Mineras canadienses exploran y explotan terrenos y minas en México. Hasta 95% de las ganancias de esos proyectos sale del país. Pobladores de esas zonas denuncian impactos negativos a la salud, al ambiente y al tejido social.
Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).– Excellon Resources decía que sí. Era 18 de abril de 2013. Era la segunda audiencia entre los representantes de la empresa minera y los ejidatarios de La Sierrita, en Durango, y la compañía de origen canadiense aceptaba devolver mil 090 hectáreas arrendadas desde 2004. La comunidad del ejido La Sierrita pelea desde septiembre pasado en tribunales con la minera Excellon de México, filial de la canadiense, a la que demandó por incumplimiento del contrato establecido para el arrendamiento de 1100 hectáreas.
La minera ha explorado fuera de los territorios establecidos y se ha negado a cumplir con cláusulas como la implementación de una planta tratadora de agua y la concesión de los servicios del comedor a los ejidatarios. El anuncio del fin del conflicto a favor de la comunidad se difundió en la prensa. Se habló de un caso histórico. Ejemplo para otros. Pero Excellon no cumplió.
A la siguiente audiencia, la del 9 de mayo de 2013, la empresa no sólo no llegó con un documento de entrega de las tierras, sino que confirmó su intención de comprar 10 hectáreas, aunque tampoco presentó una oferta formal. Los ejidatarios interpretaron la acción como una más para desgastarlos. Otra burla a ellos, a la ley.
En el lado opuesto del país, en el sur, en Oaxaca, otra comunidad está también en lucha contra una empresa canadiense, en este caso es Fortuna Silver Mines. Parte de los pobladores de San José del Progreso acusan a su filial en México de estar provocando un conflicto social en la comunidad, entre quienes se oponen a la mina y quienes están a favor. Asesinatos y ataques con armas de fuego se imputan a la acción de la compañía en la región.
Cerca de ahí, en Guerrero, la mina Los Filos, de la empresa canadiense Goldcorp, detona diariamente, en el ejido de Carrizalillo, más de 70 mil toneladas métricas de tierra y utiliza cianuro para extraer oro. Activistas han levantado censos que revelan desde enfermedades respiratorias y en la piel, hasta abortos y bebés con malformaciones. La responsable de la clínica en la comunidad asegura que antes de la llegada de la mina se registraban sólo enfermedades comunes.
Tres casos que son sólo una muestra. De acuerdo a información del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, en México hay 25 conflictos socio-ambientales con mineras, de éstas, 15 son empresas canadienses. Los motivos son: contaminación del medio ambiente, falta de consentimientos de las comunidades para el proyecto, problemas de salud, enfrentamientos sociales, entre otros.
Entre las empresas involucradas figuran: Goldcorp, BlackFire, Metallica Resources, Mine Finders, Great Panther, Fortuna Silver, Esperanza Silver, Gold Group, entre otras. Aunque está también el caso de Wirikuta, donde la empresa First Magestic Silver Corp pretendía explorar en tierras sagradas del pueblo wixarika, y muchos otros no registrados en este conteo.
No sólo en México las mineras canadienses avanzan explotando minerales y recursos, dejando una lista de quejas por violaciones a derechos humanos, a la salud y ambientales. Varios países de América Latina registran conflictos similares. Pero las canadienses tienen la vista bien puesta en el país y las autoridades no se hacen del rogar. México es el primer destino de inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto a nivel mundial, de acuerdo al Metals Economics Group.
A punto de concluir el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en la primera mitad de 2012, las autoridades salientes concesionaron a la industria minera 4 millones de hectáreas, a través de mil 343 títulos nuevos, lo que implica un crecimiento de 322% respecto al mismo lapso del año anterior.
Las estadísticas del último informe presidencial de Calderón Hinojosa indican que para la primera mitad de 2012 había 2 mil 611 sociedades inscritas en el registro público de minería; las nacionales representaban 48.5%, mientras que 41.5% tenía capital extranjero. Con cifras hasta diciembre de 2012, la Secretaría de Economía (SE) reportó que de las compañías foráneas, 71.83% son canadienses.
¿POR QUÉ CANADÁ INVIERTE TANTO EN MÉXICO?
