Hace algunos días, el Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al pueblo de México a celebrar el 5º aniversario del triunfo de lo que él denomina la “Cuarta Transformación” (4T), suceso que considera histórico para el país. El evento se llevará a cabo el próximo 1º de julio a las 17:00 horas en el Zócalo de la Ciudad de México. Argumentando un cambio de régimen, López Obrador—así como muchos de sus seguidores—dan por hecho que México se transformó radicalmente desde su elección en 2018. Además, comparan—con osadía quizás—el actual proceso que vive México con tres momentos históricos: 1) la Independencia, 2) la Reforma y 3) la Revolución.

Parece difícil aceptar y distinguir con claridad este cambio de régimen, más allá de lo que presenta la propaganda oficial. En realidad, la tan anhelada transformación no parece reflejarse “aún” en un cambio de las estructuras socioeconómicas del país más allá del clientelismo; ni en un verdadero desarrollo económico de México, más allá de las coyunturas; tampoco en una sociedad más justa y más igual, más allá de los programas del Bienestar. Por el tamaño de los retos, lograr una verdadera transformación de nuestro país llevaría demasiado tiempo. Entonces, parece prematuro celebrarla ahora mismo, con sólo cinco años de Gobierno. La 4T fue, eso sí, un poderoso lema de campaña y después de Gobierno. Sin embargo, una transformación histórica, como la plantea López Obrador, no se concreta sólo porque cambió el Gobierno y algunos de los liderazgos políticos (no todos) tienen nombre y apellido diferente.

Es verdad que Andrés Manuel López Obrador comenzó su mandato con un claro proyecto de país en mente, derivado de un amplio conocimiento de México y sus problemas. Y no sólo eso, el proyecto parece guiar la mayor parte de las acciones de su gobierno. No obstante lo anterior, parece exagerado—y quizás hasta soberbio—alegar que México ya se transformó y que hay que celebrarlo con bombos y con platillos. El legado de este Gobierno debe sustentarse en resultados de largo plazo, consolidarse e ir más allá del carisma de su líder político, así como de la pericia y el exitoso pragmatismo de sus operadores electorales. México aún vive una enorme desigualdad que no se revierte—y no se ha revertido nunca—a través de apoyos clientelares, sin atacar de raíz las contradicciones del mismo sistema capitalista.

A pesar de algunos buenos resultados a nivel macroeconómico—más no extraordinarios—el país continúa experimentando gravísimos problemas. Quizás entre los problemas a resolver más apremiantes se encuentran el de la inseguridad, la violencia y el crimen organizado. En su primer año de Gobierno, y al crear la Guardia Nacional, el actual Presidente de México señaló categóricamente que sin “seguridad” ni paz, “no habría Cuarta Transformación”. Y él tenía toda la razón. Un país extremadamente inseguro en el que mueren, por sexenio, cientos de miles de personas, no podría ofrecer bienestar real, ni oportunidades de desarrollo a todos sus ciudadanos, más allá de los programas sociales.

De acuerdo con las estadísticas oficiales y los testimonios de aquellos que viven en carne propia la violencia atroz y las extorsiones perpetradas por grupos de delincuencia organizada o paramilitares criminales en diversas regiones del país, no se podría pensar en una “Cuarta Transformación”. Es verdad que hay logros que no pueden escatimársele al presente Gobierno de México en este rubro, pero en el agregado podría quizás pensarse en un fracaso real de la estrategia de seguridad a nivel nacional.

No obstante los elevadísimos niveles de violencia y el control que ejerce el crimen organizado en diversas regiones del país, el Gobierno mexicano hace hincapié constantemente en sus logros en materia de seguridad. Por ejemplo, hace énfasis en la ligera caída en el número total de homicidios en los últimos tres años, así como en la disminución de delitos de índole diversa. En el caso de homicidio doloso, por ejemplo—y según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)—se registra una disminución de 13.4 por ciento desde que comenzó la administración de López Obrador. Así lo reconoció recientemente la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez (véase https://www.altonivel.com.mx/actualidad/mayo-el-mes-mas-violento-en-mexico-en-2023-registro-2660-homicidios/).

