La violencia de género se ve reforzada por leyes discriminatorias y normas sociales que socavan las oportunidades de mujeres y niñas en acceso a educación, ingresos e independencia, situación que se ha agravado durante la pandemia.
Ciudad de México, 26 de junio (Open Democracy).- América Latina ha sido claramente identificada como el nuevo epicentro de la COVID-19, mientras que hay otra endemia pasa inadvertida: la pandemia de violencia de género, agravada ahora por el coronavirus.
Frente a la amenaza de la crisis sanitaria, muchos países tomaron decisiones para contener el brote, como cerrar fronteras y aprobar medidas de confinamiento de la población a través de cuarentenas nacionales. Las circunstancias exigían tales posturas, pero el control de la pandemia agravó los niveles ya exorbitantes de violencia doméstica en una de las regiones más mortales para mujeres en todo el mundo. Para miles de mujeres latinas, el hogar está lejos de ser un refugio.
Nuevos datos del Comité Internacional de Rescate (IRC, por su sigla en inglés) muestran un aumento dramático en los reportes de violencia de género en América Latina desde que empezó la pandemia por la COVID-19.
En El Salvador, cerca de 200 denuncias de violencia contra la mujer fueron reportadas por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) entre el 17 de marzo y el 22 de mayo, lo que representa un aumento del 70 por ciento de las denuncias con respecto al 2019.
En México, el estado de Chihuahua vio un aumento de 65 por ciento en los feminicidios entre marzo y abril de 2020. Las llamadas a las líneas de denuncia en el país aumentaron en un 60 por ciento en las semanas posteriores a las medidas de confinamiento y distanciamiento social.
Según la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, en Colombia hubo un aumento de 51 por ciento en los casos de violencia doméstica contra las mujeres durante los primeros días de la cuarentena nacional. La campaña NoEsHoraDeCallar identifica que 99 mujeres han sido víctimas de feminicidio este año, según el periódico El Tiempo. Desde el inicio de la cuarentena, las llamadas a las líneas de denuncia han aumentado en más del 90 por ciento.
Para el mes de abril de 2020, también hubo un aumento desproporcionado del 65 por ciento en los feminicidios en Venezuela, en comparación con abril de 2019.
Ya en Honduras, a partir de la pandemia, el número de casos reportados de violencia doméstica e intrafamiliar aumentó en un 4.1 por ciento por semana.
Según otro reportaje de El Tiempo, en Argentina, las llamadas a líneas directas de violencia doméstica crecieron en un 40 por ciento después de que el Gobierno instituyó una cuarentena obligatoria. El país registró 140 muertes violentas de mujeres entre el 1 de enero y el 30 de mayo, según la ONG Mumalá Nacional (Mujeres de la Matria Latinoamericana).
En Brasil, las denuncias de violencia doméstica registradas a través de la línea directa del gobierno federal aumentaron casi un 38 por ciento sólo en abril. Sólo en los 12 estados analizados por el Foro Brasileño de Seguridad Pública, los feminicidios aumentaron en un 22 por ciento en marzo y abril.
UNA PANDEMIA QUE ANTECEDE EL CORONAVIRUS
La pandemia por la COVID-19 agravó el problema de la violencia de género en países latinoamericanos porque los gobiernos han fallado en enfrentar sus causas, permitiendo que los crímenes ocurran dentro de casa de forma sistémica y estructural.
La violencia de género se ve reforzada por leyes discriminatorias y normas sociales que socavan las oportunidades de mujeres y niñas en acceso a educación, ingresos e independencia.
Según datos compilados a partir del 2018 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) sobre las mujeres asesinadas por su pareja o un miembro de su familia, la región de las Américas es la segunda más fatal para las mujeres, detrás de África. Cada 3.1 mujeres africanas por cada 100 mil son víctimas de feminicidio, y en las Américas la tasa es de 1.6 por cada 100 mil mujeres.
El estudio de 2016, “Un análisis de género de muertes violentas”, informó que 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidio son latinoamericanos.
No queda duda que la situación es crítica, pero la ausencia de datos estandarizados, las divergencias entre las leyes entre los diferentes países de la región, la subnotificación de casos, entre otras barreras, dificultan el trabajo de prevención y aplicación de la justicia en casos de violencia de género, incluyendo los feminicidios.
En noviembre de 2019, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) anunció una muy buena noticia: está en curso la creación de un sistema de registro de los feminicidios que abarcará a toda Latinoamérica y el Caribe, de modo que los datos futuros podrán ser estandarizados. Pero contar con mejores números para comprender el panorama general del problema es solo el comienzo.
EL FEMINICIDIO Y LA DESIGUALDAD
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo identifica la desigualdad como principal causa de la violencia de género. Esta realidad queda reflejada en los rankings: países más desiguales también tienen tasas desproporcionadamente altas de feminicidios y violencia contra la mujer.
En muchos lugares, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, la violencia de género se ve reforzada por leyes discriminatorias y normas sociales que socavan las oportunidades de mujeres y niñas en acceso a educación, ingresos e independencia.
Como ejemplo, por lo menos un tercio de las víctimas de feminicidio en Colombia entre 2014 y 2017 había pedido protección frente a la justicia, lo que sugiere que las autoridades fallan a la hora de garantizar la seguridad de mujeres con alto riesgo de feminicidio.
Cuando los casos denunciados llegan a la justicia, raramente terminan el condena. Según el mismo reportaje de El Tiempo, de 76 casos de feminicidio que tiene registrada la Fiscalía, solo en un cuarto hubo condena contra el agresor y apenas 13 han tenido una audiencia de imputación de cargos.
No ver que la causa de la violencia de género y de los feminicidios está basada en la desigualdad lleva a decisiones infructíferas. En Colombia, por ejemplo, esta misma semana el Senado está debatiendo la implementación de la cadena perpetua para casos de violación sexual contra niños, niñas y adolescentes, pretendiendo buscar una solución penal y punitiva a un problema que es estructural e histórico.
Así como la pandemia de la COVID-19 requirió medidas extraordinarias para contener el virus, la pandemia de la violencia de género requiere en este momento que proporcionemos protección y refugio a las víctimas con toda urgencia.
Pero si realmente queremos luchar con eficacia contra el problema, tendremos que exigir intervenciones más serias a través de políticas enfocadas en el largo plazo, que modifiquen las normas sociales discriminatorias y que cierren las brechas de género, ya sea a nivel educativo, económico o social.