Canadá, un país conocido por su tradición extractiva de minerales, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales inversores extranjeros en minas en el mundo. Jennifer Moore, coordinadora para Latinoamérica de Mining Watch, organización que desde 1999 monitorea las quejas contra las compañías mineras de su propio país, dice que allá se ha puesto mucho enfoque en la promoción de esa actividad. “El gobierno del país promueve a la industria y las empresas tienen el respaldo de las autoridades”.
Moore asegura que el interés en la región (60% de la inversión canadiense en el sector está en América Latina) se debe a que los marcos legales son más favorables para sus inversiones; como en el caso de México.
En el texto denominado Survey of mining companies 2010-2011, del Instituto Fraser, que se desprende de una encuesta realizada entre 3 mil compañías de todo el mundo, la canadiense Goldcorp destaca que en México existe un fuerte apoyo gubernamental para las actividades de exploración minera; apoyo implementado por las dependencias que tienen a su cargo administrar y asistir a la industria, lo cual -a decir del consorcio canadiense- se suma a una estructura impositiva favorable.
Y es que estas empresas pagan aquí muchos menos que otros territorios. Natural Resources Canada detalla que en su país, el gobierno cobra regalías mineras a una tasa que fluctúa entre 10 y 17%, según la provincia de que se trate. Estados Unidos aplica una tasa de 10% de regalías, más los impuestos regulares. Chile cobra 9 por ciento.
En México, apenas el pasado 29 de abril el Senado de la República recibió la minuta de la Cámara de Diputados que reforma diversas disposiciones de la ley minera y de la ley de coordinación fiscal para que las empresas paguen anualmente un impuesto de 5% sobre sus ganancias netas.
La minuta se analizará hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, aunque hay senadores que han anticipado su rechazo a los planteamientos, como el perredista Armando Ríos Piter, quien ha calificado la propuesta como equivocada, por dedicarse sólo al tema fiscal, bajo una óptica deficiente, y sin explorar la problemática real, como la parte medio ambiental, laboral y el impacto a las comunidades.
La entidad encargada de otorgar las concesiones mineras es la Secretaría de Economía. Bajo la ley federal vigente, las empresas extranjeras deben solicitar una concesión minera y operar a través de una empresa mexicana, pero la empresa local puede estar completamente en manos de extranjeros. Este acuerdo permite a los inversionistas tener la propiedad total sobre el funcionamiento de sus minas y sólo pagar los impuestos correspondientes.
La SE otorga las concesiones sin consultar a las comunidades donde se asentarán las minas, pese a que muchas son de población indígena y México ratificó en 1990 el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, que garantiza a esos pueblos el derecho a ser consultados en lo referente a desarrollos en sus territorios tradicionales. La secretaría tampoco hace un estudio serio sobre los impactos en la región o sobre los beneficios para el país.
Rurik Hernández, fundador de la Red Mexicana de Afectados por la Minera (Rema), asegura que la dependencia sólo coteja que no haya otra concesión minera donde se está solicitando una nueva y si no se empalma con otra, la otorga. Pero no se encarga de verificar ningún otro aspecto, eso se lo deja al resto de las secretarías involucradas en los permisos para la operación de las minas. Basta con leer la ley y el reglamento mineros para corroborar que es verdad.
Eso quiere decir que primero se otorgan los derechos sobre el subsuelo y luego se analizan los impactos, suponiendo que estos se analizan bien, porque para el caso de las manifestaciones de impacto ambiental de los proyectos, son las propias compañías mineras quienes pagan los estudios y no la autoridad, en este caso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); lo cual supone ya un conflicto de intereses.
El discurso oficial asegura que las inversiones extranjeras en minería y las concesiones traen consigo proyectos de largo plazo, la generación de infraestructura básica como caminos, drenaje, alumbrado e infraestructura social, como vivienda de calidad, escuelas, centros deportivos y hospitales.
También se pondera la promesa de la generación de empleos en las regiones y una derrama económica para el país, pero en buena parte de América Latina, dice Moore, donde las regalías y los impuestos son muy bajos, “las empresas mineras se llevan hasta 95% de las ganancias y son las comunidades locales las que pagan los costos por el impacto de su operación”.
