De acuerdo con los últimos datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alrededor de nueve millones de personas no tienen acceso al agua potable y once millones no cuentan con servicios de alcantarillado, drenaje ni saneamiento, aún así, más de la mitad del vital líquido se pierde por fugas.
Cuernavaca, Morelos, 26 de junio (Sin Embargo).- En México, el abastecimiento de agua es bajo, insuficiente y discriminatorio, aunado a ello, la carencia de acciones por parte de las autoridades provocan que el 50 por ciento del vital líquido que se supone debería ser distribuido en el territorio nacional, se va en fugas.
“Es una cuestión sistémica porque en muchos casos las fugas se dan por la falta de mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado, de la infraestructura, eso a su vez tiene que ver con que los organismos operadores están en números rojos porque no cobran el agua o porque la gente no paga, porque no hay tarifas que estén escalonadas como lo ha recomendado el Banco Interamericano de Desarrollo donde señala que debe pagarse el consumo real del agua y dejar de estar completamente subsidiada”, dijo la abogada ambientalista Alejandra Rabasa Salinas, en entrevista para SinEmbargo.
De igual manera, subrayó la importancia de crear un organismo financiero y fiscal donde los recursos obtenidos de los pagos por el vital líquido se reinviertan en la operación y el mantenimiento de las instituciones encargadas de tratarlo y distribuirlo.
El tema, —señaló durante el “Seminario de Agua, Ambiente y Derechos Humanos”, realizado en Cuernavaca, Morelos el 23 y 24 de junio—, podría ser materia de la ley que el Congreso de la Unión debió expedir hace 4 años para garantizar el derecho humano al agua.
La reforma constitucional que incluyó este derecho se publicó el 8 de febrero de 2012 y había un año para contar con esa ley, sin embargo, han pasado casi 4 años y aun no existe.
“La Ley General de Aguas podría establecer las bases regulatorias para hacer toda la reforma de los organismos operadores que a su vez podrían llevar al mantenimiento adecuado de la infraestructura y así evitar las fugas y el desabasto”, puntualizó.
No obstante, los gobiernos locales podrían trabajar para que el líquido llegue a más familias, ya que la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado es una cuestión que el artículo 115 de la Constitución le atribuye a los municipios.
“Cada estado tiene sus propias leyes sobre la prestación de los servicios públicos en los diferentes municipios, así que es un tema que también pueden resolver los congresos locales en la legislación de cada estado y los propios municipios con sus programas de obra pública y mantenimiento de la infraestructura”, destacó Rabasa.
REPARTO DISCRIMINATORIO
En México no existe cobertura universal de agua potable y saneamiento, nuestro país es el único miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en dicha situación.
De acuerdo con los últimos datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alrededor de nueve millones de personas no tienen acceso al agua potable y once millones no cuentan con servicios de alcantarillado, drenaje ni saneamiento.
“Un dato que me parece bastante triste porque es un problema de discriminación también, es que la mayoría de las personas que no tienen acceso al agua habitan en zonas rurales, de los nueve millones de personas que no cuentan con agua, cinco viven en dichas comunidades; y de los once millones sin drenaje, ocho se encuentran en zonas rurales”, lamentó.
De acuerdo con la experta, esta situación se da porque muchas de las zonas alejadas de la urbanización no cuentan con electricidad y caminos, por lo que no es posible implementar los métodos tradicionales para lograr que las comunidades tengan acceso al agua potable.
Organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han revelado que actualmente 35 millones de mexicanos tienen una situación de poca disponibilidad de agua.
Por ejemplo, en el año 1950 cada habitante del país tenía aproximadamente 18 mil metros cúbicos del vital líquido, para 2013, la disponibilidad bajó hasta 3 mil, sin ser equitativo para todos los sectores de la sociedad mexicana.
Dicho volumen, de acuerdo con estándares internacionales, es considerado como una disponibilidad baja.
Como si faltaran datos alarmantes, el Atlas del Agua de la Conagua de 2013, advirtió que para 2030 en algunas regiones de nuestro país habrá un problema de escasez grave “es decir, no va a haber agua ni para los cultivos ni para la alimentación ni para las necesidades básica de consumo doméstico ni para prevenir enfermedades, etcétera”, alertó.
Ante este panorama, Anaid Velasco Ramírez, gerente de Investigación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), subrayó la necesidad de contar con una ley en materia, ya que desde febrero de 2012 la Reforma al Artículo Cuarto de la Constitución Política de México así lo mandató.
Además, señaló que la carencia del vital líquido es una factor de pobreza. Según el Índice Ethos de Pobreza para México, la variable de ingreso es la que más contribuye a dicha condición en el hogar [22 por ciento], seguida de las de servicio sanitario y de acceso al agua potable, con 20 y 21 por ciento respectivamente.
La especialista agregó que el 41 por ciento del factor de pobreza tiene que ver con la cantidad y calidad del vital líquido al que se tiene acceso.
Por ejemplo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2010, la falta de agua en Guerrero afectó a poco más de la tercera parte de su población, en Veracruz a una de cada cuatro, en algunas zonas de Tabasco, Chiapas y Oaxaca a uno de cada cinco habitantes; y en Coahuila existen municipios en los que tres de cada diez pobladores no cuentan con agua.
Asimismo, aseguró que la Ley General de Aguas (LGA) está relacionada también con el respeto a derechos humanos como la vida, la alimentación, medio ambiente sano, salud, entre otros.
Finalmente, Velasco enumeró cinco elementos que debe contener la LGA para cumplir con los mencionados derechos: primero garantizar la progresividad y no regresión, segundo, debe contemplar también principios de equidad y justicia; tercero, debe contar con mecanismos de coordinación; cuarto, debe existir acceso a la información, participación social y justicia; sin olvidar los criterios para la ponderación de derechos.
