En la sesión de este martes, los legisladores aprobaron la derogación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el Gobernador, Roberto Borge Angulo. De acuerdo con la oposición, nombrar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa era una vía para blindarse contra acusaciones de supuesta corrupción.
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).– El Congreso de Quintana Roo derogó las designaciones de los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJA) días después de que la Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por oponerse a los lineamientos del Sistema Nacional Anticorrupción .
De acuerdo con la oposición y manifestaciones de ciudadanos, era una vía del Gobernador Roberto Borge Angulo para blindarse contra investigaciones por presuntos casos de corrupción.
Por unanimidad, el Pleno aprobó dejar sin efectos los nombramientos de Minerva Maribel Moreno Cruz, César Cervera Paniagua y Jorge Herrera Aguilar como magistrados.
En la sesión de este martes, los legisladores aprobaron la derogación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, y de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por Roberto Borge Angulo, Gobernador del Estado.
Sin embargo, la derogación no contempló el nombramiento de Javier Félix Zetina como auditor Superior del Estado, ni la asignación de escoltas para el mandatario estatal y su familia por un periodo de 15 años.
Durante la discusión, la Diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Trinidad García Arguelles, cuestionó por qué no se revocó el nombramiento del fiscal, Carlos Álvarez.
El 11 de julio pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad en contra de los Congresos y los Gobernadores de Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua luego de que el mes pasado los legisladores locales aprobaron reformas “que se oponen a los lineamientos generales” del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Ley General Anticorrupción –que entrará en vigor una vez sea promulgada por el poder Ejecutivo– previó que los estados deben esperar a la expedición de las leyes generales a efecto de que sus sistemas locales anticorrupción se ajusten y armonicen al Sistema Nacional. Pero los priistas Roberto Borge Angulo, Javier Duarte de Ochoa y César Duarte Jáquez –cuyas administraciones han sido cuestionadas– se adelantaron y modificaron la reforma en este rubro con la intención de blindarse al buscar designar a funcionarios encargados de promover la justicia.
Ante esta acción, Borge Angulo dijo que acatará con responsabilidad la resolución de la SCJN, pero negó haber promovido la creación de un sistema anticorrupción para el estado que pronto dejará de gobernar.
Expertos consultados por SinEmbargo aseguraron hace unos días que la acción de la PGR fue acertada (aunque tardía) pero, dijeron, solo es una parte del camino, ya que la nueva maquinaria anticorrupción dará las herramientas para profundizar en auditorías, seguir la ruta del dinero y juntar evidencia para desmantelar las redes de corrupción. El trabajo será documentarlo bien y, finalmente, actuar en consecuencia por la vía penal, no solo a nivel administrativo.
“La acción [de inconstitucionalidad] está bien, es un mecanismo de control y un recurso legal. Pero si nos queremos meter al fondo del asunto, tenemos auditorías, menciones documentadas de temas como deuda pública, pago a proveedores; fallas en el incumplimiento de responsabilidades financieras del estado que darían lugar para meterse al fondo”, expuso Ricardo Corona, abogado general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Además, de acuerdo con Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), el poder Ejecutivo debe determinar estas acciones ante la SCJN como de “alta relevancia” para que la resolución no tarde mucho tiempo, ya que no queda otra medida al ser cambios ya aprobados por los Congresos locales.