Según el especialista en temas financieros Carlos Fernández-Vega, sólo en 2010, el gobierno federal concesionó más de 4 millones de hectáreas para explotación de minerales. Los ingresos fiscales derivados de esas concesiones ascendieron –en el mejor de los casos, y utilizando un promedio tarifario– a alrededor de 20 millones de dólares. En cambio, ese año, los consorcios beneficiados tuvieron ingresos por poco más de 15 mil millones de dólares –cantidad 50% más alta que la percibida en 2009–, lo cual arroja una diferencia de 750 tantos a favor de las compañías.
En cuanto a los empleos, dependerá del tamaño del proyecto y la fase en la que se encuentra, durante la de construcción, pueden generar entre mil 500 y 2 mil empleos, pero estos no durarán más de dos años. Ya en la fase de explotación, el número de puestos de trabajo va de 150 a 200, y duran de siete a 10 años. “Es relativamente poco empleo y a corto plazo”, señala Moore.
Los impactos más graves para los territorios explotados, de acuerdo a Mining Watch, se generan hacia la fase de cierre de la mina. Entre 60 y 70% de ésta s generan drenaje ácido; es decir, la generación de ácido sulfúrico por exponer roca con cantidad de azufre al oxigeno y el agua. El agua acidificada con el ácido sulfúrico, puede disolver, a su vez, otros metales tóxicos que también se encuentran en las rocas.
No hay un caso donde se haya intentado regenerar una zona donde hubo una minera, dice Moore. “En Canadá, de hecho, hay muchas minas abandonadas, porque restaurar los sitios donde operaron costaría miles de millones de dólares, tan solo tratar el drenaje ácido cuesta docenas de millones de dólares y las empresas no se hacen cargo de eso”. Aunque, aun antes del cierre de las minas, diversos casos reportados señalan el impacto a las comunidades.
CASO DURANGO: EL DESPOTISMO DEL DINERO
En 2004, representantes de Excellon Resources llegaron hasta La Sierrita de Galeana, en el municipio de Tlahualilo, en Durango, cerca de La Laguna, para solicitar la renta de cuatro hectáreas del área de uso común. La Asamblea General, órgano regulador de un ejido, aprobó el arrendamiento de esas tierras para la exploración en busca de plata, plomo y zinc.
Pero después, narra Dante López, miembro del colectivo Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), Excellon les presentó a los representantes del Comisariado Ejidal un contrato por la renta de 27 hectáreas, por el mismo precio que correspondía a las cuatro solicitadas primero. “Los representantes del ejido no querían firmar el documento, pero los de Excellon les dijeron que tenían el poder suficiente para hacer que el gobierno les expropiara sus tierras si se negaban”.
Los ejidatarios trataron de dialogar pero, ante la falta de una buena asesoría legal, finalmente cedieron las 27 hectáreas en renta, donde la compañía instaló la boca de la mina, una trituradora y oficinas administrativas. Tres años después, la empresa minera pidió la venta de mil 100 hectáreas de uso común.
En este punto fue cuando intervino Prodesc para asesorar a los ejidatarios. Ya con la información adecuada y el respaldo del centro, la comunidad decidió que sólo rentaría las tierras por 15 años, mediante un contrato de ocupación temporal, prorrogable a otros 15 años, y en el cual se reconocerían, además de las de renta anual (que aumentaría año con año de acuerdo al índice inflacionario), cláusulas de índole social y medio ambiental.
En ese acuerdo se específico que la empresa otorgaría 15 becas para hijos de ejidatarios. Se propuso un fondo social de 3 millones de pesos. Se planteó la contratación de los ejidatarios, sus hijos o recomendados para cualquier vacante dentro de la planta productiva de la mina La Platosa. Se acordó la construcción de una planta tratadora de agua. Además, se pactó la concesión a los ejidatarios de los contratos de transporte de mineral, del comedor de los trabajadores y del transporte de personal.
Pero, dice Alejandra Ancheita, directora de Prodesc, pasaron tres años y la empresa sólo cumplió las clausulas económicas: el pago de la renta anual, las becas otorgadas a los hijos de ejidatarios y el pago del fondo económico social para el ejido. Las otras no las cumplieron. Además, la minera violó una cláusula básica, en la cual se asentaba que debían solicitar permiso a los ejidatarios para hacer exploraciones fuera de las mil 100 hectáreas.
Pablo Gurrola, gerente general de la mina subterránea “La Platosa”, buscó a los ejidatarios para solicitar permiso de realizar trabajos de exploración fuera de las tierras acordadas, sólo que esos trabajos ya se habían realizado. Frente a todo lo anterior, a finales de 2011, los ejidatarios le plantearon a la directiva de la empresa una mesa de revisión del contrato.
