La energética española Iberdrola ha sido señalada por malas prácticas en al menos cinco países donde tiene presencia, incluyendo México, donde la CRE recientemente le impuso una multa histórica de 9 mil 145 millones de pesos por vender en forma ilegal energía bajo la figura de autoabastecimiento.
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Al menos 18 señalamientos, entre multas y resoluciones de entes reguladores, acumula la energética española Iberdrola desde 2008 en cinco países donde tiene presencia, incluyendo México, donde opera desde hace 23 años.
Los países donde la energética ha enfrentado acusaciones son España (8), México (3), Estados Unidos (2), Reino Unido (1) y Brasil (2), en algunos casos por manipular el mercado de energía eléctrica, sobornos y hasta tráfico de influencias, como se muestra en la siguiente tabla.
Sobre estos señalamientos, Iberdrola se ha defendido y en algunos casos ha impugnado las multas. Para conocer una opinión más amplia sobre este tema, SinEmbargo consultó, vía correo electrónico, a la empresa española, pero su respuesta fue que por el momento no estaban emitiendo posturas al respecto.
Con más de 170 años de historia, el grupo Iberdrola es hoy un líder energético global, el primer productor eólico y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo. En México, donde tiene presencia desde 1999, tiene una capacidad instalada de más de 9.3 GW a través de 16 centrales de ciclo combinado y cogeneraciones, 693 MW en siete parques eólicos y 470 MW en tres parques fotovoltaicos distribuidos en 15 estados del país.
A pesar de tener el certificado de “Empresa Socialmente Responsable”, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía a empresas y organizaciones establecidas en el país que cumplen con sustentabilidad económica, social y ambiental, Iberdrola ha sido señalada por comunidades, organizaciones ambientalistas y recientemente fue sancionada por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) con una multa histórica de 9 mil 145 millones de pesos por vender en forma ilegal energía bajo la figura de autoabastecimiento.
De acuerdo con el órgano que supervisa el mercado energético de México, Iberdrola Energía Monterrey entregó la energía a sus socios a cambio de una “prestación económica”, algo que no está permitido en la regulación bajo la cual se otorgó el permiso.
La resolución precisa que la subsidiaria violó el artículo 36, fracción l, inciso A de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE), donde se precisa que no se puede vender energía eléctrica a terceras personas que no sean socios cuando se apruebe el proyecto original.
Resolución CRE Iberdrola 27 de mayo_compressed_compressed-2“La conducta descrita es antijurídica, toda vez que deviene en una afectación a los bienes jurídicos tutelados por las normas que imponen la obligación a la Permisionaria de no vender, revender o por cualquier acto jurídico enajenar capacidad o energía eléctrica”, señala el documento.
Las pruebas que la CRE utilizó para fundamentar la falta consisten en la presentación de facturas sobre la venta de energía emitidas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La resolución destaca también que Iberdrola Energía Monterrey comercializó la energía eléctrica generada por la central del periodo 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, de acuerdo con el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que proporciona el Servicio de Administración Tributaria.
Sobre esta resolución, Iberdrola solicitó a un juzgado en México un amparo. De acuerdo con el diario La Jornada, la empresa española interpuso la solicitud, que aún no tiene un estado de admitida, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones.
Además de esta multa, en marzo pasado la Comisión Reguladora de Energía aprobó un proyecto de resolución en el que se autorizó la exclusión del centro de Magna Assembly Systems de México S.A. de C.V. de dos permisos para generar electricidad que proporcionaba Iberdrola.
Los permisos retirados fueron el E/1397/COG/2015, otorgado a Iberdrola Cogeneración Altamira y el E/1444/AUT/2015, otorgado a Iberdrola Renovables del Bajío. Además, se negó a otorgar modificaciones al permiso con número E/1486/COG/2015 para aprovechar la energía generada en su planta de cogeneración Bajío y para realizar trabajos de ampliación en la misma.
BRASIL: DENUNCIAN SOBORNOS
El 19 de julio de 2014, campesinos de Belo Monte denunciaron sobornos a alcaldes y líderes de las aldeas por parte del consorcio Norte Energía, donde se encuentra Iberdrola, por la construcción de la megapresa de Belo Monte. La denuncia fue asentada en el informe “Las multinacionales en el siglo XXI: impactos múltiples”.
