La última publicación de las cifras oficiales de incidencia delictiva mostró una tendencia que se ha consolidado con la administración del Presidente Enrique Peña Nieto: Guerrero y el Estado de México encabezan la ola de asesinatos en el país. Sin embargo, en esta última entidad las autoridades, y buena parte de la prensa, se han encargado de que los esfuerzos de denuncia sean escasos, argumentan activistas. Desde el 2012 a la fecha, en el Estado de México se registraron 16 mil 165 denuncias por homicidio doloso. ¿Qué papel ha jugado el Gobernador Eruviel Ávila Villegas en medio de esta crisis?
Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 26 de julio (SinEmbargo).— El Estado de México es peligroso y es también la entidad que con mayor éxito ha invisibilizado la violencia. Así lo consideran representantes de organizaciones sociales, quienes plantearon que la ciudadanía mexiquense atraviesa dificultades para denunciar los hechos y otros sectores poderosos, como el empresarial y los miembros de la Iglesia católica, han preferido guardar silencio.
“Es un estado con mucho dinero, la matriz de un movimiento corrupto que ha vivido de la impunidad durante décadas, y que derivó en la Presidencia de Enrique Peña Nieto”, dijo el activista Daniel Gershenson Shapiro.
Los homicidios en el Estado de México arrastran una tendencia en ascenso desde hace años incluso. La semana pasada, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública apuntaron que 237 asesinatos ocurrieron durante junio en la entidad, seis más que en el mismo periodo del 2015.
“La sociedad civil está amedrentada y hace falta una apertura, una transición que se ha vivido en otros estados de la República”, opinó Gershenson. Las altas tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes llevan casi un lustro en ascenso en el estado donde la población sólo conoce el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En el 2011 se reportaron 9.54 asesinatos por cada 100 mil, en el 2015 esa tasa ascendió a 12.27.
El pasado 21 de julio, el Gobernador Eruviel Ávila Villegas ofreció una alianza entre la policía y la ciudadanía. De esta cuenta, propuso la creación de consejos municipales de seguridad, que puedan interconectarse.
Sin embargo, en marzo el Gobernador impulso la llamada “Ley Atenco”, que criminaliza la protesta social y permitía el uso de armas contar civiles. Y aunque fue aprobada por el Congreso local, el mismo Ávila Villegas tuvo que pedir su inconstitucionalidad, concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), debido a las críticas a nivel nacional.
El miedo es lo que ahora prevalece al momento de exigir derechos en el Estado de México, han referido activistas.
Clara Jusidman Rapoport, presidenta fundadora de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (INCIDE Social), develó que en el caso del Estado de México resalta el poder político del Grupo Atlacomulco, y no el de las organizaciones civiles.
“Da la impresión de que no hay un Gobierno, pero tampoco organizaciones civiles fuertes ni empresarios organizados. Hay, por ejemplo, grupos de Antorcha Campesina [ligado al PRI] que han tomado incluso municipios, pero es un estado que aún no encuentra su identidad. Seguramente una parte se siente más identificada con la Ciudad de México, y otras están muy alejadas; entonces tiene una identidad poco clara y eso contribuye a la violencia que estamos viviendo”, detalló Jusidman.
Fuentes consultadas contrastaron la situación que vive Guerrero –que junto con el Estado de México encabeza la ola de homicidios en el país–. Guerrero, por ejemplo, reportó en el primer semestre del año mil 52 casos, 20 más que el Estado de México.
El 13 de julio pasado, unos 100 integrantes de organizaciones empresariales y civiles, y representantes de la Iglesia católica e iglesias evangélicas se congregaron en una actividad a la que denominaron Luto por Chilpancingo, buscando paz en medio de la tormenta y para condenar los 125 asesinatos dolosos ocurridos en la capital en o que va del año, donde estuvo aparentemente involucrada la delincuencia organizada, según su recuento.
“El caso de Guerrero es de escándalo, pero se percibe un ánimo de mucha mayor apertura. Hay medios independientes como El Sur, acosados, pero combativos. En cambio, el Estado de México ha sido el laboratorio del autoritarismo priísta", dijo Gershenson.
A finales del mes pasado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chilpancingo, capital de Guerrero, reveló que al menos 100 empresarios han solicitado permisos para portar armas. Se sabe ahora que al menos a la mitad ya les fueron concedidas.