La empresa asistió a la primera cita para la revisión, pero no a las siguientes. Finalmente la directiva de Excellon México aseguró a los ejidatarios no estar dispuestos a negociar nada, porque las demandas les parecían abusivas. Los ejidatarios decidieron hacer un plantón pacífico frente a la empresa, no sólo para demandar la renegociación del contrato, sino también para exigir la construcción de la planta tratadora de agua.
Al plantón se unieron trabajadores de la mina, organizados en la sección 309 del Sindicato Nacional Minero, inconformes porque la empresa quería imponerles otro sindicato y por la muerte de un compañero, cuya familia se quedó sin pensión.
Después de tres meses, el 29 de agosto de 2012, narra Ancheita, con el pretexto de una inspección laboral, personal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (SCTP), acompañados por elementos del ejército y la policía federal, estatal y municipal, rompieron la protesta. Atrás de las autoridades llegaron camiones con trabajadores afiliados al frente nacional de Carlos Pavón y la empresa volvió a sus actividades.
MERA IMPUNIDAD
MERA IMPUNIDADEl porcentaje de lo que Excellon paga a los ejidatarios, alrededor de 6.5 millones de pesos anuales por la renta de las mil 100 hectáreas, es un porcentaje mínimo de sus ganancias por la explotación de la plata, plomo y zinc, dice Ancheita.
Tiene razón. Tan solo en 2012, la compañía produjo más de 48 mil toneladas de minerales, de ellos 1.1 millones de onzas son de plata. A un precio promedio de venta de 31.03 dólares por cada onza, precio promedio en 2012, da un total de ingresos de 34 millones 133 mil dólares. Unos 410 millones de pesos.
Además, un día después de que ejidatarios y trabajadores iniciaran su plantón pacífico, la empresa anunció que había encontrado yacimientos de oro en un lugar conocido como el rincón del caído, dentro de las mil 100 hectáreas arrendadas.
De manera que frente a las ganancias y el potencial de los terrenos, no suena coherente decir que las concesiones de transporte y comedor, así como la planta tratadora de agua, resultan abusivas, más cuando los ejidatarios crearon cooperativas y las acreditaron como figura legal, para poder ofrecer los servicios sin problemas para la minera. Sin embargo, Prodesc documentó que la empresa tiene relaciones con diferentes caciques locales a los cuales les había ya concesionado el transporte del mineral, del personal y el servicio del comedor.
Para solucionar la parte del agua, los ejidatarios buscaron una opción que no representara para la empresa un gasto excesivo. Acudieron con estudiantes de la Universidad de Chapingo, quienes identificaron una forma fácil de tratar el líquido; “pero los directivos ni vieron el proyecto ni se sentaron jamás a hablar de eso”, afirma Ancheita.
Luego de los incumplimientos al contrato y de la falta de voluntad de la empresa para negociar, los ejidatarios decidieron, en septiembre del año pasado, presentar la demanda de recisión del contrato que habían firmado con Excellon.
“Ya no creen en la empresa, quieren recuperar su territorio y echar hacía adelante varios proyectos”, asegura la activista. Se refiere al uso y explotación de un banco de material para construcción que hay dentro de la tierra de los ejidatarios, un vivero y una carpintería. Proyectos que requieren apenas 200 mil pesos de inversión inicial.
Pero Excellon no está dispuesta a soltar la riqueza. En la segunda audiencia en el Tribunal Agrario para rescindir el contrato, el magistrado Raúl Eduardo Covarrubias sugirió como parte del proceso de negociación que Excellon devolviera las mil 100 hectáreas al ejido La Sierrita. La empresa aceptó regresar las tierras, con excepción de 10 hectáreas, afirmando que tenía ahí infraestructura y, por lo tanto, requeriría tiempo para poder devolverlas a sus dueños.
Sólo que a la siguiente audiencia, la más reciente, del 9 de mayo de 2013, Excellon no llegó con un convenio ni con un documento de entrega de las tierras. En lugar de eso, la empresa planteó que quería comprar las 10 hectáreas que no podía devolver, pero tampoco presentó una propuesta con el monto de la compra ni las condiciones. “Lo que está buscando la compañía, afirma Ancheita, es alargar el proceso para desgastar a la comunidad, pero los ejidatarios ya decidieron no vender”.
