Ver a un político en la cárcel, particularmente en México donde durante décadas ha imperado la impunidad en este sector, es sin duda el anhelo de muchos. Los abusos de la clase política en muchos de los estados de la República y en la propia presidencia del país, son vistos en comparación con la caída en la que se ha encontrado y se encuentra, la economía de las familias mexicanas. Si un político se enriquece, un mexicano se empobrece. O no le llegan las oportunidades, ni el desarrollo.

El lujo en el que los políticos han convertido el ejercicio del poder, despierta pasiones entre los mexicanos enterados. No fue en vano que la propuesta del hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de quitarle la pensión a los ex presidentes, haya prendido tanto en la opinión de la sociedad –y de los electores-, particularmente la menos favorecida, la que ve, la que fue testigo de la bonanza de los funcionarios, que se trasladan (aun ahora) en convoyes de camionetas último modelo, en helicópteros del estado, que residen en zonas privilegiadas, que son dueños de muchas casas, de abultadas cuentas bancarias y llevan una vida de privilegios para ellos y los suyos. La sola promesa de hacer justicia y ya no darle dinero público a los ex presidentes, fue parte importantísima en las consideraciones para votar a favor del candidato que lo expuso.

En México esa notoria división de clases, el engrosamiento de quienes viven en la pobreza, y la promesa de quitarle a los políticos y a los partidos, para dárselo a los pobres, hacen que sea más efectivo, particularmente en época electoral, el discurso contra esta deteriorada clase política, la agenda para quitarles lo que se robaron, hacerles regresar lo hurtado, bajarles el sueldo, la promesa de encarcelarlos.

En 2018, aun en campaña, el presidente López Obrador prometía que metería a la cárcel a los corruptos. Se refería en el término inmediato anterior, a quienes acompañaron al presidente Enrique Peña Nieto en su administración federal. También a algunos panistas en los estados de la República, en el legislativo federal, en ambas cámaras.

Lo mismo hizo el propio Peña cuando aun dirigía los destinos de la Nación. En plena efervescencia electoral federal, la Procuraduría General de la República, entonces una institución dentro de la estructura gubernamental federal, inició una investigación contra Ricardo Anaya Cortez, que no llegaría a nada. Ni con el político panista imputado, muchos menos en prisión.

Con la ayuda de aliados y de la Fiscalía General de la República, el gobierno de México está haciendo lo mismo hoy en día. Aunque la FGR ya no se encuentra dentro del gabinete ampliado del presidente de la República, sí es evidente que responde a los intereses de la administración federal de López Obrador. Alejandro Gertz Manero, un hombre ya entrado en años, fue por muchos años un representante de la izquierda que hoy encabeza López Obrador. Un aliado y un compañero.

Esta semana, en el Animal Político, el portal noticioso que dirige Daniel Moreno, tuvieron acceso a los documentos generados durante la audiencia de imputación contra el ex senador José Luis Lavalle, quien se encuentra en prisión preventiva, desde principios de abril de 2021, por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

El Juez Marco Antonio Fuerte Tapia, en sus reflexiones, dijo que existen pruebas para enjuiciar a otros ex funcionarios y ex legisladores por el esquema de corrupción que desarrollaron para entregar casi 100 millones de pesos, producto presuntamente de los sobornos de la compañía brasileña Odebrech, a legisladores federales, a cambio de aprobar la reforma energética propuesta por la presidencia de Enrique Peña Nieto.

Dijo el Juez Fuerte Tapia, de acuerdo al portal noticioso: “Esta asociación criminal, permitió a Peña Nieto y a Videgaray trasladar a los legisladores sobornos que ascienden al menos a 97 millones 190 mil pesos, y que provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht. La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en quince entregas distintas”.

La información fue publicada en el portal de Animal Político, esta semana semana. Y estando el país en una época electoral, y de hecho ya a dos semanas del día de la elección del 6 de junio de 2021, el ánimo de los mexicanos está más que politizado, particularmente con dos grandes bloques partidistas y un tercero que entra al quite, como lo son el bloque de Morena, PT y Verde, el bloque de PRI, PAN y PRD, y el crecimiento de Movimiento Ciudadano.