Dichos logros parecen, a simple vista—y si no vives en una región dominada por el crimen organizado—nada despreciables. Sin embargo, en el contexto general de las cosas, los avances parecen ser bastante mínimos en realidad; tan mínimos, que incluso algunos tienden a ignorarlos y los anulan con mala voluntad y siguiendo una agenda política. Es verdad que el tema de la seguridad en México se ha politizado significativamente, al punto que la oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiende a negar categóricamente cualquier logro en esta área, desinformando y tergiversando la realidad—sobre todo en tiempos electorales. Es realmente penosa la crítica mezquina que hace la oposición, pues son precisamente sus principales representantes y liderazgos, quienes avalaron (y algunos incluso operaron directamente) una estrategia que efectivamente marcó una tendencia sumamente difícil—o casi imposible—de revertir.

No obstante los muy celebrados logros en este rubro por parte del Gobierno de la autoproclamada Cuarta Transformación, la realidad muestra otra cara al analizar algunos indicadores de forma distinta o al enfocarse en otros datos. Por ejemplo, de acuerdo con información del Inegi, el número total de homicidios en el todo el sexenio de López Obrador superará, por un monto considerable, al registrado en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/continuas/mortalidad/defuncioneshom.asp?s=est). Incluso el Presidente mexicano lo admite (https://elpais.com/mexico/2023-06-01/lopez-obrador-admite-que-los-homicidios-en-su-sexenio-ya-superan-a-los-gobiernos-anteriores.html), pero parece minimizar el problema y endosa culpas únicamente a sus predecesores—evadiendo así cualquier responsabilidad.

La problemática de la seguridad en México no es menor. El número de desaparecidos, las extorsiones y la brutalidad de la violencia ejercida contra las comunidades en múltiples regiones del país son extraordinarios. Nos encontramos en medio de una situación muy compleja en términos de seguridad. Los datos avalan esta preocupación y los testimonios de las múltiples víctimas de la delincuencia organizada en el país en los últimos años son también escalofriantes. He tenido la oportunidad de documentar esta situación en el campo después de haberla vivido en carne propia. Asimismo, he capturado múltiples voces de quienes viven diariamente una situación de alerta máxima que no se puede ni se debe minimizar.

No obstante la difícil situación que vive México en este rubro, parece demasiado mezquino politizar una tragedia humana y desinformar de forma burda y evidente con una agenda electoral. El movimiento opositor a la autodenominada Cuarta Transformación ha demostrado amplia experiencia en ello y, en un tema tan delicado, algunos de sus miembros han reaccionado con torpeza cuando ellos mismos marcaron la tendencia. Por su parte, el oficialismo hace patente su lentitud—o quizás su ineptitud—en la solución de un problema que consolidaría su propio proyecto y avalaría su aspiración de una verdadera transformación histórica en México.

El punto clave aquí es entender el por qué de las tendencias y del problema más importante que impera hoy en día en México. A simple vista, el Gobierno de López Obrador pareciera operar con ineptitud—o quizás simplemente con lentitud—en este rubro. Y la excusa del mandatario radica en lo que se hizo y no se hizo en el pasado. Dicha explicación puede sonar irresponsable y hasta pueril—como la pintan algunos opositores—pero el Presidente parece tener algo de razón.

La tendencia que marcaron los dos gobiernos anteriores determina, en cierta forma, el destino de la Cuarta Transformación. Fue Felipe Calderón quien declaró una guerra contra las drogas, comenzando así un proceso de militarización en el país que ocasionó, por sí mismo, un crecimiento exponencial en los homicidios y generó niveles de violencia inusitados que no se detienen por la propia dinámica castrense y la aparición de células complejas adaptativas en el mundo criminal en México.

Entonces se reconfigura el espacio delincuencial en el marco de una guerra que no puede ser ganada, pero que requiere de una respuesta militar ad infinitum. Para el oficialismo, pareciera entonces que el futuro de su “transformación” se deja ahora mismo en las manos de las Fuerzas Armadas. Sin seguridad no habrá transformación, como lo sentenció el Presidente. Entonces, al apostar por las Fuerzas Armadas para pacificar al país, el sello del Gobierno de la Cuarta Transformación—si se consigue el objetivo—sería el de la militarización.

Guadalupe Correa-Cabrera

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Guadalupe Correa-Cabrera. Profesora-investigadora de Política y Gobierno, especialista en temas de seguridad, estudios fronterizos y relaciones México-Estados Unidos. Autora de Los Zetas Inc.

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