La empresa, continúa Alejandra, confía en que puede seguir actuando con impunidad, “porque la propia actuación del gobierno les ha dado a entender esto, con los incumplimientos que se fueron documentando, ante los cuales la autoridad no actuó para proteger los derechos de los ejidatarios y trabajadores, se envió un mensaje muy claro de que Excellon pueden hacer lo que quiera”.
CASO OAXACA: LA CONFRONTACIÓN DE UN PUEBLO
En 2008, ciudadanos de San José del Progreso, en los valles centrales de Oaxaca, se dieron cuenta que se estaban introduciendo barrenos en diferentes partes de la comunidad. Las autoridades agrarias y municipales afirmaron que estos trabajos se debían a la construcción de una universidad. Pero en realidad eran los trabajos de preparación para el proyecto de explotación San José, de la empresa minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortura Silver Mines. La vida de la mina está proyectada para 18 años. Terminará entre 2018 y 2020.
Neftalí Reyes, del Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los territorios, una organización civil enfocada a defender tierras bajo amenaza, asegura que la llegada de la empresa canadiense siguió el mismo patrón que en muchas otras comunidades del país. Llegaron primero con las autoridades agrarias o municipales, consiguieron todos los permisos de exploración para el proyecto y utilizaron a una persona para comprar tierras en el ejido e infiltrarse en la estructura.
Esta persona le vendió después los terrenos a la empresa minera, que hizo toda una labor de investigación para ubicar a los dueños de otra extensión de terreno (28 ejidatarios) y luego se encargaron de convencerlos para que arrendaran 30 parcelas por un plazo de 30 años. El monto mayor de estos contratos fue de 288 mil 290 pesos.
La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán, ha extraído del suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos. De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción el año pasado ascendió a 1 millón 949 mil 178 onzas de plata y a 17 mil 918 onzas de oro.
De acuerdo a la cotización del oro a nivel internacional del World Gold Council –organización de desarrollo de mercado para la industria de ese metal–, la minera canadiense podría haber ganado 360 millones 80 mil 128 pesos, sólo por su producción aurea. Además de lo poco que se pagaron por los terrenos, frente a las ganancias de la empresa, ésta nunca solicitó permiso a la Asamblea Ejidal para ejecutar los arrendamientos en San José.
VIOLENCIA Y ASESINATOS
Hoy, explica Reyes, en San José del Progreso hay tres grupos: uno, representado por la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, donde se concentra 40% de los habitantes de la comunidad, que están en contra de la mina; otro, el grupo San José Defendiendo Nuestros Derechos, ligado al PRI, con entre 30 y 40% de los habitantes, ellos están a favor, y 20% que han preferido no involucrarse en el conflicto.
La Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán surge como instancia para solicitar información del impacto real de la mina en la zona y está formada por ciudadanos y ejidatarios de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y dos agencias municipales: El Cuajilote y Maguey Largo. El Colectivo Oaxaqueño ha apoyado a la coordinadora, desde 2008, con asesoría legal, en la parte agraria, en el tema de las violaciones a derechos humanos y en medidas de seguridad.
El grupo San José Defendiendo Nuestros Derechos, asegura Reyes, surge para apoyar a la minera y es de filiación priista. El activista afirma que el presidente de esta asociación funge como una especie de gestor de los apoyos que los miembros reciben por parte de la empresa, entre ellos: estufas ahorradoras, baños ecológicos, becas para estudiantes.
Hay un antes y un después en el conflicto social que vive esta zona. En junio de 2010, el alcalde de San José del Progreso, el priísta Óscar Venancio Martínez Rivera, y un regidor murieron durante un enfrentamiento entre sus seguidores y pobladores de las agencias municipales El Cuajilote y Maguey Largo. No es el único asesinato, también está el del líder de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Bernardo Vásquez, y otros, pero éste es el que abrió la brecha.
Según informes de los pobladores de estas agencias, el munícipe y sus seguidores les cerraron el paso cuando regresaban de la cabecera distrital, Ocotlán de Morelos, después de asistir a un mitin del candidato a la gubernatura de la coalición Unidos por la Paz y el Progreso, Gabino Cué Monteagudo.