En cafés, comidas y muy intensamente en redes sociales, los partidarios de cada bloque político o movimiento, defienden a los suyos contra todo, mientras que en el ámbito de la procuración de justicia, los que son atacados son los de la oposición a Morena, ya sea el candidato de MC en Nuevo León, Samuel García, a quien le Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, dice investigar junto a su esposa, su padre y su suegro, o el panista de Tamaulipas a quien le giraron orden de aprehensión, o en este caso, los priístas del sexenio peñanietista, incluido el ex presidente.

Todo está bien, si son corruptos, que terminen en la cárcel, es lo que debería suceder y lo que procede en estos casos, especialmente con los gobernadores que abusan del poder y se aprovechan del cargo para hacer negocio, o de los ex funcionarios que sobornaron a legisladores, y los legisladores también deberían ser procesados, cuando se trataba de aprobar una reforma. Esos corruptos, ahuyentan votos. Generan votos de castigo, generan sufragios de esperanza en otras fuerzas.

Pero también en Morena hay visos de corrupción. El gobernador Baja California, Jaime Bonilla Valdez, utiliza por ejemplo, el único helicóptero que hay en el estado para uso de la policía estatal en rescates, seguimiento de temas de seguridad y emergencias, para trasladarse todos los días del aeropuerto de Tijuana a la sede del gobierno del Estado, una distancia de 30 kilómetros, que a cualquier ciudadano le toma, en transporte público, una hora, hora y media recorrer, pero que Bonilla, tomando el helicóptero de la policía como transporte privado personal, llega en menos de diez minutos.

El mismo gobierno de Bonillo, ha entregado despensas con los logos estatales, a personas que acuden a vacunarse contra la Covid19, y a cambio de proporcionar la credencial de elector del INE, lo cual significa un delito electoral.

Pero no, el gobernador Bonilla no está siendo investigado ni por la UIF, ni por la FGR, ni por la FGE, ni por la Función Pública. El gobernador Bonilla, como en el pasado los priístas, o los panistas, este sexenio tiene impunidad, porque pertenece al partido en el poder, a Morena.

Misma impunidad que tocó a Manuel Barttlet y sus decenas de propiedades adquiridas a lo largo de su carrera como funcionario público o legislador, o al hermano del presidente, Pío López Obrador, quien fue videograbado cuando recibía dinero en efectivo, debidamente empaquetado en un sobre, para invertirlo en la campaña política, lo cual también es un delito, pero no cuando se trata de la “cuarta transformación”.

¿Quieren los mexicanos ver a Peña, Videgaray, Anaya, Penchyna, procesados por delitos de corrupción? Definitivamente no sería necesaria una consulta popular para conocer la respuesta a esa pregunta, seguramente será que sí. Han sido y son muchos años de abusos de la clase política sobre el gobierno y en perjuicio de los ciudadanos, como para estar dispuestas a darles más impunidad. Pero también, y para dar muestra que se trata de un verdadero ánimo de justicia, y no de proteger a rufianes de la política ni de una mera campaña electorera, haría falta ver a algunos morenistas en la lista de investigados.

El juicio del senador Lavalle, en el que el Juez mencionó en la audiencia de imputación que “el justiciable, junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, y Salvador Vega Casillas, formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”, debe forzosamente, y considerando que el Juez dijo tener las pruebas para su afirmación, llegar a buen puerto, con un proceso abierto a cada uno de los mencionados.

Si no sucede así, si en unos meses el tema deja de ser tema, si Peña Nieto no es investigado, si sus colaboradores continúan gozando de impunidad, a pesar de las pruebas que dice el Juez tener sobre la asociación delictuosa, el lavado de dinero y el cohecho, entonces todo habrá sido un tema electoral, como lo han sido todos. Porque los políticos, solamente son perseguidos cuando hay elecciones.

Lo que México requiere ya, es que la justicia se ejerza, y no que sea otra promesa más de campaña, en una retórica de pobres contra nuevos ricos, de despertar la animadversión social ante los abusos desde el poder, solo para ganar votos y no para hacer justicia.

Adela Navarro Bello

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