El informe realizado por Luis Miguel Uharte Pozas recoge también otras prácticas de la compañía como la división de aldeas y compra de líderes mediante la provisión de víveres y gasolina para los barcos. Según el documento, la construcción de la presa representaba un fuerte impacto en la zona, ya que implicaría la inundación de 40 kilómetros cuadrados de tierra, emisión de gases de efecto invernadero en una zona selvática, el desplazamiento de pescadores de la zona y alrededor de 40 mil personas expulsadas de sus casas.
La presa finalmente fue inaugurada en 2016 pese a las protestas.
Pero este no es el único señalamiento en contra de la energética en Brasil. El 13 de abril de 2016, Greenpeace solicitó públicamente a Iberdrola, Mapfre y Siemens que dejaran de destruir el Amazonas con la construcción de grandes presas hidroeléctricas que destruyen ríos y enormes zonas de selva, así como la inundación de territorios indígenas.
De acuerdo con Greenpeace, Neoenergía, filial de Iberdrola en Brasil, ha estado implicada en la construcción de numerosos proyectos polémicos hidroeléctricos y forma parte del consorcio de empresas que elaboraron el Estudio de Evaluación Ambiental del proyecto de São Luiz do Tapajós. Durante la intervención de un miembro de Greenpeace en la Junta de Accionistas, el 8 de abril de 2016, se solicitó al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, una declaración pública de desvinculación del proyecto hidroeléctrico y de otros en la Amazonía que amenazan la selva y los pueblos indígenas, pero se negó a hacerlo.
“Ni gestionamos ni pintamos nada en ese tema”, dijo Galán a Greenpeace. “Son temas de los brasileños, que seguro que lo están haciendo de acuerdo con las leyes brasileñas”.
El 5 de agosto de 2016, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) canceló la licencia de construcción de la mega presa São Luiz do Tapajós, de la que no se quisieron desvincular ni Iberdrola ni Mapfre. Ambientalistas y, principalmente los indios del pueblo Mundukuru, en la tierra indígena Sawré Muybu, en el estado brasileño de Pará, celebraron la decisión.
EU: RECHAZA COMPRA A IBERDROLA
El 3 de diciembre de 2021, Security Limits, una empresa de ciberseguridad, presentó una demanda contra Iberdrola y Avangrid, la filial norteamericana que cotiza en Wall Street, por 110 millones de dólares en un juzgado federal de Nueva York por presunta manipulación de licitaciones y extorsión.
La demanda, de 72 páginas, describía un plan diseñado por varios ejecutivos de Iberdrola para generar millones de dólares en compras innecesarias de equipos electrónicos que posteriormente no se usaban y que se cargaban contra los servicios públicos de Nueva York, Connecticut y Maine, las zonas donde opera Avangrid.
No obstante, el 14 de febrero de este año Avangrid informó que Security Limits retiró la demanda que le puso en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
El 9 de diciembre de 2021, la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México, en Estados Unidos, rechazó la propuesta de Avangrid de adquirir PNM Resources. El regulador argumentó que los riesgos del acuerdo superan los beneficios para los usuarios del estado y aceptó la recomendación emitida a principios de noviembre de ese año por la ponente Ashley Schannauer, quien observó tres problemas: gobernanza del nuevo grupo, calidad del suministro eléctrico y los conflictos judiciales de Iberdrola en España por el caso Villarejo.
REINO UNIDO: MULTA A FILIAL
El 30 de noviembre de 2021, el regulador británico de la energía, Ofgem, multó a Scottish Power, filial de Iberdrola, y a National Grid con 158 millones de libras (186 millones de euros) por los retrasos en el cable submarino para exportar energía entre Escocia, Gales e Inglaterra, denominado Western Link. El retraso de dos años dificultó que los generadores de energía renovable en Escocia exportaran electricidad limpia.