A su vez, la Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Antequera-Oaxaca informó que el sacerdote Martín Octavio García Ortiz, quien estuvo acompañando a los pobladores opuestos a la explotación de la mina, fue golpeado por priístas y llevado a un lugar desconocido.
Después de ese asesinato y ese secuestro, la tensión se agudizó. Antes de eso, dice Neftalí, todavía había posibilidad de diálogo, pero ahora la polarización es mayor. Las autoridades y la empresa, continúa, dicen que el conflicto es entre grupos que quieren el poder municipal, “pero el fondo es la llegada de la empresa minera”.
POR QUÉ TANTO CONFLICTO
A la coordinadora le preocupa el manejo de los desechos de esta mina subterránea. La empresa construyó una presa de jales para almacenar una parte de los residuos del proceso químico para separar el mineral de la roca (los que están molidos como talco y tienen menor concentración de mineral). Esos desechos se depositan en esa presa de ciclo cerrado, dotada de filtros para regresar el agua a la mina, donde la reutilizan, y después regresa al mismo depósito.
Lo que temen es que cuando la mina cierre y la empresa se vaya, suceda lo mismo que en otros lugares, donde las presas de otros proyectos mineros se desbordaron. Además, la presa de jales de San José está en el cauce de un arroyo de temporal que dotaba de agua potable y para riego a otra comunidad.
Preocupa también la posible existencia de mantos freáticos en los terrenos de la mina. Nadie, dice Reyes, excepto la propia empresa ha hecho estudios para determinar si esto es así o no. “En el proyecto la empresa plantea que no hay mantos acuíferos en el área, pero cuando empezaron a realizar los trabajos de exploración y luego de ampliar la rampa de acceso a la mina, varias comunidades notaron que sus pozos de agua disminuían. El gobierno estatal se comprometió a hacer un estudio de impacto ambiental independiente, pero no lo ha hecho”.
Por lo tanto, la coordinadora demanda ahora la cancelación del proyecto minero hasta que se resuelva el conflicto en la comunidad y hasta que no se sepa su impacto real. Entre sus peticiones destacan: esclarecimiento de los asesinatos y agresiones a la coordinadora, así como la reconstrucción del tejido social; que se nombre un comisariado de bienes ejidales (figura que no existe ya en el ejido por los conflictos sociales), que funja como tal y monitore el trabajo de la empresa; así como elecciones limpias de autoridades municipales y ejidales.
CASO GUERRERO: IMPACTO AMBIENTAL Y A LA SALUD
El hijo de Petra Maturana Celso, nació con craneosinostosis, una alteración congénita en la que se produce el cierre prematuro de una o más de las suturas que separan los huesos del cráneo de un bebé. Con dos años y medio no podía caminar bien ni hablar. El segundo bebé de ella nació a los ochos meses. Su esposo trabajaba en la mina Los Filos-El bermejal, del corporativo canadiense Goldcorp.
Carlos Rodríguez Celso, habitante de Carrizalillo, estuvo casi tres años con problemas en la vista. Hasta que perdió la visión de uno de sus ojos. Patricia Mejía Guzmán, médico del pueblo, dice que antes de la llegada de la compañía minera a Carrizalillo había enfermedades comunes: tos, gripa, diarrea; “pero ahora no, ahora hay problemas oculares, partos prematuros, problemas en la piel”.
Los pobladores están seguros que el complejo minero Los Filos, en el ejido Carrizalillo, municipio de Eduardo Neri, en la zona centro de Guerrero, está afectando su salud y desde 2009 se han puesto a levantar censos de enfermedades, apoyados por organizaciones humanitarias y sociales.
Aunque la zona ha tenido una tradición minera desde el siglo pasado, fue a principios de éste cuando, en total acuerdo de los ejidatarios, las operaciones mineras alcanzaron su desarrollo en Carrizalillo con el establecimiento del complejo minero Los Filos que incluye: dos tajos a cielo abierto: El Bermejal y Los Filos, el yacimiento de oro más importante del país y de América Latina.
Más de 70 mil toneladas métricas de tierra se eliminan todos los días en Los Filos con explosivos y excavadoras y se transportan a un sitio cercano donde se utilizan las piscinas de cianuro para extraer el mineral. Los productos químicos son reciclados por las tuberías y el proceso comienza de nuevo. La mina entró en operaciones comerciales en 2008 y sólo en 2011 se extrajeron 330 mil onzas de oro. El complejo funcionará una docena de años más.