Durante una reunión Florencio Salazar Adame, Secretario General de Gobierno de esa entidad, el presidente de Coparmex explicó que en el caso de Chilpancingo 35 trabajadores de siete empresarios ya contaban con permisos para portar armas dentro del marco de la Ley.
En cambio, en el Estado de México, la industria privada se ha aliado con el PRI, refirió Gershenson.
“El único empresariado que prospera es el que ha vendido su alma a los intereses políticos, o es un empresariado que representa a la familia Hank, que ha hecho de la política su mejor negocio”, afirmó el luchador social.
AGRESIONES A MIGRANTES
Los migrantes sufren el mayor número de ataques en el país que no terminan de ser denunciados ante las autoridades competentes, han dicho organizaciones civiles, pero en el Estado de México poco se sabe de lo que les sucede.
Karina Ramírez Rivera, representante de la organización Un Mundo Una Nación, detalló que los ataques perpetrados en el pasado por grupos del narcotráfico a los migrantes han cedido lugar a las agresiones hechas por la empresa de seguridad privad “Cusaem” –Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México– en Tlaxcala, Querétaro y el Estado de México. Cusaem brinda servicios a Ferrosur, empresa de trenes de carga donde en ocasiones viajan los que cruzan México.
“Se están documentando casos de violación de derechos humanos por parte de la empresa de seguridad privada de Ferrosur. Quién es FerroSur, pertenece a Grupo México, y quién es Grupo México: son empresarios que han respaldado a Enrique Peña Nieto desde su candidatura. Tienen tanto poder que se sienten intocables”, dijo Ramírez.
Un Mundo Una Nación refiere que 9 de cada 10 agresiones que se reportan dentro de la organización provienen de la empresa. En el pasado la organización Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR) informó que la empresa antes llamada Cusaem se encargó de la seguridad privada de Enrique Peña Nieto cuando era Gobernador del Estado de México.
“Muchas veces los testigos nos cuentan su testimonio, pero no quieren que se denuncie, porque no tienen tiempo o no sienten la seguridad para presentarse ante autoridades sociales. Las agresiones más leves que hemos registrado son golpes, robo, hasta balazos”, dijo Ramírez.
HACIA EL 2017
La gestión de Eruviel Ávila Villegas en materia de seguridad puede tener repercusiones en las próximas elecciones a celebrarse en la entidad el próximo 4 de junio, refirieron especialistas.
“Es el estado más importante a nivel económico, y es la reserva de votos tal cual de un priismo que va buscar todas las maneras de mantener la gubernatura y la Presidencia de la República. Han estado cayendo las cabezas visibles, los capos en Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua. Y creo que lo mismo puede suceder en Coahuila, Estado de México y Nayarit”, dijo Gershenson.
Los entrevistados coincidieron que la labor del Gobernador para prevenir los feminicidios en el estado no se puede dejar pasar. Si bien la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la Alerta de Género para 11 de los 125 municipios en julio de 2015, a menos de un año de su implementación el registro de este delito suma 90 casos.
“En la sociedad hay un machismo exacerbado que ha llevado a altos índices de violencia contra la mujer. Creo que hay un gran rezago en la estructuración de procuradurías, sistemas de investigación, etc, que hablan de una baja fortaleza del Estado de México”, dijo Jusidman.
Otro aspecto importante, dijo la fundadora del INCIDE, es que el narcotráfico ha hecho mella en la entidad.
“Hay una serie de bandas que cruzan el estado, y que a diferencia de Guerrero no han sido identificadas, o se dice que operan ahí, pero provienen de otros sitios”, declaró.
La organización Semáforo Delictivo detalla que el nivel de ejecuciones cometidas por el narcotráfico en México alcanza a 6 de cada 10 homicidios. El Estado de México también es una de las entidades con mayor número de robos: 32 mil 419 en lo que va del año, de los cuales el 52 por ciento han sido cometidos con violencia.
“Eruviel Ávila en cualquier otro país ya hubiera sido destituido. Es un hombre que usted recordará el 1 de julio del año 2014, unas cuantas horas después de las ejecuciones extrajudiciales del Ejército en Tlatlaya, salió a defender al Ejército, de una manera totalmente obstinada. Y ha sido Alcalde de Ecatepec, donde dejó que funcionara la delincuencia organizada”, recordó Gershenson.