ESPAÑA: UN CÚMULO DE LITIGIOS
Si en otros países Iberdrola es señalada por malas prácticas, en España, donde nació la empresa, suma acusaciones desde hace años. Por ejemplo, el 15 de febrero 2008 la entonces Comisión Nacional de Competencia impuso una multa de 15.4 millones de euros a la eléctrica por abuso de posición dominante en el mercado de generación de energía eléctrica en la zona de Levante-Norte durante el segundo semestre de 2004 y algunos días de enero y febrero de 2005. Según la denuncia, la empresa ofertó energía en el mercado diario a precios superiores para que las ofertas no cesaran y se recurriera al mercado de restricciones técnicas, donde se paga más por la electricidad.
En otro caso, el 28 de febrero de 2012, la Comisión Nacional de Competencia multó con 10.6 millones de euros a tres sociedades de Iberdrola por traspasar clientes desde la comercializadora de último recurso de luz hasta la comercializadora en mercado libre sin su consentimiento. Las empresas sancionadas fueron Iberdrola S.A., Iberdrola CUR e Iberdrola Generación.
El 30 de agosto de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia impuso una sanción de 25 millones de euros a Iberdrola Generación por la manipulación del precio de la energía eléctrica. La sanción se refiere a las actuaciones realizadas mediante el incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013.
Sobre este caso, el 17 de marzo de 2016 la Audiencia Nacional acordó suspender cautelarmente la multa y hasta el momento está pendiente de cobro.
Años más tarde, el 21 de febrero de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó con un total de 100 mil euros a Iberdrola Clientes y EDP Energía por incumplir los procedimientos de contratación que deben seguir las compañías de gas y electricidad cuando captan un nuevo cliente.
La empresa reconoció los hechos el 27 de abril de 2020 y pagó anticipadamente, logrando dejar la sanción en 60 mil euros, 40 por ciento menos.
El 9 de julio de 2021 la Audiencia Nacional de España puso a Iberdrola Renovables bajo investigación formal por un supuesto caso de espionaje. El Juez Manuel García Castellón investiga si la empresa incurrió en un delito de cohecho al contratar al excomisario de policía José Manuel Villarejo para que supuestamente espiara a la empresa suiza Eolica Dobrogea, que se había asociado con Iberdrola para proyectos en Rumanía. La investigación aún sigue su curso.
El 11 de agosto de 2021, alcaldes de 19 municipios ribereños denunciaron ante la Comisión Europea a Iberdrola por el vaciado del embalse de Ricobayo (Zamora), una denuncia que fue atendida el 24 de agosto de ese año cuando el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, informó a los alcaldes que la Dirección General de Medio Ambiente del organismo estudiaría el caso, mientras que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España abrió un expediente informativo a Iberdrola por el desembalse.
El 13 de agosto de 2021, VOX también denunció a Iberdrola ante la Comisión Europea por vaciar el embalse de Ricobayo. Según el partido español, la capacidad pasó en pocos días de 95 a apenas un 12 por ciento para aumentar su producción y lucrar con los precios.
Este 2022 Iberdrola acumula más señalamientos. Apenas el pasado 30 de mayo el Juez de la Audiencia Nacional de España, Ismael Moreno, admitió a trámite y abrió el procesamiento contra la energética por una investigación que inició la asociación de consumidores Facua, que detectó un sobreprecio durante el ejercicio de 2013. Según la denuncia, la empresa habría inflado 26.5 por ciento el precio de la energía eléctrica.
El pasado 15 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) obligó a la empresa española a desmantelar la planta fotovoltaica Núñez de Balboa, en la provincia de Badajoz, la más grande de Europa, y a devolver a su dueño las 500 hectáreas sobre las que está asentada por considerar que estas fueran expropiadas de manera ilegal. Esta resolución ha sido impugnada por Iberdrola.
Finalmente, el pasado 20 de junio el Juez de Castilla y León, Javier del Blas, confirmó una multa de 11 millones 250 mil euros y ratificó el embargo de bienes por un total de 130 millones de euros contra tres directivos de Iberdrola implicados en una trama de corrupción político-empresarial en la que se habrían otorgado varias concesiones para construcción de parques eólicos en la que hubo desde sobornos hasta tráfico de influencias y prevaricación, según informó el diario español El Confidencial.