En 2009, después de paros y esperas, los ejidatarios obtuvieron un convenio por cinco años y no anual, como se había establecido al principio, y el pago de la renta de la tierra no en pesos sino en 2.5 onzas troy de oro por hectárea.
Pero Mariano Peña Barrios, habitante del ejido, de piel curtida por los tiempos en los que levantaba “su laborcita” y unos 70 años a cuestas reflexiona y dice que ni el dinero que les pagan a los jóvenes que trabajan en la mina ni los centavos que les dan por los terrenos les van a alcanzar para curarse.
NO NOS VA ALCANZAR
Cuando hacen explosiones en la mina para dinamitar la piedra, el polvo llega al pueblo de Carrizalillo, con unos mil habitantes, que integran alrededor de 252 familias, y entra por los ojos y la nariz. Hay antecedentes como Valle de Siria, en Honduras, donde por cada 10 personas ocho presentan enfermedades graves.
Miguel Ángel Mijangos, del equipo de Rema; una médico independiente elegida por la comunidad y el médico Juan Almendares, de Honduras, experto en daños a la salud por procesos mineros, se lanzaron al monitoreo del estado de la población de Carrizalillo.
Después de una evaluación clínica y visitas a los hogares, hicieron una agrupación de las enfermedades más recurrentes: 16% de la población presentó problemas auditivos; mientras que 86% manifestó daños recurrentes de tipo respiratorio; 90% tuvo padecimientos en los ojos y gastrointestinales y 46% de las mujeres embarazadas presentaron partos prematuros.
Y es que en Carrizalillo las 24 horas del día hay polvo en el ambiente, y no es polvo de yunta, asegura Mijangos, sino polvo con metales pesados generados en las explosiones, combinado con acido cianhídrico. “Basta con estar cinco días en Carrizalillo para tener sangrados en la nariz, irritación en la piel y en los ojos”, dice Mijangos, que hoy, durante la entrevista, apenas un día después de su regreso de la comunidad, tiene los ojos enrojecidos.
Después del monitoreo a la salud, la recomendación de los expertos para la población fue abandonar el lugar. “Los efectos que se esperan son peores que los de Valle Siria, donde la comunidad se encontraba a cuatro kilómetros de la mina. En Carrizalillo, Los Filos está dentro de la comunidad”.
Otro problema es el daño ambiental. En la zona el paisaje ha cambiado. Para cuando la empresa termine de extraer el oro los cerros habrán desaparecido. Las aves migratorias que llenaban el lugar se han ido.
Mijangos dice que no hay forma de defender la minería a cielo abierto. “Las piedras y la tierra que desechan después de sacar el mineral tienen combinaciones de metales y sales, por la profundidad de donde las sacan, y no se les da el manejo adecuado. Los empresarios –prosigue– dicen que nosotros queremos ver a los pueblos indígenas con tapa rabo. No es eso. Sabemos que es necesaria su evolución, pero sin afectar su identidad, su salud, su territorio, su cultura”.
LO QUE ESTÁ POR VENIR
México duplicará su producción de oro en la presente década para llegar a 5.75 millones de onzas en el 2020, proyectaron el banco de inversión australiano Macquarie y la empresa minera canadiense Chesapeake Gold Corp.
La estimación, de un alza de 106.1%, la obtuvieron la firma canadiense y el banco australiano tomando como base la construcción anunciada de nuevos proyectos mineros y el incremento esperado en la extracción de las minas que operan actualmente, de conformidad con los propios reportes de las empresas dueñas.
La producción de las 20 mayores minas mexicanas pasará de 2.5 a 2.7 millones de onzas del 2011 al 2020 y alcanzaría su máximo pico en el 2015, con 3.4 millones. Entre las nuevas minas en curso, destacan Los Metates, de Chesapeake Gold Corp, la cual está ubicada en Durango y promete ser uno de los depósitos de oro y de plata más grandes del mundo.
En tiempos de economía global, dice Ancheita de Prodesc, la solución a los problemas generados por las mineras en México –tanto por parte de empresas extranjeras, como de las nacionales (que también tienen lo suyo)– no es evitar la explotación mineral, los gobiernos deben trabajar por elevar, y hacer respetar los estándares de protección al medio ambiente y a las comunidades, esto último en todos sentidos.
