los ductos de hidrocarburos en México”, “estamos en una época de transición energética, donde el gas natural es pieza clave, pero contamina más que el carbón”.
El Gobierno federal, a partir de la Reforma de 2013, apostó al uso de gas natural para la generación de energía eléctrica y para uso cotidiano, bajo el argumento de que se trata de un “combustible puente” para el desarrollo de energías limpias. Sin embargo, pese a que el gas natural produce 32 por ciento menos emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el proceso de generación de energía eléctrica, su proceso de extracción y transporte termina por producir más contaminación que el uso de carbón, refirió Bartelt.
Por su parte, Beatriz Olivera, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, refirió que las nuevas normas aprobadas en el marco de la Reforma Energética -la Ley de hidrocarburos, Artículo 96- podrían generar más conflictos sociales, vulnerabilidad a comunidades y ejidos, además de apoyar de manera desequilibrada a un solo sector productivo.
“La industria de hidrocarburos adquiere carácter de utilidad pública y de carácter preferente”, lo que implica que “el Estado podrá aplicar figuras como la servidumbre legal o la ocupación y filtración superficial en terrenos, en uso de suelo, lo que a la larga detonará en algunos conflictos [sociales]”, explicó. Esta figura “supone que los propietarios deben ceder sus tierras de manera obligatoria a las empresas, a cambio de una contraprestación”, situación que vulnera los derechos de las comunidades y ejidos, “porque no se encuentran en igualdad de capacidades para negociar con las empresas”.
Según el Centro de Información Sobre Empresas y Derechos Humanos, en el año 2016 se documentan 61 casos de conflictos asociados al tema del medio ambiente, entre ellos, 11 relativos al sector de los hidrocarburos.
