Entramos a la prisión “Mariscal Zavala” en Ciudad de Guatemala, con el temor propio que genera entrar a una penitenciaria militar. Pedimos permiso días antes para hacer una visita, pero lo único certero es la arbitrariedad, nada está dicho y en la puerta nos pueden tener horas esperando para darnos un “no” definitivo. La persona a quien queremos visitar las organizaciones que formamos una misión internacional de observación, no vive en los condominios reservados para los presos VIP, muchos de ellos militares acusados de corrupción o atrocidades durante la guerra civil (1960-1996). 

En efecto, visitar a José Rubén Zamora -Chepe- parece toda una odisea. Es hoy por hoy un enemigo, así declarado por el Gobierno de Guatemala y las camarillas que buscan perpetuarse en las próximas elecciones. Es un periodista criminalizado pero, sobre todo, un preso político que ha prendido las luces de alerta internacionales. Esas mismas voces que hoy se levantan, reconocieron con premios prestigiados su trayectoria de más de 30 años [1].

A Chepe lo detuvieron el 29 de julio de 2022. El allanamiento policial a su casa ocurrió sin muchos aspavientos. Con su conversación pausada, sólida y elocuente recrea la escena de aquél fatídico día en que su vida sufrió un nuevo punto de quiebre. 

Efectivamente no era la primera vez que se le atacaba desde el poder. En 2009 casi pierde la vida tras un secuestro perpetrado por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) del Presidente en turno, tras la publicación de una investigación titulada “El lado oscuro y los ángeles de Charlie”, donde exponía el vínculo profundo entre ejército y crimen organizado. Lo encontraron casi muerto en un baldío y sobrevivió de milagro. Una década antes, sujetos desconocidos allanaron su casa, lo maniataron junto a su esposa e hijos, entonces unos niños, y los amenazaron. 

Esto es distinto. Nos comparte que nunca había enfrentado un proceso en prisión preventiva, pese a los cientos de denuncias y demandas que ha recibido en su carrera. La detención arbitraria es una forma de tortura prolongada. Es la zozobra del encierro, de estar aislado en una celda que su vez está dentro de un “gallinero”, de tener una hora de sol al día, de estar alerta por posibles redadas donde sí o sí le quieren encontrar drogas. Esta tortura también es silenciosa. Como el día que le plantaron en su celda una bolsa con chinches y otras alimañas que lo picotearon y lo tapizaron de ronchas antes de su primera audiencia en agosto del 2022. Ese agosto en el que también perdió 35 libras en tan solo cuatro semanas, dejándolo en los huesos.

La tortura de la incertidumbre, la de no saber si sus últimos días los tendrá que pasar en ese lugar; si volverá a ver a sus hijos, ahora también perseguidos por el régimen que ya se conoce como la segunda versión del “pacto de corruptos”.  La angustia de ver como sus cuatro abogados fueron procesados y recluidos, negándole cualquier garantía mínima de defensa adecuada. Es, por si fuera poco, la tortura de ver languidecer su obra trascendental, su proyecto, El Periódico, ese que apenas cinco días antes de nuestra visita anunciaba su cierre definitivo (12 de mayo).

Ahí está Chepe, con esa memoria que da para hablar tres, cuatro, cinco o cuarenta horas de las élites guatemaltecas y sus corruptelas. Esas élites a las que conoce de cabo a rabo; de las que conoce décadas de triquiñuelas para desviar recursos públicos, lavar dinero, traficar influencias, reprimir, aniquilar moral o físicamente a quien las exhiba y las confronte. Esas que paradójica y socarronamente lo acusan de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias como parte de una venganza burda por las decenas de investigaciones periodísticas que desnudaron actos de corrupción y complicidad entre políticos, narcos y militares materializados de mil maneras.

La saña es el sello de la casa de quienes han desatado la persecución contra todos aquellos que se atrevieron a exhibir, investigar, perseguir y enjuiciar a genocidas y corruptos. Hoy decenas de periodistas, activistas, exfiscales y exjueces tienen miedo y han salido de Guatemala para preservar su libertad. La gran mayoría de las y los fiscales y jueces que quedan en funciones juegan el juego dictado por el “pacto de corruptos”, ya sea por miedo o conveniencia. En el caso contra Zamora, los fiscales presentan pruebas endebles; pero no importa, porque ahí están jueces parciales como Fredy Raúl Orellana que las validan y al mismo anulan la posibilidad de que el acusado presente una – aunque sea una- prueba para defenderse. 

Se vislumbran nubarrones cuando nos cuenta sobre las irregularidades en su juicio. Escuchamos con atención, no alcanzan las hojas de papel para retomar una conversación que brinca entre lo personal y lo público. O mejor dicho, una historia personal que representa una parte de esa Guatemala con heridas abiertas y supurantes. Al final, las palabras de solidaridad se quedan cortas ante la dolorosa realidad del encierro arbitrario y cruel. Caen las primeras gotas de lluvia, nos tenemos que ir.  Se nos hace un nudo en la garganta con la despedida efusiva.

A Chepe le dictarán sentencia a fin de mes, semanas previas a las elecciones donde la camarilla gobernante se dividió en diversas opciones políticas que en el fondo son lo mismo. En Guatemala hay que elegir entre malos y peores. Lo que suceda con Zamora dictará su propio destino y el de su familia, sí, pero también el de la prensa guatemalteca que ya vive bajo asedio.

[1] International Press Freedom Awards otorgado por el “Comité Para Proteger a los Periodistas” (CPJ); el “Maria Moors Cabot Prize” otorgado por la Universidad de Columbia; y ​ “Héroe Mundial del Periodismo del siglo XX” por el International Press Institute (IPI).

Leopoldo Maldonado

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Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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